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Supuesta red de corrupción operaba en Coop-Herrera desde el 2018.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público reveló en su solicitud de medida de coerción contra los directivos que montaron una red de corrupción en la cooperativa COOP-HERRERA y que sustrajeron más de dos mil quinientos millones de pesos, que la misma operaba desde el año 2018.
Según el expediente acusatorio depositado por el Ministerio Publico por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste de la denominada Operación Búho, ese año fue cuando se produjo el ingreso a la cooperativa del imputado Gabriel Santana Borsilea, quien habría formado la estructura fraudulenta junto al principal procesado Jorge Eligio Méndez Pérez.
El documento detalla que poco después del ingreso de Santana Basilea le fueron aprobados prestamos por más de 50 millones de pesos a sus empresas Gabriel Santana Auto Import S.R.L y Comercial Gabriel Santana S.R.L, ambas creadas en el 2016 y el mismo 2018, respectivamente, lo que dio origen al esquema que continuó hasta que se produjo la intervención de la cooperativa en mayo pasado.
De acuerdo a la acusación esas empresas no poseían historial comercial y no realizan actividades afines con el sector cooperativo, por lo que no podían ser beneficiarias del citado crédito, lo que evidencia un manejo inadecuado de los fondos de los socios de Coop-Herrera.
La solicitud de medidas de coerción, en que además de estos solicita prisión preventiva contra Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya, indica que los fondos que les eran prestados a Borsilea a título personal y comercial tenían como garantía coletillas y certificados de títulos de propiedad de terrenos en Cumayasa San Pedro de Macorís.
Explica que además de que en todas las operaciones se utilizaban las mismas propiedades en garantía, las investigaciones del órgano acusador determinaron que no existe evidencias de que esos terrenos, los cuales supuestamente están en la Parcela 7 del Distrito Catastral 1 de la referida comunidad y que fueron otorgados por Consejo Estatal del Azúcar (CEA) sean propiedad de Borsilea porque en esa dependencia estatal no existe documentación alguna que lo sustente.
La investigación también determinó que los préstamos que recibía Borsilea nunca eran saldados, sino que mensualmente este realizaba reestructuraciones que consistían en llevar a la cooperativa a personas de su confianza que no poseían perfil para que se le otorgaran créditos millonarios, los cuales eran convertidos en socios y el mismo día Jorge Eligio Méndez Pérez instruía a Jacer Eliazar Mejía Pereyra a crearle un préstamo en el sistema informático financiero.
Afirma el Ministerio Público que esas personas recibían los desembolsos a través del área de caja, pero con cargo a pagar la cuota del mes de los créditos de Gabriel Santana Borsilea y sus empresas, y con lo restante, procedían a la apertura de certificados a plazo fijo, a nombre de este.
“Todas estas operaciones fueron en detrimento del patrimonio de los socios de Coop Herrera, pues se retiraban en efectivos los intereses que generaban estos certificados de depósitos a plazo fijo que no tenían respaldo, además de que se utilizaban en la negociación de propiedades y pasado el plazo de estos, eran cancelados en su totalidad”, señala la acusación.
El documento revela que en esa práctica se pudo identificar a 119 personas físicas y jurídicas, vinculadas a Gabriel Santana Borsiela, los cuales fueron utilizados para simular préstamos, crear supuestas aportaciones y certificados a plazos, que generaban intereses que eran retirados por la estructura criminal, la mayoría de estos de San Pedro de Macorís.
El expediente de Operación Buho fue depositado el pasado jueves por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste y el mismo el Ministerio Público está solicitando la imposición de prisión preventiva contra los acusados y que el caso se declare complejo. Las medidas de coerción de Operación Buho se conocerían este sábado y fueron aplazadas para el día 16 del mes en curso.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.