Nacionales
Supuesta red de corrupción operaba en Coop-Herrera desde el 2018.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público reveló en su solicitud de medida de coerción contra los directivos que montaron una red de corrupción en la cooperativa COOP-HERRERA y que sustrajeron más de dos mil quinientos millones de pesos, que la misma operaba desde el año 2018.
Según el expediente acusatorio depositado por el Ministerio Publico por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste de la denominada Operación Búho, ese año fue cuando se produjo el ingreso a la cooperativa del imputado Gabriel Santana Borsilea, quien habría formado la estructura fraudulenta junto al principal procesado Jorge Eligio Méndez Pérez.
El documento detalla que poco después del ingreso de Santana Basilea le fueron aprobados prestamos por más de 50 millones de pesos a sus empresas Gabriel Santana Auto Import S.R.L y Comercial Gabriel Santana S.R.L, ambas creadas en el 2016 y el mismo 2018, respectivamente, lo que dio origen al esquema que continuó hasta que se produjo la intervención de la cooperativa en mayo pasado.
De acuerdo a la acusación esas empresas no poseían historial comercial y no realizan actividades afines con el sector cooperativo, por lo que no podían ser beneficiarias del citado crédito, lo que evidencia un manejo inadecuado de los fondos de los socios de Coop-Herrera.
La solicitud de medidas de coerción, en que además de estos solicita prisión preventiva contra Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya, indica que los fondos que les eran prestados a Borsilea a título personal y comercial tenían como garantía coletillas y certificados de títulos de propiedad de terrenos en Cumayasa San Pedro de Macorís.
Explica que además de que en todas las operaciones se utilizaban las mismas propiedades en garantía, las investigaciones del órgano acusador determinaron que no existe evidencias de que esos terrenos, los cuales supuestamente están en la Parcela 7 del Distrito Catastral 1 de la referida comunidad y que fueron otorgados por Consejo Estatal del Azúcar (CEA) sean propiedad de Borsilea porque en esa dependencia estatal no existe documentación alguna que lo sustente.
La investigación también determinó que los préstamos que recibía Borsilea nunca eran saldados, sino que mensualmente este realizaba reestructuraciones que consistían en llevar a la cooperativa a personas de su confianza que no poseían perfil para que se le otorgaran créditos millonarios, los cuales eran convertidos en socios y el mismo día Jorge Eligio Méndez Pérez instruía a Jacer Eliazar Mejía Pereyra a crearle un préstamo en el sistema informático financiero.
Afirma el Ministerio Público que esas personas recibían los desembolsos a través del área de caja, pero con cargo a pagar la cuota del mes de los créditos de Gabriel Santana Borsilea y sus empresas, y con lo restante, procedían a la apertura de certificados a plazo fijo, a nombre de este.
“Todas estas operaciones fueron en detrimento del patrimonio de los socios de Coop Herrera, pues se retiraban en efectivos los intereses que generaban estos certificados de depósitos a plazo fijo que no tenían respaldo, además de que se utilizaban en la negociación de propiedades y pasado el plazo de estos, eran cancelados en su totalidad”, señala la acusación.
El documento revela que en esa práctica se pudo identificar a 119 personas físicas y jurídicas, vinculadas a Gabriel Santana Borsiela, los cuales fueron utilizados para simular préstamos, crear supuestas aportaciones y certificados a plazos, que generaban intereses que eran retirados por la estructura criminal, la mayoría de estos de San Pedro de Macorís.
El expediente de Operación Buho fue depositado el pasado jueves por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste y el mismo el Ministerio Público está solicitando la imposición de prisión preventiva contra los acusados y que el caso se declare complejo. Las medidas de coerción de Operación Buho se conocerían este sábado y fueron aplazadas para el día 16 del mes en curso.
Nacionales
Defensa de sargento enviada a prisión por muerte de su hija llama a abordar la salud mental con empatía
Santo Domingo, R.D.-El 20 por ciento de la poblacion en la República Dominicana padece algún tipo de trastorno emocional o psiquiátrico, cuyo ejemplo al respecto es el caso de la sargento mayor de la Policía Nacional, Glenny Tellería Alberto, quien desde el año 2022 padece de depresión y otros padecimientos psiquiátricos.
Así lo manifestó el jurista Jean Carlos Martínez, abogado de la sargento mayor enviada a prisión al pabellón psiquiátrico del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El abogado indicó que su representada se encontraba en tratamiento bajo el cuidado permanente y la supervisión de su familia. Sin embargo, desafortunadamente ocurrió la tragedia en la que resultó muerta la menor de 10 años de edad.
“En el caso de nuestra representada, estaba bajo cuidado médico y en el seno de su familia. Con este lamentable hecho que ha ocurrido, lo que queremos es que el tema se enfoque de una manera humana, sin morbo. Lo que hay es un dolor grande en una familia y en el seno de la sociedad”, afirmó el togado.
Medida de coerción a la sargento de la Policía
El hecho ocurrió en el sector Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.
La magistrada ordenó que la imputada cumpla la medida en el pabellón de psiquiatría de Najayo Mujeres, luego de que el Ministerio Público le imputara el delito de homicidio voluntario.
La decisión se sustentó, entre otros elementos, en un examen médico que establece que la imputada padece esquizofrenia. Además, familiares de la imputada manifestaron que fue diagnosticada con esa enfermedad hace aproximadamente dos años, según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano persecutor.
En la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, establece que el pasado 18 de julio, alrededor de la 1:30 de la tarde, la imputada, quien ostenta el rango de sargento mayor de la Policía Nacional, tomó una pulidora eléctrica de mano dentro de la habitación donde se encontraba su hija de 10 años. Posteriormente, conectó la herramienta, se colocó sobre la menor y presuntamente le ocasionó una herida cortante en el cuello.
En ese momento, el hermano de la imputada, Glenny Telleria Alberto, al escuchar los gritos de la niña, entró a la habitación y encontró a su hermana presuntamente hiriendo a la menor con la pulidora eléctrica. De inmediato, la apartó, cargó a la niña en sus brazos y le reclamó: «¡Glenny, por qué hiciste eso!».
Acto seguido, trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia, donde llegó sin signos vitales. De acuerdo con el acta de levantamiento del cadáver, la causa de la muerte fue una herida cortante en el cuello compatible con una lesión ocasionada por una pulidora eléctrica.
Tras el hecho, la imputada fue trasladada bajo custodia policial al Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, donde permaneció ingresada hasta este martes. Luego de recibir el alta médica, fue conducida al tribunal, alrededor de las 2:27 de la tarde de este martes, para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
La niña falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esa jurisdicción.
SANTO DOMINGO.– Un incremento su produjo este martes en los precios internacionales del petróleo como consecuencia de las persistentes tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los riesgos para el suministro mundial de crudo, un escenario que mantiene bajo presión a economías altamente dependientes de las importaciones energéticas, como la República Dominicana.
En la jornada, el barril de West Texas Intermediate (WTI) se cotizó en torno a US$84.34, mientras que el Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, alcanzó US$91.01 por barril, su nivel más alto en varias semanas.
El comportamiento del mercado responde a la incertidumbre generada por la situación en el Mar Rojo y Oriente Medio, donde los riesgos para las rutas de transporte de hidrocarburos han incrementado la volatilidad de los precios. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que una prolongación de estas tensiones podría afectar el suministro global y provocar nuevas alzas del crudo.
Para la República Dominicana, que importa la totalidad del petróleo que consume, el encarecimiento del crudo representa un desafío para la estabilidad de los precios internos de los combustibles, el costo del transporte, la generación eléctrica y la inflación.
En los últimos meses, el Gobierno ha recurrido a subsidios y ajustes focalizados para mitigar el impacto de las variaciones internacionales sobre los consumidores, una política que también incrementa la presión sobre las finanzas públicas cuando los precios del petróleo permanecen elevados.
Analistas consideran que, si el barril de petróleo continúa por encima de los 90 dólares durante un período prolongado, podrían aumentar los costos de producción y distribución de bienes y servicios, afectando el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los hogares.
Las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente de la evolución del mercado energético internacional para evaluar su impacto sobre la economía nacional y definir las medidas necesarias para reducir los efectos de la volatilidad en los precios de los combustibles.
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Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva impuso el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste contra la sargento mayor Glenny Tellería Alberto, acusada de causarle la muerte a su hija de 10 años con una pulidora eléctrica, en un hecho ocurrido el pasado sábado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo.
La jueza Cecilia Toribio dispuso que la imputada cumpla la medida en el área de psiquiatría del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, con el fin de que reciba atención médica especializada.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal acogiera la solicitud de los fiscales de la Unidad de Procesamiento de Casos y de Delitos contra las Personas de Santo Domingo Oeste, quienes pidieron prisión preventiva como medida de coerción.
El abogado de la defensa, Yan Carlos Martínez, informó que su representada recibía tratamiento psiquiátrico y supervisión familiar desde 2022, y que se encontraba bajo medicación al momento del hecho.
El defensor pidió comprensión ante lo que calificó como una tragedia familiar y social, y llamó a la ciudadanía a prestar mayor atención a la salud mental.
Valoró además que el tribunal haya dispuesto que la mujer permanezca en un centro con atención médica especializada durante el proceso.
El hermano de la acusada, Tony Alexander Eusebio Rodríguez Alberto, quien presenció parte de los hechos, relató que al escuchar gritos entró a la habitación y encontró a la mujer sobre la cama agrediendo a la niña, por lo que intervino y trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia de Manoguayabo, donde fue recibida sin signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional arrestaron posteriormente a la mujer en flagrancia, mientras que el Ministerio Público calificó provisionalmente el hecho como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.
Entre las pruebas recolectadas por la Policía Científica figuran la pulidora eléctrica utilizada, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y testimonios de familiares y agentes actuantes.