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110 años de prisión repartidos entre 16 acusados de red de traficantes de migrantes, entre otros delitos.
Santo Domingo, R.D.-Ciento diez años de prisión y multas por más de 16 millones de pesos contra 16 acusados de dedicarse al lavado de activos provenientes del trafico de drogas y de migrantes, así como de armas impuso el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Cristóbal, cuya red fue desmantelada a través de la Operación Corona desarrollada en el 2020 por el Ministerio Público.
El Tribunal integrado por las juezas Biulkys Milanés Balbuena (presidenta), Rosa Edalia Mateo Álvarez y Ana Inés Susana Quezada, condenó a 12 años de prisión a José Aníbal Cubilete (el Don), en tanto que José Aníbal González Luna recibió 10 años, y Manuel Alejandro Lara Martínez, Julio Ignacio Morel Adames y Bernardo del Carmen de Jesús Cruz siete años de prisión (cuatro años en prisión y tres suspendidos bajo reglas), incluyendo someterse a vigilancia del juez de Ejecución de la Pena, residir en el domicilio ofertado en el tribunal, participar en cuatro charlas dictadas por el juez de Ejecución de la Pena, aprender una profesión u oficio, y realizar 60 horas de trabajo comunitario.
William González Reynoso (Valentín) fue sentenciado a ocho años de prisión, al igual que André Gretty Portilla Ortiz e Ezequiel Puente, en el caso de este último cinco de ellos suspendidos y tres bajo las referidas reglas; Morrison Rafael Bonuenta Espinayíu, Luis Ángel Obliyio Espinayíu y Aquino Tomás Carreña Espinayío fueron condenados a seis años de prisión.
El grupo, que fue involucrado en el tráfico de más 700 kilogramos de diferentes drogas, además de la pena privativa de libertad, también fue sentenciado al pago de diferentes multas con un monto ascendente a RD$16,400,000 a favor del Estado dominicano.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo recordó que a la referida estructura se le ocupó la cantidad de 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada, el 16 de mayo de 2020, así como también 800 gramos de cocaína clorhidratada, 66.45 gramos de tetrahidrocannabinol (THC), principio activo de marihuana, 1.11 gramos de Cannabis sativa, siendo desmantelada con la Operación Corona.
Red Corona la integraban dominicanos, colombianos y peruanos
El Ministerio Público estableció que los procesados formaban parte de una organización trasnacional integrada por dominicanos, colombianos y peruanos, que se dedicaban al tráfico de drogas, armas y tráfico ilícito de migrantes.
Sostuvo que lideraban dicha estructura criminal y que se dedicaban a la introducción al país de grandes cantidades de sustancias controladas, específicamente cocaína, provenientes de América, así como de portar armas de fuego de alto y bajo calibre, sin ningún tipo de registro.
Ordena decomiso de bienes y armas de fuego
En su decisión, el tribunal también ordena el decomiso de vehículos de alta gama, inmuebles, armas de fuego (tipo fusiles, pistolas), cápsulas, indumentarias militares como chalecos antibalas, aparatos electrónicos, dinero en efectivo, tanto en moneda nacional, como en dólares, así como todos los fondos inmovilizados de conformidad con las autorizaciones judiciales.
Al recibir la condena de la red criminal, la magistrada Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, aseveró, que condenas de este tipo «mandan un mensaje contundente a la desarticulación de las redes criminales, dedicadas a blanquear los capitales, producto de actividades ilícitas, como el narcotráfico».
Los fiscales litigantes por parte de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo fueron Luis García, Pedro Medina Quezada, Manuel Santiago Castro y Hitler Stalin Sánchez Mateo, en tanto que por parte de la Fiscalía de San Cristóbal, Daryl Montes de Oca.
¿Quién es quién en el presunto clan familiar desarticulado en la Operación Larva?
Operación Larva
Se destaca que producto de estas investigaciones del caso Corona, surgió el denominado caso Operación Larva, el 27 de octubre de 2021, el cual se encuentra en la etapa intermedia, donde se ha desmantelado una red compuesta por 13 personas físicas y 13 personas jurídicas, las cuales «se dedicaban al blanqueo de capitales producto de estas actividades ilícitas», según el Ministerio Público.
Los procesados fueron hallados culpables de violar varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, la Ley de Armas 631-16, y la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Santo Domingo, R.D.-Fue suspendida este jueves la docencia por el Ministerio de Educación (Minerd) en las provincias de Puerto Plata y Espaillat tras ser declaradas la tarde de estge miércoles en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a las condiciones meteorológicas actuales.
La cartera educativa instruyó, además, a los directores regionales, distritales y de centros educativos a adoptar medidas preventivas en las siete provincias en alerta amarilla que cuentan con zonas vulnerables, en función de la evolución de las condiciones climáticas.
La entidad indicó que estas disposiciones incluyen la evaluación continua de riesgos, así como la potestad para suspender la docencia en áreas donde las condiciones climatológicas lo ameriten.
Asimismo, las autoridades educativas exhortaron a la comunidad a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.
El Ministerio recordó que el COE declara la alerta roja cuando existe un alto nivel de riesgo para la población, ante la inminente ocurrencia de fenómenos adversos o cuando estos ya están impactando de manera significativa, lo que requiere la adopción inmediata de medidas de protección.
El COE establece que la alerta amarilla indica una situación de riesgo moderado que puede escalar, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta y tomar precauciones.
De igual forma, la alerta verde se emite ante la posibilidad de un evento adverso, lo que implica condiciones de vigilancia y seguimiento, sin que represente un peligro inmediato.
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Alerta roja a Puerto Plata y Espaillat y otras 7 provincias están en amarilla y 13 en verde por lluvias
SANTO DOMINGO.- Fueron colocada en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) las provincias Puerto Plata y Espaillat, mientras que mantiene siete en amarilla y 12 y el Distrito Nacional en verde, debido a los efectos de una vaguada prefrontal y la interacción de los efectos del viento cálido del este/sureste .
Las provincias en alerta amarilla son: Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y San José de Ocoa.
Mientras que en verde están San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Samaná, Santo Domingo, Valverde, Santiago, Rodríguez, Dajabón, San José de Ocoa, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, Distrito Nacional y Sánchez Ramírez.
De igual forma, en la costa atlántica exhortó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro debido a viento moderado y olas anormales.
De acuerdo al informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) los campos nubosos del sistema frontal al norte del país y los efectos orográficos locales continuarán generando nublados esta noche y en el transcurso de la madrugada del jueves, acompañados de aguaceros intermitentes muy fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento, sobre provincias del litoral costero Atlántico, el valle de Cibao, el sureste, así como, la cordillera Central y la zona fronteriza.
Agregó que en la tarde, esta actividad de precipitaciones se extenderá sobre varios puntos del valle del Cibao, la llanura oriental, la cordillera Central y la zona fronteriza, principalmente hacia las provincias de: María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Samaná, Duarte, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco, Pedernales, Barahona y El Gran Santo Domingo.
Santo Domingo, R.D.-Jesus Castro Marte, obispo de la diócesis de La Altagracia, expresó su profunda preocupación por el acelerado desarrollo urbanístico en la zona de Verón-Punta Cana, señalando que muchos proyectos se están ejecutando sin cumplir con la debida planificación establecida en la Ley No. 0368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
El prelado dejó claro que no se opone al desarrollo, pero enfatizó la necesidad de que las autoridades competentes hagan cumplir estrictamente las normativas vigentes. En ese sentido, exhortó a que los desarrolladores inmobiliarios respeten las disposiciones legales tanto a nivel local como nacional y regional, con el fin de garantizar un crecimiento ordenado y sostenible.
Asimismo, hizo un llamado urgente a proteger la inversión extranjera en el país, advirtiendo sobre la presencia de falsos desarrollistas que incurren en estafas inmobiliarias. Según indicó, estas prácticas afectan a ciudadanos que, con sacrificio, invierten sus ahorros o acceden a préstamos bancarios para adquirir una vivienda.
Castro Marte subrayó que la seguridad jurídica debe prevalecer para garantizar la confianza en el clima de inversión del país. “Mantener altos estándares en este aspecto es clave para preservar la imagen de la nación como una marca país confiable”, concluyó.