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110 años de prisión repartidos entre 16 acusados de red de traficantes de migrantes, entre otros delitos.
Santo Domingo, R.D.-Ciento diez años de prisión y multas por más de 16 millones de pesos contra 16 acusados de dedicarse al lavado de activos provenientes del trafico de drogas y de migrantes, así como de armas impuso el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Cristóbal, cuya red fue desmantelada a través de la Operación Corona desarrollada en el 2020 por el Ministerio Público.
El Tribunal integrado por las juezas Biulkys Milanés Balbuena (presidenta), Rosa Edalia Mateo Álvarez y Ana Inés Susana Quezada, condenó a 12 años de prisión a José Aníbal Cubilete (el Don), en tanto que José Aníbal González Luna recibió 10 años, y Manuel Alejandro Lara Martínez, Julio Ignacio Morel Adames y Bernardo del Carmen de Jesús Cruz siete años de prisión (cuatro años en prisión y tres suspendidos bajo reglas), incluyendo someterse a vigilancia del juez de Ejecución de la Pena, residir en el domicilio ofertado en el tribunal, participar en cuatro charlas dictadas por el juez de Ejecución de la Pena, aprender una profesión u oficio, y realizar 60 horas de trabajo comunitario.
William González Reynoso (Valentín) fue sentenciado a ocho años de prisión, al igual que André Gretty Portilla Ortiz e Ezequiel Puente, en el caso de este último cinco de ellos suspendidos y tres bajo las referidas reglas; Morrison Rafael Bonuenta Espinayíu, Luis Ángel Obliyio Espinayíu y Aquino Tomás Carreña Espinayío fueron condenados a seis años de prisión.
El grupo, que fue involucrado en el tráfico de más 700 kilogramos de diferentes drogas, además de la pena privativa de libertad, también fue sentenciado al pago de diferentes multas con un monto ascendente a RD$16,400,000 a favor del Estado dominicano.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo recordó que a la referida estructura se le ocupó la cantidad de 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada, el 16 de mayo de 2020, así como también 800 gramos de cocaína clorhidratada, 66.45 gramos de tetrahidrocannabinol (THC), principio activo de marihuana, 1.11 gramos de Cannabis sativa, siendo desmantelada con la Operación Corona.
Red Corona la integraban dominicanos, colombianos y peruanos
El Ministerio Público estableció que los procesados formaban parte de una organización trasnacional integrada por dominicanos, colombianos y peruanos, que se dedicaban al tráfico de drogas, armas y tráfico ilícito de migrantes.
Sostuvo que lideraban dicha estructura criminal y que se dedicaban a la introducción al país de grandes cantidades de sustancias controladas, específicamente cocaína, provenientes de América, así como de portar armas de fuego de alto y bajo calibre, sin ningún tipo de registro.
Ordena decomiso de bienes y armas de fuego
En su decisión, el tribunal también ordena el decomiso de vehículos de alta gama, inmuebles, armas de fuego (tipo fusiles, pistolas), cápsulas, indumentarias militares como chalecos antibalas, aparatos electrónicos, dinero en efectivo, tanto en moneda nacional, como en dólares, así como todos los fondos inmovilizados de conformidad con las autorizaciones judiciales.
Al recibir la condena de la red criminal, la magistrada Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, aseveró, que condenas de este tipo «mandan un mensaje contundente a la desarticulación de las redes criminales, dedicadas a blanquear los capitales, producto de actividades ilícitas, como el narcotráfico».
Los fiscales litigantes por parte de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo fueron Luis García, Pedro Medina Quezada, Manuel Santiago Castro y Hitler Stalin Sánchez Mateo, en tanto que por parte de la Fiscalía de San Cristóbal, Daryl Montes de Oca.
¿Quién es quién en el presunto clan familiar desarticulado en la Operación Larva?
Operación Larva
Se destaca que producto de estas investigaciones del caso Corona, surgió el denominado caso Operación Larva, el 27 de octubre de 2021, el cual se encuentra en la etapa intermedia, donde se ha desmantelado una red compuesta por 13 personas físicas y 13 personas jurídicas, las cuales «se dedicaban al blanqueo de capitales producto de estas actividades ilícitas», según el Ministerio Público.
Los procesados fueron hallados culpables de violar varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, la Ley de Armas 631-16, y la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
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Pepca asegura que pruebas del caso Calamar sustentarán solicitud de condena contra imputados
Mirna Ortiz afirmó que el Ministerio Público presentará pruebas testimoniales y periciales para sustentar su acusación; la lectura del expediente continuará el lunes 21 de septiembre
SANTO DOMINGO.– La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó que el Ministerio Público considera que las pruebas que presentará durante el juicio de fondo del denominado caso Calamar permitirán sustentar su solicitud de condena contra los imputados.
“Indiscutiblemente, frente a la contundencia de estas pruebas, este tribunal tendrá que condenar a cada uno de los imputados con las penas que en su momento vamos a solicitar”, declaró Ortiz al referirse a la acusación que conoce el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La procuradora de Corte sostuvo que, conforme a la tesis del órgano acusador, el expediente describe una presunta estructura que habría utilizado instituciones del Estado para desarrollar un esquema de corrupción destinado a obtener beneficios económicos.
“Esta estructura criminal utilizó el Estado como instrumento, la corrupción como método y el lucro para enriquecerse y permanecer en el poder”, manifestó.
Acusación contiene 3,383 páginas
Ortiz explicó que las distintas líneas de investigación contenidas en las 3,383 páginas de la acusación están acompañadas de referencias a pruebas testimoniales y periciales que el Ministerio Público pretende incorporar y debatir durante el juicio.
Entre los procesados figura el exministro de Hacienda Donald Guerrero, junto a otros imputados incluidos en el expediente del caso Calamar.
La lectura de la acusación estuvo encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, acompañado por el equipo de fiscales litigantes.
El conocimiento del expediente continuará el lunes 21 de septiembre, cuando está previsto proseguir con la lectura de la acusación.
Ministerio Público dice que investigaciones continúan
Consultada sobre empresarios y una empresa que hasta el momento no forman parte del proceso, Ortiz indicó que las investigaciones relacionadas con el caso permanecen abiertas.
“El Ministerio Público sigue investigando, seguimos avanzando. Ustedes saben que las investigaciones no se agotan en un solo proceso y más adelante veremos”, expresó.
Por su parte, el abogado José Martínez Hoepelman señaló que la jornada judicial transcurrió con normalidad y que las defensas permitieron que el Ministerio Público desarrollara sus alegatos de apertura sin interrupciones.
Tribunal deberá valorar las pruebas
Las declaraciones de Ortiz representan la posición y teoría acusatoria del Ministerio Público. Corresponderá al Tercer Tribunal Colegiado valorar durante el juicio las pruebas presentadas por la acusación y las defensas, así como los argumentos de todas las partes, antes de determinar si existe o no responsabilidad penal.
Los imputados en el caso Calamar mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva dictada conforme al debido proceso.
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Expresidente de la JCE defiende permanencia de partidos minoritarios en el sistema político dominicano
Julio César Castaños Guzmán sostiene que las organizaciones pequeñas representan sectores minoritarios y forman parte de la tradición democrática del país
SANTO DOMINGO.– El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán se pronunció a favor de preservar la participación de los partidos políticos minoritarios en República Dominicana, al considerar que estas organizaciones contribuyen a la representación de distintos sectores de la sociedad.
“Esos partidos deben mantenerse todos por el bien de la democracia”, expresó el jurista al referirse al papel que desempeñan las organizaciones de menor tamaño dentro del sistema político dominicano, según declaraciones publicadas este miércoles por El Día.
Castaños Guzmán argumentó que los partidos pequeños no constituyen un fenómeno reciente y señaló que han formado parte de la vida política nacional desde los orígenes de la República.
A su juicio, eliminar esas organizaciones reduciría las alternativas disponibles para determinados sectores del electorado.
Defiende representación de las minorías
El expresidente de la JCE sostuvo que la importancia de una organización política no debería analizarse exclusivamente a partir de su tamaño o de la cantidad de votos obtenidos en las elecciones.
Según explicó, también deben considerarse aspectos como sus ideas, estructuras internas y capacidad para establecer alianzas.
“La fortaleza de un partido se evalúa por su pensamiento, por sus estructuras y las alianzas que hace”, manifestó Castaños Guzmán, de acuerdo con el reporte periodístico suministrado.
El jurista vinculó además su posición con la representación política de los grupos minoritarios, señalando que estos tienen reconocimiento dentro del orden constitucional dominicano.
“Las minorías están en la Constitución”, afirmó al defender la continuidad de espacios políticos que permitan canalizar distintas expresiones de la sociedad.
Partidos políticos y democracia
Castaños Guzmán sostuvo que el sistema de partidos constituye un componente esencial del régimen democrático y relacionó la existencia de organizaciones políticas institucionalmente sólidas con la calidad de la democracia.
Sus declaraciones se producen en medio de discusiones públicas sobre el funcionamiento, reconocimiento y permanencia de las organizaciones políticas en República Dominicana.
El régimen de partidos dominicano está regulado, entre otras normas, por la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, mientras que la Constitución reconoce el papel de estas organizaciones en el fortalecimiento de la democracia y establece principios relativos a su organización y funcionamiento.
La posición expresada por Castaños Guzmán constituye su valoración sobre el sistema de partidos y la representación de las minorías, dentro del debate sobre el papel que deben desempeñar las organizaciones políticas de menor tamaño en la democracia dominicana.
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Abinader rechaza propuesta para hacer obligatoria la enseñanza del creole en escuelas dominicanas
El mandatario calificó la iniciativa como un “despropósito” y afirmó que el Gobierno apuesta por fortalecer la enseñanza del inglés
SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, rechazó la propuesta legislativa que busca establecer como obligatoria la enseñanza del creole en las escuelas públicas y privadas de República Dominicana, iniciativa que también contempla incorporar el inglés y el francés al modelo educativo. El mandatario calificó la enseñanza obligatoria del creole como un “despropósito” y aseguró que la propuesta no cuenta con el respaldo de su administración.
Abinader manifestó que el Gobierno tiene interés en fortalecer la enseñanza del inglés en los centros educativos, pero marcó distancia respecto a la inclusión obligatoria del creole. También señaló que la iniciativa no fue discutida ni respaldada por el Gobierno ni por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
¿Qué plantea el proyecto?
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por Julio César Beltré Méndez, diputado del PRM por la provincia Azua. El proyecto propone incorporar obligatoriamente la enseñanza de creole, inglés y francés desde el nivel primario hasta el secundario.
De acuerdo con el contenido de la propuesta, la medida abarcaría centros educativos públicos, privados y de gestión mixta autorizados por el Ministerio de Educación y no estaría limitada exclusivamente a las provincias fronterizas.
El legislador fundamenta la inclusión del creole en las relaciones históricas, comerciales, culturales y migratorias existentes entre República Dominicana y Haití, así como en la dinámica de las comunidades fronterizas. En el caso del inglés, destaca su importancia para sectores como turismo, comercio, tecnología y servicios, mientras que al francés le atribuye relevancia internacional, diplomática y cultural.
Aplicación sería gradual
El proyecto contempla que, en caso de convertirse en ley, el Ministerio de Educación disponga de 12 meses para elaborar el currículo, establecer contenidos, carga horaria y estándares de competencia lingüística.
Su implementación sería progresiva, con un período máximo de cinco años, comenzando por el primer ciclo del nivel primario. También contempla programas para la formación y certificación de docentes capaces de impartir los idiomas.
Una propuesta que genera debate
La iniciativa ha provocado posiciones diferentes entre sectores políticos, educativos y sociales. Mientras sus promotores argumentan que el conocimiento de otros idiomas ampliaría las competencias de los estudiantes y facilitaría la comunicación y las relaciones internacionales, otros sectores cuestionan que el creole deba establecerse como materia obligatoria en todo el sistema educativo.
Incluso dentro del sector magisterial se han divulgado posiciones distintas. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aclaró posteriormente que su Comité Ejecutivo Nacional no había adoptado una posición institucional oficial sobre la propuesta.
Por el momento, la enseñanza obligatoria del creole no está vigente en República Dominicana. Se trata de una propuesta legislativa que deberá agotar el procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional antes de que pueda convertirse en ley.