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Cuatro pilares básicos plantea proyecto de nación para enfrentar situación con Haití
Santo Domingo, R.D-Cuatro pilares básicos contiene el Pacto Nacional firmado este jueves ante la crisis en Haití, los cuales consisten en mantener la presión internacional, colocar más vigilancia en la frontera, regular los trabajadores temporales haitianos, crear una base biométrica con sus datos, ser más estricto en la aplicación de diversas legislaciones y mejorar la actividad económica entre ambas naciones.
El pacto se basa en cuatro pilares fundamentales: Política de Relaciones Exteriores, Política Migratoria, Política Fronteriza y Política Económica.
El pacto está basado en cuatro pilares fundamentales que son, Política de Relaciones Exteriores, Política Migratoria, Política Fronteriza y Política Económica.
Relaciones exteriores
En ese sentido, resalta promover el envío de misiones especiales al exterior para lograr un “mayor compromiso” de la comunidad internacional; fomentar la cooperación por medio de canales institucionales; instituir un grupo de trabajo experimentado para las relaciones dominico-haitianas y ofertar la construcción de tres hospitales en territorio haitianos, incluyendo la formación del personal médico.
Sumado a eso, busca mantener la insistencia en que el peso principal de la solución de la crisis en cuestión está en las instituciones de la sociedad haitiana “con el legítimo soporte de la comunidad internacional”.
En el aspecto migratorio, el pacto comprende la actualidad y el “problema” que enfrenta actualmente el país por la crisis haitiana y como esto se ha convertido en un “reto impostergable” para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional.
Ante esto, plantea el principio de la debida regulación del ingreso y tránsito a través de la frontera, así como la permanencia y el libre desempeño del ejercicio laboral de nacionales extranjeros “debidamente autorizados” para habitar e interactuar en suelo dominicano.
Aparece también en el renglón aspectos como elaborar o revisar los protocolos de control fronterizo y del ingreso de trabajadores urbanos y agrícolas; identificar las empresas contratistas; investigar el otorgamiento de visados a “trabajadores temporeros y desarrollar un “programa de control biométricos” de nacionales extranjeros para recoger todas las informaciones necesarios que permitan tener un “mayor control”.
En ese aspecto aparece también el fijar requerimientos de mano de obra del mercado laboral dominicano y definir los criterios que sectores productivos requieren por el momento para establecer “cuotas de admisión por sectores de actividad”, en referencia al número de trabajadores temporeros que necesitarían. No obstante, dispone también el fomento a qué sectores empresariales dispongan la incorporación progresiva de mano de obra dominicana.
Sobre los trabajadores haitianos en condición de legalidad, el pacto establece que “gozarán de los mismos derechos laborales establecidos en las regulaciones para los dominicanos”.
Sobre la valla fronteriza, incluye el supervisar tecnológicamente desde la distancia, con cámaras, la labor del personal que se encuentra situado en la frontera, así como la vigilancia del posible paso ilegal de personas y, a partir de estas acciones, administrar un régimen de consecuencia en detrimento de aquellos que violenten las leyes.
En el caso de las deportaciones, mantiene la proceso de salida de extranjeros en situación migratoria contraria a la ley, que estén desempleados o contratados, pero no provistos de cuota de permanencia para extranjeros temporeros.
No obstante, establece la excepción de que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) a través de sus oficinas en todos los puntos fronterizos, constatará que los procesos de deportación no estén incluidos menores de edad no acompañados.
Política fronteriza
Sobre este particular, el acuerdo reitera el compromiso patrio de salvaguardar la integridad de sus fronteras “sin ceder ni retroceder en el dominio y gestión responsable de su territorio”.
Agrega que se debe finalizar “en el más breve plazo” la construcción de la verja perimetral fronteriza inteligente” así como facilitar el transporte seguro de mercancía por vía terrestre y marítima, y cuando procesa aérea, hacia ciudades haitianas, que reúnan las condiciones de seguridad.
“Si las circunstancias de inseguridad extrema lo llegan a requerir, respaldamos tomar las disposiciones extraordinarias previstas en el ámbito de la Constitución de la República y de las leyes que permitan a las autoridades enfrentar los eventos excepcionales de inseguridad”, deja contemplado el pacto como una medida de última instancia.
Sobre las actividades ilícitas, el acuerdo busca instaurar la vigilancia satelital en tiempo real y de alta resolución sobre la región fronteriza dominicana, al igual que espacios marítimos, todo conectado y bajo la jurisdicción al C5I y los centro de mandos fronterizos.
Asimismo, dispone una serie de acciones para reforzar la revisión, retención e indagación de todo lo que ingresa a la República Dominicana proveniente de Haití, a los fines de evitar la llegada de armas, sustancias ilícitas y otras cuestiones relacionadas con hechos punibles.
Política económica
Dentro del renglón económico, las autoridades gubernamentales, en conjunto con el sector privado y la comunidad internaciones, dispone incentivar y expandir el financiamiento competitivo, tanto para las exportaciones hacia Haití, así como el desarrollo de proyectos en ese país.
Propone, en ese sentido, la promoción de intentar reproducir el modelo vigente de Codevi, para la instalación de industrias en el interior de territorio haitiano que contribuyan a la generación de riquezas y de retención de la población en sus lugares de origen.
De igual manera, dispone constituir y crear fondos especiales para la mecanización y tecnificación agropecuaria y de la industria de la construcción, cuestión de promover estas áreas.
También apoyar, promover e iniciar una serie de acciones que puedan “reequilibrar” el balance comercial dominico-haitiano y, a su vez, crear bases para la concertación de un acuerdo de facilitación de comercio con Haití.
Llamado a partidos ausentes
Durante el acto de firma, el presidente Abinader felicitó a cada uno de los partidos políticos y los líderes de la sociedad civil, académicos que dijeron presente en esta firma porque dijo, esta es una respuesta al país, una respuesta patriótica, no partidista.
“Y todavía espero que los partidos políticos que no estén aquí presentes, tener siempre la puerta y la silla preparada para cada uno de ellos, para que participen en esta toma de decisiones que, como dije, no debe de tener ningún cerco partidista, sino un sentido nacional y patriótico. Y eso es lo que esperamos”, expresó Abinader.
Partidos presentes en la firma
Trabajaron y firmaron el pacto 28 partidos políticos, incluyendo algunos de la oposición: Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Dominicanos por el Cambio (DxC), Partido de Unidad Nacional (PUN), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Partido Cívico Renovador (PCR), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Movimiento Demócrata Alternativo (MODA), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Frente Amplio por la Dignidad Nacional (Frente Amplio), Alianza por la Democracia (APD), País Posible (PP), Partido Primero la Gente (PPG) y Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).
Además, Partido de Acción Liberal (PAL), Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Liberal Reformista (PLR), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido Revolucionario Independiente (PRI), Partido Demócrata Popular (PDP), Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), Partido Alianza País (ALPAÍS), Justicia Social (JS), Partido Demócrata Institucional (PDI), Movimiento Nacional Balaguerista (MNB), Partido Verde Dominicano (VERDE), Partido Popular Progresista (PPP) y Movimiento Izquierda Unida (MIU).
Académicos e intelecturales
También, una veintena de académicos e intelectuales, incluyendo siete rectores de universidades: Juan Daniel Balcácer, Fernando Ferrán, Eduardo García Michel, Roberto Cassá, Bernardo Vega, Manuel Núñez, Wilfredo Lozano, Manuel Robles, Julio Ortega Tous, Iván Gatón, Raúl de Moya Español, Miguel Reyes Sánchez, José Miguel Vásquez, Luis Humberto Vargas, Humberto Pérez, Manuel Bergés, junto con los rectores de la UNPHU, Miguel Fiallo; el de la UASD, Editrudis Beltrán; el de la PUCMM, Secilio Espinal; de UNIBE, Odile Camilo Vincent; de UNAPEC, Franklin Holguín Haché; de la UCSD, monseñor Benito Ángeles, y de INTEC, Julio Sánchez Maríñez.
El Seíbo.- A veinte años de prisión fue condenado un agricultor acusado de violación sexual contra una adolescente fue condenado a 20 años de prisión, quien usaba un nombre falso, según la sentencia pronunciada por los jueces del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seíbo.
Se informó que el tribunal pronunció una sentencia contra Carlos Martínez, pero quien asistía al tribunal era una persona identificada como Alejandro Martínez Matos.
Según la declaración de Carlos Martínez en audiencia, quien verdaderamente cometió la violación sexual fue Alejandro Martínez, mismo que figura en el expediente como la persona condenada y está prófugo de la justicia.
El hecho ocurrió en el año 2019, fecha en la que el tribunal impuso tres meses preventivos como medida de coerción contenida en el numeral 7 del artículo 226 del Código Procesal Penal.
Con la resolución núm. 615-2021-SAUTAJ-00090, de fecha 28 del mes de abril del año 2021, se dio apertura al caso mediante la cual envió a juicio a los imputados José Luis Rosario y a Alejandro Martínez Matos, por supuesta violación a los artículos antes mencionados y no a Carlos Martínez, quien lleva cinco años recluido, de estos ha purgado dos la cárcel CCR-14 de Anamuya en Higüey, los otros tres entre la cárcel pública de El Seibo y La Victoria.
El abogado de la defensa de Alejandro Martínez solicitó: “Que la acusación del Ministerio Público fuera declarada inadmisible, ya que se acuso a una persona distinta, a la que se encontraba en el banquillo de los acusados.
En tanto que el órgano persecutor solicitó al tribunal que fuera rechazado el pedimento de la defensa técnica, por considerar que era responsabilidad de los abogados y del imputado decir que ese no era su nombre, a dos años de ser llevado el proceso.
En tal sentido, el tribunal representado por Ramona Milagros Santana Bermúdez, jueza presidenta; Laura Isabel Roa Paredes, Jueza sustituta del presidente; Medardo Antonio Rincón Martínez, Juez miembro, en una audiencia pública virtual ordenó la continuidad de la audiencia, aun teniendo en conocimiento que en el expediente figura el nombre de Alejandro Martínez que quien acudía a la sala era a otra persona es decir, Carlos Martínez, en contra quien no hay un expediente que lo acuse.
Santo Domingo, (Prensa Latina) La Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana recordó hoy que desde mañana está prohibida la publicación de encuestas relacionadas con los comicios, mientras la veda comenzará el 16, tres días antes de las votaciones.
El artículo 216 de la Ley 20-23 Orgánica de Régimen Electoral, establece que «durante ocho días anteriores al de la votación, se restringe totalmente la publicación y difusión de sondeos o encuestas electorales».
La JCE tiene registradas cerca de 60 firmas encuestadoras, que están bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Elecciones.
Mañana, además de vencer el plazo para la publicación de encuestas, el órgano comicial deberá entregar las credenciales a los funcionarios de los colegios electorales.
Esta semana se publicaron los resultados de las encuestas Greenberg-Diario Libre y Gallup-RCC Media, que no difieren mucho en cuanto a las preferencias de los posibles votantes.
La primera vaticina que el mandatario y aspirante presidencial Luis Abinader ganará en primera vuelta, con un 58 por ciento de los votos; Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo (FP) obtendría un 25 por ciento, mientras que el aspirante Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sacaría un 13 por ciento de los resultados.
Mientras, Gallup-RCC Media concluyó que de los mil 500 entrevistados del 1 al 4 de mayo último, el 60 por ciento votaría por Abinader, quien aspira a la reelección por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), un 24.6 por ciento lo haría por Fernández y un 11.1 por ciento por Martínez.
A las elecciones presidenciales del 19 de mayo se presentarán nueve candidatos presidenciales; ese día también se elegirán los 32 miembros del Senado y 190 integrantes de la Cámara de Diputados.
rgh/mpv
PL-153
Santo Domingo, R.D.-La Cámara Civil de Puerto Plata ordenó que el Consejo Estatal del Azúcar, CEA, y sus representantes locales Henry Fontanilla y Félix Cabrera paralizar los desalojos que llevan a cabo en Llanos de Pérez, Imbert.
La disposición de la presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata ordenó al Concejo Estatal del Azúcar (CEA) y sus representantes locales Henry Fontanilla y Félix Cabrera, abstenerse de continuar con los desalojos en la comunidad Juan Martínez, Llano de Pérez, municipio Imbert, provincia Puerto Plata.
La medida prohíbe a los representantes del CEA desalojar a los accionantes y cualquier otra persona que habite en la comunidad, sin antes agotar las vías procesales del lugar ante el abogado del Estado como establece la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario.
La decisión, fechada el 9 de mayo de 2024, está firmada por los magistrados Nassín Eduardo Ovalles, juez presidente de la Cámara Civil y Comercial; Carmen Martínez Durán, secretaria general de Centro de Servicios Secretariales de la Jurisdicción Civil de Puerto Plata.
Los empleados del CEA en la provincia Puerto Plata, Henry Fontanilla y Félix Cabrera, pretendían realizar desalojos contra varias familias en Llano de Pérez, alegando que estaban en calidad de invasores de los terrenos propiedad del Estado dominicano.