Nacionales
Cuatro pilares básicos plantea proyecto de nación para enfrentar situación con Haití
Santo Domingo, R.D-Cuatro pilares básicos contiene el Pacto Nacional firmado este jueves ante la crisis en Haití, los cuales consisten en mantener la presión internacional, colocar más vigilancia en la frontera, regular los trabajadores temporales haitianos, crear una base biométrica con sus datos, ser más estricto en la aplicación de diversas legislaciones y mejorar la actividad económica entre ambas naciones.
El pacto se basa en cuatro pilares fundamentales: Política de Relaciones Exteriores, Política Migratoria, Política Fronteriza y Política Económica.
El pacto está basado en cuatro pilares fundamentales que son, Política de Relaciones Exteriores, Política Migratoria, Política Fronteriza y Política Económica.
Relaciones exteriores
En ese sentido, resalta promover el envío de misiones especiales al exterior para lograr un “mayor compromiso” de la comunidad internacional; fomentar la cooperación por medio de canales institucionales; instituir un grupo de trabajo experimentado para las relaciones dominico-haitianas y ofertar la construcción de tres hospitales en territorio haitianos, incluyendo la formación del personal médico.
Sumado a eso, busca mantener la insistencia en que el peso principal de la solución de la crisis en cuestión está en las instituciones de la sociedad haitiana “con el legítimo soporte de la comunidad internacional”.
En el aspecto migratorio, el pacto comprende la actualidad y el “problema” que enfrenta actualmente el país por la crisis haitiana y como esto se ha convertido en un “reto impostergable” para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional.
Ante esto, plantea el principio de la debida regulación del ingreso y tránsito a través de la frontera, así como la permanencia y el libre desempeño del ejercicio laboral de nacionales extranjeros “debidamente autorizados” para habitar e interactuar en suelo dominicano.
Aparece también en el renglón aspectos como elaborar o revisar los protocolos de control fronterizo y del ingreso de trabajadores urbanos y agrícolas; identificar las empresas contratistas; investigar el otorgamiento de visados a “trabajadores temporeros y desarrollar un “programa de control biométricos” de nacionales extranjeros para recoger todas las informaciones necesarios que permitan tener un “mayor control”.
En ese aspecto aparece también el fijar requerimientos de mano de obra del mercado laboral dominicano y definir los criterios que sectores productivos requieren por el momento para establecer “cuotas de admisión por sectores de actividad”, en referencia al número de trabajadores temporeros que necesitarían. No obstante, dispone también el fomento a qué sectores empresariales dispongan la incorporación progresiva de mano de obra dominicana.
Sobre los trabajadores haitianos en condición de legalidad, el pacto establece que “gozarán de los mismos derechos laborales establecidos en las regulaciones para los dominicanos”.
Sobre la valla fronteriza, incluye el supervisar tecnológicamente desde la distancia, con cámaras, la labor del personal que se encuentra situado en la frontera, así como la vigilancia del posible paso ilegal de personas y, a partir de estas acciones, administrar un régimen de consecuencia en detrimento de aquellos que violenten las leyes.
En el caso de las deportaciones, mantiene la proceso de salida de extranjeros en situación migratoria contraria a la ley, que estén desempleados o contratados, pero no provistos de cuota de permanencia para extranjeros temporeros.
No obstante, establece la excepción de que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) a través de sus oficinas en todos los puntos fronterizos, constatará que los procesos de deportación no estén incluidos menores de edad no acompañados.
Política fronteriza
Sobre este particular, el acuerdo reitera el compromiso patrio de salvaguardar la integridad de sus fronteras “sin ceder ni retroceder en el dominio y gestión responsable de su territorio”.
Agrega que se debe finalizar “en el más breve plazo” la construcción de la verja perimetral fronteriza inteligente” así como facilitar el transporte seguro de mercancía por vía terrestre y marítima, y cuando procesa aérea, hacia ciudades haitianas, que reúnan las condiciones de seguridad.
“Si las circunstancias de inseguridad extrema lo llegan a requerir, respaldamos tomar las disposiciones extraordinarias previstas en el ámbito de la Constitución de la República y de las leyes que permitan a las autoridades enfrentar los eventos excepcionales de inseguridad”, deja contemplado el pacto como una medida de última instancia.
Sobre las actividades ilícitas, el acuerdo busca instaurar la vigilancia satelital en tiempo real y de alta resolución sobre la región fronteriza dominicana, al igual que espacios marítimos, todo conectado y bajo la jurisdicción al C5I y los centro de mandos fronterizos.
Asimismo, dispone una serie de acciones para reforzar la revisión, retención e indagación de todo lo que ingresa a la República Dominicana proveniente de Haití, a los fines de evitar la llegada de armas, sustancias ilícitas y otras cuestiones relacionadas con hechos punibles.
Política económica
Dentro del renglón económico, las autoridades gubernamentales, en conjunto con el sector privado y la comunidad internaciones, dispone incentivar y expandir el financiamiento competitivo, tanto para las exportaciones hacia Haití, así como el desarrollo de proyectos en ese país.
Propone, en ese sentido, la promoción de intentar reproducir el modelo vigente de Codevi, para la instalación de industrias en el interior de territorio haitiano que contribuyan a la generación de riquezas y de retención de la población en sus lugares de origen.
De igual manera, dispone constituir y crear fondos especiales para la mecanización y tecnificación agropecuaria y de la industria de la construcción, cuestión de promover estas áreas.
También apoyar, promover e iniciar una serie de acciones que puedan “reequilibrar” el balance comercial dominico-haitiano y, a su vez, crear bases para la concertación de un acuerdo de facilitación de comercio con Haití.
Llamado a partidos ausentes
Durante el acto de firma, el presidente Abinader felicitó a cada uno de los partidos políticos y los líderes de la sociedad civil, académicos que dijeron presente en esta firma porque dijo, esta es una respuesta al país, una respuesta patriótica, no partidista.
“Y todavía espero que los partidos políticos que no estén aquí presentes, tener siempre la puerta y la silla preparada para cada uno de ellos, para que participen en esta toma de decisiones que, como dije, no debe de tener ningún cerco partidista, sino un sentido nacional y patriótico. Y eso es lo que esperamos”, expresó Abinader.
Partidos presentes en la firma
Trabajaron y firmaron el pacto 28 partidos políticos, incluyendo algunos de la oposición: Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Dominicanos por el Cambio (DxC), Partido de Unidad Nacional (PUN), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Partido Cívico Renovador (PCR), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Movimiento Demócrata Alternativo (MODA), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Frente Amplio por la Dignidad Nacional (Frente Amplio), Alianza por la Democracia (APD), País Posible (PP), Partido Primero la Gente (PPG) y Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).
Además, Partido de Acción Liberal (PAL), Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Liberal Reformista (PLR), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido Revolucionario Independiente (PRI), Partido Demócrata Popular (PDP), Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), Partido Alianza País (ALPAÍS), Justicia Social (JS), Partido Demócrata Institucional (PDI), Movimiento Nacional Balaguerista (MNB), Partido Verde Dominicano (VERDE), Partido Popular Progresista (PPP) y Movimiento Izquierda Unida (MIU).
Académicos e intelecturales
También, una veintena de académicos e intelectuales, incluyendo siete rectores de universidades: Juan Daniel Balcácer, Fernando Ferrán, Eduardo García Michel, Roberto Cassá, Bernardo Vega, Manuel Núñez, Wilfredo Lozano, Manuel Robles, Julio Ortega Tous, Iván Gatón, Raúl de Moya Español, Miguel Reyes Sánchez, José Miguel Vásquez, Luis Humberto Vargas, Humberto Pérez, Manuel Bergés, junto con los rectores de la UNPHU, Miguel Fiallo; el de la UASD, Editrudis Beltrán; el de la PUCMM, Secilio Espinal; de UNIBE, Odile Camilo Vincent; de UNAPEC, Franklin Holguín Haché; de la UCSD, monseñor Benito Ángeles, y de INTEC, Julio Sánchez Maríñez.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.