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Cuatro pilares básicos plantea proyecto de nación para enfrentar situación con Haití
Santo Domingo, R.D-Cuatro pilares básicos contiene el Pacto Nacional firmado este jueves ante la crisis en Haití, los cuales consisten en mantener la presión internacional, colocar más vigilancia en la frontera, regular los trabajadores temporales haitianos, crear una base biométrica con sus datos, ser más estricto en la aplicación de diversas legislaciones y mejorar la actividad económica entre ambas naciones.
El pacto se basa en cuatro pilares fundamentales: Política de Relaciones Exteriores, Política Migratoria, Política Fronteriza y Política Económica.
El pacto está basado en cuatro pilares fundamentales que son, Política de Relaciones Exteriores, Política Migratoria, Política Fronteriza y Política Económica.
Relaciones exteriores
En ese sentido, resalta promover el envío de misiones especiales al exterior para lograr un “mayor compromiso” de la comunidad internacional; fomentar la cooperación por medio de canales institucionales; instituir un grupo de trabajo experimentado para las relaciones dominico-haitianas y ofertar la construcción de tres hospitales en territorio haitianos, incluyendo la formación del personal médico.
Sumado a eso, busca mantener la insistencia en que el peso principal de la solución de la crisis en cuestión está en las instituciones de la sociedad haitiana “con el legítimo soporte de la comunidad internacional”.
En el aspecto migratorio, el pacto comprende la actualidad y el “problema” que enfrenta actualmente el país por la crisis haitiana y como esto se ha convertido en un “reto impostergable” para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional.
Ante esto, plantea el principio de la debida regulación del ingreso y tránsito a través de la frontera, así como la permanencia y el libre desempeño del ejercicio laboral de nacionales extranjeros “debidamente autorizados” para habitar e interactuar en suelo dominicano.
Aparece también en el renglón aspectos como elaborar o revisar los protocolos de control fronterizo y del ingreso de trabajadores urbanos y agrícolas; identificar las empresas contratistas; investigar el otorgamiento de visados a “trabajadores temporeros y desarrollar un “programa de control biométricos” de nacionales extranjeros para recoger todas las informaciones necesarios que permitan tener un “mayor control”.
En ese aspecto aparece también el fijar requerimientos de mano de obra del mercado laboral dominicano y definir los criterios que sectores productivos requieren por el momento para establecer “cuotas de admisión por sectores de actividad”, en referencia al número de trabajadores temporeros que necesitarían. No obstante, dispone también el fomento a qué sectores empresariales dispongan la incorporación progresiva de mano de obra dominicana.
Sobre los trabajadores haitianos en condición de legalidad, el pacto establece que “gozarán de los mismos derechos laborales establecidos en las regulaciones para los dominicanos”.
Sobre la valla fronteriza, incluye el supervisar tecnológicamente desde la distancia, con cámaras, la labor del personal que se encuentra situado en la frontera, así como la vigilancia del posible paso ilegal de personas y, a partir de estas acciones, administrar un régimen de consecuencia en detrimento de aquellos que violenten las leyes.
En el caso de las deportaciones, mantiene la proceso de salida de extranjeros en situación migratoria contraria a la ley, que estén desempleados o contratados, pero no provistos de cuota de permanencia para extranjeros temporeros.
No obstante, establece la excepción de que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) a través de sus oficinas en todos los puntos fronterizos, constatará que los procesos de deportación no estén incluidos menores de edad no acompañados.
Política fronteriza
Sobre este particular, el acuerdo reitera el compromiso patrio de salvaguardar la integridad de sus fronteras “sin ceder ni retroceder en el dominio y gestión responsable de su territorio”.
Agrega que se debe finalizar “en el más breve plazo” la construcción de la verja perimetral fronteriza inteligente” así como facilitar el transporte seguro de mercancía por vía terrestre y marítima, y cuando procesa aérea, hacia ciudades haitianas, que reúnan las condiciones de seguridad.
“Si las circunstancias de inseguridad extrema lo llegan a requerir, respaldamos tomar las disposiciones extraordinarias previstas en el ámbito de la Constitución de la República y de las leyes que permitan a las autoridades enfrentar los eventos excepcionales de inseguridad”, deja contemplado el pacto como una medida de última instancia.
Sobre las actividades ilícitas, el acuerdo busca instaurar la vigilancia satelital en tiempo real y de alta resolución sobre la región fronteriza dominicana, al igual que espacios marítimos, todo conectado y bajo la jurisdicción al C5I y los centro de mandos fronterizos.
Asimismo, dispone una serie de acciones para reforzar la revisión, retención e indagación de todo lo que ingresa a la República Dominicana proveniente de Haití, a los fines de evitar la llegada de armas, sustancias ilícitas y otras cuestiones relacionadas con hechos punibles.
Política económica
Dentro del renglón económico, las autoridades gubernamentales, en conjunto con el sector privado y la comunidad internaciones, dispone incentivar y expandir el financiamiento competitivo, tanto para las exportaciones hacia Haití, así como el desarrollo de proyectos en ese país.
Propone, en ese sentido, la promoción de intentar reproducir el modelo vigente de Codevi, para la instalación de industrias en el interior de territorio haitiano que contribuyan a la generación de riquezas y de retención de la población en sus lugares de origen.
De igual manera, dispone constituir y crear fondos especiales para la mecanización y tecnificación agropecuaria y de la industria de la construcción, cuestión de promover estas áreas.
También apoyar, promover e iniciar una serie de acciones que puedan “reequilibrar” el balance comercial dominico-haitiano y, a su vez, crear bases para la concertación de un acuerdo de facilitación de comercio con Haití.
Llamado a partidos ausentes
Durante el acto de firma, el presidente Abinader felicitó a cada uno de los partidos políticos y los líderes de la sociedad civil, académicos que dijeron presente en esta firma porque dijo, esta es una respuesta al país, una respuesta patriótica, no partidista.
“Y todavía espero que los partidos políticos que no estén aquí presentes, tener siempre la puerta y la silla preparada para cada uno de ellos, para que participen en esta toma de decisiones que, como dije, no debe de tener ningún cerco partidista, sino un sentido nacional y patriótico. Y eso es lo que esperamos”, expresó Abinader.
Partidos presentes en la firma
Trabajaron y firmaron el pacto 28 partidos políticos, incluyendo algunos de la oposición: Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Dominicanos por el Cambio (DxC), Partido de Unidad Nacional (PUN), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Partido Cívico Renovador (PCR), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Movimiento Demócrata Alternativo (MODA), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Frente Amplio por la Dignidad Nacional (Frente Amplio), Alianza por la Democracia (APD), País Posible (PP), Partido Primero la Gente (PPG) y Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).
Además, Partido de Acción Liberal (PAL), Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Liberal Reformista (PLR), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido Revolucionario Independiente (PRI), Partido Demócrata Popular (PDP), Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), Partido Alianza País (ALPAÍS), Justicia Social (JS), Partido Demócrata Institucional (PDI), Movimiento Nacional Balaguerista (MNB), Partido Verde Dominicano (VERDE), Partido Popular Progresista (PPP) y Movimiento Izquierda Unida (MIU).
Académicos e intelecturales
También, una veintena de académicos e intelectuales, incluyendo siete rectores de universidades: Juan Daniel Balcácer, Fernando Ferrán, Eduardo García Michel, Roberto Cassá, Bernardo Vega, Manuel Núñez, Wilfredo Lozano, Manuel Robles, Julio Ortega Tous, Iván Gatón, Raúl de Moya Español, Miguel Reyes Sánchez, José Miguel Vásquez, Luis Humberto Vargas, Humberto Pérez, Manuel Bergés, junto con los rectores de la UNPHU, Miguel Fiallo; el de la UASD, Editrudis Beltrán; el de la PUCMM, Secilio Espinal; de UNIBE, Odile Camilo Vincent; de UNAPEC, Franklin Holguín Haché; de la UCSD, monseñor Benito Ángeles, y de INTEC, Julio Sánchez Maríñez.
Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó este viernes que ya son 46 las personas físicas y jurídicas acusadas en el expediente de corrupción Operación Calamar.
El expediente de 3,162 páginas fue depositado de manera formal el jueves e involucra a varios exministros de la pasada gestión de gobierno del expresidente Danilo Medina.
«Hay más de dos mil medios de prueba, que servirán para que se produzca una apertura a juicio y cuando se de ese juicio, nosotros vayamos a procurar las sanciones correspondientes.
Tras recibir el documento, la Coordinación de los Juzgados de Instrucción deberá determinar qué juzgado será apoderado en el caso.
En el expediente Calamar el Ministerio Público imputa a los exministros José Ramón Peralta (Administrativo 2012-2020), Donald Guerrero (Hacienda 2016-2020) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas 2012-2020).
Además de los exministros Peralta y Guerrero se involucra en la supuesta estafa al Estado al excandidato presidencial del PLD, Castillo, a través de pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública y por alegadamente sobornar a empresarios de la construcción para que financiaran la campaña del 2020.
El alegado fraude contra el Estado también involucra al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo; a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda, y el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa.
Asimismo, se cita en el expediente al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías.
Santo Domingo, R.D.-Siete expedientes conoció este viernes el Tribunal Constitucional (TC) que atacan la Ley 1-24, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Los documentos fueron conocidos durante una audiencia que se realizó en la sala de audiencias de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La misma estuvo encabezada por el presidente de la alta corte, Napoleón Estévez Lavandier. Además, de los jueces que integran el organismo constitucional.
A través de una nota de prensa, el TC indicó que los mismo quedaron pendiente de ser fallados.
En el desarrollo de la audiencia, se conoció el expediente TC-01-2024-0005 que tuvo como accionante a Cirilo de Jesús Guzmán López, quien atacó los artículos 9, 10, 11 y 26 de esta norma. Y en el TC-01-2024-0006, el Partido Generación de Servidores (GENS) y Carlos Peña también se opusieron a esta ley.
Asimismo, ocurrió con el expediente TC-01-2024-0007, en el que el Instituto de Capacitación y Formación Política Jurídica y Social (ICAP) atacó el artículo 9, numerales 2, 4, 6 y 15; y los artículos 11, 26 y 29 de la referida ley.
TC deja en estado de fallo quince expedientes
Acuerdo con la nota, la institución dejó en estado de fallo quince expedientes de acción directa de inconstitucionalidad.
Entre estos, el expediente TC-01-2023-0047, en el que Edward Ureña Ureña atacó el artículo 73.5 de la Ley 821-27 de Organización Judicial y sus modificaciones, de fecha 21 de noviembre de 1927.
Igualmente, el expediente TC-01-2023-0048, interpuesto por Manuel Samil Segura de la Cruz, quien refutó la Ley Nacional de Vacunas de la República Dominicana.
De igual manera, el expediente TC-01-2023-0049, con el que Darío Antonio Cueto Leonardo impugnó los artículos 145, párrafo II de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, del 17 de febrero de 2023; y el décimo sexto de la Resolución núm. 38-2023, del 15 de agosto de 2023, que regula la participación de funcionarios públicos en el período de la precampaña y en la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del año 2024.
También los magistrados dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2023-0050, con el cual Johannatan Loanders Medina Reyes atacó el artículo 291 del Código Procesal Penal.
También quedó pendiente de fallo el expediente TC-01-2024-0001, en el que Identidad Dominicana (IDEDOM), impugnó la Ley número 391, del 20 de septiembre de 1943, que establece penas correccionales para las personas que practiquen los espectáculos de «Voudou» o «Luá».
Asimismo, el expediente TC-01-2024-0002, igualmente interpuesto por Identidad Dominicana (IDEDOM), Inc, que atacó el artículo 130, párrafo II del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, del 7 de marzo de 2023.
En la audiencia, además, se conoció y quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2024-0003, cuyo accionante Jean Carlos Machuca de la Mota atacó las actuaciones e informes provenientes de la Policía Nacional y de los señores Ramón O. Hernández Peralta, Roberto A. Albino Filpo, Miguel Cuevas Cuevas y Flavia D. Montero Romero.
Los magistrados también dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2024-0008, con el que el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y el licenciado Miguel Alberto Surún Hernández refutaron los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24, 26 y 27 de esta misma ley.
Igualmente, el expediente TC-01-2024-0009, interpuesto por Ruddys Antonio Mejía Tineo, quien impugnó la ley, y el expediente TC-01-2024-0010, donde Identidad Dominicana (IDEDOM), Inc., y los señores María Ysabel Jerez Guzmán y Rudys Odalis Polanco Lara atacaron específicamente sus artículos 9, 11 13, 15, 26 y 30.
Finalmente, los jueces de esta alta corte vieron el expediente TC-01-2024-0013, que tuvo como accionantes al Colegio de Abogados de la República Dominicana, seccional de San Pedro de Macorís y la señora Josefina Guerrero, quienes atacaron los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24, 26 y 27 de la mencionada ley promulgada el 15 de enero de 2024.
SANTO DOMINGO.-El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, informo que el Ministerio Público presentó acusación formal en contra de los implicados en el caso Calamar.
La instancia con los encartados y nuevas pruebas, fueron depositadas ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por los fiscales de la dirección de Persecución y del Pepca.
La magistrada hará un inventario de las piezas y mediante un sorteo aleatorio computarizado, apoderará a uno de los juzgados de instrucción que conocerá el juicio preliminar.
El apoderamiento de la acusación se producirá luego de que el Ministerio Público interrogue al ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo; y al exministro de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín del Rosario.
El 8 de abril, la jueza Franchesca Potentini, intimó a la procuradora Miriam Germán a presentar acusación en contra de los implicados, en un plazo de 15 días.
IMPUTADOS
En el caso figuran como imputados el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, y el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirilo.
También Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos, de Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola.
Igualmente, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
mpv