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El país ha dado pasos de avance en lucha contra la corrupción, según Yeny Berenice.
Santo Domingo, R.D.-El país es uno de los países que a nivel legislativo y de políticas públicas ha dado pasos de avances en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.
Así lo afirmó la procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, durante el primer Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por el Banco de Reservas, donde sostuvo que la ley contra este flagelo en el país está considerada como una de las legislaciones más completas y más fuertes a nivel mundial.
Manifestó que para el Ministerio Público no ha sido tarea fácil combatir la corrupción, al indicar que en la última década la misma comenzó a verse mucho más estructurada en el país.
Sin mencionar casos, se refirió al tema de la corrupción, manifestando que en el país crearon entramados societarios que movieron en un solo caso, en menos de un año, 19 mil millones de pesos.
Sostuvo que dicho entramado, aún con el Ministerio Público tener todas las herramientas necesarias para investigar, les ha sido un tanto complejo llegar a las personas responsables y partir desde cero de cómo se organizó.
Reynoso indicó que no se puede ver el lavado de activos al margen del narcotráfico ya que estos delitos van de la mano.
Expresó que la corrupción es un delito madre que tiene hijos destacados, entre ellos mencionó: el lavado de activos, narcotráfico, delito contra la persona y propiedad, contrabando, tráfico de armas, trata y tráfico de personas, delitos financieros, entre otros.
Agregó que más del 70 % de los casos de los delitos de crímenes que ocurren en República Dominicana tienen presencia de armas de fuego.
«Es decir, entonces, en un pensamiento lógico debemos decir, la corrupción si me impacta el tráfico de armas y el tráfico de armas me impacta la seguridad ciudadana, es decir qué hay un vínculo entre corrupción y seguridad», dijo al hacer referencia que ambos casos no se pueden ver como hechos aislados.
Aumento de fiscales ha sido de gran ayuda
La magistrada Yeni Berenice Reynoso manifestó que el aumento de fiscales ha sido de gran ayuda para la lucha contra la corrupción en el país.
Destacó el esfuerzo que ha hecho la procuradora general de la República, Miriam Germán, con hacer prioridad una buena cantidad de fiscales para poder dar abasto con estos fines.
Sostuvo que para el año 2020 sólo contaban con seis fiscales y que actualmente hay 50 en la Procuraduría General de la República.
Mientras, el administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereyra, destacó tres desafíos que apremian en la actualidad: lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Pereyra aseguró que este encuentro fue creado con la intención de fortalecer las estrategias para combatir de manera eficaz la amenaza que se enfrenta con el crimen organizado.
El congreso se está llevado a cabo en uno de los salones del hotel Intercontinental, donde también estuvo presente el ministro de la Presidencia, Joel Santos; el director de la Policía Nacional, Alberto Then y el director general de la Dirección de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Cabrera Ulloa.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.