Opinión
Mis bisabuelos libaneses, hace más de 100 años
Por Rosario Espinal
Ahora que los israelitas y palestinos vuelven a enfrentarse sangrientamente estoy triste y pienso en la travesía de mis bisabuelos huyendo de aquella tierra a la que nunca volvieron. Pienso en qué larga es la historia de enfrentamientos en esa región de culturas milenarias y secuencia de dominios imperiales.
Era el año 1903 cuando mis bisabuelos libaneses, abuelos paternos de mi madre, llegaron a la República Dominicana. En esa época el Imperio Otomano (turco) dominaba grandes territorios en el Medio Oriente, incluyendo lo que es hoy el Líbano, Palestina e Israel.
La pobreza y la persecución religiosa provocó la migración hacia el continente americano, sobre todo de cristianos. A la República Dominicana llegaron y se establecieron en distintos lugares.
Según la genealogía que hizo mi madre, el nombre de mi bisabuelo era Wadith Yacoub Haikal Sahad, pero al llegar a la República Dominicana, y no hablar español, las autoridades registraron su nombre como David Jacobo, y así quedó. Jacobo es pues mi segundo apellido.
David era un joven de 22 años. Vinieron con él su esposa Nayiba Khoury de 18 años y otros familiares. Se asentaron en Santiago y entre 1903 y 1914 procrearon ocho hijos, el mayor fue mi abuelo. Parece que la decisión de integrarse a la sociedad dominicana fue total: no enseñaron árabe a sus hijos y le pusieron nombres en español. Lo libanés aparecía en la comida.
Recuerdo la casa de mis bisabuelos en la calle 16 de Agosto, entre la Cuba y Sánchez. Tenía en el patio una enredadera de parra y con las hojas hacían ricos rellenitos. Recuerdo también el yogurt y el queso que hacía mi bisabuela para comer con galletas turcas que vendían los panaderos por todo el centro de Santiago.
Muchas familias libanesas radicadas ahí mantenían entre ellas un lindo espíritu paisano. Hace unos años, la Alcaldía dedicó un parque a la comunidad libanesa de Santiago, donde hay una lista de los apellidos.
Mi bisabuelo murió cuando yo era niña. Era alto con un gran bigote blanco. Mi bisabuela murió más tarde, siendo yo una joven. Recuerdo su acento árabe, su pulsera de oro en el brazo, su rosario en mano, y los domingos por la tarde la visita de sus amigas libanesas.
Lamento mucho no haber tenido entonces la curiosidad social que adquirí posteriormente. Me hubiese gustado preguntarles sobre su vida en el Líbano, la decisión de emigrar, si eligieron el lugar de destino o fue un azar, la vida inicial en la República Dominicana, si extrañaban el Líbano, etc., etc.
Ahora que los israelitas y palestinos vuelven a enfrentarse sangrientamente estoy triste y pienso en la travesía de mis bisabuelos huyendo de aquella tierra a la que nunca volvieron. Pienso en qué larga es la historia de enfrentamientos en esa región de culturas milenarias y secuencia de dominios imperiales. En las vidas truncadas, deshechas o rehechas. En la incapacidad de las religiones y sus líderes para vivir de acuerdo con un postulado fundamental: amar al prójimo como a ti mismo.
Judíos, cristianos y musulmanes que no logran armonizar la convivencia fracturada a través de los siglos y pesa más el ojo por ojo, diente por diente. Que proclaman alabar a Dios, pero no dejan de juzgar y matar escudándose en su nombre. Y mientras más fundamentalistas, peor.
Por Isaías Ramos
Una democracia en la que más del 46% de la población no participa, expresa su voto nulo o en blanco, y donde existen prácticas como el uso indebido de recursos y métodos de coerción para influir en las elecciones, plantea serias preocupaciones sobre la legitimidad y representatividad del proceso electoral. Estas cifras no solo revelan un desinterés o descontento generalizado, sino que también ponen en tela de juicio la integridad de nuestro sistema político.
Los recientes resultados electorales nos ofrecen una fotografía clara de la situación actual. El alto porcentaje de votos nulos, blancos o la abstención directa, así como la evidencia de que muchos votantes se presentan a las urnas motivados por incentivos económicos, demuestra una erosión significativa del principio de libre elección, que es fundamental en cualquier democracia.
Este comportamiento no es espontáneo, sino el resultado de décadas de prácticas corruptas, clientelismo político y decisiones electorales que no reflejan necesariamente el verdadero apoyo popular hacia determinados candidatos o partidos.
Un presidente que sea elegido con la aprobación de menos del 31% de sus electores enfrenta un dilema de legitimidad, especialmente en un contexto donde los favores estatales y el clientelismo político han tenido más peso que la propia voluntad de la ciudadanía.
Aunque el sistema electoral pueda cumplir con todas las formalidades legales, su legitimidad se ve comprometida cuando una parte significativa de la población demuestra, mediante la abstención, que no se siente representada por los actores políticos impuestos por el sistema.
La diferencia entre lo legal y lo legítimo se vuelve crucial en este contexto. Una democracia robusta no solo debe adherirse a las normas y procedimientos jurídicos; también debe fomentar valores como la participación activa de los ciudadanos, la integridad electoral y el respeto por los derechos individuales, incluyendo la libertad de conciencia asegurada por el artículo 45 de nuestra Constitución.
Las leyes pueden ser ajustadas, como lo sugieren aquellos que abogan por el voto obligatorio, proponiendo una modificación al artículo 208 de nuestra Constitución. Sin embargo, esto podría ser una solución superficial si no se aborda la raíz del problema.
Modificar la legislación para hacer el voto obligatorio podría parecer una solución viable, pero esencialmente no aborda el desencanto y la alienación que sienten muchos votantes.
En el Frente Cívico y Social, consideramos que la respuesta no yace en imponer más reglas, sino en restaurar los principios y valores que le dieron origen a nuestra nación. Entendemos que el problema fundamental es un sistema político que ha demostrado no poseer las virtudes esenciales como la honestidad, la integridad, la transparencia, la empatía y el compromiso con el bienestar de la sociedad.
Es por esto que, a partir de este proceso electoral, en el FCS hemos decidido continuar nuestra batalla cultural para instaurar los principios y valores que heredamos de nuestros libertadores.
Es hora de reclamar una democracia que sea tanto legítima como legal, una que verdaderamente represente la voluntad y los intereses de su gente.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 33 del Estatuto de Roma establece que el hecho de que un delito de competencia de la Corte Penal Internacional se cometa en cumplimiento de una orden emitida por un superior-sea militar o civil- no eximirá de responsabilidad penal a su autor-sin embargo, existe una excepción cuando:
- La persona acusada estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se trate;
- La persona acusada no supiera que la orden era ilícita; y
- La orden no era manifiestamente ilícita.
Estas tres condiciones son acumulativas, y el Estatuto de Roma específicamente establece que cualquier orden para cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas en todo momento.
Esta excepción es , por lo tanto, sólo aplicable a las personas a quienes se les ordenó cometer un crimen de guerra o, un crimen de agresión. De otra manera la excepción de órdenes superiores sólo se puede utilizar como una circunstancia atenuante, por ejemplo para reducir la pena.
Esta excepción siempre ha sido controversial. Las Cartas de los Tribunales de Nuremberg y Tokio, asi como los Estatutos del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda establecen que la excepción de órdenes superiores no es admisible en situación alguna.
Se creía que al se una orden para cometer un delito, esta era ilícita, y por ende no podía utilizarse como una justificación para una conducta subordinada.
Sin embargo, el derecho interno de muchos Estados ha tomado un punto de vista contrario, con respecto al alegato de órdenes superiores, y por lo tanto asi es de conformidad con el artículo 33.Esto significa que en la mayoría de los Estados, esta excepción existe como tal y un subordinado no puede ser culpable de un delito si el o ella no conocían que la orden era ilícita o esta no era manifiestamente ilícita.
Esta regla se encuentra en los códigos militares disciplinarios de Alemania, Estados Unidos, Italia y Suiza, y la noción de responsabilidad penal ha sido consagrada por la jurisprudencia de los tribunales nacionales de crímenes de guerra. Solo algunos Estados prohíben la excepción de órdenes superiores en su derecho interno.
Otros Estados toman una medida diferenciada : permiten alegar la excepción de órdenes superiores cuando uno de sus nacionales es acusado, pero prohíben su utilización cuando la persona acusada hubiera estado en combate contra un enemigo o fundamentan su excepción en el derecho de un país extranjero.
Sería recomendable que los Estados Partes realizarán algunos cambios en su derecho interno si esto es necesario para asegurar que no haya excepción de este tipo más amplia que el artículo 33 del Estatuto de la CPI.
Si el sistema judicial nacional debiese absolver a un individuo porque tiene un control más bajo para la excepción de órdenes superiores , esto se podría considerar como un medio para impedir que la persona sea llevada ante la justicia. Por ejemplo, la excepción de órdenes superiores no se utilizaría en los casos en que había un orden para cometer un crimen de lesa humanidad o genocidio.
Los Estados Partes al Estatuto no deben cambiar su legislación interna si ésta no dispone de esta excepción de defensa para la persona acusada. En los Estados en que el derecho interno prevé esta excepción de defensa, se podría requerir una reforma que la declare inadmisible cuando la orden fuese para cometer un crimen de lesa humanidad o genocidio.
Aun asi, los Estados Partes que deseen armonizar los procedimientos penales, podrían adaptar su legislación nacional a las disposiciones del Estatuto. En tal caso, se necesitaría realizar los siguientes ajustes:
- a)Declarar la excepción de órdenes superiores generalmente inadmisible;
- b)Declararla admisible solo cuando la persona acusada haya demostrado que en su caso se dieron estas tres condiciones acumulativas:
- Obligación legal de obedecer la orden;
- El o ella no sabía que la orden era ilícita;
- La orden no era manifiestamente ilícita;
- c)Declarar la excepción de órdenes superiores inadmisible cuando se le ordeno a la persona acusada de cometer un crimen de lesa humanidad o genocidio;
- d)Finalmente, declarar que la excepción de órdenes superiores estará sujeto a las mismas reglas, ya sea cuando la orden haya sido emitida por una autoridad civil o militar.
Por Nelson Encarnación
Nadie discute que el voto de los dominicanos en el exterior es una gran conquista y un reconocimiento a los aportes que hacen nuestros compatriotas allende los mares, no solo en términos económicos cuantificables por vía de las remesas, sino directamente a familiares y allegados mediante otros medios.
Ese derecho llegó unido al reconocimiento de la doble ciudadanía, al establecerse la no pérdida de la original por nacimiento, lo que permite que cientos de miles conserven su arraigo nativo, lo cual se manifiesta en el apego a lo nacional en varios aspectos, incluido el político.
Pero esta última cuestión es solo un apego emocional que no se expresa en un ejercicio de ciudadanía, una de cuyas derivaciones esenciales es la participación en procesos electorales.
Veamos las recién pasadas elecciones, sobre las cuales se discute ahora mismo la gran abstención que por primera vez supera el 46% en unas presidenciales.
Sin embargo, esto es muy relativo, pues es oportuno tener en cuenta el gran impacto que sobre la abstención general ha tenido la ausencia de votantes en las circunscripciones del exterior, donde, de un padrón de inscritos de 863,785 electores, apenas concurrieron 162,953, para un pírrico 1.86%.
Si se desagregan estos 700,832 registrados no concurrentes, la abstención real bajaría significativamente, situándose en un 39%, cifra que, de todos modos, todavía se considera elevada, si se toma en cuenta el histórico en las presidenciales.
¿Qué hacer frente a una situación que deja ver que el voto en el exterior solo motiva a los activistas políticos?
Los actores políticos y la Junta Central Electoral pudieran implementar una modalidad en la que los dominicanos del exterior mantengan sus derechos electorales, pero solo para escoger a los diputados de ultramar.
Incluso, se pudiera estudiar—al segregarlos de la presidencial—la creación de dos senadurías, para Europa y América, que junto con las siete diputaciones, serían más útiles que la propia Presidencia.
Esta separación del padrón presidencial no sería negación de derechos, sino, por el contrario, un mayor reconocimiento, vía la representación congresual.
Sabemos que es un tema polémico, pero los propios líderes comunitarios deberían entender que un derecho solo sirve si se ejercita.
Y sobre lo económico, debemos entender que, en esas condiciones, la inversión para el montaje electoral del exterior es casi un dispendio. Que se estudie.