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Opinión

La división parece irremisible en el PRD

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La propuesta de una Comisión Mediadora aplazaría por año y medio la división  definitiva del secuestrado Partido Revolucionario Dominicano prolongando su incapacidad para asumir un rol coherente de oposición.

Por Juan Bolívar Díaz

La suerte del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) luce cada vez más irrelevante en una sociedad agobiada por graves problemas económico-sociales, al extremo de que ha pasado casi desapercibida la propuesta de solución a su crisis presentada esta semana por una comisión de mediadores.

El plan diseñado por seis dirigentes perredeístas prolongaría por otro año y medio la virtual división que arrojó la convención de marzo del 2011, y dejaría al PRD incapacitado  para asumir un rol coherente  de oposición en medio de incertidumbres y de un proceso de reformas trascendentales.    

Cada vez más irrelevante

El partido más antiguo del país luce cada vez más irrelevante, como si sufriera el peso de sus 73 años, y agobiado por las carencias democráticas que lo han convertido en un instrumento encadenado con sus organismos secuestrados y con pocos dolientes en capacidad para movilizar sus viejas estructuras.

Después de varios meses de consultas y ponderaciones una Comisión Mediadora (CM) integrada por seis conocidos dirigentes presentó esta semana una propuesta que pretende rescatar la unidad partidaria y que hasta el viernes había tenido muy poca resonancia en una opinión pública que le es adversa.

La mayor debilidad de la propuesta es que contiene un calendario de eventos tan largo como para prolongar hasta febrero del 2014 la agonía orgánica del partido blanco, con el agravante de que para entonces ya estaría encendida la lucha por las candidaturas  para las elecciones nacionales del 2016. El partido blanco se consumiría en su propia salsa, incapacitado para asumir un rol coherente de oposición política durante un período en que el país estará obligado a reformas trascendentales para equilibrar sus finanzas y definir nuevas prioridades de gobierno.

De esa forma la ciudadanía podría terminar de acostumbrarse a la idea de que no hay un partido en capacidad de equilibrar el peso hegemónico del bloque de gobierno que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana junto a lo que resta del desintegrado Partido Reformista Social Cristiano.

La situación del perredeísmo es cada vez más irrelevante en la opinión pública y más allá de sus militantes es común la indiferencia de la población respecto a su suerte. Hasta en los cenáculos políticos y académicos se evita o se rechaza hablar de las perspectivas en que se encuentra el partido más votado en 28 de las 32 jurisdicciones provinciales en las elecciones de mayo pasado, cuyo candidato obtuvo el 47 por ciento del sufragio válido. El sentimiento es que los perredeístas son incapaces de colocar el interés nacional por encima de sus desgarrantes e incesantes querellas internas.

Primera propuesta de unidad

Una comisión mediadora fue constituida tras las elecciones de mayo pasado con el objetivo de recuperar la unidad del perredeísmo y quedó constituida por la viuda de José Francisco Peña Gómez, Peggy Cabral, Eligio Jáquez, Neney Cabrera, William Jana, Nelson Espinal Báez, Angel dela Cruz y Siquió NG de la Rosa.

El 3 de julio pasadola CM presentó su primera “Propuesta para la reconciliación de la familia perredeísta”, tras la cual se reunieron con los principales protagonistas de la división interna, el presidente titular Miguel Vargas Maldonado por un lado, y por el otro el presidente en Funciones Andrés Bautista, el secretario general Orlando Jorge Mera, la secretaria de Organización  Geanilda Vásquez, y el excandidato presidencial Hipólito Mejía.

Según los comisionados Hipólito Mejía acogió plenamente sus planteamientos, al igual que Vargas, quien mostró disposición a convocarla Comisión Política, aunque luego condicionó el proceso, mientras Bautista, Jorge y Vásquez pidieron plazo para responder formalmente. No obstante el 22 de agosto Vargas Maldonado y Jorge Mera se reunieron “para iniciar el proceso de concertación de una agenda con miras al restablecimiento de la vida institucional de nuestro partido”.

La primera propuesta se sintetiza en aprobar una oposición al gobierno firme y responsable, rechazar cargos gubernamentales, demandar la aprobación de la Ley de Partidos y las modificaciones pendientes a la Ley Electoral y retorno al orden institucional del partido bajo la dirección de “las máximas autoridades electas”.

También convocar los organismos partidarios para evaluar el desempeño en las elecciones de mayo, establecer fecha para la convención ordinaria estatutaria que elige dirigentes cada cuatro años, aprobar la expulsión definitiva de seis que apoyaron  la candidatura peledeísta  y solicitar al presidente y al secretario general la convocatoria, a la mayor brevedad, de la Comisión Política para que conozca esos planteamientos.

Segunda llamada de la CM

Más de dos meses y medio después sin que se haya producido la convocatoria de la Comisión Política, a pesar de que múltiples dirigentes la han demandado, la CM hizo pública el pasado jueves 20 una carta dirigida a Vargas, Bautista, Jorge, Vásquez y Mejía, en la que formula un calendario de eventos en base a “puntos comunes”.

Proponen “la celebración de la Comisión Política Concertada” para el lunes 8 de octubre para aprobar la línea de oposición al gobierno, saludar los esfuerzos de Miguel Vargas por la aprobación de la Ley de Partidos y una Ley de Garantías Electorales y felicitar a Hipólito Mejía por su desempeño como candidato presidencial.

También sugieren fijar la convención ordinaria para el 21 de septiembre del 2013, y que quienes resulten elegidos para dirigir el partido asuman sus funciones  en febrero del 2014. Esos cinco meses de transición son una  concesión a Vargas, quien alega que su período como presidente concluye en el 2014, aunque fue proclamado presidente por la Convención Nacional del 19 de julio del 2009 para el período 2009-2013.

El calendario incluye elegir de inmediato una comisión organizadora que entraría en funciones en febrero del 2013, aprobar la implementación inmediata de las resoluciones adoptadas por el Congreso José F. Peña Gómez del 2010, y autorizar a la Comisión Estatutariaa presentar en 60 días sugerencias de modificaciones para modernizar y readecuar las estructuras del partido.

Con fecha del mismo día 20, Andrés Bautista, Jorge Mera, Geanilda Vásquez e Hipólito Mejía respondieron acogiendo la propuesta de convocarla Comisión Políticapara el 8 de octubre para que conozca la propuesta de convención el 21 de septiembre del 2013, “bajo una integración de esfuerzos entre todos”. También apoyan la conformación dela Comisión Organizadorade la convención y que se ejecuten las resoluciones del congreso Peña Gómez. Se remiten a los estatutos para todos los fines.

Una unidad casi imposible

Los perredeístas estarán a la espera de la reacción del ingeniero Vargas Maldonado, su presidente titular, cuestionado por su resistencia a respaldar la candidatura perredeísta en las pasadas elecciones, y quien desde entonces mantiene encadenado el local nacional de la organización, negándose a convocar formalmente los máximos organismos.

Encuestas que circulan entre los perredeístas confirman la percepción pública de que Vargas Maldonado tiene un amplio rechazo de los perredeístas, que llegan  a considerarlo responsable de que no ganaran el poder en mayo pasado, cuando quedaron con 47 por ciento del sufragio. Se acusa a su círculo íntimo de haber hecho campaña contra Mejía y a favor del partido de gobierno. Una encuesta que reatribuye a la socióloga Ana María Acevedo registra rechazo hasta del 74 por ciento.

Son pocos los perredeístas que creen en la posibilidad de una reconciliación entre Mejía y Vargas Maldonado, considerando que no se logró antes de las elecciones, ni cuando el candidato presidencial del PRD dominaba las encuestas, ni tampoco cuando lo intentaron sus familiares apelando a los vínculos matrimoniales.

Ninguno de los dos reunifica por completo el PRD. Pero por lo menos Mejía ha dicho que no aspirará a presidir el partido, cosa que no ha hecho Vargas y a lo que debería abocarse si aceptara las dificultades reales que confronta. En realidad él ya no reunifica ni siquiera a los que constituyeron el estado mayor del grupo que sostuvo su precandidatura presidencial hasta semanas después de la convención de marzo del 2011 que ganó Mejía.

Bautista, Jorge Mera y Geanilda Vásquez que respaldaban a Vargas decidieron apoyar la candidatura del partido y ahora encabezan su confrontación. También perdió el apoyo de quien fuera su jefe de precampaña Alfredo Pacheco, de la presidenta de la federación de mujeres Janet Camilo y del presidente de la Juventud, así como de Jesús Vásquez, Roberto Fulcar, Andy Dauhajre,  y de Neney Cabrera y Eligio Jáquez que ahora son parte de la CM.

Puntos conflictivos

De aceptar la convocatoria de la Comisión Política debe asumirse que Vargas Maldonado recogerá las cadenas que cierran la entrada a la casa nacional perredeísta y permitirá que todos sus dirigentes entren y salgan, incluyendo a quienes tienen despachos en el local. Pero aún así será casi imposible que puedan ponerse de acuerdo en quiénes conformarán la Comisión Organizadora de la Convención, ya que dirigentes de la categoría de Milagros Ortiz Bosch, Enmanuel Esquea y Hugo Tolentino, que organizaron la del 2010, terminaron estigmatizados por Vargas Maldonado.

También será difícil que los dirigentes del PRD se pongan de acuerdo sobre el padrón de militantes e incluso sobre quiénes son los miembros de la Comisión Política y del Comité Ejecutivo Nacional, cuya composición Vargas Maldonado dispuso modificar ante la Junta Central Electoral el 18 de mayo, día en que su partido concluía la campaña electoral que él no apoyó.

La reunificación del perredeísmo luce casi una quimera, sobre todo si la división sigue siendo incentivada desde los poderosos predios del ex presidente Leonel Fernández, quien cuenta con ella para facilitarse un retorno al poder en el 2016. Y mientras más tiempo transcurra la división podría ser más traumática e irremediable por cuanto Vargas Maldonado, administrando el subsidio estatal del PRD podría posicionarse mejor de lo que luce hasta ahora.

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Opinión

Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad

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La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.

  • El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
  • Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
  • La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.

Por Narciso Isa Conde

Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.

Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.

 Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.

 El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:

·         La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.

·          Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.

·         Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.

·         En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.

·         Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.

·         La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».

·         El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.

Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:

¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?

 Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:

Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.

En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.

La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.

Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.

Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.

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Opinión

Descalifican libros y ganadores con IA (6 de 10)

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Por Oscar López Reyes

Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.

Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.

La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.

¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?

Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.

También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.

Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.

El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.

La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.

¿Cuáles son las respuestas?

Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.

Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.

Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.

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Referencias bibliográficas:

1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/

2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.

3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.

5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.

6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.

8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.

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Opinión

La Constitución como medida del poder

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Por Isaías Ramos

 Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.

El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.

El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.

Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.

La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.

Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.

En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.

El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.

El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.

Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.

Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.

Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.

El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.

Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.

Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.

En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder

siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.

El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.

¡El 2044 comienza hoy!

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