Opinión
La división parece irremisible en el PRD
La propuesta de una Comisión Mediadora aplazaría por año y medio la división definitiva del secuestrado Partido Revolucionario Dominicano prolongando su incapacidad para asumir un rol coherente de oposición.
Por Juan Bolívar Díaz
La suerte del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) luce cada vez más irrelevante en una sociedad agobiada por graves problemas económico-sociales, al extremo de que ha pasado casi desapercibida la propuesta de solución a su crisis presentada esta semana por una comisión de mediadores.
El plan diseñado por seis dirigentes perredeístas prolongaría por otro año y medio la virtual división que arrojó la convención de marzo del 2011, y dejaría al PRD incapacitado para asumir un rol coherente de oposición en medio de incertidumbres y de un proceso de reformas trascendentales.
Cada vez más irrelevante
El partido más antiguo del país luce cada vez más irrelevante, como si sufriera el peso de sus 73 años, y agobiado por las carencias democráticas que lo han convertido en un instrumento encadenado con sus organismos secuestrados y con pocos dolientes en capacidad para movilizar sus viejas estructuras.
Después de varios meses de consultas y ponderaciones una Comisión Mediadora (CM) integrada por seis conocidos dirigentes presentó esta semana una propuesta que pretende rescatar la unidad partidaria y que hasta el viernes había tenido muy poca resonancia en una opinión pública que le es adversa.
La mayor debilidad de la propuesta es que contiene un calendario de eventos tan largo como para prolongar hasta febrero del 2014 la agonía orgánica del partido blanco, con el agravante de que para entonces ya estaría encendida la lucha por las candidaturas para las elecciones nacionales del 2016. El partido blanco se consumiría en su propia salsa, incapacitado para asumir un rol coherente de oposición política durante un período en que el país estará obligado a reformas trascendentales para equilibrar sus finanzas y definir nuevas prioridades de gobierno.
De esa forma la ciudadanía podría terminar de acostumbrarse a la idea de que no hay un partido en capacidad de equilibrar el peso hegemónico del bloque de gobierno que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana junto a lo que resta del desintegrado Partido Reformista Social Cristiano.
La situación del perredeísmo es cada vez más irrelevante en la opinión pública y más allá de sus militantes es común la indiferencia de la población respecto a su suerte. Hasta en los cenáculos políticos y académicos se evita o se rechaza hablar de las perspectivas en que se encuentra el partido más votado en 28 de las 32 jurisdicciones provinciales en las elecciones de mayo pasado, cuyo candidato obtuvo el 47 por ciento del sufragio válido. El sentimiento es que los perredeístas son incapaces de colocar el interés nacional por encima de sus desgarrantes e incesantes querellas internas.
Primera propuesta de unidad
Una comisión mediadora fue constituida tras las elecciones de mayo pasado con el objetivo de recuperar la unidad del perredeísmo y quedó constituida por la viuda de José Francisco Peña Gómez, Peggy Cabral, Eligio Jáquez, Neney Cabrera, William Jana, Nelson Espinal Báez, Angel dela Cruz y Siquió NG de la Rosa.
El 3 de julio pasadola CM presentó su primera “Propuesta para la reconciliación de la familia perredeísta”, tras la cual se reunieron con los principales protagonistas de la división interna, el presidente titular Miguel Vargas Maldonado por un lado, y por el otro el presidente en Funciones Andrés Bautista, el secretario general Orlando Jorge Mera, la secretaria de Organización Geanilda Vásquez, y el excandidato presidencial Hipólito Mejía.
Según los comisionados Hipólito Mejía acogió plenamente sus planteamientos, al igual que Vargas, quien mostró disposición a convocarla Comisión Política, aunque luego condicionó el proceso, mientras Bautista, Jorge y Vásquez pidieron plazo para responder formalmente. No obstante el 22 de agosto Vargas Maldonado y Jorge Mera se reunieron “para iniciar el proceso de concertación de una agenda con miras al restablecimiento de la vida institucional de nuestro partido”.
La primera propuesta se sintetiza en aprobar una oposición al gobierno firme y responsable, rechazar cargos gubernamentales, demandar la aprobación de la Ley de Partidos y las modificaciones pendientes a la Ley Electoral y retorno al orden institucional del partido bajo la dirección de “las máximas autoridades electas”.
También convocar los organismos partidarios para evaluar el desempeño en las elecciones de mayo, establecer fecha para la convención ordinaria estatutaria que elige dirigentes cada cuatro años, aprobar la expulsión definitiva de seis que apoyaron la candidatura peledeísta y solicitar al presidente y al secretario general la convocatoria, a la mayor brevedad, de la Comisión Política para que conozca esos planteamientos.
Segunda llamada de la CM
Más de dos meses y medio después sin que se haya producido la convocatoria de la Comisión Política, a pesar de que múltiples dirigentes la han demandado, la CM hizo pública el pasado jueves 20 una carta dirigida a Vargas, Bautista, Jorge, Vásquez y Mejía, en la que formula un calendario de eventos en base a “puntos comunes”.
Proponen “la celebración de la Comisión Política Concertada” para el lunes 8 de octubre para aprobar la línea de oposición al gobierno, saludar los esfuerzos de Miguel Vargas por la aprobación de la Ley de Partidos y una Ley de Garantías Electorales y felicitar a Hipólito Mejía por su desempeño como candidato presidencial.
También sugieren fijar la convención ordinaria para el 21 de septiembre del 2013, y que quienes resulten elegidos para dirigir el partido asuman sus funciones en febrero del 2014. Esos cinco meses de transición son una concesión a Vargas, quien alega que su período como presidente concluye en el 2014, aunque fue proclamado presidente por la Convención Nacional del 19 de julio del 2009 para el período 2009-2013.
El calendario incluye elegir de inmediato una comisión organizadora que entraría en funciones en febrero del 2013, aprobar la implementación inmediata de las resoluciones adoptadas por el Congreso José F. Peña Gómez del 2010, y autorizar a la Comisión Estatutariaa presentar en 60 días sugerencias de modificaciones para modernizar y readecuar las estructuras del partido.
Con fecha del mismo día 20, Andrés Bautista, Jorge Mera, Geanilda Vásquez e Hipólito Mejía respondieron acogiendo la propuesta de convocarla Comisión Políticapara el 8 de octubre para que conozca la propuesta de convención el 21 de septiembre del 2013, “bajo una integración de esfuerzos entre todos”. También apoyan la conformación dela Comisión Organizadorade la convención y que se ejecuten las resoluciones del congreso Peña Gómez. Se remiten a los estatutos para todos los fines.
Una unidad casi imposible
Los perredeístas estarán a la espera de la reacción del ingeniero Vargas Maldonado, su presidente titular, cuestionado por su resistencia a respaldar la candidatura perredeísta en las pasadas elecciones, y quien desde entonces mantiene encadenado el local nacional de la organización, negándose a convocar formalmente los máximos organismos.
Encuestas que circulan entre los perredeístas confirman la percepción pública de que Vargas Maldonado tiene un amplio rechazo de los perredeístas, que llegan a considerarlo responsable de que no ganaran el poder en mayo pasado, cuando quedaron con 47 por ciento del sufragio. Se acusa a su círculo íntimo de haber hecho campaña contra Mejía y a favor del partido de gobierno. Una encuesta que reatribuye a la socióloga Ana María Acevedo registra rechazo hasta del 74 por ciento.
Son pocos los perredeístas que creen en la posibilidad de una reconciliación entre Mejía y Vargas Maldonado, considerando que no se logró antes de las elecciones, ni cuando el candidato presidencial del PRD dominaba las encuestas, ni tampoco cuando lo intentaron sus familiares apelando a los vínculos matrimoniales.
Ninguno de los dos reunifica por completo el PRD. Pero por lo menos Mejía ha dicho que no aspirará a presidir el partido, cosa que no ha hecho Vargas y a lo que debería abocarse si aceptara las dificultades reales que confronta. En realidad él ya no reunifica ni siquiera a los que constituyeron el estado mayor del grupo que sostuvo su precandidatura presidencial hasta semanas después de la convención de marzo del 2011 que ganó Mejía.
Bautista, Jorge Mera y Geanilda Vásquez que respaldaban a Vargas decidieron apoyar la candidatura del partido y ahora encabezan su confrontación. También perdió el apoyo de quien fuera su jefe de precampaña Alfredo Pacheco, de la presidenta de la federación de mujeres Janet Camilo y del presidente de la Juventud, así como de Jesús Vásquez, Roberto Fulcar, Andy Dauhajre, y de Neney Cabrera y Eligio Jáquez que ahora son parte de la CM.
Puntos conflictivos
De aceptar la convocatoria de la Comisión Política debe asumirse que Vargas Maldonado recogerá las cadenas que cierran la entrada a la casa nacional perredeísta y permitirá que todos sus dirigentes entren y salgan, incluyendo a quienes tienen despachos en el local. Pero aún así será casi imposible que puedan ponerse de acuerdo en quiénes conformarán la Comisión Organizadora de la Convención, ya que dirigentes de la categoría de Milagros Ortiz Bosch, Enmanuel Esquea y Hugo Tolentino, que organizaron la del 2010, terminaron estigmatizados por Vargas Maldonado.
También será difícil que los dirigentes del PRD se pongan de acuerdo sobre el padrón de militantes e incluso sobre quiénes son los miembros de la Comisión Política y del Comité Ejecutivo Nacional, cuya composición Vargas Maldonado dispuso modificar ante la Junta Central Electoral el 18 de mayo, día en que su partido concluía la campaña electoral que él no apoyó.
La reunificación del perredeísmo luce casi una quimera, sobre todo si la división sigue siendo incentivada desde los poderosos predios del ex presidente Leonel Fernández, quien cuenta con ella para facilitarse un retorno al poder en el 2016. Y mientras más tiempo transcurra la división podría ser más traumática e irremediable por cuanto Vargas Maldonado, administrando el subsidio estatal del PRD podría posicionarse mejor de lo que luce hasta ahora.
Por Isaías Ramos
Una nación no se empobrece solamente cuando le roban dinero. Se empobrece cuando el robo se normaliza, cuando la impunidad se administra, cuando la persecución de la corrupción se percibe como selectiva y cuando la justicia se convierte en espectáculo para entretener la indignación, pero no para devolverle al pueblo lo que le quitaron.
La corrupción no vive solo en expedientes, titulares o ruedas de prensa. Se siente cuando falta medicina en un hospital, cuando una escuela se deteriora, cuando un apagón apaga un negocio, cuando una familia se endeuda para comer y cuando un joven descubre que el mérito no pesa tanto como la conexión.
Después de hablar de un país donde la movilidad social está bloqueada, hay que decirlo con claridad: la corrupción es una fábrica de inmovilidad social. Roba dinero, sí; pero también roba confianza, oportunidades, futuro y dignidad.
El informe de clima social de LS Consulting confirma que corrupción y costo de vida se consolidan como ejes del malestar: el costo de vida es la experiencia diaria; la corrupción, la explicación de por qué ese costo no se administra mejor. También muestra que 78% de los consultados siente que el gobierno no da el ejemplo cuando pide austeridad.
Ahí está el fondo: el pueblo recorta, se endeuda, sacrifica salud, alimentación, transporte y tranquilidad; mientras observa que arriba muchas veces no hay la misma disciplina, transparencia ni sacrificio.
Por eso la lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni teatral. Cuando no recupera bienes, no desmonta redes, no cambia reglas, no audita subsidios, no transparenta concesiones, no revisa exenciones y no devuelve recursos al pueblo, deja de ser justicia y se convierte en espectáculo. Una justicia-espectáculo puede producir titulares, pero no reconstruye movilidad social.
El país no necesita “pan y circo” anticorrupción. Necesita justicia con recuperación de activos y reforma institucional.
Y aquí cabe una pregunta que la República debe hacerse sin miedo: ¿para qué se aprobó y promulgó una Ley de Extinción de Dominio si los bienes ilícitos no se persiguen con firmeza, si lo robado no se recupera con transparencia y si esos recursos no vuelven a escuelas, hospitales, agua, seguridad, electricidad y oportunidades?
La Ley núm. 340-22 regula la extinción de dominio como acción autónoma, independiente y patrimonial, ejercida contra bienes ilícitos y no como sustituto del juicio penal contra una persona. Reconoce derechos y garantías de las partes afectadas y exige declaración judicial a favor del Estado.
Hay que hablar con rigor. La extinción de dominio no significa quitar bienes por discurso, presión política o condena mediática. La ley dispone que el juicio sea en audiencia pública, oral y contradictoria; que las pruebas se debatan; que el Ministerio Público pruebe las causales de procedencia y la ausencia de buena fe; y que el estándar aplicable sea la preponderancia de la prueba.
Pero tampoco puede convertirse en letra muerta. Frente a una acción debidamente sustentada, quien ostenta bienes cuestionados tiene derecho a defenderse y aportar prueba fehaciente sobre su origen lícito y su buena fe. Si un tribunal competente determina que esos bienes tienen origen o destino ilícito y que no existe buena fe jurídicamente protegida, no deben seguir amparados por la lentitud, la influencia o el poder económico. Deben pasar al Estado y volver al bien común.
Cada peso robado que no se recupera se convierte en deuda moral, fiscal y social que terminarán pagando nuestros hijos.
No basta con presentar culpables si los bienes robados no regresan al patrimonio público. Y no basta con perseguir casos si las mismas prácticas vuelven con otro contrato, otra nómina, otra exención o una nueva concesión.
La verdadera lucha contra la corrupción debe responder tres preguntas: ¿dónde está el dinero?, ¿quiénes se beneficiaron?, ¿qué reglas deben cambiar para que no vuelva a ocurrir?
La corrupción también se disfraza de legalidad. A veces ocurre con contratos blindados, incentivos eternos, obras sobrevaluadas, compras sin competencia real, subsidios sin beneficiario claro y privilegios convertidos en política pública.
Por eso el combate a la corrupción no puede limitarse al funcionario que mete la mano. También debe mirar al modelo que permite capturar decisiones públicas, recibir beneficios sin retorno y trasladar el costo al ciudadano común.
Esto no es contra empresarios productivos ni contra inversión responsable. Es contra privilegios sin consecuencia, subsidios sin auditoría, incentivos sin resultados e impunidad vestida de normalidad.
La Constitución dominicana no manda un Estado de espectáculo. Manda un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en dignidad humana, derechos fundamentales, trabajo, soberanía popular y separación de poderes. Cuando los recursos se pierden en corrupción, clientelismo o privilegios, no solo se viola la ética pública: se contradice el mandato constitucional.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que la lucha anticorrupción debe dejar de ser temporada de titulares y convertirse en política permanente de Estado: registro público de bienes recuperados, auditorías de subsidios y exenciones, contrataciones transparentes, control ciudadano de obras, protección a denunciantes, sanción patrimonial y destino social de los recursos recuperados.
Cada peso recuperado debe tener rostro y destino: escuelas, hospitales, agua, seguridad, transporte, electricidad, apoyo productivo, juventud y movilidad social. Porque lo robado no puede quedarse en expedientes. Lo robado debe volver al pueblo.
No se trata de venganza. Se trata de República. No se trata de dividir al país. Se trata de unir a la ciudadanía alrededor de una regla básica: quien robe al pueblo debe responder ante la justicia y ante la República.
Porque un país donde la corrupción entretiene más de lo que repara no está haciendo justicia: está administrando indignación. Y una nación que administra indignación, pero no recupera lo robado, no abre camino. Lo bloquea.
Ya basta de justicia-espectáculo: lo robado debe volver al pueblo y la República debe ser gobernada con orden constitucional.
Por Robinson Lebrón
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El bloque de constitucionalidad y la dimensión sustantiva del sufragio
La proclamación de la Constitución del 26 de enero de 2010 supuso una ruptura paradigmática en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, al transicional formalmente desde un Estado clásico de derecho hacia un Estado Social y Democrático de Derecho. Esta transformación situó a la dignidad humana en la cúspide axiológica del sistema, definiéndola en su artículo 5 como el fundamento ético y ontológico de la República, y reforzándola en el artículo 38 como un valor sagrado, innato e inviolable.
Bajo esta nueva matriz dogmática, los derechos políticos tradicionalmente interpretados como meras facultades procedimentales para la alternancia del poder adquirieron la categoría de derechos fundamentales vinculados directamente al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía individual. Votar y ser elegible dejaron de ser simples mecanismos técnicos de agregación de preferencias para convertirse en un canal de autorrealización ciudadana.
El Tribunal Constitucional dominicano, a través de su prolífica jurisprudencia a partir de 2012, consolidó este criterio al establecer que los derechos de ciudadanía no pueden ejercerse plenamente si se despoja al individuo de las condiciones mínimas materiales y de respeto a su integridad moral. Por consiguiente, la legitimidad de los procesos electorales en los últimos veinte años empezó a medirse no solo por la pulcritud del cómputo de las boletas, sino por la capacidad del Estado para garantizar que cada ciudadano concurra a las urnas en condiciones de libertad, igualdad y no discriminación.
Mecanismos de inclusión fáctica: El Voto Accesible
Uno de los hitos más tangibles en la operativización de la dignidad humana dentro del sistema electoral dominicano ha sido el desmantelamiento progresivo de las barreras arquitectónicas y metodológicas que históricamente excluyeron a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. En consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el mandato de igualdad del artículo 39 de la Carta Magna, la Junta Central Electoral (JCE) implementó de manera sistemática a partir de la década de 2010 la política de Voto Accesible.
Esta política institucionalizada se ramificó en tres componentes principales que devolvieron la autonomía al elector:
- Colegios Electorales en Primeros Niveles: La reubicación obligatoria de las mesas de votación en las plantas bajas de los recintos escolares y recintos públicos para garantizar el libre acceso de ciudadanos con movilidad reducida o usuarios de sillas de ruedas.
- Plantillas Braille: La introducción de boletas auxiliares con relieve para las personas con discapacidad visual, permitiendo por primera vez el ejercicio del voto secreto e independiente, eliminando la necesidad de delegar su voluntad en un tercero, práctica que lesionaba directamente su dignidad y privacidad.
- El Programa de Voto en Casa: Un plan piloto ejecutado en los últimos ciclos electorales diseñado para trasladar al personal de las mesas de votación y las urnas directamente a los hogares de ciudadanos con condiciones de salud extremas o inmovilidad absoluta, reconociendo su estatus de miembros plenos de la soberanía política del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma dispone lo que debe realizarse luego del cumplimiento de la condena, según las limitaciones sobre el enjuiciamiento o el castigo de otros delitos. El Estatuto prevé sobre la transferencia de la persona que no sea un nacional de Estado que ejecuta, extradita o entrega al Estado que lo solicite.
La descripción que hace el Estatuto de Roma podría verse detallada de la regla de especialidad. Regula el derecho individual de proteger a una persona que esta condenada o que cumple una condena, para que no sea enjuiciada o extraditada, salvo que la CPI lo acepte a solicitud del Estado.
Sin embargo, el Estatuto de Roma establece que la Corte Penal Internacional sólo podrá referirse a la solicitud de un Estado ¨¨¨luego de haber escuchado la opinión de la persona condenada¨.
Si un Estado acepta a una persona condenada, se necesitaran procedimientos apropiados para que se respete a cabalidad con este requisito. Particularmente los Estados de ejecución deberán adherirse a lo dispuesto en varias partes del Estatuto de Roma.
En cuanto a las medidas de parte de los Estados Partes de la CPI para la implementación cabe destacar que esto podría requerir de cambios tanto legislativos como administrativos por parte de los Estados aceptantes.
En lo referente a la revisión por parte de la CPI para reducir condenas, el Estatuto de Roma establece claramente que solo la Corte tiene la potestad de reducir la condena luego de haber dado audiencia a la persona condenada.
La revisión de una sentencia por parte de la CPI deberá llevarse a cabo cuando la persona haya cumplido dos tercios de la condena, o 25 años en el caso de la cadena perpetua. La CPI podrá reducir la sentencia basándose en los elementos en lo que al respecto establece el Estatuto de Roma.
En el contexto de cumplimiento de las obligaciones los Estados no deberán interferir con las condenas impuestas por la Corte Penal Internacional, ya sea reduciendo o modificando la sentencia. En este sentido se recomienda que los Estados deberán revisar su legislación para evitar esta posibilidad.