Opinión
Entrevista invitada: Amílcar Figueroa habla en Venezuela para “Alba TV”
Entrevista reproducida por Narciso Isa Conde
Amílcar Figueroa es venezolano, historiador, politólogo e integrante del Movimiento Continental Bolivariano. Hasta 2011 presidió el Parlamento Latinoamericano (Parlatino). Cuenta con una larga trayectoria política vinculada a luchas revolucionarias de Nuestra América y participó en la compilación ¿Reforma o revolución en América Latina? (2009) y El Salvador. Su historia y sus luchas (2009) , entre otros.
En diálogo con Alba TV, compartió sus impresiones acerca del contexto eleccionario del 7 de Octubre, los posibles escenarios y estrategias opositoras frente al triunfo de Hugo Chávez. Además, se refirió a los desafíos de la revolución bolivariana para la etapa 2013-2019 y su impacto en el contexto latinoamericano.
¿Cuál es el escenario que avizora para el 7 de octubre y los primeros días post-elecciones? ¿Cuál será la estrategia de la derecha en este lapso?
Lo que se conocemos es que ellos piensan y han estado trabajando en una matriz que instale el fraude electoral. Por supuesto que esta estrategia, lanzada desde Europa y Estados Unidos con las posibilidades mediáticas que tiene el imperialismo y la derecha internacional puede tener alguna incidencia. Dependerá justamente del margen con el cual se gane. Si la ventaja es abrumadora también les va a quedar un poco más difícil instalar esa matriz. Lo cierto es que a partir de ella, sectores radicalizados tratarían de profundizar la desestabilización con diversas modalidades. No podría decirte cuál. En países donde recientemente el imperialismo ha operado, el punto común es la existencia de un pequeño grupo interno articulado fundamentalmente en la alianza internacional de las fuerzas del capital. Por otra parte, hay una parte de la oposición venezolana que tiene el espíritu de jugársela en el campo de las elecciones y que está pensando no en procesos desestabilizadores, sino en tratar de sacar alguna posibilidad en el cuadro de las elecciones regionales de alcaldía y gobernaciones de Diciembre.
Estas posibilidades están allí y no debemos descuidar ninguna de las dos. Todo dependerá en buena medida del resultado del 7 de Octubre, del margen con el cual ganemos.
Acerca del mediano plazo. Con Chávez electo y el Programa de la Patria en marcha ¿Cuáles serán los retos y desafíos para la revolución bolivariana?
Creo que hay que empezar por reivindicar algo que planteo el propio Comandante Chávez: la rectificación. Es necesario profundizar apoyándose en las fuerzas que están históricamente más interesadas en el desarrollo de una Venezuela socialista. Eso pasa por entender con bastante nitidez el cuadro de clases de la actual realidad venezolana, cuál es la composición morfológica de las clases hoy en el país y cuáles de esas clases están mucho más interesadas en la profundización de un cambio histórico. Con este insumo, desarrollar toda nuestra actividad política fundamental allí. Centrarse allí. Tejer el entramado social de la revolución desde abajo, fortalecer los organismos y lo que se ha dado en llamar el poder popular. Creo que eso es lo estratégico. No hay posibilidad de avanzar si no damos un salto en la conquista de la hegemonía social y, a la vez, batalla por revertir la actual dominación cultural. Todavía hoy no nos hemos desprendido de la hegemonía cultural de la burguesía. Los valores de la sociedad burguesa siguen vivitos y coleando en la sociedad venezolana. En todas sus instancias. Entonces ésta es la batalla estratégica frente a la cual el movimiento revolucionario tiene que apuntar sus baterías. Sin una visión estratégica, entendiendo además muchos otros problemas, no hay avances…
En palabras de Chávez, uno de los objetivos principales de la etapa consiste en “cruzar el umbral”, afianzar el camino hacia el socialismo de manera tal que los cambios se tornen transformaciones irreversibles ¿Qué análisis hace de este objetivo?
Avanzar supone dar un debate muy fuerte sobre cómo entender la transición, cómo entender el socialismo, qué es el socialismo. Hay que bajar a lo concreto toda la parte teórica del socialismo y verlo en las condiciones de América Latina; en las condiciones del siglo XXI. Es un gran reto para los revolucionarios y las revolucionarias de Venezuela, donde ha habido un avance extraordinario, donde se insurgió en un momento de retroceso mundial de la revolución. Desde luego eso ha permitido una búsqueda creadora en función de adaptar la teoría Socialista a las condiciones del siglo XXI. Pero obviamente tenemos que dar una batalla tremenda en la construcción teórica. No hay posibilidades de avanzar exitosamente si no se hace una construcción teórica acerca de la revolución en Venezuela y América Latina. Un esfuerzo intelectual por validar las conquistas del aquel campo que podríamos denominar mundo del trabajo. Vivimos en un momento histórico donde el sistema del capital atraviesa su máxima expansión y donde, a su vez, experimenta su mayor decadencia. Se va evidenciando que el capitalismo no es opción y que hay que buscarla por fuera. Esa opción es socialismo.
En la actualidad y centrándonos en el escenario latinoamericano ¿En qué estado se encuentra la construcción de la Patria Grande? ¿Es factible pensar en un proyecto socialista continental? ¿O estamos en un momento de repliegue de las tendencias anticapitalistas/
En el 2005 el ALCA sufrió una tremenda derrota pero sin embargo después de eso, algunos países de América Latina, firmaron Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos. También tratados de relación estratégica con Europa. Estos acuerdos representan el intento del capital de recomponerse y recomponer su hegemonía en América Latina. También avanzaron en muchos sentidos, no solamente en el económico. Por ejemplo, tratan de construir una especie de Escuela de las Américas apoyándose en algunos países del llamado Eje Pacifico.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.