Opinión
Entrevista invitada: Amílcar Figueroa habla en Venezuela para “Alba TV”
Entrevista reproducida por Narciso Isa Conde
Amílcar Figueroa es venezolano, historiador, politólogo e integrante del Movimiento Continental Bolivariano. Hasta 2011 presidió el Parlamento Latinoamericano (Parlatino). Cuenta con una larga trayectoria política vinculada a luchas revolucionarias de Nuestra América y participó en la compilación ¿Reforma o revolución en América Latina? (2009) y El Salvador. Su historia y sus luchas (2009) , entre otros.
En diálogo con Alba TV, compartió sus impresiones acerca del contexto eleccionario del 7 de Octubre, los posibles escenarios y estrategias opositoras frente al triunfo de Hugo Chávez. Además, se refirió a los desafíos de la revolución bolivariana para la etapa 2013-2019 y su impacto en el contexto latinoamericano.
¿Cuál es el escenario que avizora para el 7 de octubre y los primeros días post-elecciones? ¿Cuál será la estrategia de la derecha en este lapso?
Lo que se conocemos es que ellos piensan y han estado trabajando en una matriz que instale el fraude electoral. Por supuesto que esta estrategia, lanzada desde Europa y Estados Unidos con las posibilidades mediáticas que tiene el imperialismo y la derecha internacional puede tener alguna incidencia. Dependerá justamente del margen con el cual se gane. Si la ventaja es abrumadora también les va a quedar un poco más difícil instalar esa matriz. Lo cierto es que a partir de ella, sectores radicalizados tratarían de profundizar la desestabilización con diversas modalidades. No podría decirte cuál. En países donde recientemente el imperialismo ha operado, el punto común es la existencia de un pequeño grupo interno articulado fundamentalmente en la alianza internacional de las fuerzas del capital. Por otra parte, hay una parte de la oposición venezolana que tiene el espíritu de jugársela en el campo de las elecciones y que está pensando no en procesos desestabilizadores, sino en tratar de sacar alguna posibilidad en el cuadro de las elecciones regionales de alcaldía y gobernaciones de Diciembre.
Estas posibilidades están allí y no debemos descuidar ninguna de las dos. Todo dependerá en buena medida del resultado del 7 de Octubre, del margen con el cual ganemos.
Acerca del mediano plazo. Con Chávez electo y el Programa de la Patria en marcha ¿Cuáles serán los retos y desafíos para la revolución bolivariana?
Creo que hay que empezar por reivindicar algo que planteo el propio Comandante Chávez: la rectificación. Es necesario profundizar apoyándose en las fuerzas que están históricamente más interesadas en el desarrollo de una Venezuela socialista. Eso pasa por entender con bastante nitidez el cuadro de clases de la actual realidad venezolana, cuál es la composición morfológica de las clases hoy en el país y cuáles de esas clases están mucho más interesadas en la profundización de un cambio histórico. Con este insumo, desarrollar toda nuestra actividad política fundamental allí. Centrarse allí. Tejer el entramado social de la revolución desde abajo, fortalecer los organismos y lo que se ha dado en llamar el poder popular. Creo que eso es lo estratégico. No hay posibilidad de avanzar si no damos un salto en la conquista de la hegemonía social y, a la vez, batalla por revertir la actual dominación cultural. Todavía hoy no nos hemos desprendido de la hegemonía cultural de la burguesía. Los valores de la sociedad burguesa siguen vivitos y coleando en la sociedad venezolana. En todas sus instancias. Entonces ésta es la batalla estratégica frente a la cual el movimiento revolucionario tiene que apuntar sus baterías. Sin una visión estratégica, entendiendo además muchos otros problemas, no hay avances…
En palabras de Chávez, uno de los objetivos principales de la etapa consiste en “cruzar el umbral”, afianzar el camino hacia el socialismo de manera tal que los cambios se tornen transformaciones irreversibles ¿Qué análisis hace de este objetivo?
Avanzar supone dar un debate muy fuerte sobre cómo entender la transición, cómo entender el socialismo, qué es el socialismo. Hay que bajar a lo concreto toda la parte teórica del socialismo y verlo en las condiciones de América Latina; en las condiciones del siglo XXI. Es un gran reto para los revolucionarios y las revolucionarias de Venezuela, donde ha habido un avance extraordinario, donde se insurgió en un momento de retroceso mundial de la revolución. Desde luego eso ha permitido una búsqueda creadora en función de adaptar la teoría Socialista a las condiciones del siglo XXI. Pero obviamente tenemos que dar una batalla tremenda en la construcción teórica. No hay posibilidades de avanzar exitosamente si no se hace una construcción teórica acerca de la revolución en Venezuela y América Latina. Un esfuerzo intelectual por validar las conquistas del aquel campo que podríamos denominar mundo del trabajo. Vivimos en un momento histórico donde el sistema del capital atraviesa su máxima expansión y donde, a su vez, experimenta su mayor decadencia. Se va evidenciando que el capitalismo no es opción y que hay que buscarla por fuera. Esa opción es socialismo.
En la actualidad y centrándonos en el escenario latinoamericano ¿En qué estado se encuentra la construcción de la Patria Grande? ¿Es factible pensar en un proyecto socialista continental? ¿O estamos en un momento de repliegue de las tendencias anticapitalistas/
En el 2005 el ALCA sufrió una tremenda derrota pero sin embargo después de eso, algunos países de América Latina, firmaron Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos. También tratados de relación estratégica con Europa. Estos acuerdos representan el intento del capital de recomponerse y recomponer su hegemonía en América Latina. También avanzaron en muchos sentidos, no solamente en el económico. Por ejemplo, tratan de construir una especie de Escuela de las Américas apoyándose en algunos países del llamado Eje Pacifico.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?