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El voto penitenciario para elecciones del 2024 es parte de un plan piloto.

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Una delegación de funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Corresponsales inició en el centro de privación de libertad en la Fortaleza Juana Núnez de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, las coordinaciones de lugar para establecer los equipos tecnológicos que requiere este proceso.

Dolores Altagracia Fernández Sánchez, miembro titular de la JCE, manifestó que el estado social y democrático de derecho necesita que las instituciones públicas hagan convenios como este donde se establece un compromiso de devolverle lo que es un derecho fundamental a los privados de libertad. “En el 2016 tuvimos las elecciones para los presos preventivos, pero quisimos ahora dar un paso hacia delante, algo que garantizará lo que hoy es un plan operativo, que es lo que necesita la DGSPC y la Procuraduría para tener un control y pretendemos que este modelo sea replicado en los demás centros penitenciarios”, dijo.

De su lado, Roberto Hernández, director de la DGSPC, dijo que este plan piloto representa un anhelo y un derecho que merecen los privados de libertad, que es el derecho al voto y que el mismo se va a aunar con el derecho a la identidad porque también será abarcado en esta fase.

“Nosotros hemos tenido este anhelo por años en nuestros centros, yo pienso que este convenio va a partir del compromiso del voto penitenciario a darle otros componentes de control de data al sistema penitenciario”, expresó.

La delegación también la integran el consultor jurídico de la DGSPC,  Ángelo Frías, y Mártires Cirilo Quiñones, procurador adjunto, quienes trabajaron junto a los funcionarios de la Junta Central Electoral, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, miembro titular; Mario Núñez, director nacional de Elecciones; Luis Mariano Matos, director nacional de Registro Electoral; Yovanny Díaz, subdirector nacional de Cedulación; Génesis Vásquez, encargada  de Operativos Móviles, Claudio Ferreira, encargado de  Desarrollo, y Américo Rodríguez, director nacional de Cedulación.

La delegación de la JCE encargada de este proyecto explicó que el propósito de la instalación de este piloto en el CCR de Salcedo, será identificar a la población de internos en los recintos penitenciarios y determinar cuáles son los internos preventivos que poseen cédula de identidad y electoral para que puedan ejercer el derecho al voto.

En el acuerdo se establece que solo se realizará el proceso de expedición de cédulas de identidad y electoral, por lo que los centros penitenciarios deberán garantizar la fluidez de los privados de libertad hacia el área de captura de información.

Con la iniciativa se cumple con lo establecido en la Ley 113-21 sobre Régimen Penitenciario, que establece el derecho al voto a quienes no estén condenados irrevocablemente a pena criminal.

Para llevar a cabo este procedimiento, se identificarán biométricamente a todos los internos del centro penitenciario y a los que tengan cédulas se les imprimirá el registro de la identificación biométrica, y al final de cada semana serán enviados los maestros de cedulados desde el centro de cedulación del municipio, previamente autorizados por la DNC, a los fines de que sean anexados a la ficha del centro.

A su vez explicaron que los internos que no hayan sido identificados biométricamente serán capturados mediante el perfil biométrico con la finalidad de anexarle la constancia de solicitud a la ficha del interno.

En este sentido, Américo Rodríguez, director nacional de Cedulación, dijo que este proceso traerá algunos valores agregados porque todos los internos van a quedar registrados biométricamente dentro del sistema de la JCE.

“En el recinto penitenciario se quedaría el recibo que sirva como sustento a la ficha que posee el interno y el que no cuente con un documento de identificación, se le hará un registro en el sistema con la información de su ficha, por lo que quedará un registro con su biometría y sus datos personales, lo que significaría una ventaja de la que el sistema penitenciario le podría sacar provecho”, expresó.

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Miembros de organización criminal reciben acusación formal del Ministerio Público.

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SAN CRISTÓBAL, República Dominicana.- Los miembros de la organización criminal que dirigía el occiso José Antonio Figuereo y que se dedicaba al narcotráfico recibió una acusación formal del Ministerio Público.

El documento fue presentado en el Primer Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de San Cristóbal.

La imputación es contra el coronel retirado de la Policía Nacional, Elvi de la Rosa de León, alias El Gringo, Angel Miguel Figuereo Santana, Wilkin Lorenzo Moreta, Ana Luisa de Jesús y Joselito Valdez.

Estos acusados están sometidos a medidas de coerción, como la prisión preventiva para De la Rosa, Moreta Lorenzo y Figuereo Santana, mientras que De Jesús y Valdez cuentan con presentación periódica.

 El Ministerio Público estableció que De la Rosa, en su condición de teniente coronel de la Policía Nacional retirado, hizo uso indebido de su estatus.

El acusado transportaba al hoy occiso Figuereo Bautista (a) Kiko La Quema, en vehículos de la organización criminal, burlando los controles policiales, ya que por su investidura transitaba sin ser requisado.

El órgano de justicia  indicó que De la Rosa también era  quien compraba y transportaba alimentos, bebidas, insumos y armas de fuego ilegales hacia la zona montañosa donde estaba escondido “Kiko La Quema”.

El Ministerio Público demostró las distintas funciones que realizaban Lorenzo Moreto, Figuereo Santana (hijo de Kiko), Ana Luisa de Jesús,  y Valdez.

Entre otras, gestionar vehículos, homicidios, amenazas, narcotráfico y porte ilegal de armas de fuego en la zona de Calderón, Los Cacaos, San Cristóbal y el municipio de Cambita Garabitos.

La Fiscalía acusa a los miembros de la banda criminal de numerosas violaciones del Código Penal Dominicano.

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Ciento de personas acuden a la Feria Ganadera a comprar productos para la cena de Nochebuena

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Santo Domingo, R.D.-Este domingo cientos de personas acudieron a la Feria Ganadera para comprar los productos de la cena de Nochebuena a bajos precios en el operativo «Navidad del Cambio con Inespre» que se desarrolló durante tres días.

Desde primeras horas, la gente hacia largas filas para adquirir los productos. Las más concurridas eran donde estaban la venta de pierna de cerdo, pollo y arroz. Se trata de la cuarta Feria que realiza el Inespre en el país para llevar alimentos a bajos precios a la gente.

Ya se hicieron en Azua, San Cristóbal, Los Frailes, Los Alcarrizos y el próximo fin de semana será en Santiago para completar seis ferias, informó, Edgar García Peralta, coordinador de las ferias.

La gente adquirió piernas de cerdos de 12 y 14 libras a 850 pesos, un saco de arroz de 25 pesos a 600 pesos, un pollo de cinco libras por 150 pesos, un cartón de huevos 120 pesos, los paquetes de papa cebolla y ajo entre 60 y 90 pesos.

Además, la venta de cuatro tipos de vinos artesanales entre 100 y 200 pesos, vegetales, dulces navideños y otros productos utilizados en la cena del 24 de diciembre.

«Gracias a Dios y a nuestro presidente y nuestros ejecutivos, estamos aquí cumpliendo una misión haciendo un trabajo para la población, ahora en esta época navideña con la Feria de Navidad con el Cambio ustedes pueden ver la muestra de cómo se ha desplazado hoy la persona a comprar», dijo.

Con un promedio de 3,000 pesos una persona puede llevarse una compra con todos los productos para su cena de Nochebuena y hasta para Año Nuevo, debido a los bajos precios.

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Autoridades ocupan 137 kilos de drogas y apresan 853 personas.

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Santo Domingo.-Otro cargamento de 137 kilos de drogas fue ocupado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por la Policía Nacional, en el marco del fortalecimiento de las acciones conjuntas, las cuales ejecutaron durante la última semana 50 allanamientos y más de cinco mil operativos de interdicción en contra del microtráfico de sustancias controladas en gran parte del territorio nacional.

Una nota de la entidad antinarcótico señala que en las operaciones para erradicar el tráfico y venta de drogas se apresaron a 853 personas y se incautaron de 102,566 gramos de cocaína, 30, 295 de marihuana, 4, 401 dosis de crack, 5.10 de metanfetaminas, 2.10 gramos de heroína y 143 pastillas de éxtasis, para un total de 137, 260 gramos.

También, 10 armas de fuego, 45 machetes y cuchillos, 04 vehículos, 49 motocicletas, 244 celulares, 09 radios de comunicación, 55 balanzas y un chaleco antibalas, dinero en efectivo, entre otras evidencias.

Agrega que durante el mes de diciembre, las labores operativas para enfrentar el tráfico ilícito de drogas se reforzaron en el Gran Santo Domingo y las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua, San Juan, Barahona, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Sanchez Ramírez y Samaná, entre otras.

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