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El voto penitenciario para elecciones del 2024 es parte de un plan piloto.

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Una delegación de funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Corresponsales inició en el centro de privación de libertad en la Fortaleza Juana Núnez de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, las coordinaciones de lugar para establecer los equipos tecnológicos que requiere este proceso.

Dolores Altagracia Fernández Sánchez, miembro titular de la JCE, manifestó que el estado social y democrático de derecho necesita que las instituciones públicas hagan convenios como este donde se establece un compromiso de devolverle lo que es un derecho fundamental a los privados de libertad. “En el 2016 tuvimos las elecciones para los presos preventivos, pero quisimos ahora dar un paso hacia delante, algo que garantizará lo que hoy es un plan operativo, que es lo que necesita la DGSPC y la Procuraduría para tener un control y pretendemos que este modelo sea replicado en los demás centros penitenciarios”, dijo.

De su lado, Roberto Hernández, director de la DGSPC, dijo que este plan piloto representa un anhelo y un derecho que merecen los privados de libertad, que es el derecho al voto y que el mismo se va a aunar con el derecho a la identidad porque también será abarcado en esta fase.

“Nosotros hemos tenido este anhelo por años en nuestros centros, yo pienso que este convenio va a partir del compromiso del voto penitenciario a darle otros componentes de control de data al sistema penitenciario”, expresó.

La delegación también la integran el consultor jurídico de la DGSPC,  Ángelo Frías, y Mártires Cirilo Quiñones, procurador adjunto, quienes trabajaron junto a los funcionarios de la Junta Central Electoral, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, miembro titular; Mario Núñez, director nacional de Elecciones; Luis Mariano Matos, director nacional de Registro Electoral; Yovanny Díaz, subdirector nacional de Cedulación; Génesis Vásquez, encargada  de Operativos Móviles, Claudio Ferreira, encargado de  Desarrollo, y Américo Rodríguez, director nacional de Cedulación.

La delegación de la JCE encargada de este proyecto explicó que el propósito de la instalación de este piloto en el CCR de Salcedo, será identificar a la población de internos en los recintos penitenciarios y determinar cuáles son los internos preventivos que poseen cédula de identidad y electoral para que puedan ejercer el derecho al voto.

En el acuerdo se establece que solo se realizará el proceso de expedición de cédulas de identidad y electoral, por lo que los centros penitenciarios deberán garantizar la fluidez de los privados de libertad hacia el área de captura de información.

Con la iniciativa se cumple con lo establecido en la Ley 113-21 sobre Régimen Penitenciario, que establece el derecho al voto a quienes no estén condenados irrevocablemente a pena criminal.

Para llevar a cabo este procedimiento, se identificarán biométricamente a todos los internos del centro penitenciario y a los que tengan cédulas se les imprimirá el registro de la identificación biométrica, y al final de cada semana serán enviados los maestros de cedulados desde el centro de cedulación del municipio, previamente autorizados por la DNC, a los fines de que sean anexados a la ficha del centro.

A su vez explicaron que los internos que no hayan sido identificados biométricamente serán capturados mediante el perfil biométrico con la finalidad de anexarle la constancia de solicitud a la ficha del interno.

En este sentido, Américo Rodríguez, director nacional de Cedulación, dijo que este proceso traerá algunos valores agregados porque todos los internos van a quedar registrados biométricamente dentro del sistema de la JCE.

“En el recinto penitenciario se quedaría el recibo que sirva como sustento a la ficha que posee el interno y el que no cuente con un documento de identificación, se le hará un registro en el sistema con la información de su ficha, por lo que quedará un registro con su biometría y sus datos personales, lo que significaría una ventaja de la que el sistema penitenciario le podría sacar provecho”, expresó.

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Suspencion de docencia por alerta roja este jueves en Puerto Plata y Espaillat.

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Santo Domingo, R.D.-Fue suspendida este jueves la docencia por el Ministerio de Educación (Minerd)  en las provincias de Puerto Plata y Espaillat tras ser declaradas la tarde de estge miércoles en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a las condiciones meteorológicas actuales.

La cartera educativa instruyó, además, a los directores regionales, distritales y de centros educativos a adoptar medidas preventivas en las siete provincias en alerta amarilla que cuentan con zonas vulnerables, en función de la evolución de las condiciones climáticas.

La entidad indicó que estas disposiciones incluyen la evaluación continua de riesgos, así como la potestad para suspender la docencia en áreas donde las condiciones climatológicas lo ameriten.

Asimismo, las autoridades educativas exhortaron a la comunidad a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

El Ministerio recordó que el COE declara la alerta roja cuando existe un alto nivel de riesgo para la población, ante la inminente ocurrencia de fenómenos adversos o cuando estos ya están impactando de manera significativa, lo que requiere la adopción inmediata de medidas de protección.

El COE establece que la alerta amarilla indica una situación de riesgo moderado que puede escalar, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta y tomar precauciones.

De igual forma, la alerta verde se emite ante la posibilidad de un evento adverso, lo que implica condiciones de vigilancia y seguimiento, sin que represente un peligro inmediato.

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Alerta roja a Puerto Plata y Espaillat y otras 7 provincias están en amarilla y 13 en verde por lluvias

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SANTO DOMINGO.- Fueron colocada en alerta roja por el  Centro de Operaciones de Emergencias (COE) las provincias Puerto Plata y Espaillat, mientras que mantiene siete en amarilla y 12 y el Distrito Nacional en verde, debido a los efectos de una vaguada prefrontal y la interacción de los efectos del viento cálido del este/sureste .

Las provincias en alerta amarilla son: Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y San José de Ocoa.

Lluvias provocan inundaciones en La Vega y Azua; más de 350 mil afectados por fallas en acueductos

Mientras que en verde están San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Samaná, Santo Domingo, Valverde, Santiago, Rodríguez, Dajabón, San José de Ocoa, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, Distrito Nacional y Sánchez Ramírez.

De igual forma, en la costa atlántica exhortó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro debido a viento moderado y olas anormales.

De acuerdo al informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) los campos nubosos del sistema frontal al norte del país y los efectos orográficos locales continuarán generando nublados esta noche y en el transcurso de la madrugada del jueves, acompañados de aguaceros intermitentes muy fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento, sobre provincias del litoral costero Atlántico, el valle de Cibao, el sureste, así como, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Agregó que en la tarde, esta actividad de precipitaciones se extenderá sobre varios puntos del valle del Cibao, la llanura oriental, la cordillera Central y la zona fronteriza, principalmente hacia las provincias de: María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Samaná, Duarte, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco, Pedernales, Barahona y El Gran Santo Domingo.

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Desorden en Punta Cana advierte Obispo Jesús Castro.

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Santo Domingo, R.D.-Jesus Castro Marte,  obispo de la diócesis de La Altagracia,  expresó su profunda preocupación por el acelerado desarrollo urbanístico en la zona de Verón-Punta Cana, señalando que muchos proyectos se están ejecutando sin cumplir con la debida planificación establecida en la Ley No. 0368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.

El prelado dejó claro que no se opone al desarrollo, pero enfatizó la necesidad de que las autoridades competentes hagan cumplir estrictamente las normativas vigentes. En ese sentido, exhortó a que los desarrolladores inmobiliarios respeten las disposiciones legales tanto a nivel local como nacional y regional, con el fin de garantizar un crecimiento ordenado y sostenible.

Asimismo, hizo un llamado urgente a proteger la inversión extranjera en el país, advirtiendo sobre la presencia de falsos desarrollistas que incurren en estafas inmobiliarias. Según indicó, estas prácticas afectan a ciudadanos que, con sacrificio, invierten sus ahorros o acceden a préstamos bancarios para adquirir una vivienda.

Castro Marte subrayó que la seguridad jurídica debe prevalecer para garantizar la confianza en el clima de inversión del país. “Mantener altos estándares en este aspecto es clave para preservar la imagen de la nación como una marca país confiable”, concluyó.

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