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Acuerdo para fomentar estudio de la Constitución en las escuelas
SANTO DOMINGO.- El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD) y el Tribunal Constitucional (T.C.) firmaron un acuerdo interinstitucional con el objetivo de desarrollar proyectos formativos para fomentar el estudio de la Constitución.
El magistrado presidente del TC, Dr. Milton Ray Guevara, y el presidente del CODESSD, Samuel Sena, rubricaron el convenio en el que ambas instituciones expresan su compromiso de promover los valores de la carta magna y contribuir al fortalecimiento de la justicia constitucional.
El acuerdo, que tiene una vigencia de dos años, establece que ambas instituciones unirán esfuerzos para desarrollar proyectos de docencia, investigación y extensión, intercambio de formación y capacitación, así como publicaciones de interés mutuo.
Tras firmar el documento, el magistrado Ray Guevara precisó que esta alta corte está para servir y que a todos los convenios que ha rubricado con diferentes entidades les da contenido, impartiendo conferencias, cursos y talleres sobre temas constitucionales.
“El tribunal cumple no solamente con firmar para agotar un episodio protocolar que sale en los medios de comunicación, no; es para hacer realidad el compromiso que tiene el tribunal en esa tarea, que es un verdadero apostolado. ¡Qué difícil resulta predicar aquí que, en la escuela pública, a la escuela inicial, básica y secundaria, se enseñe la Constitución a pesar del mandato del 63 numeral 13!”, expuso.
Ray Guevara destacó la importancia de que entidades como el CODESSD colaboren con el fomento al estudio de la carta magna, ya que —reiteró— educar en Constitución es educar en democracia. «Todos tenemos el deber de cooperar en el desarrollo de las potencialidades del pueblo dominicano», dijo.
De su lado, Sena indicó que con esta iniciativa ponen en marcha una serie de acciones tendentes a generar mayores niveles de conocimiento y educación de la Constitución, contribuyendo así al empoderamiento de los ciudadanos y al fortalecimiento de la democracia y las instituciones.
En ese sentido, anunció la publicación del portal web conocenuestraconstitucion.org, el cual estará enriquecido con artículos de opinión de los principales abogados constitucionalistas del país y con contenidos del TC.
“Nuestro compromiso con la educación de nuestra nación en esta materia es serio; se hace cada día impostergable que podamos colaborar con el sector público y sus escuelas, el sector privado y sus colegios, en extender los conceptos, conocimientos y experiencias de profesionales para dotar a esa generación, que es el presente, y que será nuestro futuro, de bases firmes en derechos fundamentales”, manifestó el presidente del CODESSD.
El acuerdo establece que el TC, órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, colaborará con los programas de investigación y con los cursos, conferencias, diplomados y talleres en materia constitucional y áreas afines que el CODESSD le solicite para ser impartidos a sus miembros.
De su lado, el CODESSD facilitará, con los medios que tiene a su favor, la creación de programas formativos, así como también campañas de edificación a la ciudadanía con relación a la materia constitucional. Además, pondrá a disposición sus instalaciones para la realización de actividades académicas.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.