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Procuradora Miriam Germán recibe apoyo Alianza Cristiana Dominicana por tres causales.
Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, fue respaldada por la Alianza Cristiana Dominicana por las preguntas sobre las tres causales que formuló a la jueza del Tribunal Superior Administrativo Cecilia Inmaculada Badía Rosario, en el proceso de entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura y sostuvo la entidad que se trata de «preguntas que debe hacerse toda la sociedad».
La Alianza Cristiana Dominicana es partidaria de que la madre decida y evite lo que esta instancia llama «torturas en pleno siglo XXI» y aclara que se sitúa «lejos» de respaldar el aborto libre e indiscriminado.
A través de un comunicado, la organización religiosa que representa a creyentes de diferentes denominaciones cristianas explicó que las preguntas y los cuestionamientos que formuló el senador de la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, y después la magistrada Germán Brito, efectivamente son las que deben hacerse quienes respaldan y quienes rechazan que una madre embarazada pueda decidir si somete o no a un aborto en tres casos excepcionales.
Estos tres casos aluden a cuando la madre está en peligro de muerte debido a ese embarazo, si este este fruto de una violación sexual y en caso de que una malformación del futuro feto al punto de ser incompatible con la vida.
A continuación, Acento reproduce de manera íntegra el comunicado de Alianza Cristiana Dominicana sobre Miriam Germán y las tres causales:
Como personas de fe, respetuosas de la vida, la salud y la dignidad de las mujeres, respaldamos a la magistrada Miriam Germán, Procuradora General de la República en las preguntas que se hace ante el drama humano que implica obligar a una mujer a terminar un embarazo en circunstancias criminales como una violación sexual de parte de su propio padre o algún otra familiar (incesto); cuando peligra la vida de la mujer y cuando se ha comprobado que el producto del embarazo es incompatible con la vida.
Entendemos que las preguntas y los cuestionamientos que primero formuló el senador de la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, y después la magistrada Miriam Germán a la jueza del Tribunal Superior Administrativo Cecilia Inmaculada Badía Rosario en el proceso de entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura son preguntas que debe hacerse toda la sociedad.
¿La madre que está en peligro de muerte, no la protege el artículo 37 de la Constitución?
¿Se justifica que un embarazo que significa un peligro de muerte para la mujer sea llevado a término de manera obligatoria sin dar la oportunidad a que ella elija vivir o morir?
¿Qué pasa cuando esa mujer es madre de otros hijos, es válido condenar a los demás niños a la orfandad?
¿Debe la víctima de manera obligatoria convivir de por vida con el producto de una violación sexual y compartir derechos paternales con su violador?
¿”Provida” sin importar las consecuencias?
Creemos que es imposible que se pueda hablar de felicidad ante los traumas que implica obligar una mujer a parir sin importar a las circunstancias. ¡Todo lo contrario! Nos parece que más bien se trata de torturas en pleno siglo XXI.
Precisamente, nuestra lucha a favor de las tres causales lejos de significar respaldo a un aborto libre e indiscriminado, persigue, más bien, que el Estado dominicano despenalice la interrupción del embarazo en estas tres excepciones que son las que constituyen las tres causales.
Es momento ya de que la sociedad dominicana entienda que las causales ayudan a evitar abortos clandestinos e inseguros (una de las principales causas de muerte materna en República Dominicana) que pueden comprometer la posibilidad de la mujer de tener hijos en el futuro. Protegen derechos (a la vida, a la salud, a la dignidad, a la integridad) y dan autonomía a las mujeres sobre su vida y sus cuerpos.
Como personas cristianas apoyamos las tres causales porque uno de los mandamientos principales de Jesús fue amar al prójimo como a ti mismo, por los que las mujeres también merecen amor y una vida plena, abundante y llena, como dice Juan 10:10: «yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Las mujeres también son merecedoras de esta vida.
acento.com.do
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.