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Pagos adicionales contemplaba el contrato del Intrant.
Santo Domingo, R.D.-Pagos adicionales, no especificados, contemplaba el contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam S.R.L. para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo contempla.
Otros pagos adicionales, cuyos montos no se consignan, son por los «licenciamientos y softwares» preinstalado en las cámaras adquiridas para la detección de infracciones de tráfico y anomalías en el tránsito.
Estos pagos, que deberían realizarse a lo largo de cinco años, comprometen el presupuesto de la institución contratante y los fondos provenientes de las infracciones de tránsito que se fiscalizarían con las cámaras instaladas en los semáforos.
«El Intrant se compromete a realizar los pagos adicionales a favor de la Prestadora de Servicio, por concepto de Soporte 24/7, traslados y reparaciones de equipos a intersecciones en otros puntos del país mediante la evaluación del servicio, cotización, presentación de la orden de servicio y facturados mensualmente. Dichos pagos serán realizados por el Intrant con los fondos del presupuesto anual de la Institución», expresa el artículo 5.3 del contrato.
Sobre las licencias y los softwares el artículo 5.3.1 refiere que para dar cumplimiento a las atribuciones contenidas en la Constitución y la Ley Núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, así como las leyes y tratados internacionales que rigen los aspectos de licencias y software informáticos, se utilizará el software «Claudia», el cual está preinstalado en las cámaras de detección adquiridas para la detección de infracciones de tráfico y anomalías en el tránsito.
«El Intrant se compromete a realizar el pago a favor de la Prestadora de Servicio, mediante la presentación de la orden de servicio y facturados mensualmente. Por el uso de dicha herramienta se erogará un pago mensual a la prestadora del servicio el cual se saldará con los fondos provenientes de las infracciones de tránsito que fiscalizaran las mencionadas cámaras», se estableció.
Lo que dice el artículo 11 de la Ley 340-06
El artículo 11 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones establece que las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o dentro de la Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que establecieren prácticas restrictivas de la libre competencia, serán causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del proceso o de la rescisión del contrato, si este ya se hubiere celebrado.
335 semáforos en GSD
El representante de la empresa Transcore Latam SRL, Pedro Vinicio Padovani Báez, indicó que actualmente hay 335 semáforos en el Gran Santo Domingo, con seis drones contratados para fortalecer el sistema de control del tráfico. Este servicio se llevaba a cabo de la mano de un sistema de monitoreo, el cual, aunque actualmente opera desde su compañía, debería estar al mando del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Explicó que todo el monitoreo lleva una información visual proporcionada por los drones, especialmente en situaciones complicadas. Destacó la versatilidad de la tecnología, la cual permite incluso la grabación de videos en tiempo real para evaluar situaciones específicas.
Padovani también abordó sobre la renovación de los semáforos, explicando cómo se pintaron y actualizaron para mejorar la visibilidad y homogeneidad del sistema. La luz más grande es de 300 milímetros.
Este martes el TSA conoce la primera audiencia del caso
Este martes 5 de diciembre, a las dos de la tarde, será conocida en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) la primera audiencia sobre la solicitud de «medida cautelar anticipada administrativa» contra la decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que anuló el procedimiento y el contrato firmado por Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) con Transcore Latam, S.R.L. La empresa llevó a los tribunales al órgano rector de las compras y contrataciones que decidió, previa investigación, anular por una serie de ilegalidades, el procedimiento para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo, con una inversión superior a los 1,317 millones de pesos.Los abogados de la empresa han solicitado una «medida cautelar anticipada administrativa» en busca de que se anule la Resolución RIC-156-2023 de la DGCP que suspende, de oficio, el Contrato Núm. DJ-CSB-009-2023, suscrito entre el Intrant y la razón social Transcore Latam, S.R.L., en el marco de la Licitación Pública Nacional Núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.