Nacionales
Pagos adicionales contemplaba el contrato del Intrant.
Santo Domingo, R.D.-Pagos adicionales, no especificados, contemplaba el contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam S.R.L. para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo contempla.
Otros pagos adicionales, cuyos montos no se consignan, son por los «licenciamientos y softwares» preinstalado en las cámaras adquiridas para la detección de infracciones de tráfico y anomalías en el tránsito.
Estos pagos, que deberían realizarse a lo largo de cinco años, comprometen el presupuesto de la institución contratante y los fondos provenientes de las infracciones de tránsito que se fiscalizarían con las cámaras instaladas en los semáforos.
«El Intrant se compromete a realizar los pagos adicionales a favor de la Prestadora de Servicio, por concepto de Soporte 24/7, traslados y reparaciones de equipos a intersecciones en otros puntos del país mediante la evaluación del servicio, cotización, presentación de la orden de servicio y facturados mensualmente. Dichos pagos serán realizados por el Intrant con los fondos del presupuesto anual de la Institución», expresa el artículo 5.3 del contrato.
Sobre las licencias y los softwares el artículo 5.3.1 refiere que para dar cumplimiento a las atribuciones contenidas en la Constitución y la Ley Núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, así como las leyes y tratados internacionales que rigen los aspectos de licencias y software informáticos, se utilizará el software «Claudia», el cual está preinstalado en las cámaras de detección adquiridas para la detección de infracciones de tráfico y anomalías en el tránsito.
«El Intrant se compromete a realizar el pago a favor de la Prestadora de Servicio, mediante la presentación de la orden de servicio y facturados mensualmente. Por el uso de dicha herramienta se erogará un pago mensual a la prestadora del servicio el cual se saldará con los fondos provenientes de las infracciones de tránsito que fiscalizaran las mencionadas cámaras», se estableció.
Lo que dice el artículo 11 de la Ley 340-06
El artículo 11 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones establece que las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o dentro de la Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que establecieren prácticas restrictivas de la libre competencia, serán causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del proceso o de la rescisión del contrato, si este ya se hubiere celebrado.
335 semáforos en GSD
El representante de la empresa Transcore Latam SRL, Pedro Vinicio Padovani Báez, indicó que actualmente hay 335 semáforos en el Gran Santo Domingo, con seis drones contratados para fortalecer el sistema de control del tráfico. Este servicio se llevaba a cabo de la mano de un sistema de monitoreo, el cual, aunque actualmente opera desde su compañía, debería estar al mando del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Explicó que todo el monitoreo lleva una información visual proporcionada por los drones, especialmente en situaciones complicadas. Destacó la versatilidad de la tecnología, la cual permite incluso la grabación de videos en tiempo real para evaluar situaciones específicas.
Padovani también abordó sobre la renovación de los semáforos, explicando cómo se pintaron y actualizaron para mejorar la visibilidad y homogeneidad del sistema. La luz más grande es de 300 milímetros.
Este martes el TSA conoce la primera audiencia del caso
Este martes 5 de diciembre, a las dos de la tarde, será conocida en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) la primera audiencia sobre la solicitud de «medida cautelar anticipada administrativa» contra la decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que anuló el procedimiento y el contrato firmado por Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) con Transcore Latam, S.R.L. La empresa llevó a los tribunales al órgano rector de las compras y contrataciones que decidió, previa investigación, anular por una serie de ilegalidades, el procedimiento para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo, con una inversión superior a los 1,317 millones de pesos.Los abogados de la empresa han solicitado una «medida cautelar anticipada administrativa» en busca de que se anule la Resolución RIC-156-2023 de la DGCP que suspende, de oficio, el Contrato Núm. DJ-CSB-009-2023, suscrito entre el Intrant y la razón social Transcore Latam, S.R.L., en el marco de la Licitación Pública Nacional Núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001.
SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del colentamiento diurno, segun el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.
Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.
Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE
En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.
Nacionales
PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.
Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.
«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.
- El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.
Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».
«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».
Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».
Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y «con rencor», así como por interés político.
Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.
Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.
Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado de fallo el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.
A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.
Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.
Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.
El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.