Las colegiaciones profesionales, aunque no han cumplido cabalmente con su cometido, no dejan de ser un arma poderosa para el ejercicio ético de los egresados de las diferentes universidades del país, pero principalmente de carreras tan exigentes como la Medicina, el Derecho y la Ingeniería.
Todo el mundo sabe que los médicos, los abogados y los ingenieros que se comportan antiéticamente son un peligro público para los conglomerados sociales donde ejercen la profesión.
En el país se ha hecho muy común que muchos médicos buscan sacarles dinero a los pacientes con la complicación de sus casos, de ingenieros que construyen obras a troche y moche, con muchos vicios ocultos, sin seguir los protocolos anti-sísmicos, las cuales son una permanente amenaza de derrumbarse en cualquier momento y los abogados pueden con bastante facilidad manipular los casos que llevan para afectar gravemente a sus clientes y en consecuencia el estado de derecho.
De manera, que el aspecto ético es algo que se debe proteger en cualquier sociedad, pero principalmente en aquellas en las que la politiquería lo controlan todo, como por ejemplo en la República Dominicana.
Entonces, el legislador tiene que revisar algunas o prácticamente todas las leyes de colegiación porque en algunas se permiten cosas, mientras en otras no, lo cual representa una violación del principio constitucional de igualdad.
No hay una explicación lógica de que el Colegio Médico Dominicano tenga un carácter gremial cuando en los demás está prohíbo, lo cual constituye una distorsión de las funciones de la figura jurídica de este tipo.
Ello así, porque todos los médicos de forma obligatoria tienen que pertenecer al CMD, aun aquellos que son empresarios en ese sector por ser propietario de clínicas o de centros médicos privados, pero se entiende que la dirección de la referida institución no puede montarle una huelga a uno de sus miembros, porque resultaría contraproducente.
Pero, aunque que el legislador haya dejado una brecha para que el Colegio de Abogados o cualquier otro que ostente esta categoría sea puesto al servicio de la politiquería mediante la participación de las diferentes organizaciones que interactúan en el escenario nacional para imponer unos dirigentes que respondan a sus intereses, desnaturaliza y daña la razón de ser de una corporación de derecho público de carácter interno y que tiene una capacidad sancionadora para los que se salgan de su cauce ético que implica irse en contra de los intereses de la sociedad.
Se impone que el legislador corrija los entuertos que aparecen en algunos de los colegios profesionales para que en su desempeño prevalezca el principio de legalidad, seguridad jurídica, razonabilidad, entre otros principios y valores del derecho.
La crisis presentada en el Colegio Dominicano de Abogados es una buena razón y un momento oportuno para corregir las distorsiones que el legislador ha dejado filtrar para crear confusión y desnaturalización de entidades que tienen una misión tan sagrada y vital en un Estado carente de la institucionalidad necesaria que justifica su existencia.
Manos a la obra.