Editorial
Los colegios profesionales y el comportamiento desnaturalizador de sus miembros.
Las colegiaciones profesionales, aunque no han cumplido cabalmente con su cometido, no dejan de ser un arma poderosa para el ejercicio ético de los egresados de las diferentes universidades del país, pero principalmente de carreras tan exigentes como la Medicina, el Derecho y la Ingeniería.
Todo el mundo sabe que los médicos, los abogados y los ingenieros que se comportan antiéticamente son un peligro público para los conglomerados sociales donde ejercen la profesión.
En el país se ha hecho muy común que muchos médicos buscan sacarles dinero a los pacientes con la complicación de sus casos, de ingenieros que construyen obras a troche y moche, con muchos vicios ocultos, sin seguir los protocolos anti-sísmicos, las cuales son una permanente amenaza de derrumbarse en cualquier momento y los abogados pueden con bastante facilidad manipular los casos que llevan para afectar gravemente a sus clientes y en consecuencia el estado de derecho.
De manera, que el aspecto ético es algo que se debe proteger en cualquier sociedad, pero principalmente en aquellas en las que la politiquería lo controlan todo, como por ejemplo en la República Dominicana.
Entonces, el legislador tiene que revisar algunas o prácticamente todas las leyes de colegiación porque en algunas se permiten cosas, mientras en otras no, lo cual representa una violación del principio constitucional de igualdad.
No hay una explicación lógica de que el Colegio Médico Dominicano tenga un carácter gremial cuando en los demás está prohíbo, lo cual constituye una distorsión de las funciones de la figura jurídica de este tipo.
Ello así, porque todos los médicos de forma obligatoria tienen que pertenecer al CMD, aun aquellos que son empresarios en ese sector por ser propietario de clínicas o de centros médicos privados, pero se entiende que la dirección de la referida institución no puede montarle una huelga a uno de sus miembros, porque resultaría contraproducente.
Pero, aunque que el legislador haya dejado una brecha para que el Colegio de Abogados o cualquier otro que ostente esta categoría sea puesto al servicio de la politiquería mediante la participación de las diferentes organizaciones que interactúan en el escenario nacional para imponer unos dirigentes que respondan a sus intereses, desnaturaliza y daña la razón de ser de una corporación de derecho público de carácter interno y que tiene una capacidad sancionadora para los que se salgan de su cauce ético que implica irse en contra de los intereses de la sociedad.
Se impone que el legislador corrija los entuertos que aparecen en algunos de los colegios profesionales para que en su desempeño prevalezca el principio de legalidad, seguridad jurídica, razonabilidad, entre otros principios y valores del derecho.
La crisis presentada en el Colegio Dominicano de Abogados es una buena razón y un momento oportuno para corregir las distorsiones que el legislador ha dejado filtrar para crear confusión y desnaturalización de entidades que tienen una misión tan sagrada y vital en un Estado carente de la institucionalidad necesaria que justifica su existencia.
Manos a la obra.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.