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Editorial

Los colegios profesionales y el comportamiento desnaturalizador de sus miembros.

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Las colegiaciones profesionales, aunque no han cumplido cabalmente con su cometido, no dejan de ser un arma poderosa para el ejercicio ético de los egresados de las diferentes universidades del país, pero principalmente de carreras tan exigentes como la Medicina, el Derecho y la Ingeniería.

Todo el mundo sabe que los médicos, los abogados y los ingenieros que se comportan antiéticamente son un peligro público para los conglomerados sociales donde ejercen la profesión.

En el país se ha hecho muy común que muchos médicos buscan sacarles dinero a los pacientes con la complicación de sus casos, de ingenieros que construyen obras a troche y moche, con muchos vicios ocultos, sin seguir los protocolos anti-sísmicos, las cuales son una permanente amenaza de derrumbarse en cualquier momento y los abogados pueden con bastante facilidad manipular los casos que llevan para afectar gravemente a sus clientes y en consecuencia el estado de derecho.

De manera, que el aspecto ético es algo que se debe proteger en cualquier sociedad, pero principalmente en aquellas en las que la politiquería lo controlan todo, como por ejemplo en la República Dominicana.

Entonces, el legislador tiene que revisar algunas o prácticamente todas las leyes de colegiación porque en algunas se permiten cosas, mientras en otras no, lo cual representa una violación del principio constitucional de  igualdad.

No hay una explicación lógica de que el Colegio Médico Dominicano tenga un carácter gremial cuando en los demás está prohíbo, lo cual constituye una distorsión de las funciones de la figura jurídica de este tipo.

Ello así, porque todos los médicos de forma obligatoria tienen que pertenecer al CMD, aun aquellos que son empresarios en ese sector por ser propietario de clínicas o de centros médicos privados, pero se entiende que la dirección de la referida institución no puede montarle una huelga a uno de sus miembros, porque resultaría contraproducente.

Pero, aunque  que el legislador haya dejado una brecha para que el Colegio de Abogados o cualquier otro que ostente esta categoría sea puesto al servicio de la politiquería mediante la participación de las diferentes organizaciones que interactúan en el escenario nacional para imponer unos dirigentes que respondan a sus intereses,  desnaturaliza y daña la razón de ser de una corporación de derecho público de carácter interno y que tiene una  capacidad sancionadora para los que se salgan de su cauce ético que implica irse en contra de los intereses de la sociedad.

Se impone que el legislador corrija los entuertos que aparecen en algunos de los colegios profesionales para que en su desempeño prevalezca el principio de legalidad, seguridad jurídica, razonabilidad, entre otros principios y valores del derecho.

La crisis presentada en el Colegio Dominicano de Abogados es una buena razón y un momento oportuno para corregir las distorsiones que el legislador ha dejado filtrar para crear confusión y desnaturalización de entidades que tienen una misión tan sagrada y vital en un Estado carente de la institucionalidad necesaria que justifica su existencia.

Manos a la obra.

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Editorial

El fraude de las recargas telefónicas sin respuesta del Estado.

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Millones de dominicanos dependen de las recargas telefónicas para comunicarse, pero las denuncias sobre la desaparición inexplicable del saldo ponen sobre la mesa un problema que no puede continuar sin una respuesta contundente de las autoridades.

En la República Dominicana existe una situación que merece ser investigada con urgencia, la cual consiste en las reiteradas quejas de consumidores que adquieren recargas telefónicas y observan cómo su dinero desaparece después de realizar apenas una o dos llamadas, sin recibir una explicación clara sobre el costo real del servicio utilizado.

Se trata de una problemática particularmente preocupante porque afecta a quienes utilizan teléfonos móviles bajo la modalidad de prepago, sin tarifas mensuales fijas, entre los cuales se encuentran trabajadores informales, estudiantes, amas de casa, pequeños comerciantes y ciudadanos de escasos recursos que necesitan administrar cuidadosamente cada peso de sus ingresos.

Resulta difícil justificar que una persona compre una recarga de cien pesos y que, después de realizar una primera llamada, descubra que ha perdido una proporción considerable de su balance, mientras que una segunda comunicación podría dejarla prácticamente sin crédito.

Aunque situaciones como estas requieren investigaciones técnicas para determinar si obedecen a tarifas aplicadas, consumo de datos móviles, servicios adicionales o cobros indebidos, lo verdaderamente inaceptable es que el usuario no tenga una explicación sencilla, inmediata y verificable sobre el destino de su dinero.

Ninguna empresa debe beneficiarse de la falta de información del consumidor, ya que la prestación de un servicio de telecomunicaciones tiene que sustentarse en reglas transparentes, tarifas comprensibles y mecanismos que permitan comprobar cada descuento realizado.

El problema adquiere mayor dimensión cuando se considera la enorme cantidad de líneas móviles existentes en el país, porque si bien debe verificarse cuántos usuarios se encuentran específicamente bajo la modalidad de prepago y cuántos experimentan descuentos injustificados, estamos ante un mercado de gran alcance social, donde incluso pequeñas cantidades cobradas indebidamente podrían representar sumas importantes.

La cuestión fundamental no consiste únicamente en determinar cuánto dinero pierde un ciudadano en una recarga, sino en establecer qué sucede cuando una práctica cuestionable se repite sistemáticamente y afecta a una población que muchas veces desconoce los mecanismos legales para reclamar.

La Ley General de Telecomunicaciones núm. 153-98 y las disposiciones regulatorias del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) establecen un marco de protección de los usuarios y asimismo, la Resolución 062-17 contempla derechos relacionados con los balances pagados y no consumidos, mientras que la Resolución 091-2020 regula los procedimientos para resolver controversias entre usuarios y prestadoras.

Por consiguiente, no estamos frente a un escenario carente de normas jurídicas, sino que lo que corresponde determinar es si estas disposiciones se cumplen efectivamente y si los mecanismos de supervisión resultan suficientes para proteger al consumidor más vulnerable.

El INDOTEL tiene la responsabilidad de ejercer sus facultades regulatorias y de fiscalización., dado que ante las denuncias, corresponde promover auditorías técnicas independientes que permitan establecer cómo se descuentan los balances, qué tarifas se aplican, cuáles servicios generan cargos automáticos y si existen prácticas contrarias a los derechos de los usuarios.

También resulta indispensable que las empresas telefónicas suministren informaciones detalladas sobre los consumos, de manera que cualquier ciudadano pueda conocer cuánto pagó por una llamada, por el uso de internet o por cualquier servicio adicional.

No basta con comunicarle al cliente que su balance se agotó, sino que es necesario demostrarle en qué fue consumido cada peso.

El Estado dominicano tampoco puede permanecer indiferente frente a una situación que, de comprobarse como una práctica generalizada de cobros indebidos, podría constituir una grave afectación económica y social.

La protección del consumidor no debe limitarse a declaraciones institucionales ni a campañas publicitarias, sino que tiene que traducirse en supervisión permanente, investigaciones oportunas, sanciones cuando legalmente correspondan y mecanismos efectivos de devolución de los valores cobrados irregularmente.

Las empresas prestadoras, por su parte, tienen derecho a recibir el pago correspondiente a los servicios efectivamente suministrados, pero el mismo lleva aparejada una obligación igualmente importante, que es respetar las condiciones contratadas, informar las tarifas y garantizar que los descuentos realizados puedan ser comprobados.

En una sociedad cada vez más dependiente de las comunicaciones digitales, el teléfono móvil dejó de ser un lujo para convertirse en una herramienta indispensable de trabajo, educación, seguridad y contacto familiar.

Una persona que pierde inesperadamente su balance no solamente pierde dinero, sino que puede quedar imposibilitada de comunicarse ante una emergencia, realizar una gestión laboral o contactar a un familiar que necesita asistencia.

Por eso, las denuncias sobre el agotamiento injustificado de las recargas no deben minimizarse como simples inconvenientes comerciales.

Desde este editorial reclamamos que el INDOTEL, en coordinación con las instituciones competentes de protección al consumidor, disponga las verificaciones necesarias, publique sus resultados y establezca medidas correctivas cuando se identifiquen irregularidades.

Asimismo, consideramos pertinente que se habiliten mecanismos de reclamación accesibles, gratuitos y comprensibles, especialmente para aquellos ciudadanos que carecen de conocimientos técnicos o recursos económicos para enfrentar procedimientos prolongados.

La modernización de las telecomunicaciones dominicanas no puede medirse exclusivamente por la expansión de la cobertura, la velocidad de internet o las ganancias empresariales, sino también que debe medirse por la transparencia y el respeto con que se trata al usuario.

Un país que aspira al desarrollo tecnológico tiene que garantizar que sus ciudadanos puedan comunicarse sin temor a perder inexplicablemente el dinero que depositan en una recarga.

No corresponde condenar anticipadamente a ninguna empresa sin pruebas técnicas suficientes, pero  tampoco corresponde desestimar las denuncias de los consumidores ni permitir que la ausencia de información convierta los descuentos en operaciones imposibles de fiscalizar.

La transparencia no es una concesión voluntaria de las compañías telefónicas, sino una condición indispensable para una relación comercial justa.

La República Dominicana necesita respuestas, no explicaciones evasivas. Necesita controles efectivos, no simples promesas. Y, sobre todo, necesita que cada peso pagado por un usuario de telefonía móvil tenga un destino claro, legal y comprobable.

Porque cuando un ciudadano paga por comunicarse, tiene derecho a recibir exactamente el servicio contratado.

Y si su dinero desaparece sin una justificación verificable, el Estado tiene el deber de investigar y actuar.

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Editorial

Los partidos políticos y su gran deuda con la democracia dominicana

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La proliferación de partidos políticos en la República Dominicana constituye una realidad que merece una profunda reflexión nacional, que lejos de representar necesariamente un fortalecimiento de la democracia, la multiplicación de organizaciones políticas plantea serias interrogantes sobre los verdaderos intereses que motivan su creación y permanencia dentro del sistema electoral.

Los partidos políticos nacieron para representar las aspiraciones de la ciudadanía, promover ideas, defender principios y construir proyectos de nación, pero resulta preocupante observar cómo algunas organizaciones parecen haber sustituido esas responsabilidades por una práctica orientada fundamentalmente a negociar alianzas, obtener posiciones en la administración pública y garantizar beneficios particulares.

La democracia no se fortalece simplemente porque aumente el número de partidos reconocidos por la Junta Central Electoral, sino que la misma depende de la calidad de la representación, la transparencia de sus instituciones y la capacidad de las organizaciones políticas para responder a las necesidades de la población.

Mientras el país enfrenta graves problemas relacionados con la educación, la seguridad ciudadana, el costo de la vida, el desempleo, la corrupción administrativa y las deficiencias de los servicios públicos, numerosas estructuras partidarias parecen concentrar sus mayores esfuerzos en asegurar su supervivencia electoral.

Esta contradicción resulta todavía más preocupante cuando se considera que los partidos reciben importantes recursos provenientes del presupuesto nacional, cuyos fondos  son aportados por una sociedad que tiene pleno derecho a exigir resultados, transparencia y una rendición de cuentas rigurosa.

El financiamiento público de la actividad política debe contribuir al fortalecimiento institucional, la educación democrática y la participación ciudadana, nunca convertirse en un mecanismo de enriquecimiento personal ni en una fuente de privilegios familiares.

De igual manera, las alianzas electorales, legítimas dentro del sistema democrático, deberían sustentarse en coincidencias ideológicas y compromisos programáticos, en lugar de limitarse a negociaciones destinadas a distribuir candidaturas, cargos públicos y cuotas de influencia.

No se trata de cuestionar el derecho constitucional de los ciudadanos a organizarse políticamente, el cual constituye una conquista fundamental que debe preservarse, sino que corresponde examinar es si todas las organizaciones existentes cumplen una función real en beneficio de la sociedad o si algunas han convertido la política en una actividad económica particular.

La República Dominicana necesita partidos con identidad, principios, democracia interna y propuestas concretas, ademas de dirigentes que comprendan que el ejercicio político constituye una responsabilidad pública y no una oportunidad para disponer del patrimonio estatal como si fuera una propiedad privada.

Corresponde a los organismos electorales fortalecer los mecanismos de fiscalización y exigir el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el financiamiento, la transparencia y el funcionamiento institucional de las organizaciones políticas.

Pero también corresponde a la ciudadanía asumir una actitud más crítica frente a las ofertas electorales, rechazando aquellas estructuras cuya principal fortaleza parece descansar en el oportunismo y la negociación de beneficios.

La democracia dominicana no necesita más partidos para repartir el poder; sino para servir al pueblo, porque mientras la actividad política continúe siendo percibida como un negocio rentable para determinados grupos, seguirá profundizándose la desconfianza ciudadana hacia las instituciones representativas, por lo que el gran desafío consiste en rescatar la política como instrumento de transformación social, devolverle su dimensión ética y garantizar que los recursos públicos destinados a sostener el sistema partidario contribuyan efectivamente al desarrollo democrático.

Es de primer orden entender que una nación no construye una democracia sólida multiplicando organizaciones sin proyectos, sino fortaleciendo instituciones capaces de representar con dignidad los intereses colectivos y en esa virtud la politica debe volver a ser una vocacion de servicio y dejar de ser un negocio de supervivencia y de enriquecimiento personal.

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Editorial

La pérdida de credibilidad de los partidos amenaza la democracia

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La democracia representativa en América Latina enfrenta uno de sus mayores desafíos: la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia los partidos políticos y las instituciones que tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio legítimo del poder.

La corrupción, el clientelismo, la falta de transparencia, el incumplimiento de las promesas electorales y la utilización de los recursos públicos para favorecer intereses particulares han contribuido al deterioro de la credibilidad de las organizaciones partidarias.

La República Dominicana no escapa a esta realidad, ya que la desconfianza ciudadana y el abstencionismo electoral constituyen señales que deben preocupar a quienes tienen la responsabilidad de preservar la institucionalidad democrática.

No basta con celebrar elecciones cada cuatro años, si no se  exige respeto a la Constitución, independencia de los poderes públicos, justicia imparcial, transparencia administrativa y una auténtica vocación de servicio por parte de quienes gobiernan.

Los partidos políticos deben comprender que no son propietarios del Estado ni de la voluntad popular y que su función consiste en representar los intereses colectivos, promover la participación ciudadana y contribuir al fortalecimiento de las instituciones.

Resulta indispensable democratizar las organizaciones políticas, transparentar su financiamiento, combatir la corrupción y la impunidad, garantizar investigaciones independientes y formar dirigentes comprometidos con los principios éticos y constitucionales.

La recuperación de la confianza ciudadana requiere hechos concretos, no discursos ni promesas que desaparecen después de las elecciones.

El mayor peligro para la democracia no es solamente que los ciudadanos pierdan la confianza en los partidos políticos, sino que terminen perdiendo la fe en el propio sistema democrático.

Preservar la democracia exige que gobernantes, partidos y ciudadanos comprendan que el poder es una responsabilidad temporal al servicio de la nación, jamás un patrimonio particular.

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