Opinión
Embutidos contaminados desde siempre
Por: HamletA Hermann
Indigna en gran medida cómo algunos productores de embutidos en República Dominicana agreden a ProConsumidor por atreverse a cumplir con las leyes de la República. Cualquiera creería que la falsificación de productos comestibles es cosa de ahora y que sucede por primera vez. Pero no. Ciertos embutidores dominicanos han venido dejando un rastro fácilmente detectable de cómo se han aprovechado de la impunidad que han disfrutado en las décadas recientes.
Tomemos como fuente el ejemplar número 460 de la revista ¡Ahora!, fechada 4 de septiembre de 1972, vale decir, exactamente cuarenta años atrás. El título de un reportaje fue: “Salchichón; el criollo está adulterado”. Parte del enjundioso texto fue el siguiente:
“El consumidor que va a comprar salchichón criollo no solamente recibe un producto adulterado sino que, además, le dan gato por liebre: un artículo que, de conformidad con las normas internacionales, no podría ser clasificado como salchichón y al que se le ha añadido tanta cantidad de almidón para rellenarlo que se hace necesario teñirlo de rojo con el fin de que parezca que es todo de carne. Se expone igualmente a llevarse para la casa un embutido que ni siquiera es apto para el consumo humano, lo cual ha podido comprobarse en un elevado tanto por ciento de los casos.”
“Este es el resultado de la investigación científica efectuada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) como tesis de graduación por las estudiantes Mireya Maríñez Pina y Rosario del Pilar Isalguez Mejía, de la Escuela de Farmacia, y con la cual obtuvieron el título de Doctor. La cuidadosa investigación duró siete meses, desde septiembre de 1971 hasta abril de 1972, y fue asesorada por la doctora Victoria E. Lebrón de Álvarez, profesora de bromatología del Departamento de Farmacia. Contó además con la cooperación del laboratorio de la finca experimental de Engombe de la UASD y del Laboratorio Nacional de Salud Pública (Departamento de Nutrición).”
“En el caso del salchichón, por ejemplo, el estudio se hizo sobre 23 muestras: 3 de salchichón extranjeros y 20 de los que se fabrican en el país. Una sola de las muestras podía ser considerada por la técnica de fabricación y por la composición como genuino salchichón crudo y ahumado. Las 19 restantes no podían ser clasificadas como tales.”
“He aquí las razones: En muchas muestras la cantidad de almidón sobrepasaba el tanto por ciento reglamentario, no obstante lo excesivamente tolerantes que son a este respecto las regulaciones nacionales vigentes. Mientras en los extranjeros esa proporción era de 1.73%, en los criollos llegaba hasta 5.85%, esto es, más del triple.”
“Ello pone en evidencia que el almidón es empleado como material barato de relleno, no como aglutinante, que, además de rebajar la calidad del producto, disminuye el valor nutritivo al sustituir carne (proteínas) por cereales (glúcidos). Otros datos que demuestran la mala calidad y escaso valor nutritivo de los salchichones criollos, son los siguientes: el promedio de agua en los extranjeros es de 32.45% mientras que en los nativos llega hasta el 43.45%: un 11% más. Y mientras los importados contienen 38. 85% de grasa, en los nuestros apenas llegan al 25.85%: 13% menos.”
“Los investigadores comprobaron, además, que el salchichón es almacenado en forma inadecuada lo que da lugar, no sólo a apariencia desagradable sino a que, por el calor, la humedad y la suciedad, se rompa la envoltura y se contamine la masa del producto. Nueve de las muestras analizadas resultaron totalmente no aptas para el consumo.”
“Para evitar que el afán de lucro, que es lo que guía a los fabricantes en economías llamadas de mercado como la nuestra, continúe exponiendo al consumidor a recibir productos adulterados o a que le den gato por liebre, se hace inaplazable establecer un riguroso sistema de control de calidad como existe en muchos países.”
Como podrá verse, el problema de los embutidos dominicanos no es cosa de ahora. Durante medio siglo se han explotado las necesidades de un pueblo que, raras veces, encuentra quien lo defienda de los productores inescrupulosos. Y cuando aparece un defensor genuino, como Altagracia Paulino, entonces la quieren sacrificar por cometer el pecado de exigir que todos cumplan las leyes.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.