Opinión
Neofascismo ultra neoliberal conmociona Argentina
Por Narciso Isa Conde
Todo parece indicar que no hay manera de aplicar, sin un trauma estremecedor, ese plan de ajuste funcional a un neoliberalismo muy endurecido
Los fracasos de no pocos progresismos han catapultado a la gestión de Estado diversos grados de neoliberalismo endurecido que no tardan en explotar a sus abanderados.
Pasó con Macri y su mafia calabresa, que rehabilita a un peronismo cada vez más degradado.
De ese pantano -en otro movimiento pendular- brotó el engendro neofascista ultra neoliberal encabezado por Javier Milei, que tempranamente ha conmocionado la sociedad argentina, gestando una primera avalancha de indignaciones.
Los ajustes draconianos del nuevo gobierno lo han enfrentado tempranamente a una parte importante del pueblo indignado. Esto es solo el inicio de una nueva fase de rebeldías provocada por:
-300 medidas desreguladoras de la gestión de la economía y anulación de las funciones normativas (muy limitadas) del Estado en una sociedad en la que el neoliberalismo y su afán privatizador y desnacionalizador arrancó con Menem e impregnó a la mayoría de los gobiernos “peronistas” y “radicales”.
-Una devaluación del peso en más del 50%, un despido masivo de empleados públicos, la suspensión de la inversión de capital en obras públicas y la reducción sustancial de los subsidios al transporte y a la energía, con el subsiguiente aumento de las tarifas.
-La eliminación por decreto de todas las trabas que limitan las privatizaciones de lo que queda de patrimonio público y patrimonio natural en esa nación, y el anuncio de traspaso al sector privado de todas las empresas estatales, incluidas Aerolíneas Argentina; y de todas las riquezas del suelo, subsuelo y sobresuelo de ese gran país suramericano.
Esos decretos sumarios han desatados los primeros torrentes populares encabezados por dirigentes políticos de izquierda y activistas de movimientos sociales en lucha, que rodearon la Casa Rosada del clamor expresado en la consigna “la calle es nuestra, la puta (o mejor el puto) que te parió” y de otras consignas contra el gobierno, a solo diez días de su instalación.
El plan de ajuste aprobado y decretado es tan criminal que el pueblo movilizado lo ha calificado de “PLAN MOTOSIERRA”, exigiéndole a Milei que le ponga fin y demandándole a tres centrales sindicales disponerse a convocar la primera huelga nacional.
· EL FRACASO DE LA OPERACIÓN REPRESIVA.
La militarización y las medidas represivas anunciadas y desplegadas dos días antes de las movilizaciones, fracasaron y no lograron cumplir con su propósito de impedir que las calles aledañas a la Plaza de Mayo fueran bloqueadas y ocupadas por los manifestantes.
Situaciones similares se registraron también en las Provincias de Mendoza, en el Oeste, Neuquén y Río Negro, en el Sur, y Buenos Aires, en el Este.
El nuevo plan de seguridad de corte fascista habilita a las fuerzas federales a desalojar a quienes impidan el tránsito de personas o vehicular en forma parcial o total.
Los manifestantes no pueden cubrirse el rostro, portar palos o elementos contundentes, ni movilizarse con niños.
La policía está dotada de medios para identificar a aquellos que corten la vía pública, lo que implica que dejen de cobrar ayudas estatales.
Pero nada de eso logró intimidar la indignación, lo que augura un nivel de resistencia y contraofensiva sin precedente en la historia reciente.
Todo parece indicar que no hay manera de aplicar, sin un trauma estremecedor, ese plan de ajuste funcional a un neoliberalismo muy endurecido.
Es evidente que el salto del poder del gran capital argentino y transnacional al ejercicio de un neofascismo ultra privatizador y empobrecedor, como el que encarna la jefatura esquizoide de Milei, no es concebible sin un estallido de esa sociedad; que incluso podría precipitar condiciones para impulsar las transformaciones profundas que exige la superación de un coloniaje y de un capitalismo en descomposición, que nada ha tenido con ver con recetas propiamente de izquierda y menos aún con socialismo de verdad.
Y lo peor para sus protagonistas es que eso -y no otra cosa- es lo que le espera al neofascismo neoliberal a nivel continental y mundial en situaciones similares de intento de transiciones efímeras signadas por diversas modalidades de violencia en procura de prolongar la vida insustentable y destructiva de un sistema en decadencia, en el que el 10% de las personas más ricas del mundo posee el 85% de las riquezas del planeta y la mitad más pobre solo el 1% del total*.
Tan colosal desigualdad, sistemáticos saqueos y diversas opresiones, son causas de las insumisiones e insurgencias populares que el sistema imperialista occidental enfrenta con una violencia brutal, intervenciones militares y guerras de variadas intensidades, como las desplegadas en Indochina, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen, Gaza-Palestina, Indochina Ucrania, Nuestra América…a cargo del PENTÁGONO y la OTAN.
* Estudio realizado por el Instituto Mundial para la Investigación del Desarrollo Económico de la Universidad de las Naciones Unidas.-Zygmunt Bauman “¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?”, pág., 11, edición 2017.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.