Latinoamericanas
Opositores denuncian que Daniel Ortega quiere «desaparecer» a la Iglesia
AP
Afirman que un obispo y cinco sacerdotes fueron sacados de sus casas y parroquias por policías de uniforme o de civil entre el 20 y el 28 de diciembre
Ciudad de México.-El arresto de al menos 15 sacerdotes y seminaristas en Nicaragua en los últimos días, sumado a la condena del obispo Rolando Álvarez a 26 años de cárcel, ponen fin a un año marcado por denuncias de persecución y destierro de religiosos, según analistas y opositores quienes aseguran que el gobierno del presidente Daniel Ortega «quiere desaparecer» a la Iglesia.
De acuerdo con voceros de la Iglesia católica, un obispo y cinco sacerdotes fueron sacados de sus casas y parroquias por policías de uniforme o de civil entre el 20 y el 28 de diciembre, y a otros nueve párrocos se les detuvo en los siguientes dos días en diversos sitios del país centroamericano.
La policía no ha desmentido, ni confirmado las denuncias sobre esos hechos.
Hay «una feroz cacería» de sacerdotes, escribió en su cuenta de X, antes Twitter, monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua y una de las voces más críticas en la Iglesia.
Tras denunciar la represión policial de las protestas antigubernamentales de 2018, Báez recibió amenazas de muerte y fue obligado a exiliarse en Miami.
Entre los sacerdotes presos, además del obispo Álvarez, acusado de «traición a la patria» por negarse a ser deportado a Estados Unidos junto a 222 opositores excarcelados, figura Isidoro Mora, obispo de Siuna (noreste) arrestado el 20 de diciembre. Se desconoce su paradero, como el del resto de detenidos.
También destacan el vicario general de la arquidiócesis de Managua, monseñor Carlos Avilés, el vicario de Pastoral, Silvio Fonseca, ambos adultos mayores, y nueve párrocos, como el padre Raúl Zamora, cuya iglesia Divina Misericordia en la capital fue atacada a balazos por policías y paramilitares durante toda una noche el 13 de julio de 2018, con más de un centenar de estudiantes refugiados en su interior.
Otros dos sacerdotes detenidos fueron liberados, pero permanecen bajo vigilancia policial, según las autoridades religiosas.
Consultada por The Associated Press, la abogada Martha Patricia Molina, experta en asuntos religiosos, consideró que la nueva ola de arrestos podría obedecer a que los sacerdotes «están orando» en sus misas por el obispo Rolando Álvarez.
Molina también la atribuye a los mensajes de algunos párrocos en sus homilías, en las que han aludido a la libertad y a los derechos humanos. Sin embargo, a su juicio, el objetivo final del gobierno sandinista de Ortega es deshacerse de esa presencia crítica.
«Quieren desaparecer a la Iglesia católica de Nicaragua», afirma la jurista. Asegura que junto a los 13 sacerdotes y dos seminaristas detenidos en el cierre del año, la policía se ha llevado a más de 20 laicos.
El gobierno de Ortega se autodefine «cristiano, socialista y solidario» y en sus discursos la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del mandatario, exalta conceptos como fe, perdón y amor a Dios.
«El discurso del sandinismo hay que entenderlo a la inversa, un cristiano no ataca la palabra de Dios», comenta Molina, autora del estudio «Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida?», en el que documentó 740 agresiones a religiosos y recintos católicos en los últimos cinco años.
De ese total, al menos 275 ataques ocurrieron en el último año, cuando 175 monjas y sacerdotes fueron forzados al exilio o impedidos de ingresar a Nicaragua después de un viaje, según el informe de Molina.
En la década de 1980, durante el primer gobierno sandinista, el sacerdote Bismarck Carballo fue exhibido desnudo en la televisión oficialista y el obispo Pablo Vega fue expulsado a Honduras por apoyar en sus misas a los rebeldes «contras».
Molina señala que también entonces hubo represión contra la Iglesia, pero es posible que muchos episodios no se documentaran por falta de los medios tecnológicos actuales.
En un comunicado, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) indicó que en 2023 tuvo lugar «la más sistemática represión a la Iglesia católica» mediante la prohibición de procesiones, encarcelamiento y destierro de sacerdotes, acusaciones de lavado de dinero, congelamiento de cuentas bancarias, cierre de ONG y de universidades religiosas.
La UNAB llamó a «la unidad» de la disgregada oposición y pidió a la comunidad internacional aumentar «el aislamiento y las sanciones en contra de la dictadura«.
Otras 15 organizaciones opositoras emitieron una declaración señalando que estos arrestos buscan «eliminar la esperanza» de un cambio e infundir «temor» entre la población, al encarcelar a los líderes «de la institución más creíble» del país.
En tanto, el grupo político Monteverde, integrado por opositores exiliados y excarcelados, alertó en un comunicado «un plan de exterminio» de la Iglesia. El gobierno pretende «infringir un daño enorme (a la institución católica) para que no sea capaz de articularse después de esta redada», advirtió en rueda de prensa Eliseo Núñez, miembro de esa agrupación disidente.
Manuel Orozco, analista político, dijo en redes sociales que líderes de Monteverde han pedido la intervención del Vaticano en el asunto y no descartó que los religiosos detenidos sean expulsados del país como los 12 sacerdotes nicaragüenses excarcelados y enviados a Roma en octubre, tras una negociación con el gobierno de Ortega.
En un mensaje grabado en video, el obispo auxiliar Báez calificó las redadas de los sacerdotes como una acción «arbitraria e ilegal» que revela, dijo, el «odio permanente de la dictadura sandinista hacia la Iglesia«.
«¡Ruego a los obispos y a las conferencias episcopales del mundo que no nos abandonen», clamó Báez.
Hasta el momento, la Santa Sede no se ha pronunciado sobre la situación en Nicaragua.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-El incremento de la violencia de las bandas de la que no escapan siquiera los aviones, el nombramiento de un nuevo primer ministro o el papel de la misión multinacional, son algunas de las claves que marcan la caótica situación en Haití, donde 5,4 millones de personas, la mitad de la población, sufre hambre aguda.
Una violencia que no cesa
Haití, el país más pobre de América, lleva años sumergido en una crisis en todos los órdenes, agravada por la incursión de las sanguinarias bandas armadas, que se han hecho prácticamente con el control de la capital, Puerto Príncipe, causando miles de muertos y heridos.
Cada cierto tiempo, la capital es paralizada, como ocurrió esta semana después de que el pasado domingo las bandas pertenecientes a la coalición Vivre Ensemble (Vivir Juntos), liderada por el expolicía Jimmy Cherizier, alias ‘Barbecue’, anunciaran días de terror en el área metropolitana de Puerto Príncipe, ante la indiferencia de las autoridades, que no dieron señales concretas para sofocar la situación.
Sólo entre julio y septiembre pasado al menos 1,223 personas murieron y 522 resultaron heridas en Haití como consecuencia de la violencia y la lucha contra las bandas, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país caribeño (Binuh).
A ello se suman las 3.900 víctimas, entre muertos y heridos en el primer semestre del año, después de que 2023 cerrara con unas 8.000 víctimas.
La ineficiencia de las fuerzas de seguridad
La llegada hace casi cinco meses al país de los primeros miembros de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), liderada por Kenia, no ha producido ningún cambio en la situación de la seguridad en el país, que, por el contrario se ha deteriorado completamente y el 80 % de la capital permanece en manos de las bandas armadas.
El dominio territorial de las bandas armadas obliga a miles de personas a huir de sus barrios capitalinos, convirtiendo a sus habitantes en eternos desplazados.
Las escasas operaciones llevadas a cabo por la fuerza multinacional y la Policía Nacional haitiana han sido ineficaces y no han logrado recuperar los territorios ocupados por las bandas.
Con las carreteras nacionales bloqueadas, la escasez de combustible y el cierre del principal aeropuerto de la capital, el país corre el riesgo de sufrir un grave deterioro de la crisis humanitaria, que desde hace tiempo se encuentra en estado crítico.
Casi una década sin elecciones
Haití celebró sus últimas elecciones 2015 y 2016, cuando ganó Jovenel Moise, el presidente asesinado en julio de 2021 en su residencia privada por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos.
Tras el asesinato de Moise fue designado Ariel Henry, quien terminó dimitiendo tras la violencia que estalló en Puerto Príncipe el 29 de febrero de este año, cuando se supo que planeaba posponer las elecciones hasta agosto de 2025 a pesar de que su mandato expiró el 7 de febrero.
Desde abril el país cuenta con un Consejo Presidencial de Transición (CPT), que asumió con el objetivo de organizar votaciones en el país a finales de noviembre de 2025.
Pero existe una lucha por el control y la toma del poder entre el CPT, una pugna que desembocó hace casi dos semanas en la destitución del primer ministro, Garry Conille, quien, de acuerdo con varias fuentes, exigió la salida de tres miembros del Consejo señalados en un caso de corrupción.
Conille, médico de profesión, fue sustituido por el empresario Alix Didier Fils-Aimé, quien al juramentar el sábado a su Gabinete dijo que el país vive una situación «crítica» y afirmó que «no hay tiempo que perder».
La hoja de ruta del Gobierno, declaró el primer ministro, «consiste en restablecer la seguridad, responder a la emergencia humanitaria, relanzar la economía y preparar las elecciones».
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Consejo Presidencial de Haití condena el tiroteo contra dos vuelos comerciales de EE.UU.
Agencia Efe
Puerto Príncipe.- El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití condenó este martes con el «máximo rigor» el recrudecimiento de la violencia de las bandas armadas en Puerto Príncipe y el ataque perpetrado el lunes contra dos aviones comerciales estadounidenses en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture.
«Este crimen cobarde, que amenaza la soberanía y la seguridad de Haití, pretende aislar a nuestro país en la escena internacional. Los autores de estos actos atroces serán perseguidos y llevados ante la Justicia», afirmó el Consejo en un comunicado.
La parte oficial dijo que «en las últimas 48 horas, miembros de bandas armadas han puesto en peligro la vida de ciudadanos pacíficos, han incendiado propiedades privadas e incluso han disparado contra un avión de Spirit Airlines que procedió de Fort Lauderdale el lunes 11 de noviembre». de 2024″.
Además del ataque a ese vuelo, un avión de la aerolínea JetBlue también fue tiroteado ayer cuando despegaba de Puerto Príncipe con destino a Nueva York.
El Consejo recordó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional haitiana, y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad han desplegado inmediatamente sus unidades para reforzar la seguridad de las familias y de los alrededores del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, con el fin de garantizar la protección de los vuelos comerciales que operan en el país.
El CPT llamó a la población para que permanezca vigilante y colabore estrechamente con las fuerzas del orden para prevenir cualquier acción que pueda comprometer la paz y la seguridad colectiva.
«Juntos, pondremos fin a estos actos incalificables», concluyó la nota.
Puerto Príncipe vivió este martes una jornada de tensa calma, con tiroteos esporádicos en algunas zonas y sin operaciones en el aeropuerto internacional, cerrado hasta el 18 de noviembre.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció este martes la suspensión temporal de la entrega de ayuda humanitaria en Haití por la imposibilidad de acceso al puerto y al aeropuerto en la capital debido al grave deterioro de la situación de seguridad.
Este mismo día, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. prohibió los vuelos comerciales a Haití tras los ataques a tiros que sufrieron el lunes las dos aeronaves.
Además, la compañía estadounidense American Airlines anunció este martes que suspendió sus vuelos a Haití por los próximos tres meses, tras descubrir que uno de sus aviones que despegó desde Puerto Príncipe fue impactado por una bala.
Mientras, el ministro de Justicia en funciones, Carlos Hércules, condenó el ataque armado perpetrado contra los aviones.
«Se trató de un acto terrorista contra la vida de nuestros compatriotas y de todos los que se encontraban a bordo de este avión», dijo Hércules en referencia al tiroteo contra el avión de la aerolínea Spirit.
El funcionario pidió a las fuerzas de seguridad nacional que tomen medidas para restablecer un clima de seguridad en el país, para que se puedan reanudar las actividades, especialmente en la capital y sus alrededores.
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Fiscalía argentina imputa a tres personas por la muerte de Liam Payne en Buenos Aires
Agencia efe
Buenos Aires, Argentina.-Una fiscalía argentina imputó este jueves a una persona por abandono de persona seguido de muerte y a otras dos por suministro de estupefacientes en la causa que investiga la muerte del cantante británico Liam Payne, fallecido el pasado 16 de octubre tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires.
«En el marco de la investigación por la muerte del músico británico Liam James Payne, ocurrida el 16 de octubre cuando cayó de un balcón en un hotel del barrio porteño de Palermo, se descubrieron conductas ilícitas a partir de las cuales tres personas fueron imputadas por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes», informó hoy la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14.
Uno de los acusados es una persona que acompañó a Payne durante su estadía en Buenos Aires, otro es un empleado del hotel en el que tuvo lugar su fallecimiento y el tercero fue descrito como «un proveedor de estupefacientes».
La fiscalía informó que la imputación de estas tres personas, cuya detención ya ha sido ordenada, llegó tras una extensa investigación que incluyó decenas de testimonios, el análisis de más de 800 horas de filmaciones de cámaras del hotel y de la vía pública y del contenido del móvil de Payne y de varios testigos, así como estudios tanatológicos y de laboratorio.
El primero de los acusados fue descrito en el anuncio como «quien acompañaba de manera cotidiana al artista» durante su estadía en Buenos Aires y se le imputaron los delitos de abandono de persona seguido de muerte y de suministro y facilitación de estupefacientes.
El segundo es un empleado del hotel Casa Sur, en el que se encontraba alojado Payne, acusado de haber suministrado cocaína al músico durante su estadía; mientras que el tercero habría suministrado estupefacientes al músico en dos ocasiones.
Los informes presentados a la fiscalía concluyeron que «todas las lesiones que presentaba Payne eran compatibles con las producidas por caída en altura y que se descartaban las autolesivas de cualquier tipo y/o también la intervención física de terceras personas».
Además, confirmaron las pericias iniciales que indicaban que el músico no llegó a adoptar una postura refleja para protegerse en la caída, por lo que consideran que «pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia» y descartan la posibilidad de «un acto consciente o voluntario» ya que «en el estado en el que atravesaba, no sabía lo que hacía ni podía entenderlo».
«Más allá de la contundencia probatoria que se logró hasta el momento (visual, registral, médica, científica, documental, telefónica, testimonial, etc), se debe continuar la investigación, pues, entre otras diligencias, aún está en curso el desbloqueo de la netbook personal de la víctima -que está averiada- y otros aparatos incautados en la investigación», añadió el comunicado.
El cuerpo del exintegrante del grupo musical One Direction fue trasladado ayer desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires) hacia Londres en un vuelo de la aerolínea British Airways, poco después de que fuera embalsamado en el Cementerio Británico de Buenos Aires con el fin de preservar sus restos.