Latinoamericanas
Opositores denuncian que Daniel Ortega quiere «desaparecer» a la Iglesia
AP
Afirman que un obispo y cinco sacerdotes fueron sacados de sus casas y parroquias por policías de uniforme o de civil entre el 20 y el 28 de diciembre
Ciudad de México.-El arresto de al menos 15 sacerdotes y seminaristas en Nicaragua en los últimos días, sumado a la condena del obispo Rolando Álvarez a 26 años de cárcel, ponen fin a un año marcado por denuncias de persecución y destierro de religiosos, según analistas y opositores quienes aseguran que el gobierno del presidente Daniel Ortega «quiere desaparecer» a la Iglesia.
De acuerdo con voceros de la Iglesia católica, un obispo y cinco sacerdotes fueron sacados de sus casas y parroquias por policías de uniforme o de civil entre el 20 y el 28 de diciembre, y a otros nueve párrocos se les detuvo en los siguientes dos días en diversos sitios del país centroamericano.
La policía no ha desmentido, ni confirmado las denuncias sobre esos hechos.
Hay «una feroz cacería» de sacerdotes, escribió en su cuenta de X, antes Twitter, monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua y una de las voces más críticas en la Iglesia.
Tras denunciar la represión policial de las protestas antigubernamentales de 2018, Báez recibió amenazas de muerte y fue obligado a exiliarse en Miami.
Entre los sacerdotes presos, además del obispo Álvarez, acusado de «traición a la patria» por negarse a ser deportado a Estados Unidos junto a 222 opositores excarcelados, figura Isidoro Mora, obispo de Siuna (noreste) arrestado el 20 de diciembre. Se desconoce su paradero, como el del resto de detenidos.
También destacan el vicario general de la arquidiócesis de Managua, monseñor Carlos Avilés, el vicario de Pastoral, Silvio Fonseca, ambos adultos mayores, y nueve párrocos, como el padre Raúl Zamora, cuya iglesia Divina Misericordia en la capital fue atacada a balazos por policías y paramilitares durante toda una noche el 13 de julio de 2018, con más de un centenar de estudiantes refugiados en su interior.
Otros dos sacerdotes detenidos fueron liberados, pero permanecen bajo vigilancia policial, según las autoridades religiosas.
Consultada por The Associated Press, la abogada Martha Patricia Molina, experta en asuntos religiosos, consideró que la nueva ola de arrestos podría obedecer a que los sacerdotes «están orando» en sus misas por el obispo Rolando Álvarez.
Molina también la atribuye a los mensajes de algunos párrocos en sus homilías, en las que han aludido a la libertad y a los derechos humanos. Sin embargo, a su juicio, el objetivo final del gobierno sandinista de Ortega es deshacerse de esa presencia crítica.
«Quieren desaparecer a la Iglesia católica de Nicaragua», afirma la jurista. Asegura que junto a los 13 sacerdotes y dos seminaristas detenidos en el cierre del año, la policía se ha llevado a más de 20 laicos.
El gobierno de Ortega se autodefine «cristiano, socialista y solidario» y en sus discursos la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del mandatario, exalta conceptos como fe, perdón y amor a Dios.
«El discurso del sandinismo hay que entenderlo a la inversa, un cristiano no ataca la palabra de Dios», comenta Molina, autora del estudio «Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida?», en el que documentó 740 agresiones a religiosos y recintos católicos en los últimos cinco años.
De ese total, al menos 275 ataques ocurrieron en el último año, cuando 175 monjas y sacerdotes fueron forzados al exilio o impedidos de ingresar a Nicaragua después de un viaje, según el informe de Molina.
En la década de 1980, durante el primer gobierno sandinista, el sacerdote Bismarck Carballo fue exhibido desnudo en la televisión oficialista y el obispo Pablo Vega fue expulsado a Honduras por apoyar en sus misas a los rebeldes «contras».
Molina señala que también entonces hubo represión contra la Iglesia, pero es posible que muchos episodios no se documentaran por falta de los medios tecnológicos actuales.
En un comunicado, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) indicó que en 2023 tuvo lugar «la más sistemática represión a la Iglesia católica» mediante la prohibición de procesiones, encarcelamiento y destierro de sacerdotes, acusaciones de lavado de dinero, congelamiento de cuentas bancarias, cierre de ONG y de universidades religiosas.
La UNAB llamó a «la unidad» de la disgregada oposición y pidió a la comunidad internacional aumentar «el aislamiento y las sanciones en contra de la dictadura«.
Otras 15 organizaciones opositoras emitieron una declaración señalando que estos arrestos buscan «eliminar la esperanza» de un cambio e infundir «temor» entre la población, al encarcelar a los líderes «de la institución más creíble» del país.
En tanto, el grupo político Monteverde, integrado por opositores exiliados y excarcelados, alertó en un comunicado «un plan de exterminio» de la Iglesia. El gobierno pretende «infringir un daño enorme (a la institución católica) para que no sea capaz de articularse después de esta redada», advirtió en rueda de prensa Eliseo Núñez, miembro de esa agrupación disidente.
Manuel Orozco, analista político, dijo en redes sociales que líderes de Monteverde han pedido la intervención del Vaticano en el asunto y no descartó que los religiosos detenidos sean expulsados del país como los 12 sacerdotes nicaragüenses excarcelados y enviados a Roma en octubre, tras una negociación con el gobierno de Ortega.
En un mensaje grabado en video, el obispo auxiliar Báez calificó las redadas de los sacerdotes como una acción «arbitraria e ilegal» que revela, dijo, el «odio permanente de la dictadura sandinista hacia la Iglesia«.
«¡Ruego a los obispos y a las conferencias episcopales del mundo que no nos abandonen», clamó Báez.
Hasta el momento, la Santa Sede no se ha pronunciado sobre la situación en Nicaragua.
Latinoamericanas
Delegación de RD participa en el Foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles
PANAMÁ.– Una delegación de alto nivel de la República Dominicana, encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, participa en el Foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), que reúne en Panamá a autoridades de defensa y seguridad de cerca de 18 países del hemisferio para fortalecer la cooperación regional frente al narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
Junto al ministro Fernández Onofre integran la delegación dominicana el viceministro de Seguridad Interior del Ministerio de Interior y Policía, Edwin Eusebio Féliz Brito; el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto; el director de Inteligencia del Ministerio de Defensa, general de brigada Enrique Armando Aguilera Trujillo, ERD; y el enlace de la República Dominicana para la iniciativa Escudo de las Américas, general de brigada Edgar Tiburcio.
El encuentro, celebrado los días 11 y 12 de agosto, tiene como anfitrión al Gobierno de Panamá y se desarrolla en el contexto de los esfuerzos de cooperación hemisférica impulsados a través de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles.
El foro cuenta con una representación de alto nivel de los Estados Unidos, encabezada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), general Francis Donovan; y la enviada especial de los Estados Unidos para Escudo de las Américas, Kristi Noem, junto a otras autoridades civiles y militares vinculadas a la seguridad y defensa del hemisferio.
La presencia de estas autoridades, junto a ministros de Defensa y Seguridad, jefes militares y responsables de inteligencia de los países participantes, confiere al encuentro un elevado valor estratégico como espacio para establecer mecanismos de coordinación y definir respuestas comunes frente a amenazas que trascienden las fronteras nacionales.
Asimismo, permite posicionar los intereses de seguridad de la República Dominicana dentro de las discusiones hemisféricas y continuar fortaleciendo las capacidades nacionales para la vigilancia y protección de sus espacios terrestre, marítimo y aéreo, particularmente frente al narcotráfico, el tráfico ilícito y otras manifestaciones del crimen organizado.
La participación de la delegación dominicana en el Foro A3C reafirma la disposición del Gobierno dominicano de continuar trabajando junto a sus socios regionales bajo principios de cooperación, coordinación y respeto a la soberanía de los Estados, entendiendo que la seguridad hemisférica requiere esfuerzos compartidos y capacidades cada vez más integradas frente a amenazas comunes.
Bogotá..- Al menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas en Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el país, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, que se produjo a las 07:34 hora local (12:34 GMT) concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según la información.
La cifra aportada por esa institución solo recoge el desglose de las capitales del país, por lo que el balance no incluye las cifras de muertos y heridos en pueblos y localidades aledañas, que también sufrieron colapsos de edificios y daños en su infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.
En Pereira, además de los 60 fallecidos, hay 16 personas atrapadas en el Megacable (teleférico público), dos edificios colapsados y 15 puntos críticos en los que continúan las labores de rescate, mientras que el aeropuerto internacional Matecaña permanece cerrado por daños en su cubierta.
Agencia EFE
Caracas.- El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace casi un mes en la zona norte de Venezuela ascendió este miércoles a 5.398, después de que las autoridades sumaran 52 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.
Entretanto, el número de heridos se mantiene en 16.740, según el diputado, quien publicó el balance en su cuenta de Telegram.
El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 17.907 personas perdieron sus viviendas, un número que se había mantenido igual desde el pasado 7 de julio y que este martes bajó a 17.265.
De momento, hay 23.335 personas en 107 campamentos transitorios, 213 más que el martes, mientras 128.324 familias han sido atendidas por las autoridades.
Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el balance oficial, que también registra 1.463 réplicas -58 más respecto al anterior- desde el doble terremoto del pasado 24 de junio.
El lunes, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno a afectados por los terremotos, en un acto que encabezó Delcy Rodríguez junto a su hermano en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.
Las autoridades no ofrecen cifras de desaparecidos, pero la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web donde se reporta a personas en paradero desconocido tras los terremotos, registra a más de 29.000 a las que no se ha podido contactar.
Según cifras no confirmadas que recibió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en junio pasado, el número de desaparecidos por los terremotos podría ascender a 50.000.
Víctimas sin identificar están siendo enterradas en varias fosas recientemente abiertas en un cementerio municipal del estado La Guaira, según informaron a EFE varios testigos a principios de este mes.