Latinoamericanas
Opositores denuncian que Daniel Ortega quiere «desaparecer» a la Iglesia
AP
Afirman que un obispo y cinco sacerdotes fueron sacados de sus casas y parroquias por policías de uniforme o de civil entre el 20 y el 28 de diciembre
Ciudad de México.-El arresto de al menos 15 sacerdotes y seminaristas en Nicaragua en los últimos días, sumado a la condena del obispo Rolando Álvarez a 26 años de cárcel, ponen fin a un año marcado por denuncias de persecución y destierro de religiosos, según analistas y opositores quienes aseguran que el gobierno del presidente Daniel Ortega «quiere desaparecer» a la Iglesia.
De acuerdo con voceros de la Iglesia católica, un obispo y cinco sacerdotes fueron sacados de sus casas y parroquias por policías de uniforme o de civil entre el 20 y el 28 de diciembre, y a otros nueve párrocos se les detuvo en los siguientes dos días en diversos sitios del país centroamericano.
La policía no ha desmentido, ni confirmado las denuncias sobre esos hechos.
Hay «una feroz cacería» de sacerdotes, escribió en su cuenta de X, antes Twitter, monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua y una de las voces más críticas en la Iglesia.
Tras denunciar la represión policial de las protestas antigubernamentales de 2018, Báez recibió amenazas de muerte y fue obligado a exiliarse en Miami.
Entre los sacerdotes presos, además del obispo Álvarez, acusado de «traición a la patria» por negarse a ser deportado a Estados Unidos junto a 222 opositores excarcelados, figura Isidoro Mora, obispo de Siuna (noreste) arrestado el 20 de diciembre. Se desconoce su paradero, como el del resto de detenidos.
También destacan el vicario general de la arquidiócesis de Managua, monseñor Carlos Avilés, el vicario de Pastoral, Silvio Fonseca, ambos adultos mayores, y nueve párrocos, como el padre Raúl Zamora, cuya iglesia Divina Misericordia en la capital fue atacada a balazos por policías y paramilitares durante toda una noche el 13 de julio de 2018, con más de un centenar de estudiantes refugiados en su interior.
Otros dos sacerdotes detenidos fueron liberados, pero permanecen bajo vigilancia policial, según las autoridades religiosas.
Consultada por The Associated Press, la abogada Martha Patricia Molina, experta en asuntos religiosos, consideró que la nueva ola de arrestos podría obedecer a que los sacerdotes «están orando» en sus misas por el obispo Rolando Álvarez.
Molina también la atribuye a los mensajes de algunos párrocos en sus homilías, en las que han aludido a la libertad y a los derechos humanos. Sin embargo, a su juicio, el objetivo final del gobierno sandinista de Ortega es deshacerse de esa presencia crítica.
«Quieren desaparecer a la Iglesia católica de Nicaragua», afirma la jurista. Asegura que junto a los 13 sacerdotes y dos seminaristas detenidos en el cierre del año, la policía se ha llevado a más de 20 laicos.
El gobierno de Ortega se autodefine «cristiano, socialista y solidario» y en sus discursos la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del mandatario, exalta conceptos como fe, perdón y amor a Dios.
«El discurso del sandinismo hay que entenderlo a la inversa, un cristiano no ataca la palabra de Dios», comenta Molina, autora del estudio «Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida?», en el que documentó 740 agresiones a religiosos y recintos católicos en los últimos cinco años.
De ese total, al menos 275 ataques ocurrieron en el último año, cuando 175 monjas y sacerdotes fueron forzados al exilio o impedidos de ingresar a Nicaragua después de un viaje, según el informe de Molina.
En la década de 1980, durante el primer gobierno sandinista, el sacerdote Bismarck Carballo fue exhibido desnudo en la televisión oficialista y el obispo Pablo Vega fue expulsado a Honduras por apoyar en sus misas a los rebeldes «contras».
Molina señala que también entonces hubo represión contra la Iglesia, pero es posible que muchos episodios no se documentaran por falta de los medios tecnológicos actuales.
En un comunicado, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) indicó que en 2023 tuvo lugar «la más sistemática represión a la Iglesia católica» mediante la prohibición de procesiones, encarcelamiento y destierro de sacerdotes, acusaciones de lavado de dinero, congelamiento de cuentas bancarias, cierre de ONG y de universidades religiosas.
La UNAB llamó a «la unidad» de la disgregada oposición y pidió a la comunidad internacional aumentar «el aislamiento y las sanciones en contra de la dictadura«.
Otras 15 organizaciones opositoras emitieron una declaración señalando que estos arrestos buscan «eliminar la esperanza» de un cambio e infundir «temor» entre la población, al encarcelar a los líderes «de la institución más creíble» del país.
En tanto, el grupo político Monteverde, integrado por opositores exiliados y excarcelados, alertó en un comunicado «un plan de exterminio» de la Iglesia. El gobierno pretende «infringir un daño enorme (a la institución católica) para que no sea capaz de articularse después de esta redada», advirtió en rueda de prensa Eliseo Núñez, miembro de esa agrupación disidente.
Manuel Orozco, analista político, dijo en redes sociales que líderes de Monteverde han pedido la intervención del Vaticano en el asunto y no descartó que los religiosos detenidos sean expulsados del país como los 12 sacerdotes nicaragüenses excarcelados y enviados a Roma en octubre, tras una negociación con el gobierno de Ortega.
En un mensaje grabado en video, el obispo auxiliar Báez calificó las redadas de los sacerdotes como una acción «arbitraria e ilegal» que revela, dijo, el «odio permanente de la dictadura sandinista hacia la Iglesia«.
«¡Ruego a los obispos y a las conferencias episcopales del mundo que no nos abandonen», clamó Báez.
Hasta el momento, la Santa Sede no se ha pronunciado sobre la situación en Nicaragua.
Latinoamericanas
Tres dominicanos enfrentan prisión provisional en Panamá por presunta red de reclutamiento para combatir en Rusia
Fiscalía sostiene que los imputados captaban panameños por redes sociales y les ofrecían pagos para viajar a la zona de guerra
Ciudad de Panamá.– Tres ciudadanos dominicanos fueron enviados a detención provisional en Panamá, acusados de formar parte de una presunta estructura dedicada a reclutar personas para viajar a Rusia y participar en el conflicto bélico contra Ucrania.
Los imputados fueron identificados como Joselyn Ramírez, Rolando Newball y María Inés García, contra quienes un juez de garantías admitió cargos relacionados con trata de personas y asociación ilícita, según informó la Procuraduría General de la Nación de Panamá.
La investigación forma parte de las acciones desarrolladas por las autoridades panameñas contra redes que presuntamente captaban ciudadanos mediante ofertas económicas para desplazarlos hacia territorio ruso con fines militares.
Fiscalía habla de transferencias superiores a US$800,000
Durante la audiencia, la fiscal especializada contra la delincuencia organizada Elizabeth Carrión sostuvo que los procesados habrían recibido transferencias superiores a 800,000 dólares destinadas a financiar y organizar el reclutamiento de panameños.
De acuerdo con la investigación citada por La Prensa de Panamá, a algunos de los reclutados se les ofrecían pagos de alrededor de US$2,000 y US$3,000 para incorporarse al conflicto armado.
Las autoridades sostienen que las personas captadas no necesariamente recibían el dinero prometido una vez llegaban a la zona de combate.
Contactaban a posibles reclutas por TikTok
Según la tesis de la Fiscalía, la estructura utilizaba redes sociales, entre ellas TikTok, para contactar a ciudadanos interesados en viajar al extranjero bajo promesas de remuneración.
Entre los panameños señalados como víctimas figuran Octavio Carrillo, Rafael Ulises y José Montenegro, residentes en la provincia de Bocas del Toro.
La investigación sostiene que fueron convencidos de trasladarse hasta la ciudad de Panamá para gestionar pasaportes, boletos aéreos y documentación relacionada con supuestos contratos para prestar servicios en el conflicto.
Posteriormente fueron llevados a un establecimiento de alojamiento en Tocumen, desde donde se habrían coordinado diferentes aspectos logísticos del viaje.
Dos hombres abandonaron el alojamiento y alertaron a la Policía
De acuerdo con la Fiscalía, dos de las personas reclutadas decidieron abandonar el lugar donde permanecían hospedadas y buscaron ayuda de las autoridades al sospechar que podían ser víctimas de explotación.
Un tercer hombre sí habría viajado a Rusia.
Las investigaciones señalan que esa persona no recibió el dinero que supuestamente le habían ofrecido y posteriormente solicitó asistencia a las autoridades panameñas para regresar al país.
Panamá investiga una red más amplia
El caso forma parte de una investigación mayor relacionada con la captación de ciudadanos panameños para incorporarlos al conflicto entre Rusia y Ucrania.
La Procuraduría panameña informó que la denominada Operación Rescate Soberano permitió realizar allanamientos y aprehensiones relacionadas con el presunto reclutamiento de personas con fines militares.
Las autoridades también han documentado otros procesos judiciales vinculados a personas presuntamente reclutadas mediante promesas económicas para viajar a Rusia.
Conflicto ya ha dejado panameños muertos y desaparecidos
La preocupación de las autoridades panameñas ha aumentado ante la presencia de ciudadanos de ese país en la zona de guerra.
Un informe citado por La Prensa señaló recientemente que seis panameños habían muerto y otros 15 figuraban como desaparecidos, mientras decenas permanecían vinculados a las zonas de combate en Rusia y Ucrania.
El Gobierno panameño también ha solicitado públicamente cooperación para facilitar el regreso seguro de sus ciudadanos involucrados en el conflicto.
La investigación contra los tres dominicanos continúa abierta y las acusaciones deberán ser demostradas ante los tribunales panameños. Los imputados conservan su presunción de inocencia mientras avance el proceso.
Latinoamericanas
Colombia y Costa Rica refuerzan cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado
Abelardo de la Espriella y Laura Fernández se reúnen este martes en Barranquilla para abordar estrategias conjuntas de seguridad frente a las organizaciones criminales transnacionales.
BARRANQUILLA, Colombia.– La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional marcará la agenda de la reunión que sostendrán este martes los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella, y de Costa Rica, Laura Fernández, en momentos en que ambos gobiernos buscan fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad.
El encuentro se realizará en Barranquilla y fue acordado previamente durante una conversación entre ambos mandatarios, en la que coincidieron en la necesidad de ampliar los mecanismos de colaboración para enfrentar organizaciones delictivas que operan más allá de las fronteras nacionales.
Entre los asuntos previstos figuran el intercambio de información e inteligencia, la coordinación institucional y posibles acciones conjuntas frente al narcotráfico y otras estructuras criminales transnacionales.
Fernández considera urgente fortalecer la cooperación
La presidenta costarricense ha otorgado especial importancia al encuentro ante su preocupación por las repercusiones que las operaciones contra el narcotráfico en Colombia puedan tener sobre otros países de la región.
Fernández calificó previamente la reunión como urgente y manifestó su interés en evitar que el desplazamiento de estructuras criminales termine afectando a Costa Rica. Sus declaraciones se producen en medio de la preocupación de su Gobierno por la actividad del narcotráfico y del crimen organizado.
La visita tiene además una relevancia particular para la mandataria costarricense, al constituir su primer viaje al exterior desde que asumió la Presidencia en mayo de 2026.
Seguridad, prioridad para Colombia
El Gobierno colombiano ha colocado el combate contra el narcotráfico y las organizaciones armadas y criminales entre los principales componentes de su política de seguridad.
Según cifras divulgadas por la propia Presidencia de Colombia, durante las primeras semanas de la administración de De la Espriella las autoridades han desarrollado operaciones contra distintas estructuras criminales, con capturas, decomisos de narcóticos, incautaciones de armas y erradicación de cultivos de coca.
La reunión con Fernández forma parte de los esfuerzos del Gobierno colombiano por ampliar la cooperación internacional ante fenómenos delictivos que no se limitan al territorio de un solo país.
Una amenaza que traspasa fronteras
El narcotráfico representa un desafío regional debido a la capacidad de las organizaciones criminales para modificar rutas, establecer redes logísticas en distintos países y trasladar sus operaciones cuando aumenta la presión de las autoridades en determinados territorios.
Por esa razón, Colombia y Costa Rica buscan profundizar mecanismos de intercambio de información y coordinación que permitan responder de manera conjunta a esas estructuras.
La reunión de este martes adquiere así una dimensión que supera las relaciones bilaterales entre ambos países: la discusión se concentra en cómo coordinar respuestas regionales frente a organizaciones criminales que actúan sin reconocer fronteras.
Para los dos gobiernos, el desafío será convertir la cooperación política en mecanismos concretos de intercambio de inteligencia, prevención y persecución del narcotráfico y otros delitos transnacionales.
Washington vincula la operación con una supuesta plataforma marítima de apoyo al narcotráfico atribuida a Los Choneros; familiares de tripulantes de embarcaciones intervenidas rechazan las acusaciones
QUITO.– Fuerzas militares de Estados Unidos abordaron este sábado una embarcación ecuatoriana en aguas internacionales del océano Pacífico, en una nueva operación que Washington vincula con actividades de apoyo logístico al narcotráfico y que eleva a cuatro las embarcaciones intervenidas en esa zona durante los últimos nueve días.
La nave, identificada como “María Candelaria”, fue interceptada aproximadamente a 270 millas náuticas —unos 500 kilómetros— de la costa de Ecuador, según las informaciones difundidas sobre el operativo.
El Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) sostuvo que la embarcación formaba parte de una estructura compuesta por varios barcos utilizados como plataforma de reabastecimiento de combustible para apoyar el transporte de drogas por el Pacífico.
Washington atribuyó esa estructura logística a Los Choneros, organización criminal ecuatoriana a la que las autoridades estadounidenses califican de “narco-terrorista”.
Ocupantes fueron entregados a Ecuador
Las personas encontradas a bordo de la “María Candelaria” fueron entregadas posteriormente a las autoridades ecuatorianas, de acuerdo con la versión oficial estadounidense.
Las embarcaciones involucradas en la operación fueron vaciadas antes de ser hundidas.
El Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó la intervención y la calificó como un nuevo golpe contra Los Choneros, al tiempo que indicó que la ubicación registrada aparentemente correspondía a aguas internacionales.
La circunstancia adquiere particular importancia debido a que la operación fue ejecutada por fuerzas militares estadounidenses fuera de las aguas territoriales ecuatorianas.
Tripulante transmitió el abordaje
Uno de los ocupantes de la embarcación transmitió parte de la intervención en directo mediante redes sociales y ofreció una versión diferente sobre las actividades que realizaban.
El hombre sostuvo que habían salido a pescar tres días antes y cuestionó que, según su relato, los militares no establecieran previamente comunicación por radio con la tripulación.
La versión de los ocupantes contrasta con la información de las autoridades estadounidenses y ecuatorianas, que relacionan la embarcación con operaciones logísticas utilizadas para apoyar el narcotráfico.
Cuatro embarcaciones intervenidas en nueve días
El abordaje de la “María Candelaria” se produce después de otras tres operaciones contra embarcaciones ecuatorianas desarrolladas en menos de una semana.
El 28 de agosto fue destruida y hundida la embarcación “Tres Hermanos”, procedente de Jaramijó.
Posteriormente, el 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses atacaron y destruyeron la “Conquista II”, mientras que el 3 de septiembre fue intervenida la “OM 2”.
Estas dos últimas embarcaciones eran de Manta.
Las autoridades de Estados Unidos y Ecuador sostienen que algunas de esas naves operaban como estaciones flotantes de abastecimiento de combustible, presuntamente utilizadas para prolongar la autonomía de otras embarcaciones relacionadas con actividades ilícitas.
Familiares rechazan vínculos con narcotráfico
Las acusaciones oficiales han sido cuestionadas por familiares de algunos de los tripulantes.
Estos niegan que sus parientes estuvieran vinculados con organizaciones criminales y sostienen que las embarcaciones desarrollaban actividades distintas a las atribuidas por las autoridades.
La controversia introduce interrogantes sobre las evidencias utilizadas para identificar las naves como parte de estructuras de apoyo al narcotráfico.
Hasta el momento, la información suministrada no detalla públicamente qué elementos específicos fueron encontrados en cada embarcación para establecer su presunta relación con organizaciones criminales.
Operaciones estadounidenses aumentan en el Pacífico
La sucesión de cuatro intervenciones en apenas nueve días evidencia una intensificación de las operaciones estadounidenses contra las rutas marítimas que Washington considera utilizadas para el transporte y apoyo logístico del narcotráfico en el Pacífico oriental.
El caso de la “María Candelaria” agrega, además, un elemento sensible: mientras Estados Unidos y Ecuador presentan la intervención como parte de la lucha contra una estructura vinculada a Los Choneros, uno de los ocupantes sostiene que se encontraba realizando labores de pesca.
La determinación de las circunstancias exactas de la operación y de la eventual responsabilidad de los tripulantes dependerá ahora de las investigaciones correspondientes y de las evidencias que presenten las autoridades.