Análisis Noticiosos
El inasumible precio de una inyección contra el VIH para Sudáfrica
MIA MALAN
El país con el mayor número de personas seropositivas del mundo asegura que el coste del fármaco CAB-LA propuesto por la empresa farmacéutica es más de cuatro veces superior a lo que puede permitirse
Johanesburgo.-Sudáfrica tiene el mayor número de personas seropositivas del mundo. De los 39 millones de personas afectadas en todo el mundo el año pasado, 20,8 millones se encontraban en África oriental y meridional, con 8,45 millones solo en Sudáfrica (casi el 14% de la población), según las últimas cifras del Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/Sida (Onusida). Por eso, el Gobierno sudafricano tiene los ojos puestos en una inyección fabricada por la compañía farmacéutica británica ViiV Healthcare que elimina las posibilidades de contraer el VIH por vía sexual si es administrada cada ocho semanas. El medicamento, que se inyecta en las nalgas, contiene un fármaco antirretroviral, el cabotegravir, que se libera a lo largo de un periodo de dos meses, razón por la cual se denomina CAB-LA (abreviatura de cabotegravir de acción prolongada). Pero Sudáfrica se ha topado con un obstáculo aparentemente insalvable: el precio.
ViiV Healthcare anunció recientemente un precio “sin ánimo de lucro” por unidad de la inyección de entre 540 y 570 rands (entre 26 y 28 euros, aproximadamente). Los beneficiarios serán 90 países que el Banco Mundial clasifica como de ingresos bajos y medios. Pero el Departamento de Sanidad sudafricano afirma que, aún así, este coste es más de cuatro veces superior a lo que puede permitirse pagar.
Para que CAB-LA sea rentable para el Gobierno sudafricano, el precio tendría que estar dentro de un rango razonable en comparación con la PrEP oral (la píldora diaria)Khadija Jamaloodien, directora jefa de adquisiciones del Departamento Nacional de Sanidad sudafricano
“Para que CAB-LA sea rentable para el Gobierno sudafricano, el precio tendría que estar dentro de un rango razonable en comparación con la PrEP oral (la píldora diaria), que es de 129 rands (6,3 euros) para un suministro de dos meses. No podemos permitirnos pagar el doble o el triple de ese precio, sobre todo en el contexto de los recortes presupuestarios del Departamento”, explica Khadija Jamaloodien, directora jefa de adquisiciones del Departamento Nacional de Sanidad. El ministro de Economía sudafricano, Enoch Godongwana, anunció a principios de mes un recorte de 1.000 millones de rands en el presupuesto de mitad de mandato del Ministerio de Sanidad para el tratamiento del VIH.
“El precio sin ánimo de lucro de ViiV no incluye los costes de distribución, por lo que será aún más alto”, puntualiza Jamaloodien. “Hemos pedido a ViiV un presupuesto que incluya el transporte y la logística, como hacemos con el resto de nuestras licitaciones. Todavía estamos esperando respuesta”.
La solución del donante
Una forma de evitar el elevado precio de esta inyección es permitir que la sufraguen donantes como el estadounidense Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida (PEPFAR por sus siglas en inglés), el donante gubernamental que más ha pagado por el tratamiento antirretroviral en África y también financia la PrEP oral en otros países africanos.
ViiV ya ha enviado suministros patrocinados por PEPFAR a Malaui, Zambia y Zimbabue, que llegarán a finales de noviembre, según Mitchell Warren, de la Coalición para Acelerar el Acceso a la PrEP de Larga Duración. Está previsto que, entre 2023 y 2025, Malaui reciba 10.000 inyecciones, Zimbabue entre 10.000 y 12.000, y Zambia entre 8.000 y 10.000. Las existencias se destinarán a programas sanitarios gubernamentales y no a investigación. Warren, y también varios investigadores sudafricanos del VIH, afirman que PEPFAR les ha asegurado que Sudáfrica está en la lista de donaciones para uso programático a principios de 2024. Pero PEPFAR declinó hacer comentarios porque todavía está “en fase de deliberación con el Departamento Nacional de Sanidad y otras partes interesadas”.
No obstante, el Departamento de Sanidad afirma que aún no ha decidido si aceptará las donaciones de CAB-LA. Jamaloodien explica: “No es algo que vayamos a rechazar de plano, pero también tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad. Sudáfrica, por ejemplo, paga por su cuenta todos sus medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del VIH, y aún tenemos que considerar qué camino seguiremos con CAB-LA”.
¿Usará la gente la inyección?
A principios de 2024, Sudáfrica recibirá envíos de CAB-LA patrocinados por ViiV para poder llevar a cabo estudios de utilización (en otras palabras, con fines de investigación). Según datos del Departamento de Sanidad, siete de estos ensayos comenzarán en cuanto lleguen las existencias y la Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios de Sudáfrica haya aprobado su distribución.
Los estudios de utilización analizan el grado de adherencia al tratamiento en la “vida real”, la mejor manera de hacer llegar el medicamento y de crear demanda para un producto, y no si el fármaco funciona, porque los ensayos de utilización solo se llevan a cabo cuando ya se dispone de datos sobre su eficacia. “Contaremos cuántas personas recurren a CAB-LA, comprobaremos qué grupos lo utilizan, quiénes tienen dificultades y cómo se adhieren a él en el contexto de todos los altibajos de un sistema sanitario en la ‘vida real”, explica Linda-Gail Bekker, que dirigirá el estudio de utilización de la Fundación Sanitaria Desmond Tutu.
Warren afirma que la farmacéutica británica ha comunicado que podrá fabricar 995.000 inyecciones de CAB-LA para países de ingresos bajos y medios entre 2023 y 2025 a su precio no lucrativo, frente a un compromiso anterior de entre 360.000 y 590.000 viales. “Sigue siendo poco para lo que pensamos que podría ser el mercado, pero lo cierto es que sencillamente seguimos sin saber cuál será el tamaño de dicho mercado”, señala Warren. “Por eso necesitamos todos los estudios de utilización, para saber si la experiencia novedosa y la buena aceptación durante los ensayos de eficacia se traducen en una aceptación en la ‘vida real”.
La lección de Estados Unidos
Un pequeño estudio presentado en octubre durante la Semana de las Enfermedades Infecciosas, una reunión anual de expertos en este tipo de enfermedades en Estados Unidos, muestra que en este país, en el que CAB-LA empezó a estar disponible a finales de 2021, su adopción ha sido lenta, debido principalmente al elevado coste y a los complicados trámites de las compañías de seguros médicos. Solo algo más de la mitad (52,9%) de los participantes seronegativos en el estudio que obtuvieron una receta para CAB-LA recibieron una primera inyección.
“Una lección importante es que hay que facilitar a la gente la obtención de la medicación preventiva si queremos que la utilicen”, afirma Bekker. “Puede que tengamos que llevar CAB-LA a las comunidades con clínicas móviles o crear colas separadas y rápidas en las clínicas”. El fármaco tiene que inyectarse en lo profundo del tejido muscular de la persona, por lo que debe ser administrado por un trabajador sanitario. Por lo tanto, no es factible distribuir las inyecciones a los usuarios, a diferencia de lo que ocurre con la píldora diaria, señala Bekker.
Más de un millón de personas en Sudáfrica han utilizado la píldora, que se introdujo en 2016. “Tenemos que pensar en la PrEP como si fuera comida rápida”, explica Bekker. “Tienes que tener autoservicios, entregas a domicilio o puntos de recogida, de modo que la gente pueda elegir cómo quiere recibir la comida. Cuantas más opciones de entrega haya, más posibilidades hay de que la pida”.
Sale muy caro que las mujeres y los hombres jóvenes contraigan el VIH porque tenemos que proporcionarles antirretrovirales de por vida, y existe el riesgo de que transmitan el virus a otras personasLinda-Gail Bekker, investigadora
Desde el pasado agosto, a raíz de una sentencia en Sudáfrica, las pastillas para prevenir el VIH pueden ser entregadas por farmacéuticos formados, por lo que los usuarios ya no tienen que ir al médico para que se las recete.
Un horizonte lejano
El pasado marzo, ViiV concedió licencias a tres farmacéuticas indias para producir versiones genéricas más baratas de CAB-LA en colaboración con Medicines Patent Pool (MPP), una organización respaldada por Naciones Unidas que ayuda a los países más pobres a acceder a los medicamentos. Una de las empresas, Cipla, cuenta con una fábrica en la localidad sudafricana de Durban, donde tiene previsto producir la inyección.
Pero, para que esto ocurra, Cipla necesita primero disponer de la tecnología (proceso que ya ha comenzado), construir instalaciones y, una vez que se haya fabricado el medicamento, realizar ensayos que demuestren que su producto funciona de la misma manera que el medicamento de marca (lo que se conoce como ensayos de bioequivalencia). Por lo tanto, los productos genéricos estarán disponibles como muy pronto en 2027, afirma Warren, lo que significa que hasta entonces necesitarán que el precio del medicamento de marca sea lo más bajo posible.
La fabricación de CAB-LA es considerablemente más compleja que la de la PrEP oral, y el Departamento de Sanidad puede conseguir la píldora a bajo precio porque sus ingredientes (los antirretrovirales tenofovir y emtricitabina) también se utilizan ampliamente para el tratamiento del VIH en Sudáfrica, por lo que es posible licitar pedidos excepcionalmente grandes, lo cual hace que el precio baje.
No obstante, Bekker señala que la asequibilidad de CAB-LA tiene dos caras. “Sale muy caro que las mujeres y los hombres jóvenes contraigan el VIH porque tenemos que proporcionarles antirretrovirales de por vida, y existe el riesgo de que transmitan el virus a otras personas; y en el caso de las embarazadas también a sus bebés. Tenemos que preguntarnos cuál es el precio de salvar a alguien de una infección y, por tanto, de ofrecerle una vida más saludable”.
Los antirretrovirales son los medicamentos que toman las personas infectadas por el VIH para mantener a raya el virus, pero en el caso de CAB-LA, se utiliza como profilaxis preexposición, también conocida como PrEP. En otras palabras, la medicación protege a una persona no infectada de contraer el virus. El nuevo informe mundial sobre VIH, publicado a finales de noviembre, estima que en 2022 se produjeron 1,3 millones de nuevas infecciones en el planeta, y que Sudáfrica sigue liderando la lista de nuevas infecciones.
elpais.com
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.