Análisis Noticiosos
El inasumible precio de una inyección contra el VIH para Sudáfrica
MIA MALAN
El país con el mayor número de personas seropositivas del mundo asegura que el coste del fármaco CAB-LA propuesto por la empresa farmacéutica es más de cuatro veces superior a lo que puede permitirse
Johanesburgo.-Sudáfrica tiene el mayor número de personas seropositivas del mundo. De los 39 millones de personas afectadas en todo el mundo el año pasado, 20,8 millones se encontraban en África oriental y meridional, con 8,45 millones solo en Sudáfrica (casi el 14% de la población), según las últimas cifras del Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/Sida (Onusida). Por eso, el Gobierno sudafricano tiene los ojos puestos en una inyección fabricada por la compañía farmacéutica británica ViiV Healthcare que elimina las posibilidades de contraer el VIH por vía sexual si es administrada cada ocho semanas. El medicamento, que se inyecta en las nalgas, contiene un fármaco antirretroviral, el cabotegravir, que se libera a lo largo de un periodo de dos meses, razón por la cual se denomina CAB-LA (abreviatura de cabotegravir de acción prolongada). Pero Sudáfrica se ha topado con un obstáculo aparentemente insalvable: el precio.
ViiV Healthcare anunció recientemente un precio “sin ánimo de lucro” por unidad de la inyección de entre 540 y 570 rands (entre 26 y 28 euros, aproximadamente). Los beneficiarios serán 90 países que el Banco Mundial clasifica como de ingresos bajos y medios. Pero el Departamento de Sanidad sudafricano afirma que, aún así, este coste es más de cuatro veces superior a lo que puede permitirse pagar.
Para que CAB-LA sea rentable para el Gobierno sudafricano, el precio tendría que estar dentro de un rango razonable en comparación con la PrEP oral (la píldora diaria)Khadija Jamaloodien, directora jefa de adquisiciones del Departamento Nacional de Sanidad sudafricano
“Para que CAB-LA sea rentable para el Gobierno sudafricano, el precio tendría que estar dentro de un rango razonable en comparación con la PrEP oral (la píldora diaria), que es de 129 rands (6,3 euros) para un suministro de dos meses. No podemos permitirnos pagar el doble o el triple de ese precio, sobre todo en el contexto de los recortes presupuestarios del Departamento”, explica Khadija Jamaloodien, directora jefa de adquisiciones del Departamento Nacional de Sanidad. El ministro de Economía sudafricano, Enoch Godongwana, anunció a principios de mes un recorte de 1.000 millones de rands en el presupuesto de mitad de mandato del Ministerio de Sanidad para el tratamiento del VIH.
“El precio sin ánimo de lucro de ViiV no incluye los costes de distribución, por lo que será aún más alto”, puntualiza Jamaloodien. “Hemos pedido a ViiV un presupuesto que incluya el transporte y la logística, como hacemos con el resto de nuestras licitaciones. Todavía estamos esperando respuesta”.
La solución del donante
Una forma de evitar el elevado precio de esta inyección es permitir que la sufraguen donantes como el estadounidense Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida (PEPFAR por sus siglas en inglés), el donante gubernamental que más ha pagado por el tratamiento antirretroviral en África y también financia la PrEP oral en otros países africanos.
ViiV ya ha enviado suministros patrocinados por PEPFAR a Malaui, Zambia y Zimbabue, que llegarán a finales de noviembre, según Mitchell Warren, de la Coalición para Acelerar el Acceso a la PrEP de Larga Duración. Está previsto que, entre 2023 y 2025, Malaui reciba 10.000 inyecciones, Zimbabue entre 10.000 y 12.000, y Zambia entre 8.000 y 10.000. Las existencias se destinarán a programas sanitarios gubernamentales y no a investigación. Warren, y también varios investigadores sudafricanos del VIH, afirman que PEPFAR les ha asegurado que Sudáfrica está en la lista de donaciones para uso programático a principios de 2024. Pero PEPFAR declinó hacer comentarios porque todavía está “en fase de deliberación con el Departamento Nacional de Sanidad y otras partes interesadas”.
No obstante, el Departamento de Sanidad afirma que aún no ha decidido si aceptará las donaciones de CAB-LA. Jamaloodien explica: “No es algo que vayamos a rechazar de plano, pero también tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad. Sudáfrica, por ejemplo, paga por su cuenta todos sus medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del VIH, y aún tenemos que considerar qué camino seguiremos con CAB-LA”.
¿Usará la gente la inyección?
A principios de 2024, Sudáfrica recibirá envíos de CAB-LA patrocinados por ViiV para poder llevar a cabo estudios de utilización (en otras palabras, con fines de investigación). Según datos del Departamento de Sanidad, siete de estos ensayos comenzarán en cuanto lleguen las existencias y la Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios de Sudáfrica haya aprobado su distribución.
Los estudios de utilización analizan el grado de adherencia al tratamiento en la “vida real”, la mejor manera de hacer llegar el medicamento y de crear demanda para un producto, y no si el fármaco funciona, porque los ensayos de utilización solo se llevan a cabo cuando ya se dispone de datos sobre su eficacia. “Contaremos cuántas personas recurren a CAB-LA, comprobaremos qué grupos lo utilizan, quiénes tienen dificultades y cómo se adhieren a él en el contexto de todos los altibajos de un sistema sanitario en la ‘vida real”, explica Linda-Gail Bekker, que dirigirá el estudio de utilización de la Fundación Sanitaria Desmond Tutu.
Warren afirma que la farmacéutica británica ha comunicado que podrá fabricar 995.000 inyecciones de CAB-LA para países de ingresos bajos y medios entre 2023 y 2025 a su precio no lucrativo, frente a un compromiso anterior de entre 360.000 y 590.000 viales. “Sigue siendo poco para lo que pensamos que podría ser el mercado, pero lo cierto es que sencillamente seguimos sin saber cuál será el tamaño de dicho mercado”, señala Warren. “Por eso necesitamos todos los estudios de utilización, para saber si la experiencia novedosa y la buena aceptación durante los ensayos de eficacia se traducen en una aceptación en la ‘vida real”.
La lección de Estados Unidos
Un pequeño estudio presentado en octubre durante la Semana de las Enfermedades Infecciosas, una reunión anual de expertos en este tipo de enfermedades en Estados Unidos, muestra que en este país, en el que CAB-LA empezó a estar disponible a finales de 2021, su adopción ha sido lenta, debido principalmente al elevado coste y a los complicados trámites de las compañías de seguros médicos. Solo algo más de la mitad (52,9%) de los participantes seronegativos en el estudio que obtuvieron una receta para CAB-LA recibieron una primera inyección.
“Una lección importante es que hay que facilitar a la gente la obtención de la medicación preventiva si queremos que la utilicen”, afirma Bekker. “Puede que tengamos que llevar CAB-LA a las comunidades con clínicas móviles o crear colas separadas y rápidas en las clínicas”. El fármaco tiene que inyectarse en lo profundo del tejido muscular de la persona, por lo que debe ser administrado por un trabajador sanitario. Por lo tanto, no es factible distribuir las inyecciones a los usuarios, a diferencia de lo que ocurre con la píldora diaria, señala Bekker.
Más de un millón de personas en Sudáfrica han utilizado la píldora, que se introdujo en 2016. “Tenemos que pensar en la PrEP como si fuera comida rápida”, explica Bekker. “Tienes que tener autoservicios, entregas a domicilio o puntos de recogida, de modo que la gente pueda elegir cómo quiere recibir la comida. Cuantas más opciones de entrega haya, más posibilidades hay de que la pida”.
Sale muy caro que las mujeres y los hombres jóvenes contraigan el VIH porque tenemos que proporcionarles antirretrovirales de por vida, y existe el riesgo de que transmitan el virus a otras personasLinda-Gail Bekker, investigadora
Desde el pasado agosto, a raíz de una sentencia en Sudáfrica, las pastillas para prevenir el VIH pueden ser entregadas por farmacéuticos formados, por lo que los usuarios ya no tienen que ir al médico para que se las recete.
Un horizonte lejano
El pasado marzo, ViiV concedió licencias a tres farmacéuticas indias para producir versiones genéricas más baratas de CAB-LA en colaboración con Medicines Patent Pool (MPP), una organización respaldada por Naciones Unidas que ayuda a los países más pobres a acceder a los medicamentos. Una de las empresas, Cipla, cuenta con una fábrica en la localidad sudafricana de Durban, donde tiene previsto producir la inyección.
Pero, para que esto ocurra, Cipla necesita primero disponer de la tecnología (proceso que ya ha comenzado), construir instalaciones y, una vez que se haya fabricado el medicamento, realizar ensayos que demuestren que su producto funciona de la misma manera que el medicamento de marca (lo que se conoce como ensayos de bioequivalencia). Por lo tanto, los productos genéricos estarán disponibles como muy pronto en 2027, afirma Warren, lo que significa que hasta entonces necesitarán que el precio del medicamento de marca sea lo más bajo posible.
La fabricación de CAB-LA es considerablemente más compleja que la de la PrEP oral, y el Departamento de Sanidad puede conseguir la píldora a bajo precio porque sus ingredientes (los antirretrovirales tenofovir y emtricitabina) también se utilizan ampliamente para el tratamiento del VIH en Sudáfrica, por lo que es posible licitar pedidos excepcionalmente grandes, lo cual hace que el precio baje.
No obstante, Bekker señala que la asequibilidad de CAB-LA tiene dos caras. “Sale muy caro que las mujeres y los hombres jóvenes contraigan el VIH porque tenemos que proporcionarles antirretrovirales de por vida, y existe el riesgo de que transmitan el virus a otras personas; y en el caso de las embarazadas también a sus bebés. Tenemos que preguntarnos cuál es el precio de salvar a alguien de una infección y, por tanto, de ofrecerle una vida más saludable”.
Los antirretrovirales son los medicamentos que toman las personas infectadas por el VIH para mantener a raya el virus, pero en el caso de CAB-LA, se utiliza como profilaxis preexposición, también conocida como PrEP. En otras palabras, la medicación protege a una persona no infectada de contraer el virus. El nuevo informe mundial sobre VIH, publicado a finales de noviembre, estima que en 2022 se produjeron 1,3 millones de nuevas infecciones en el planeta, y que Sudáfrica sigue liderando la lista de nuevas infecciones.
elpais.com
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.