Santo Domingo, R.D-La Fundación Institucionalidad y Justicia(Finjus) planteó la necesidad de que el país se aboque a un conjunto de reformas de impacto significativo en el sistema judicial dominicano como es una nueva reforma al Código Penal, la modificación de la Ley de Contrataciones Públicas y a las legislaciones que instituyen el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, así como la de Trata de Personas.

En un documento público, a propósito de la celebración del Día del Poder Judicial, la entidad considera que esos y otros temas deben ser los retos pendientes de cara a este 2024 y entiende que deben continuarse fortaleciendo los niveles de independencia, eficiencia, accesibilidad, equidad, transparencia y previsibilidad de los distintos órganos que interactúan.

Reconoce que el proceso para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática tuvo un nuevo impulso a finales del 2020 con el anuncio del Poder Ejecutivo de promover un vasto plan de reformas, que incluyen la actualización del marco jurídico del sistema de compras y contrataciones públicas, el régimen de consecuencias contra la corrupción y de los órganos de control interno y externo del Estado.

Algunos avances

Finjus también valora el proceso que ha dado como resultado el avance en la implementación de las reformas legales y operativas que han permitido la virtualización de la justicia, el establecimiento de protocolos de seguridad para desmontar las ineficiencias, aumentando así el acceso a la justicia y la procuración de justicia ágil y coherente con los principios que la rigen.

«Es un desafío para el sistema de justicia que sus órganos aúnen esfuerzos en torno a la investigación y la persecución penal para dar continuidad a las transformaciones institucionales implicadas y cumplir con las normativas que aseguren la transparencia, la planificación y la coordinación interinstitucional», refiere.

Sostiene que la acción coordinada en todas las áreas que mandan las leyes debe estar guiada por el debido respecto a los derechos de los imputados y, al mismo tiempo, garantizar el acceso a la justicia, la atención a las víctimas y la entrega de cada servicio por el que se responde a la ciudadanía.

Prisión preventiva

De acuerdo con el balance que hace Finjus en materia judicial, se hace necesario prestarle más atención al tema de la prisión preventiva como medida de coerción para evitar su desnaturalización.

Señala que es fundamental que se garantice la presencia de los imputados en el proceso por ante la jurisdicción correspondientes, en embargo, expresa su preocupación por la frecuente aplicación de la prisión preventiva.

«La prisión preventiva es una medida de carácter excepcional y sólo aplicable cuando no pueda evitarse razonablemente la fuga del imputado, elemento que no puede desvirtuarse. La acción penal pública debe sujetarse al principio de intervención mínima, también conocido como de «último ratio». A ello, por regla general, solo frente a los casos que impliquen mayor gravedad y complejidad es que se debe procesar judicialmente con esta medida».

El arreglo favorable ante este escenario amerita un peculiar énfasis en acelerar los procesos y juzgamientos, y cumplir a cabalidad los límites legales establecidos. Finjus hace énfasis en la promoción de un sistema penitenciario apegado a las disposiciones legales, cumpliendo con cada una de las garantías y preceptos establecidos.

Ministerio Público

La atención de Finjus también se dirige hacia el Ministerio Público, que tiene a su cargo la responsabilidad de adelantar los objetivos de investigar, perseguir y acusar la corrupción, como estrategia para la erradicación de la impunidad desde las distintas instancias del Estado dominicano.

Destaca dentro de los avances logrados la proactividad en la gestión del Ministerio Público, asumiendo la investigación y acusación sobre casos sobre supuestos actos de corrupción, que han dinamizado la justicia penal y han generado debates jurídicos sobre sus actuaciones.

«En 2024 se cumplirán 20 años de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Muchos de los temas centrales del debate jurídico actual tienen su origen en el tránsito vivido por nuestro sistema penal y por toda la sociedad en la implementación del nuevo modelo procesal penal. Finjus considera oportuno que los actores del sistema, la comunidad jurídica y académica, así como toda la sociedad propicien la realización de diagnósticos y espacios de evaluación y reflexión sobre el impacto del Código Procesal Penal y sus necesidades de adecuación, a la luz de las nuevas realidades sociales», aduce.

Tribunal Constitucional

Finjus valora positivamente la designación de los cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional y dice  que vienen a fortalecer la trayectoria, eficiencia y dedicación de esa importante Alta Corte en los últimos 12 años. La defensa del orden constitucional, así como garantizar la supremacía, integridad y eficacia de la Constitución, es esencial para fomentar la seguridad jurídica y el fortalecimiento institucional creciente de nuestra nación.

Otro de los retos más destacados de cara a este nuevo año 2024, es la aplicación de la ley de extinción de dominio y de aquella que instaura la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio, para lo que, dice, es imperioso adoptar una regulación que dé respuestas a la realidad jurídica de la República Dominicana.

«Dentro de los retos pendientes con relación al sistema de justicia, entendemos que a la fecha deben continuarse fortaleciendo los niveles de independencia, eficiencia, accesibilidad, equidad, transparencia y previsibilidad de los distintos órganos que interactúan. La superación de los retos antedichos, representan necesidades escalonadas y próximas a otras similares en entidades del Estado dominicano», precisó.

Coordinación interinstitucional

Para este 2024, Finjus considera propicio y escenario oportuno para que el Estado y la sociedad establezcan mecanismos fluidos y ágiles que faciliten la colaboración interinstitucional y se supere la duplicidad de órganos y la burocratización de procesos que entorpecen el logro de soluciones efectivas. Queda así claro que la meta es robustecer el Sistema de Justicia y la seguridad y participación ciudadana.

Explica la entidad que observa que cada uno de los esfuerzos institucionales antes mencionados implican el fortalecimiento del régimen político cuyos ejes se concentran en la búsqueda de la prosperidad social con instituciones fuertes, el respeto a la libertad, la protección de la dignidad y la creación de un ambiente de seguridad jurídica para el florecimiento económico.

«Por tanto, el 2024 se puede traducir en el escenario ideal para la implementación de las reformas pendientes, cuyo éxito está subordinado al fortalecimiento de la protección de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y el impulso de nuestra justicia e institucionalidad democrática», enfatizó.