Más Noticias
Finjus cree 2024 es propicio para hacer reformas pendientes en el sistema judicial
Santo Domingo, R.D-La Fundación Institucionalidad y Justicia(Finjus) planteó la necesidad de que el país se aboque a un conjunto de reformas de impacto significativo en el sistema judicial dominicano como es una nueva reforma al Código Penal, la modificación de la Ley de Contrataciones Públicas y a las legislaciones que instituyen el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, así como la de Trata de Personas.
En un documento público, a propósito de la celebración del Día del Poder Judicial, la entidad considera que esos y otros temas deben ser los retos pendientes de cara a este 2024 y entiende que deben continuarse fortaleciendo los niveles de independencia, eficiencia, accesibilidad, equidad, transparencia y previsibilidad de los distintos órganos que interactúan.
Reconoce que el proceso para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática tuvo un nuevo impulso a finales del 2020 con el anuncio del Poder Ejecutivo de promover un vasto plan de reformas, que incluyen la actualización del marco jurídico del sistema de compras y contrataciones públicas, el régimen de consecuencias contra la corrupción y de los órganos de control interno y externo del Estado.
Algunos avances
Finjus también valora el proceso que ha dado como resultado el avance en la implementación de las reformas legales y operativas que han permitido la virtualización de la justicia, el establecimiento de protocolos de seguridad para desmontar las ineficiencias, aumentando así el acceso a la justicia y la procuración de justicia ágil y coherente con los principios que la rigen.
«Es un desafío para el sistema de justicia que sus órganos aúnen esfuerzos en torno a la investigación y la persecución penal para dar continuidad a las transformaciones institucionales implicadas y cumplir con las normativas que aseguren la transparencia, la planificación y la coordinación interinstitucional», refiere.
Sostiene que la acción coordinada en todas las áreas que mandan las leyes debe estar guiada por el debido respecto a los derechos de los imputados y, al mismo tiempo, garantizar el acceso a la justicia, la atención a las víctimas y la entrega de cada servicio por el que se responde a la ciudadanía.
Prisión preventiva
De acuerdo con el balance que hace Finjus en materia judicial, se hace necesario prestarle más atención al tema de la prisión preventiva como medida de coerción para evitar su desnaturalización.
Señala que es fundamental que se garantice la presencia de los imputados en el proceso por ante la jurisdicción correspondientes, en embargo, expresa su preocupación por la frecuente aplicación de la prisión preventiva.
«La prisión preventiva es una medida de carácter excepcional y sólo aplicable cuando no pueda evitarse razonablemente la fuga del imputado, elemento que no puede desvirtuarse. La acción penal pública debe sujetarse al principio de intervención mínima, también conocido como de «último ratio». A ello, por regla general, solo frente a los casos que impliquen mayor gravedad y complejidad es que se debe procesar judicialmente con esta medida».
El arreglo favorable ante este escenario amerita un peculiar énfasis en acelerar los procesos y juzgamientos, y cumplir a cabalidad los límites legales establecidos. Finjus hace énfasis en la promoción de un sistema penitenciario apegado a las disposiciones legales, cumpliendo con cada una de las garantías y preceptos establecidos.
Ministerio Público
La atención de Finjus también se dirige hacia el Ministerio Público, que tiene a su cargo la responsabilidad de adelantar los objetivos de investigar, perseguir y acusar la corrupción, como estrategia para la erradicación de la impunidad desde las distintas instancias del Estado dominicano.
Destaca dentro de los avances logrados la proactividad en la gestión del Ministerio Público, asumiendo la investigación y acusación sobre casos sobre supuestos actos de corrupción, que han dinamizado la justicia penal y han generado debates jurídicos sobre sus actuaciones.
«En 2024 se cumplirán 20 años de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Muchos de los temas centrales del debate jurídico actual tienen su origen en el tránsito vivido por nuestro sistema penal y por toda la sociedad en la implementación del nuevo modelo procesal penal. Finjus considera oportuno que los actores del sistema, la comunidad jurídica y académica, así como toda la sociedad propicien la realización de diagnósticos y espacios de evaluación y reflexión sobre el impacto del Código Procesal Penal y sus necesidades de adecuación, a la luz de las nuevas realidades sociales», aduce.
Tribunal Constitucional
Finjus valora positivamente la designación de los cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional y dice que vienen a fortalecer la trayectoria, eficiencia y dedicación de esa importante Alta Corte en los últimos 12 años. La defensa del orden constitucional, así como garantizar la supremacía, integridad y eficacia de la Constitución, es esencial para fomentar la seguridad jurídica y el fortalecimiento institucional creciente de nuestra nación.
Otro de los retos más destacados de cara a este nuevo año 2024, es la aplicación de la ley de extinción de dominio y de aquella que instaura la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio, para lo que, dice, es imperioso adoptar una regulación que dé respuestas a la realidad jurídica de la República Dominicana.
«Dentro de los retos pendientes con relación al sistema de justicia, entendemos que a la fecha deben continuarse fortaleciendo los niveles de independencia, eficiencia, accesibilidad, equidad, transparencia y previsibilidad de los distintos órganos que interactúan. La superación de los retos antedichos, representan necesidades escalonadas y próximas a otras similares en entidades del Estado dominicano», precisó.
Coordinación interinstitucional
Para este 2024, Finjus considera propicio y escenario oportuno para que el Estado y la sociedad establezcan mecanismos fluidos y ágiles que faciliten la colaboración interinstitucional y se supere la duplicidad de órganos y la burocratización de procesos que entorpecen el logro de soluciones efectivas. Queda así claro que la meta es robustecer el Sistema de Justicia y la seguridad y participación ciudadana.
Explica la entidad que observa que cada uno de los esfuerzos institucionales antes mencionados implican el fortalecimiento del régimen político cuyos ejes se concentran en la búsqueda de la prosperidad social con instituciones fuertes, el respeto a la libertad, la protección de la dignidad y la creación de un ambiente de seguridad jurídica para el florecimiento económico.
«Por tanto, el 2024 se puede traducir en el escenario ideal para la implementación de las reformas pendientes, cuyo éxito está subordinado al fortalecimiento de la protección de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y el impulso de nuestra justicia e institucionalidad democrática», enfatizó.
Santo Domingo, R.D.-Una medida precautoria solicitada por la Direccion General de Informacion y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) fue acogida este lunes por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) a abstenerse de suspender los servicios de salud mientras se conoce el fondo de la acción de amparo colectivo.
La decisión fue adoptada durante una audiencia virtual celebrada la mañana de este lunes, al amparo del artículo 86 de la Ley 137-11, tras considerar que existía un riesgo de vulneración del derecho fundamental a la salud de los afiliados.
- De acuerdo con el dictamen, con esta disposición queda sin efecto, de manera provisional, la suspensión de servicios que Andeclip había anunciado para este 14 de julio.
El tribunal acogió el argumento central de la DIDA de que ningún conflicto económico entre actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social puede traducirse en la interrupción de los servicios de salud a los afiliados, quienes no forman parte de esa controversia.
Durante la audiencia, el Ministerio Público respaldó la solicitud presentada por la institución.
La acción judicial fue interpuesta por la DIDA luego de que Andeclip anunciara que suspendería los servicios electivos a los afiliados de Primera ARS y ARS Futuro, en reclamo de una revisión de las tarifas que reciben las clínicas privadas por parte de las administradoras de riesgos de salud.
Tras la decisión del tribunal, la DIDA reiteró su llamado a Andeclip y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a permanecer en la mesa de diálogo coordinada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
- La institución reconoció que el reclamo tarifario de las clínicas es legítimo y debe ser atendido, pero insistió en que las diferencias deben resolverse por las vías institucionales, sin afectar la atención de los afiliados.
El director general de la DIDA, Elías Báez, valoró la decisión como una garantía para las familias dominicanas.
«Lo que se ha protegido hoy no es a una institución, sino el derecho de más de un millón de personas a no ver interrumpida su atención en salud. Reiteramos nuestro llamado al diálogo: el camino para resolver las diferencias tarifarias son los mecanismos que la ley establece, no la interrupción de los servicios», expresó.
El Tribunal Superior Administrativo fijó la continuación de la audiencia para el miércoles 15 de julio, cuando continuará el conocimiento de la acción de amparo colectivo presentada por la DIDA.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades del tránsito intentan mover, encajar y redistribuir cada pieza antes de que la pantalla quede completamente ocupada en el Gran Santo Domingo, las cuales son contraflujos, conos, restricciones de giros, agentes y rutas alternas que cambian según el volumen vehicular.
En el juego, la partida terminaba cuando los bloques se acumulaban hasta llenar la pantalla. En las calles, el equivalente es el colapso de la circulación: avenidas saturadas, vehículos detenidos y conductores atrapados durante largos períodos. Para evitar que el tránsito llegue a ese punto, la Digesett aplica al menos 12 tramos de contraflujo y siete canalizaciones con conos, dentro de una estrategia que se reajusta diariamente según los tapones, accidentes y obstáculos que aparecen en las vías.
Cada día, miles de conductores se enfrentan a largos tapones en las principales avenidas del Gran Santo Domingo, para intentar reducir el congestionamiento vehicular, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aplica distintas medidas que se modifican de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presentan en las vías.
La principal medida es la habilitación de contraflujos durante las horas pico. Según explicó la institución a Diario Libre, esta estrategia consiste en utilizar uno o dos carriles de la vía opuesta para aumentar temporalmente la cantidad de carriles disponibles en el sentido donde se concentra el mayor flujo de vehículos.
Actualmente existen al menos 12 carriles de contraflujo. Los contraflujos se aplican en la avenida Padre Castellanos (antigua 17), George Washington, Abraham Lincoln, la autopista Duarte —desde el kilómetro 14 hasta el 9 y del kilómetro 32 al 25—, la avenida República de Colombia —desde PriceSmart hasta el Paseo de los Reyes Católicos—, Los Próceres —desde la República de Argentina hasta Erick Leona—, Santo Domingo Norte —desde la estación Hermanas Mirabal hasta la avenida John F. Kennedy por la Máximo Gómez—, el puente Duarte —desde el Farolito hasta la rampa del elevado de la avenida 27 de Febrero—, la avenida 25 de Febrero —desde el puente de la avenida España hasta la José Martí—, el Puente Flotante y la avenida México —desde la calle Altagracia hasta el puente de la avenida España—.
Otra de las estrategias implementadas por la institución es la canalización con conos, utilizada para reorganizar la circulación y mantener la continuidad del flujo vehicular en corredores de alta demanda. Mediante esta medida se redistribuyen los carriles durante las horas de mayor congestión para facilitar el desplazamiento de los vehículos.
La canalización con conos se aplica en al menos siete tramos. En la avenida John F. Kennedy —Lincoln-Ortega y Gasset, Tiradentes-Ortega y Gasset y Ortega y Gasset-Máximo Gómez—; en la avenida 27 de Febrero —Leopoldo Navarro-Máximo Gómez, Máximo Gómez-Tiradentes y Defilló-Churchill—, así como en la avenida Ortega y Gasset, entre Gustavo Mejía Ricart y Fantino Falco.
Durante el último año también se introdujeron nuevas medidas mediante el plan «RD Se Mueve», impulsado por el Gabinete de Transporte y el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant), que comenzó a implementarse en julio de 2025 con la primera fase de restricciones de giros a la izquierda en la avenida Lope de Vega.
Posteriormente, el programa fue ampliándose a otras intersecciones del Distrito Nacional.
La Digesett explicó que las medidas no son permanentes, sino que se ajustan de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presenten cada día.
Accidentes, vehículos averiados y otras eventualidades pueden provocar cambios en los contraflujos, las canalizaciones con conos o las rutas alternas para mantener la movilidad.
La institución indicó que mantiene un monitoreo continuo para evaluar la efectividad de estas acciones y realizar los ajustes que sean necesarios cuando las condiciones del tránsito así lo requieran.
Aunque la Digesett sostiene que las medidas implementadas han contribuido a agilizar la circulación, reducir obstrucciones y mejorar la continuidad del flujo vehicular, indicó que uno de los principales desafíos continúa siendo lograr que los conductores respeten las disposiciones establecidas.
La institución informó que continuará evaluando nuevas alternativas y trabajando de manera coordinada con otras entidades para realizar estudios de factibilidad que permitan implementar nuevas acciones orientadas a mejorar la movilidad y la seguridad vial.
Santo Domingo.- La meta es aprobar el Codigo Penal antes de que la ley entre en vigor, cuya declaración fue ofrecida por el Presidente Luis Abinader, quien agregó que el Gobierno impulsa correcciones al nuevo Código Penal.
“Se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia”, declaró en una entrevista con José Monegro y Edith Febles, del Grupo de Medios Corripio.
Definió el proyecto aprobado como un “punto de partida”. Recordó que el Código fue sancionado tras quince años en el Congreso Nacional y, al promulgarse, se le fijó una «vacatio legis» de un año precisamente para hacer ajustes. “Ese plazo es el que ahora corre”, dijo y sobre esa base el Poder Ejecutivo depositó en las càmaras legislativas un texto consensuado y los legisladores dieron plazo hasta el miércoles para recibir sugerencias de otros sectores.
Entre los puntos a modificar, Abinader destacó los artículos sobre expresión y difusión del pensamiento, los que más ruido generaron. Aclaró que no son los únicos: hay cambios “de forma y algunas también de fondo” que la consultoría jurídica ya había advertido hace meses.
El presidente hizo autocrítica por los tiempos. “En eso hacemos mea culpa”, admitió, y repartió la responsabilidad entre Gobierno y sociedad civil por no revisar la norma apenas fue aprobada. Aun así, defendió que el proceso no fue improvisado: los contactos con sectores llevan dos meses, las discusiones sobre modificaciones unas cinco semanas, y hace dos semanas conversa directo con comunicadores. “En esas modificaciones todos estamos de acuerdo”, aseguró.
Sobre la llamada “ley mordaza”, Abinader rechazó que el Ejecutivo busque limitar la libertad de expresión. Recordó que un proyecto anterior sobre difusión del pensamiento fue entregado a la Sociedad Dominicana de Diarios y a especialistas, y el consenso salió de ellos “sin que yo le pusiera ni una coma”.
“Si hay algo que yo estoy preocupado es por la democracia de mi país”, sostuvo, y citó como prueba la reforma constitucional para impedir reelecciones indefinidas.
Reveló que él y su familia reciben calumnias a diario en redes, pero prefiere “poner una piel de cocodrilo” antes que prohibir. “Lo que más a mí me ayuda son las críticas”, dijo, sobre todo las que exponen problemas o corrupción. La fórmula que se discute busca proteger tanto la libre expresión como el honor de las personas. Afirmó que le interesa poder expresarse libremente cuando salga del gobierno en 2028.
Abinader señaló que la controversia actual no se vio cuando se votó el Código. “Ese código es de hace 15 años, ahí había muchos artículos que nadie los criticó”, recordó. Los “puntos calientes” de entonces eran otros, como las tres causales. Destacó que la pieza aumentó penas contra el crimen organizado y la corrupción, y llenó “muchísimos vacíos” del viejo código, por eso tuvo respaldo amplio.
En lo económico, defendió el plan anticrisis como “progresivo”: elimina el anticipo mensual para pymes desde enero, quitó el impuesto a nuevas empresas, bajó el sucesoral de 27% a 3% y retiró el gravamen a seguros de vida en el exterior. Los aumentos, dijo, recaen en empresas que venden más de mil millones y salarios sobre 400 mil pesos, mientras que los sueldos menores tendrán indexación.
Descartó una reforma fiscal integral: “Aquí no hay condiciones”. Gobernó con pandemia, guerra en Ucrania y la crisis haitiana, y aun así el país crece más de 4%, solo detrás de Guyana.
Sobre combustibles, negó alzas fuertes: se movieron 16% cuando el crudo subió 80%. El subsidio anual “se agotó en mayo” porque el país importa 70% de los líquidos. Anunció que se publicará “la fórmula” para transparentar el cálculo y reiteró que hace dos semanas bajan gasolina, gasoil y GLP.
sp-am