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Finjus cree 2024 es propicio para hacer reformas pendientes en el sistema judicial
Santo Domingo, R.D-La Fundación Institucionalidad y Justicia(Finjus) planteó la necesidad de que el país se aboque a un conjunto de reformas de impacto significativo en el sistema judicial dominicano como es una nueva reforma al Código Penal, la modificación de la Ley de Contrataciones Públicas y a las legislaciones que instituyen el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, así como la de Trata de Personas.
En un documento público, a propósito de la celebración del Día del Poder Judicial, la entidad considera que esos y otros temas deben ser los retos pendientes de cara a este 2024 y entiende que deben continuarse fortaleciendo los niveles de independencia, eficiencia, accesibilidad, equidad, transparencia y previsibilidad de los distintos órganos que interactúan.
Reconoce que el proceso para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática tuvo un nuevo impulso a finales del 2020 con el anuncio del Poder Ejecutivo de promover un vasto plan de reformas, que incluyen la actualización del marco jurídico del sistema de compras y contrataciones públicas, el régimen de consecuencias contra la corrupción y de los órganos de control interno y externo del Estado.
Algunos avances
Finjus también valora el proceso que ha dado como resultado el avance en la implementación de las reformas legales y operativas que han permitido la virtualización de la justicia, el establecimiento de protocolos de seguridad para desmontar las ineficiencias, aumentando así el acceso a la justicia y la procuración de justicia ágil y coherente con los principios que la rigen.
«Es un desafío para el sistema de justicia que sus órganos aúnen esfuerzos en torno a la investigación y la persecución penal para dar continuidad a las transformaciones institucionales implicadas y cumplir con las normativas que aseguren la transparencia, la planificación y la coordinación interinstitucional», refiere.
Sostiene que la acción coordinada en todas las áreas que mandan las leyes debe estar guiada por el debido respecto a los derechos de los imputados y, al mismo tiempo, garantizar el acceso a la justicia, la atención a las víctimas y la entrega de cada servicio por el que se responde a la ciudadanía.
Prisión preventiva
De acuerdo con el balance que hace Finjus en materia judicial, se hace necesario prestarle más atención al tema de la prisión preventiva como medida de coerción para evitar su desnaturalización.
Señala que es fundamental que se garantice la presencia de los imputados en el proceso por ante la jurisdicción correspondientes, en embargo, expresa su preocupación por la frecuente aplicación de la prisión preventiva.
«La prisión preventiva es una medida de carácter excepcional y sólo aplicable cuando no pueda evitarse razonablemente la fuga del imputado, elemento que no puede desvirtuarse. La acción penal pública debe sujetarse al principio de intervención mínima, también conocido como de «último ratio». A ello, por regla general, solo frente a los casos que impliquen mayor gravedad y complejidad es que se debe procesar judicialmente con esta medida».
El arreglo favorable ante este escenario amerita un peculiar énfasis en acelerar los procesos y juzgamientos, y cumplir a cabalidad los límites legales establecidos. Finjus hace énfasis en la promoción de un sistema penitenciario apegado a las disposiciones legales, cumpliendo con cada una de las garantías y preceptos establecidos.
Ministerio Público
La atención de Finjus también se dirige hacia el Ministerio Público, que tiene a su cargo la responsabilidad de adelantar los objetivos de investigar, perseguir y acusar la corrupción, como estrategia para la erradicación de la impunidad desde las distintas instancias del Estado dominicano.
Destaca dentro de los avances logrados la proactividad en la gestión del Ministerio Público, asumiendo la investigación y acusación sobre casos sobre supuestos actos de corrupción, que han dinamizado la justicia penal y han generado debates jurídicos sobre sus actuaciones.
«En 2024 se cumplirán 20 años de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Muchos de los temas centrales del debate jurídico actual tienen su origen en el tránsito vivido por nuestro sistema penal y por toda la sociedad en la implementación del nuevo modelo procesal penal. Finjus considera oportuno que los actores del sistema, la comunidad jurídica y académica, así como toda la sociedad propicien la realización de diagnósticos y espacios de evaluación y reflexión sobre el impacto del Código Procesal Penal y sus necesidades de adecuación, a la luz de las nuevas realidades sociales», aduce.
Tribunal Constitucional
Finjus valora positivamente la designación de los cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional y dice que vienen a fortalecer la trayectoria, eficiencia y dedicación de esa importante Alta Corte en los últimos 12 años. La defensa del orden constitucional, así como garantizar la supremacía, integridad y eficacia de la Constitución, es esencial para fomentar la seguridad jurídica y el fortalecimiento institucional creciente de nuestra nación.
Otro de los retos más destacados de cara a este nuevo año 2024, es la aplicación de la ley de extinción de dominio y de aquella que instaura la administración de bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio, para lo que, dice, es imperioso adoptar una regulación que dé respuestas a la realidad jurídica de la República Dominicana.
«Dentro de los retos pendientes con relación al sistema de justicia, entendemos que a la fecha deben continuarse fortaleciendo los niveles de independencia, eficiencia, accesibilidad, equidad, transparencia y previsibilidad de los distintos órganos que interactúan. La superación de los retos antedichos, representan necesidades escalonadas y próximas a otras similares en entidades del Estado dominicano», precisó.
Coordinación interinstitucional
Para este 2024, Finjus considera propicio y escenario oportuno para que el Estado y la sociedad establezcan mecanismos fluidos y ágiles que faciliten la colaboración interinstitucional y se supere la duplicidad de órganos y la burocratización de procesos que entorpecen el logro de soluciones efectivas. Queda así claro que la meta es robustecer el Sistema de Justicia y la seguridad y participación ciudadana.
Explica la entidad que observa que cada uno de los esfuerzos institucionales antes mencionados implican el fortalecimiento del régimen político cuyos ejes se concentran en la búsqueda de la prosperidad social con instituciones fuertes, el respeto a la libertad, la protección de la dignidad y la creación de un ambiente de seguridad jurídica para el florecimiento económico.
«Por tanto, el 2024 se puede traducir en el escenario ideal para la implementación de las reformas pendientes, cuyo éxito está subordinado al fortalecimiento de la protección de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y el impulso de nuestra justicia e institucionalidad democrática», enfatizó.
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Pepca asegura que pruebas del caso Calamar sustentarán solicitud de condena contra imputados
Mirna Ortiz afirmó que el Ministerio Público presentará pruebas testimoniales y periciales para sustentar su acusación; la lectura del expediente continuará el lunes 21 de septiembre
SANTO DOMINGO.– La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó que el Ministerio Público considera que las pruebas que presentará durante el juicio de fondo del denominado caso Calamar permitirán sustentar su solicitud de condena contra los imputados.
“Indiscutiblemente, frente a la contundencia de estas pruebas, este tribunal tendrá que condenar a cada uno de los imputados con las penas que en su momento vamos a solicitar”, declaró Ortiz al referirse a la acusación que conoce el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La procuradora de Corte sostuvo que, conforme a la tesis del órgano acusador, el expediente describe una presunta estructura que habría utilizado instituciones del Estado para desarrollar un esquema de corrupción destinado a obtener beneficios económicos.
“Esta estructura criminal utilizó el Estado como instrumento, la corrupción como método y el lucro para enriquecerse y permanecer en el poder”, manifestó.
Acusación contiene 3,383 páginas
Ortiz explicó que las distintas líneas de investigación contenidas en las 3,383 páginas de la acusación están acompañadas de referencias a pruebas testimoniales y periciales que el Ministerio Público pretende incorporar y debatir durante el juicio.
Entre los procesados figura el exministro de Hacienda Donald Guerrero, junto a otros imputados incluidos en el expediente del caso Calamar.
La lectura de la acusación estuvo encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, acompañado por el equipo de fiscales litigantes.
El conocimiento del expediente continuará el lunes 21 de septiembre, cuando está previsto proseguir con la lectura de la acusación.
Ministerio Público dice que investigaciones continúan
Consultada sobre empresarios y una empresa que hasta el momento no forman parte del proceso, Ortiz indicó que las investigaciones relacionadas con el caso permanecen abiertas.
“El Ministerio Público sigue investigando, seguimos avanzando. Ustedes saben que las investigaciones no se agotan en un solo proceso y más adelante veremos”, expresó.
Por su parte, el abogado José Martínez Hoepelman señaló que la jornada judicial transcurrió con normalidad y que las defensas permitieron que el Ministerio Público desarrollara sus alegatos de apertura sin interrupciones.
Tribunal deberá valorar las pruebas
Las declaraciones de Ortiz representan la posición y teoría acusatoria del Ministerio Público. Corresponderá al Tercer Tribunal Colegiado valorar durante el juicio las pruebas presentadas por la acusación y las defensas, así como los argumentos de todas las partes, antes de determinar si existe o no responsabilidad penal.
Los imputados en el caso Calamar mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva dictada conforme al debido proceso.
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Expresidente de la JCE defiende permanencia de partidos minoritarios en el sistema político dominicano
Julio César Castaños Guzmán sostiene que las organizaciones pequeñas representan sectores minoritarios y forman parte de la tradición democrática del país
SANTO DOMINGO.– El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán se pronunció a favor de preservar la participación de los partidos políticos minoritarios en República Dominicana, al considerar que estas organizaciones contribuyen a la representación de distintos sectores de la sociedad.
“Esos partidos deben mantenerse todos por el bien de la democracia”, expresó el jurista al referirse al papel que desempeñan las organizaciones de menor tamaño dentro del sistema político dominicano, según declaraciones publicadas este miércoles por El Día.
Castaños Guzmán argumentó que los partidos pequeños no constituyen un fenómeno reciente y señaló que han formado parte de la vida política nacional desde los orígenes de la República.
A su juicio, eliminar esas organizaciones reduciría las alternativas disponibles para determinados sectores del electorado.
Defiende representación de las minorías
El expresidente de la JCE sostuvo que la importancia de una organización política no debería analizarse exclusivamente a partir de su tamaño o de la cantidad de votos obtenidos en las elecciones.
Según explicó, también deben considerarse aspectos como sus ideas, estructuras internas y capacidad para establecer alianzas.
“La fortaleza de un partido se evalúa por su pensamiento, por sus estructuras y las alianzas que hace”, manifestó Castaños Guzmán, de acuerdo con el reporte periodístico suministrado.
El jurista vinculó además su posición con la representación política de los grupos minoritarios, señalando que estos tienen reconocimiento dentro del orden constitucional dominicano.
“Las minorías están en la Constitución”, afirmó al defender la continuidad de espacios políticos que permitan canalizar distintas expresiones de la sociedad.
Partidos políticos y democracia
Castaños Guzmán sostuvo que el sistema de partidos constituye un componente esencial del régimen democrático y relacionó la existencia de organizaciones políticas institucionalmente sólidas con la calidad de la democracia.
Sus declaraciones se producen en medio de discusiones públicas sobre el funcionamiento, reconocimiento y permanencia de las organizaciones políticas en República Dominicana.
El régimen de partidos dominicano está regulado, entre otras normas, por la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, mientras que la Constitución reconoce el papel de estas organizaciones en el fortalecimiento de la democracia y establece principios relativos a su organización y funcionamiento.
La posición expresada por Castaños Guzmán constituye su valoración sobre el sistema de partidos y la representación de las minorías, dentro del debate sobre el papel que deben desempeñar las organizaciones políticas de menor tamaño en la democracia dominicana.
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Abinader rechaza propuesta para hacer obligatoria la enseñanza del creole en escuelas dominicanas
El mandatario calificó la iniciativa como un “despropósito” y afirmó que el Gobierno apuesta por fortalecer la enseñanza del inglés
SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, rechazó la propuesta legislativa que busca establecer como obligatoria la enseñanza del creole en las escuelas públicas y privadas de República Dominicana, iniciativa que también contempla incorporar el inglés y el francés al modelo educativo. El mandatario calificó la enseñanza obligatoria del creole como un “despropósito” y aseguró que la propuesta no cuenta con el respaldo de su administración.
Abinader manifestó que el Gobierno tiene interés en fortalecer la enseñanza del inglés en los centros educativos, pero marcó distancia respecto a la inclusión obligatoria del creole. También señaló que la iniciativa no fue discutida ni respaldada por el Gobierno ni por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
¿Qué plantea el proyecto?
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por Julio César Beltré Méndez, diputado del PRM por la provincia Azua. El proyecto propone incorporar obligatoriamente la enseñanza de creole, inglés y francés desde el nivel primario hasta el secundario.
De acuerdo con el contenido de la propuesta, la medida abarcaría centros educativos públicos, privados y de gestión mixta autorizados por el Ministerio de Educación y no estaría limitada exclusivamente a las provincias fronterizas.
El legislador fundamenta la inclusión del creole en las relaciones históricas, comerciales, culturales y migratorias existentes entre República Dominicana y Haití, así como en la dinámica de las comunidades fronterizas. En el caso del inglés, destaca su importancia para sectores como turismo, comercio, tecnología y servicios, mientras que al francés le atribuye relevancia internacional, diplomática y cultural.
Aplicación sería gradual
El proyecto contempla que, en caso de convertirse en ley, el Ministerio de Educación disponga de 12 meses para elaborar el currículo, establecer contenidos, carga horaria y estándares de competencia lingüística.
Su implementación sería progresiva, con un período máximo de cinco años, comenzando por el primer ciclo del nivel primario. También contempla programas para la formación y certificación de docentes capaces de impartir los idiomas.
Una propuesta que genera debate
La iniciativa ha provocado posiciones diferentes entre sectores políticos, educativos y sociales. Mientras sus promotores argumentan que el conocimiento de otros idiomas ampliaría las competencias de los estudiantes y facilitaría la comunicación y las relaciones internacionales, otros sectores cuestionan que el creole deba establecerse como materia obligatoria en todo el sistema educativo.
Incluso dentro del sector magisterial se han divulgado posiciones distintas. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aclaró posteriormente que su Comité Ejecutivo Nacional no había adoptado una posición institucional oficial sobre la propuesta.
Por el momento, la enseñanza obligatoria del creole no está vigente en República Dominicana. Se trata de una propuesta legislativa que deberá agotar el procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional antes de que pueda convertirse en ley.