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Constructora Arconim no para de hacer fraudes en contra de los que fueron sus clientes

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Santo Domingo, R.D.-Muchos de los estafados por la Constructora ARCONIM, la cual tuvo como tabla de salvación la Ley 141-15, se lanzaron a las calles para exigir la devolución del dinero entregado por apartamentos que hoy siguen siendo comercializados en violación de la referida norma legal.

Las victimas de la mencionada compañía tienen años de espera para que se les cumpla con promesas hechas de honrar la deuda que se mantiene con ellos, quienes narraron a los medios de comunicación el drama que viven.

Una de las personas afectadas por el incumplimiento de la empresa Arconim Constructora es Yudil María Muñoz Almonte, residente en la ciudad Santiago, quien acordó con los propietarios la adquisición en el año 2017 de un apartamento valorado en ese entonces en unos dos millones de pesos, pero a la fecha no le han cumplido, ni con la devolución del dinero, pero mucho menos con la entrega de su apartamento.

Muñoz Almonte dijo que el proyecto donde supuestamente estaba su apartamento, llevaba por nombre Alegro II, ubicado en el sector Arroyo Hondo, avenida Yapur Dumit, en la zona sur de la ciudad de Santiago.

Dijo que junto a su esposo iniciaron el proceso de compra en agosto del 2017, y le pagaron a la empresa más de 400 mil pesos solo de inicial en esa época y hasta el 2019 habían pagado, religiosamente la suma de 20 mil pesos mensuales depositados a una cuenta del Banreservas a nombre de Arconim.

Al darse cuenta de que algo no estaba bien, Muñoz Almonte acudió a las instalaciones de Arconim, en busca de algún tipo de respuesta, allí en el año 2019, los ejecutivos de la constructora les prometieron que en un plazo de 60 días laborables les devolverían el dinero que ellos habían depositado, promesa que nunca cumplieron.

La dama, junto a cientos de personas que resultaron afectadas por el incumplimiento de Arconim Constructora, piden al gobierno que motive a las autoridades en este caso, ya que cientos de personas están reclamando la devolución de miles de millones de pesos.

Otra de las personas que reclama la devolución de su dinero es Ana Núñez, una dominicana residente en Estados Unidos, quien también cayó en las garras de la constructora y espera la intervención de las autoridades dominicanas, ya que se han sentido desprotegidos.

Núñez dijo que compró dos apartamentos en el proyecto residencial Harmony, ubicado en la urbanización Tierra Alta, al norte de la ciudad Santiago, en el cual tiene invertidos unos 80 mil dólares.

Explicó que solo ha recibido promesas de personas que dicen trabajar para la empresa, con la intención que le devolverán su dinero. A cambio le han pedido que firme algunos documentos con la intención de que le devolverán parte del dinero, aunque nunca le dieron fecha de cuándo esto sería ejecutado, por lo que ella no accedió a la firma.

Núñez dijo no entender cómo, luego de tantas denuncias, las autoridades no han podido intervenir, y que al contrario, la constructora ha seguido operando, abriendo nuevas oficinas en Orlando, Miami, y otras ciudades de Estados Unidos.

Resoluciones

Mientras que la resolución número 975-2019-SREE-00002, de fecha 23 de julio de 2019, ordena la apertura del proceso de reestructuración de la empresa Arconim Constructora, S.A., así como la designación del conciliador Fabio Guzmán Saladín.

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Tres meses de prisión imponen contra imputados en muerte del chofer en Santiago.

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Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión  preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.

El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.

Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

En tanto que el principal sospechoso, fue identificado por el Ministerio Público como Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, sigue prófugo de la justicia.

Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.

“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.

Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.

El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.

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Juez explica error cometido por el Ministerio Público durante peritaje del caso Jet Set.

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Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional,  aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.

Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.

“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.

Tras esto el juez indicó que cuando la parte acusadora llevó a cabo el peritaje, el equipo de defensa legal de los hermanos Espaillat solicitó intervenir, algo que no le fue permitido, catalogando esta decisión como un “error”.

Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.

“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.

También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.

Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.

“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.

Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.

El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.

Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.

El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.

Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.

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Ex-empleado del Jet Set dice: » ahí no debió morir una sola persona».

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Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.

Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.

Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.

Dijo que tras un incendio previo en el área de la planta eléctrica, se instalaron cables provisionales que, según técnicos consultados, no eran aptos para la operación continua.

«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.

El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.

El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.

«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.

Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.

«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.

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