Nacionales
Fueron ocho los proyectos inmobiliarios utilizados para la comisión de fraudes.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público ofreció detalles en su solicitud de medida de coerción sobre los fraudes cometidos por la red Operación Nido que se dedicaba a la comisión de una series de engaños inmobiliarios en contra de familias dominicanas del país y del exterior.
Los montos de los precios acordados como pagos a las víctimas oscilaban, para los locales comerciales, desde los 90,000 dólares (aproximadamente 5.2 millones de pesos); y los apartamentos desde 120,000 dólares (aproximadamente 6.9 millones de pesos), US$130,000 (aproximadamente 7.5 millones de pesos) y 175,000 dólares (aproximadamente 10 millones de pesos).
Tres proyectos fueron los que captaron más la atención de las víctimas, entre ellos Proyecto Residencial Riviera Tower, Proyecto Condo-Hotel y proyecto Residencial Riviera del Este donde más de 85 personas pagaron para adquirir los inmuebles.
Además, pagaban cuotas mensuales desde la suma de 730 y 3,000 dólares, de acuerdo con el Ministerio Publico.
Esos inmuebles reciben el nombre de Proyecto Residencial Ruth 01 o Ruth Tower, Proyecto Residencial Riviera del Este, Proyecto Condo-Hotel, Proyecto Plaza Comercial Riviera Placer Center.
Asimismo, también el Proyecto Esperilla 81, Proyecto Riviera Park Center, el Proyecto Residencial Distrito del Este, Proyecto Residencial Riviera Habitacional de Apartamentos Riviera Tower.
Así lo cita el documento con 408 páginas elaboradas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
PROYECTO RESIDENCIAL RIVIERA DEL ESTE.
Desde 2021 más de 30 personas han pagado para adquirir un apartamento en el Proyecto Residencial Riviera del Este ubicado en el sector San Souci, Avenida España.
Uno de los que pagó fue Wilfredo Chireno González, quien en fecha 14 de diciembre de 2021 formalizó un contrato de promesa de compra y venta con la Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq), para adquirir el apartamento debía pagar 175,000 dólares y hasta la fecha de las investigaciones ha pagado 27,000 dólares, equivalente a más de un millón de pesos dominicanos.
Miriam Rafaela Ovalles y Hegel Espinal el 1 de enero de 2022 acordaron adquirir el apartamento para el que deberían pagar 130,000 dólares y hasta la fecha han pagado la suma de 39,000 dólares, según los recibos a los que tuvo acceso el Ministerio Público.
También fue el caso de Ruth Esther Guillermo, quien el 11 de enero de 2021 acordó un apartamento de 130,000 dólares y hasta la fecha según recibos ha pagado la suma de RD$343,500.
Este fue el proyecto ubicado en el sector San Souci, Avenida España, donde al menos 45 personas pagaron para obtener un apartamento con el monto de más de 130,000 dólares, que equivale a más de 6 millones de pesos dominicanos.
En los años 2020 y 2021 Eugenio Salvador en fecha 13 de junio, según el Ministerio Público, formalizó contratos para adquirir dos inmuebles uno con el costo de 130,000 y otro de 120,000 dólares y hasta la fecha conforme a recibos ha pagado por los dos apartamentos 62,542 dólares equivalente a la suma de más de 2 millones de pesos dominicanos.
Mientras que Stanley Joseph Austin el 15 de agosto de 2023 para adquirir un apartamento debió pagar el monto de 185,000 dólares y hasta la fecha ha pagado US$21,600.00.
PROYECTO CONDO-HOTEL, DENOMINADO RIVIERA GARDEN SUITES
En este proyecto inmobiliario ubicado en Avenida España alrededor de 25 personas han sido estafadas con la compra de apartamentos que va desde 131,000 hasta más de 175,000 dólares, que son 7 a 10 millones de pesos dominicanos.
Hasta la fecha desde el 23 de marzo del 2022, José Antonio Pérez ha pagado 50,350 dólares según recibos, faltándole menos de la mitad para completar su pago de un apartamento de 90,000 dólares.
En ese mismo mes pero de 2023, Luis Emilio Rodríguez formalizó el contrato para pagar 140,000 dólares y hasta la fecha ha pagado 19,598 dólares.
PROYECTO PLAZA COMERCIAL, DENOMINADO RIVIERA PLACE CENTER
En este proyecto ubicado en la Avenida España, Luis Alberto Ortiz formalizó contrato por US$95,000 y hasta el momento ha superando los 3 millones de pesos dominicanos.
Aldesa Mercedes Hernández para adquirir el inmueble debía pagar US$95,000.00 y hasta la fecha ha pagado RD$278,500 y 14,780 dólares.
PROYECTO RESIDENCIAL RUTH 01
En este Proyecto ubicado en el sector Isabelita, calle 6, número 23, Santo Domingo Este, más de 5 personas pagaron para obtener sus inmuebles.
El 25 de agosto del 2020, Benito Sánchez, formalizó contrato de RD$4, 200,000.00 y hasta la fecha, conforme a recibos ha pagado RD$776,000.00 para adquirir su apartamento en el proyecto Residencial Ruth 01.
PROYECTO ESPERILLA 81
En este ubicado en el Distrito Nacional, igualmente, Altagracia Lantigua, el 14 de agosto de 2023, para comprar su apartamento debió pagar 255, 000 dólares y hasta la fecha ha pagado el monto de 25,500 dólares siendo la única que ha depositado dinero en este proyecto.
PROYECTO RIVIERA PARK CENTER
José Antonio Pérez, desde el 28 de abril de 2021 y hasta la fecha ha pagado 50,350 dólares, para un apartamento ubicado en la Avenida España que cuesta 88,000 dólares.
PROYECTO DISTRITO ESTE
De igual forma, en el inmueble ubicado en Santo Domingo Este, Mónica Toribio y José Luis Martínez según el Ministerio Público el 26 de febrero del 2022 hasta la fecha han pagado 30,000 dólares para adquirir un apartamento debían pagar US$290,000.
Todo este dinero era depositado en dólares a una Cuenta Corriente del Banco Popular Dominicano a nombre de CRD Equipos Pesados SRL.
Al grupo que integra esta presunta red encabezada por el ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma y otros seis imputados, se les acusa de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
La audiencia se desarrolla en el Cuarto Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.