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Fueron ocho los proyectos inmobiliarios utilizados para la comisión de fraudes.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público ofreció detalles en su solicitud de medida de coerción sobre los fraudes cometidos por la red Operación Nido que se dedicaba a la comisión de una series de engaños inmobiliarios en contra de familias dominicanas del país y del exterior.
Los montos de los precios acordados como pagos a las víctimas oscilaban, para los locales comerciales, desde los 90,000 dólares (aproximadamente 5.2 millones de pesos); y los apartamentos desde 120,000 dólares (aproximadamente 6.9 millones de pesos), US$130,000 (aproximadamente 7.5 millones de pesos) y 175,000 dólares (aproximadamente 10 millones de pesos).
Tres proyectos fueron los que captaron más la atención de las víctimas, entre ellos Proyecto Residencial Riviera Tower, Proyecto Condo-Hotel y proyecto Residencial Riviera del Este donde más de 85 personas pagaron para adquirir los inmuebles.
Además, pagaban cuotas mensuales desde la suma de 730 y 3,000 dólares, de acuerdo con el Ministerio Publico.
Esos inmuebles reciben el nombre de Proyecto Residencial Ruth 01 o Ruth Tower, Proyecto Residencial Riviera del Este, Proyecto Condo-Hotel, Proyecto Plaza Comercial Riviera Placer Center.
Asimismo, también el Proyecto Esperilla 81, Proyecto Riviera Park Center, el Proyecto Residencial Distrito del Este, Proyecto Residencial Riviera Habitacional de Apartamentos Riviera Tower.
Así lo cita el documento con 408 páginas elaboradas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
PROYECTO RESIDENCIAL RIVIERA DEL ESTE.
Desde 2021 más de 30 personas han pagado para adquirir un apartamento en el Proyecto Residencial Riviera del Este ubicado en el sector San Souci, Avenida España.
Uno de los que pagó fue Wilfredo Chireno González, quien en fecha 14 de diciembre de 2021 formalizó un contrato de promesa de compra y venta con la Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq), para adquirir el apartamento debía pagar 175,000 dólares y hasta la fecha de las investigaciones ha pagado 27,000 dólares, equivalente a más de un millón de pesos dominicanos.
Miriam Rafaela Ovalles y Hegel Espinal el 1 de enero de 2022 acordaron adquirir el apartamento para el que deberían pagar 130,000 dólares y hasta la fecha han pagado la suma de 39,000 dólares, según los recibos a los que tuvo acceso el Ministerio Público.
También fue el caso de Ruth Esther Guillermo, quien el 11 de enero de 2021 acordó un apartamento de 130,000 dólares y hasta la fecha según recibos ha pagado la suma de RD$343,500.
Este fue el proyecto ubicado en el sector San Souci, Avenida España, donde al menos 45 personas pagaron para obtener un apartamento con el monto de más de 130,000 dólares, que equivale a más de 6 millones de pesos dominicanos.
En los años 2020 y 2021 Eugenio Salvador en fecha 13 de junio, según el Ministerio Público, formalizó contratos para adquirir dos inmuebles uno con el costo de 130,000 y otro de 120,000 dólares y hasta la fecha conforme a recibos ha pagado por los dos apartamentos 62,542 dólares equivalente a la suma de más de 2 millones de pesos dominicanos.
Mientras que Stanley Joseph Austin el 15 de agosto de 2023 para adquirir un apartamento debió pagar el monto de 185,000 dólares y hasta la fecha ha pagado US$21,600.00.
PROYECTO CONDO-HOTEL, DENOMINADO RIVIERA GARDEN SUITES
En este proyecto inmobiliario ubicado en Avenida España alrededor de 25 personas han sido estafadas con la compra de apartamentos que va desde 131,000 hasta más de 175,000 dólares, que son 7 a 10 millones de pesos dominicanos.
Hasta la fecha desde el 23 de marzo del 2022, José Antonio Pérez ha pagado 50,350 dólares según recibos, faltándole menos de la mitad para completar su pago de un apartamento de 90,000 dólares.
En ese mismo mes pero de 2023, Luis Emilio Rodríguez formalizó el contrato para pagar 140,000 dólares y hasta la fecha ha pagado 19,598 dólares.
PROYECTO PLAZA COMERCIAL, DENOMINADO RIVIERA PLACE CENTER
En este proyecto ubicado en la Avenida España, Luis Alberto Ortiz formalizó contrato por US$95,000 y hasta el momento ha superando los 3 millones de pesos dominicanos.
Aldesa Mercedes Hernández para adquirir el inmueble debía pagar US$95,000.00 y hasta la fecha ha pagado RD$278,500 y 14,780 dólares.
PROYECTO RESIDENCIAL RUTH 01
En este Proyecto ubicado en el sector Isabelita, calle 6, número 23, Santo Domingo Este, más de 5 personas pagaron para obtener sus inmuebles.
El 25 de agosto del 2020, Benito Sánchez, formalizó contrato de RD$4, 200,000.00 y hasta la fecha, conforme a recibos ha pagado RD$776,000.00 para adquirir su apartamento en el proyecto Residencial Ruth 01.
PROYECTO ESPERILLA 81
En este ubicado en el Distrito Nacional, igualmente, Altagracia Lantigua, el 14 de agosto de 2023, para comprar su apartamento debió pagar 255, 000 dólares y hasta la fecha ha pagado el monto de 25,500 dólares siendo la única que ha depositado dinero en este proyecto.
PROYECTO RIVIERA PARK CENTER
José Antonio Pérez, desde el 28 de abril de 2021 y hasta la fecha ha pagado 50,350 dólares, para un apartamento ubicado en la Avenida España que cuesta 88,000 dólares.
PROYECTO DISTRITO ESTE
De igual forma, en el inmueble ubicado en Santo Domingo Este, Mónica Toribio y José Luis Martínez según el Ministerio Público el 26 de febrero del 2022 hasta la fecha han pagado 30,000 dólares para adquirir un apartamento debían pagar US$290,000.
Todo este dinero era depositado en dólares a una Cuenta Corriente del Banco Popular Dominicano a nombre de CRD Equipos Pesados SRL.
Al grupo que integra esta presunta red encabezada por el ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma y otros seis imputados, se les acusa de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
La audiencia se desarrolla en el Cuarto Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó este viernes que ya son 46 las personas físicas y jurídicas acusadas en el expediente de corrupción Operación Calamar.
El expediente de 3,162 páginas fue depositado de manera formal el jueves e involucra a varios exministros de la pasada gestión de gobierno del expresidente Danilo Medina.
«Hay más de dos mil medios de prueba, que servirán para que se produzca una apertura a juicio y cuando se de ese juicio, nosotros vayamos a procurar las sanciones correspondientes.
Tras recibir el documento, la Coordinación de los Juzgados de Instrucción deberá determinar qué juzgado será apoderado en el caso.
En el expediente Calamar el Ministerio Público imputa a los exministros José Ramón Peralta (Administrativo 2012-2020), Donald Guerrero (Hacienda 2016-2020) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas 2012-2020).
Además de los exministros Peralta y Guerrero se involucra en la supuesta estafa al Estado al excandidato presidencial del PLD, Castillo, a través de pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública y por alegadamente sobornar a empresarios de la construcción para que financiaran la campaña del 2020.
El alegado fraude contra el Estado también involucra al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo; a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda, y el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa.
Asimismo, se cita en el expediente al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías.
Santo Domingo, R.D.-Siete expedientes conoció este viernes el Tribunal Constitucional (TC) que atacan la Ley 1-24, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Los documentos fueron conocidos durante una audiencia que se realizó en la sala de audiencias de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La misma estuvo encabezada por el presidente de la alta corte, Napoleón Estévez Lavandier. Además, de los jueces que integran el organismo constitucional.
A través de una nota de prensa, el TC indicó que los mismo quedaron pendiente de ser fallados.
En el desarrollo de la audiencia, se conoció el expediente TC-01-2024-0005 que tuvo como accionante a Cirilo de Jesús Guzmán López, quien atacó los artículos 9, 10, 11 y 26 de esta norma. Y en el TC-01-2024-0006, el Partido Generación de Servidores (GENS) y Carlos Peña también se opusieron a esta ley.
Asimismo, ocurrió con el expediente TC-01-2024-0007, en el que el Instituto de Capacitación y Formación Política Jurídica y Social (ICAP) atacó el artículo 9, numerales 2, 4, 6 y 15; y los artículos 11, 26 y 29 de la referida ley.
TC deja en estado de fallo quince expedientes
Acuerdo con la nota, la institución dejó en estado de fallo quince expedientes de acción directa de inconstitucionalidad.
Entre estos, el expediente TC-01-2023-0047, en el que Edward Ureña Ureña atacó el artículo 73.5 de la Ley 821-27 de Organización Judicial y sus modificaciones, de fecha 21 de noviembre de 1927.
Igualmente, el expediente TC-01-2023-0048, interpuesto por Manuel Samil Segura de la Cruz, quien refutó la Ley Nacional de Vacunas de la República Dominicana.
De igual manera, el expediente TC-01-2023-0049, con el que Darío Antonio Cueto Leonardo impugnó los artículos 145, párrafo II de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, del 17 de febrero de 2023; y el décimo sexto de la Resolución núm. 38-2023, del 15 de agosto de 2023, que regula la participación de funcionarios públicos en el período de la precampaña y en la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del año 2024.
También los magistrados dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2023-0050, con el cual Johannatan Loanders Medina Reyes atacó el artículo 291 del Código Procesal Penal.
También quedó pendiente de fallo el expediente TC-01-2024-0001, en el que Identidad Dominicana (IDEDOM), impugnó la Ley número 391, del 20 de septiembre de 1943, que establece penas correccionales para las personas que practiquen los espectáculos de «Voudou» o «Luá».
Asimismo, el expediente TC-01-2024-0002, igualmente interpuesto por Identidad Dominicana (IDEDOM), Inc, que atacó el artículo 130, párrafo II del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, del 7 de marzo de 2023.
En la audiencia, además, se conoció y quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2024-0003, cuyo accionante Jean Carlos Machuca de la Mota atacó las actuaciones e informes provenientes de la Policía Nacional y de los señores Ramón O. Hernández Peralta, Roberto A. Albino Filpo, Miguel Cuevas Cuevas y Flavia D. Montero Romero.
Los magistrados también dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2024-0008, con el que el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y el licenciado Miguel Alberto Surún Hernández refutaron los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24, 26 y 27 de esta misma ley.
Igualmente, el expediente TC-01-2024-0009, interpuesto por Ruddys Antonio Mejía Tineo, quien impugnó la ley, y el expediente TC-01-2024-0010, donde Identidad Dominicana (IDEDOM), Inc., y los señores María Ysabel Jerez Guzmán y Rudys Odalis Polanco Lara atacaron específicamente sus artículos 9, 11 13, 15, 26 y 30.
Finalmente, los jueces de esta alta corte vieron el expediente TC-01-2024-0013, que tuvo como accionantes al Colegio de Abogados de la República Dominicana, seccional de San Pedro de Macorís y la señora Josefina Guerrero, quienes atacaron los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24, 26 y 27 de la mencionada ley promulgada el 15 de enero de 2024.
SANTO DOMINGO.-El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, informo que el Ministerio Público presentó acusación formal en contra de los implicados en el caso Calamar.
La instancia con los encartados y nuevas pruebas, fueron depositadas ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por los fiscales de la dirección de Persecución y del Pepca.
La magistrada hará un inventario de las piezas y mediante un sorteo aleatorio computarizado, apoderará a uno de los juzgados de instrucción que conocerá el juicio preliminar.
El apoderamiento de la acusación se producirá luego de que el Ministerio Público interrogue al ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo; y al exministro de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín del Rosario.
El 8 de abril, la jueza Franchesca Potentini, intimó a la procuradora Miriam Germán a presentar acusación en contra de los implicados, en un plazo de 15 días.
IMPUTADOS
En el caso figuran como imputados el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, y el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirilo.
También Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos, de Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola.
Igualmente, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
mpv