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TC emite sentencia que solo fondos público puedan ser auditados por Cámara de Cuentas
Santo Domingo, R.D.- Sólo los fondos provenientes del Estado pueden ser auditados en el Colegio de Abogados por la Cámara de Cuentas, según sentencia del Tribunal Constitucional (TC)
El TC acogió una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el CARD y de su entonces presidente, Miguel Surún Hernández, contra el artículo 74 de la Ley 3-19, que regula ese gremio, pero en vez de anular ese texto, dictó una sentencia aditiva, dejando inalterable la disposición impugnada.
Sin embargo, TC le agregó un mandato para que esa fiscalización solo proceda “cuando los mismos tengan su origen en el patrimonio público o en el Presupuesto General del Estado.”
De esa forma, el artículo 74 tendrá el siguiente texto: “Los fondos provenientes de las contribuciones reguladas por esta ley estarán sujetos a la fiscalización de la cámara de cuentas de la República Dominicana cuando los mismos tengan su origen en el patrimonio público o en el Presupuesto General del Estado.”
El TC emitió el dispositivo de la sentencia en el comunicado 91-23, publicado ayer, pero con fecha del 27 de diciembre de 2023, lo cual significa que la decisión fue aprobada por la anterior composición de la Alta Corte.
Pretensiones y reacción del accionante
En la instancia de inconstitucionalidad interpuesta el 7 de diciembre de 2021, el CARD y su otrora presidente, Miguel Surún Hernández pretendían que se declare la inconstitucionalidad del artículo 74 de la Ley número 3-19, por contravenir los artículos 248 y 250 de la Constitución, y que se proceda a dictar una sentencia interpretativa aditiva, que consigne que la Cámara de Cuentas auditará los fondos del Colegio de Abogados cuando los mismos tengan su origen en el patrimonio público o en el presupuesto general del Estado.
En un comunicado de prensa, Surún Hernández consideró que con la decisión, el TC terminó que la fiscalización de los fondos ordinarios del gremio, no son de la competencia del órgano de fiscalización del Estado Dominicano, por constituir tasas generadas por aportes de la abogacía.
Dijo los ingresos, ingresos, estados contables y todo el manejo de los recursos del gremio que agrupa a los abogados eran subidos mensualmente a la página institucional y que todos los años se sometieron a una auditoría de firmas privadas reconocidas, que determinaron el uso correcto, transparente y pulcro de los recursos del Colegio de Abogados de la República Dominicana.
INGRESOS
Durante una operacion de las autoridades dominicanas fueron incautados este miércoles 114 paquetes de presunta cocaína en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.
Según una nota de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el operativo se inició tras una alerta sobre una embarcación que se dirigía hacia territorio dominicano con un posible cargamento de sustancias ilícitas. Ante esto, se activaron los equipos aéreos, marítimos y terrestres para interceptar la lancha.
Tras varias horas de seguimiento, los ocupantes de la embarcación, al detectar la presencia de las autoridades, aceleraron la marcha y lanzaron varias pacas de presuntos narcoticos al mar Caribe antes de huir rumbo al sur, logrando evadir la persecución.
Posteriormente, se realizó un operativo de búsqueda en aguas del Caribe, a varias millas náuticas al sur de Baní, donde lograron recuperar cuatro pacas que contenían los 114 paquetes, de presunta cocaína, envueltos en cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.
Buscan a los tripulantes
La DNCD informó que helicópteros, lanchas y unidades de reacción terrestre permanecen desplegadas en la zona mientras continúan las labores para localizar otros posibles ilícitos y dar con los tripulantes de la lancha.
- En la operación participaron agentes de la DNCD, miembros de la Armada de la República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público.
Los paquetes ocupados fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinará el tipo y peso exacto del alijo.
Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, reiteró este miércoles su firme posición respecto a los límites impuestos a la reelección presidencial consecutiva, afirmando que no respaldará ninguna iniciativa que pretenda modificar lo establecido en la reforma constitucional de 2024.
«Yo no me voy a desdecir. Yo presidí una reforma constitucional como presidente de la Asamblea, y ahí se determinó claramente que el objetivo principal era poner los verdaderos candados para que ningún presidente pueda participar más de lo permitido y nunca jamás», expresó.
De los Santos negó que exista alguna orientación partidaria que favorezca cambiar la Constitución, como sugieren algunos sectores.
«No hay ninguna línea partidaria de eso, lo que se está diciendo, eso se lo están inventando», afirmó.
Reafirmación del compromiso con la reforma constitucional de 2024
Recordó que la línea oficial del liderazgo político fue precisamente cumplir con la palabra empeñada y colocar «los verdaderos candados» que impiden que cualquier presidente pueda intentar perpetuarse en el poder.
- La reforma constitucional de 2024 limitó la reelección presidencial consecutiva y, según De los Santos, su contenido no está sujeto a revisión.
Santiago de los Caballeros, 3 de diciembre de 2025.– Esta tarde la Policía Nacional informó que se presentaron ante el despacho del director regional, general Juan Bautista Jiménez Reinoso, los señores Juan Compré (Guanchi), Osvaldo Brito y Bernardo Fernández, dirigentes de la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao, junto al periodista Orlando Reyes, para entregarse a los jóvenes Ramón Emilio Gonzales Cabrera, Adelin José Núñez Guzmán y Juan Martín Hernández Rosario.
Los citados jóvenes eran requeridos por la institución para ser investigados por el Ministerio Público en relación con su presunta vinculación al atentado contra la vivienda del alcalde del municipio de Navarrete, Genrry Peralta, la cual fue tiroteada.
La entrega de los jóvenes se realizó como resultado de varios allanamientos ejecutados bajo las órdenes judiciales núms. AJ0079232 y AJ0079234-2025, llevados a cabo por la Policía Nacional junto al Ministerio Público en busca de los responsables del hecho.