Opinión
Ecuador: manipulación del caos por EE.UU.
Por Narciso Isa Conde
La intensidad y profundidad de la crisis político-institucional es menor aquí y hace bastante tiempo que no se presentan crisis de gobernabilidad
El sorpresivo caos delincuencial, que dio sus primeras señales fuertes en medio de las recién pasadas elecciones ecuatorianas, cerrándole el paso a la vuelta del correísmo y fabricando al vapor la candidatura del magnate Daniel Noboa, no cayó del cielo sino de la Casa Blanca, la extrema derecha y oligarquía capitalista de del Ecuador.
El detonante previo fue el conjunto selectivo de los crímenes de las narco-bandas –incluido el asesinato de un candidato presidencial- en el contexto de la campaña electoral; precedido –claro está- de siete años de neoliberalismo radical y de descomposición institucional que sirvieron de caldo de cultivo al auge inusitado de la narco-corrupción, con complicidades del Estado ecuatoriano, EU-DEA-CIA y las elites financieras, hasta su desbordamiento.
Las causas de esa veloz descomposición son fundamentalmente cuatro y se entrelazan. Sus responsables son perfectamente identificables.
La primera y segunda causas se superponen y ambas pueden resumirse en la imposición de un neoliberalismo duro con dolarización de la economía.
El capitalismo neoliberal empobreció intensamente al pueblo ecuatoriano y generó desigualdades brutales, por encima de los modelos anteriores de capitalismo, que es mucho decir.
La estrategia neoliberal fue decretada por EEUU e Inglaterra en el último tramo del Siglo XX, antes de los gobiernos de Correa; y justo en el 2000 el gobierno del presidente Jamil Mahuad la reforzó con el abandonó la moneda nacional y dolarizó la economía, incrementando su vulnerabilidad.
Correa logró contener y revertir parcialmente las medidas neoliberales y sus impactos negativos, reforzó la institucionalidad y ejerció en buena medida la autodeterminación; pero no logró rescatar la moneda nacional, ni ejecutó las transformaciones anticapitalistas imprescindibles para impedir el desgaste del proceso que denominó “revolución ciudadana”.
Su gestión de gobierno coexistió con prácticas de corrupción gubernamental (el relevante caso Odebrecht), que junto a su excesiva tolerancia con las conspiraciones de las elites capitalistas y EEUU, debilitaron significativamente su proyecto reformador, favorecieron la reincorporación de las derechas ultra conservadoras en el gobierno y la aplicación de su modelo ultra neoliberal.
· PARAÍSOS DE MAFIAS.
Los gobierno de Lenin Moreno y Guillermo Lasso –articulados o representando directamente a poderosos grupos financieros- desmantelaron rápidamente la limitada capacidad institucional del estado, anularon su presencia en el territorio y volvieron a aplicar drásticas políticas neoliberales que de nuevo empujaron a muchos jóvenes y a mucho pueblo a la exclusión social; facilitando así que las narco-mafias recluten a esa juventud desempleada y sin escuelas, y se apoderaron fácilmente de gran parte del territorio .
En esas circunstancias, el que la moneda del Ecuador continuara siendo el dólar y que desde la llegada del presidente Lenin Moreno en 2017 se relajara el control sobre los flujos financieros, determinó que muchos cárteles y mafias del exterior vieran en ese país un destino privilegiado para blanquear su dinero y operar impunemente.
El tercer factor es el hecho de que Ecuador es vecino de los dos países mayores productores de droga de la región: Perú y Colombia, cuyos carteles de la droga han apreciado el paraíso que para ese negocio es el territorio del Ecuador, con una economía dolarizada con sus instituciones civiles y militares captadas por carteles locales conectados con los de exterior.
Esto, la internalización del escenario del tráfico, del lavado y de los propios carteles, operó como el cuarto factor que complejiza la crisis. Con razón se ha dicho que ECUADOR es una súper-autopista de las redes internacionales con salida al pacifico.
Tal realidad ha sido engendrada por esas políticas neoliberales y ese deterioro institucional aupadas por EEUU, la oligarquía capitalista y las ultraderechas políticas enemigas de toda reforma social cuyos responsables tienen nombres y apellidos de personas y entidades.
Es importante, por tanto, reflexionar sobre la magnitud de los problemas y el tipo de crisis que estremece ese país hermano y hacer las comparaciones de lugar con lo que acontece aquí y en Nuestra América.
En Ecuador, la membresía de las narco-bandas se estiman en más de 50 mil efectivos bien pagados, mientras que la Fuerzas Armadas cuentan con 38 mil miembros y la Policía Nacional 60 mil.
Solo la Banda Los Tiguerones agrupa entre 8 mil y 10 mil jóvenes. En Esmeralda, ciudad de 800 mil habitantes, tienen 1,500 en prisión y 3 mil en las calles.
El total de las bandas mayores son más de 20. Controlan casi todas las cárceles, mucho territorio y están conectadas con narco-organizaciones internacionales radicadas en Colombia, Perú, México, Albania y países asiáticos.
La ruta de la crisis ecuatoriana está presente en no pocas naciones del continente, incluida RD; cada una con sus particularidades y sus respectivas y recetas imperialistas dentro de la estrategia imperialista de provocación y manipulación del caos.
En nuestro continente se destacan el Cartel del Golfo de Colombia, con una red global conectada a 26 países; y el cartel mexicano de Sinaloa, operando en 51 naciones; ambos traficando droga desde Colombia y Perú y dólares a granel, conformando un sistema de redes internacional.
A las bandas mayores de Ecuador se le suman las mini-bandas que suman 1,500 en todo el país y se dedican al robo de celulares, vehículos de motor, falsificaciones y delitos digitales; concomitantemente ha crecido el tráfico de armas, personas, flora, fauna, contrabandos y tasa de homicidio, que actualmente asciende a 42 por 100 mil habitantes.
· LA FÓRMULA DEL CAOS BAJO CONTROL DE EE. UU.
El oligarca capitalista Noboa, cómplice de Lasso y de todo el neoliberalismo anterior, quien recientemente exhibió su alianza con Malei y sus coincidencias con Bukele, es un gobernante con fuertes inclinaciones ultra neoliberales y neofascistas, totalmente subordinado a la Casa Blanca.
Un personero ideal para que EE UU, en contexto de un viraje de la receta gringa en su “patio trasero” hacia la creación del «caos bajo su control», le permita el libre saqueo de las riquezas ecuatorianas y continentales.
Cuando la tendencia a la ingobernabilidad se agrava en sus neocolonias, o las políticas soberanas afectan sus intereses, EEUU ahora se inclina por sembrar el caos y aumentar el control militar de esos países,
Esa fórmula, -contemplando diferentes detonantes- ha sido aplicada en Libia, Haití y Perú, intentada en Bolivia, Venezuela y Nicaragua sin éxito… … pensada para Argentina y Cuba de otra manera… y se le ha dificultado en Honduras y México, por las respectivas derrotas de las ultraderechas en ambos países y el tono independiente de los gobiernos presididos por Xiomara Castro y López Obrador.
La línea de la guerra interna ya desatada en Ecuador podría facilitar el tipo de caos contemplado por EU. La sospecha de inducción imperialista crece con lo acontecido en la tele-emisora de Guayaquil, presentando como una toma de bandas armadas lo que fue un teatro.
A eso se le agrega el anuncio de la disposición del Departamento de Estado de ayudar a Noboa a enfrentar las bandas, pasando rápidamente a la visita del alto mando de la DEA y del Comando Sur del Pentágono
El presidente Daniel Noboa necesitaba una excusa para lograr que el Ejército interviniera en la represión del delito organizado y para declararle la guerra a las mafias armadas. La toma del canal TC de Guayaquil se la dio, pero imágenes aparecidas muestran que se trató de un montaje.
En el video filtrado puede verse a conductores y técnicos de la tele-emisora de Guayaquil indicándo a los bandoleros dónde y cómo colocarse para desarrollar la “coreografía”.
La idea fue sacar primero el Ejército a la calle y quitar las garantías constitucionales, para luego justificar la presencia militar estadounidense.
El hecho de que a seguidas el Departamento de Estado anunciara su ayuda para combatir la violencia y enviar rápidamente la referida delegación militar de alto nivel, indica que los mismos que patrocinaron el engendro mafioso y crearon las condiciones para el el desastre, presentando al Ecuador como “Estado fallido”, ahora aparecen con rostros de salvadores para imponer una nueva modalidad de intervención.
La fórmula es muy parecida a la que planeada para HAITÍ: provocar el caos para MANIPULAR EL CAOS.
El “meta control del caos y nuevas modalidades de intervención militar”, como lo definiera el pensador marxista argentino Jorge Beinstein.
· EL PODER DE RD EN EL ESPEJO DE ECUADOR.
Visto lo que acontece en Ecuador me parece insoslayable examinar comparativamente esa situación y los factores que la determinan con las características del poder y del proceso dominicano.
¿Por qué?
1.-Porque aquí el gobierno de turno ha asumido la profundización de la estrategia neoliberal y un plan de recolonización. Es un gobierno profundamente conservador y está gerenciado directamente por empresarios privados, con un presidente decidido a reelegirse en los comicios del 2024, enfrentado a una oposición electoral igualmente neoliberal, corrompida y muy desacreditada. ¡Cuál de los tres candidatos y los bloques electorales estructurados, peores!
Entre Lasso, Noboa y sus entornos de una parte y Abinader y el suyo de la otra, hay bastantes similitudes. No así entre la oposición electoral de cada uno de los dos países. Aquí no hay nada parecido al correísmo. La derechización del sistema de partidos es muy alta.
2.-El mismo garantiza no solo antidemocracia y postulación y reelección de no pocos de dirigentes impresentables, sino lo que es peor: asegura reelegir un estado delincuente; un estado contaminado por la narco-corrupción en muchas de sus instancias civiles, militares y policiales.
Además, la oligarquía capitalista ha logrado asaltar los principales cargos ejecutivos del Estado, incluido el Poder Ejecutivo actual y un Congreso dominado por mafias y políticos corruptos.
Sigue vigente un poder que garantiza reelección y continuidad agravada de un neoliberalismo endurecido. Aceleración de la privatización de la naturaleza (incluidas fuentes de agua), minería destructiva, desprotección de áreas protegidas, turismo costero depredador (ya ha destruido el 50% de los manglares y dañado muchas playas). Transferencia del patrimonio nacional a corporaciones transnacionales y grupos privados.
Que garantiza impunidad judicial a granel. Incremento de la violencia de género. Abismales desigualdades y empobrecimiento material y cultural de gran parte del pueblo. Anulación de soberanía y autodeterminación.
3.-En los últimos años se ha producido un enorme crecimiento del micro, del macro-tráfico de drogas y del lavado dinero sucio, con una alarmante impunidad de bandas y carteles asociados a las jefaturas de las instituciones policiales y militares PN, DNCD, DNI, Marina de Guerra y otros cuerpos armados…y con serias complicidades a nivel de las cúpulas políticas y empresariales.
Una voluminosa juventud sin trabajo y sin educación nutre bandas y pandillas.
Muchas de sus cárceles son centros de operaciones de las bandas.
Nuestro país, aun sin dolarización, es un puente eficaz del tráfico de droga desde Suramérica y Panamá hacia EU y UE, con gran participación de Colombia.
La internalización del tráfico de drogas es un hecho. Los carteles de Sinaloa de México y los Carteles del Golfo y del Valle de Colombia tienen una fuerte incidencia y fuertes conexiones con bandas locales.
Prolifera también el tráfico de armas, el contrabando de armas de EU, el tráfico de personas y de todo tipo de mercancías. Abundan bandas y pandillas armadas. Hay ya señales de creación de grupos parapoliciales neo-fascistas.
4.-En otro plano, el conservadurismo racista anti-haitiano, patriarcal, con inclinaciones neofascistas, domina la llamada clase política, la cúpula empresarial y jerarquías militares y eclesiales.
El fundamentalismo religioso-evangélico ha crecido extraordinariamente y está siendo manipulado por la CIA en todo el Continente. La gansterización del capitalismo transnacional y local no cesa de crecer e incidir.
En no pocos temas, el parecido con Ecuador es asombroso; solo que todavía la crisis no se ha desbordado, ni existen fuerzas políticas alternativas con suficiente influencia para disputar poder y desatar los diablos del neofascismo a corto plazo
Todavía no tienen necesidad. Pero la fórmula del caos bajo control gringo está en carpeta y en esa dirección la siembra de odio contra el pueblo haitiano es un factor a utilizar.
La intensidad y profundidad de la crisis político-institucional es menor aquí y hace bastante tiempo que no se presentan crisis de gobernabilidad
Las potencialidades de explosión de la delincuencia organizada y la opción neofascista están latentes.
La continuidad de Abinader-PRM-VICINI, o la vuelta de Leonel Fernández-FP o de Abel Martínez-PLD –las opciones de las derechas conservadoras-neoliberales con más posibilidades- potencian ese peligro y retrasan fórmulas alternativas. Y vale decírselo de frente a los electoralistas que en nombre del progresismo han decidido pactar con esos bloques de esas derechas, a pesar de sus enormes culpas en el cuadro nacional que hemos descrito.
El engendro gansteril crece y amenaza cada vez más a nuestra sociedad, sin la existencia de políticas públicas que enfrenten y superen sus causas.
¡Hay que proponerse contrarrestar y vencer esa funesta tendencia instrumentada por EE.UU!
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.