Opinión
Ecuador: manipulación del caos por EE.UU.
Por Narciso Isa Conde
La intensidad y profundidad de la crisis político-institucional es menor aquí y hace bastante tiempo que no se presentan crisis de gobernabilidad
El sorpresivo caos delincuencial, que dio sus primeras señales fuertes en medio de las recién pasadas elecciones ecuatorianas, cerrándole el paso a la vuelta del correísmo y fabricando al vapor la candidatura del magnate Daniel Noboa, no cayó del cielo sino de la Casa Blanca, la extrema derecha y oligarquía capitalista de del Ecuador.
El detonante previo fue el conjunto selectivo de los crímenes de las narco-bandas –incluido el asesinato de un candidato presidencial- en el contexto de la campaña electoral; precedido –claro está- de siete años de neoliberalismo radical y de descomposición institucional que sirvieron de caldo de cultivo al auge inusitado de la narco-corrupción, con complicidades del Estado ecuatoriano, EU-DEA-CIA y las elites financieras, hasta su desbordamiento.
Las causas de esa veloz descomposición son fundamentalmente cuatro y se entrelazan. Sus responsables son perfectamente identificables.
La primera y segunda causas se superponen y ambas pueden resumirse en la imposición de un neoliberalismo duro con dolarización de la economía.
El capitalismo neoliberal empobreció intensamente al pueblo ecuatoriano y generó desigualdades brutales, por encima de los modelos anteriores de capitalismo, que es mucho decir.
La estrategia neoliberal fue decretada por EEUU e Inglaterra en el último tramo del Siglo XX, antes de los gobiernos de Correa; y justo en el 2000 el gobierno del presidente Jamil Mahuad la reforzó con el abandonó la moneda nacional y dolarizó la economía, incrementando su vulnerabilidad.
Correa logró contener y revertir parcialmente las medidas neoliberales y sus impactos negativos, reforzó la institucionalidad y ejerció en buena medida la autodeterminación; pero no logró rescatar la moneda nacional, ni ejecutó las transformaciones anticapitalistas imprescindibles para impedir el desgaste del proceso que denominó “revolución ciudadana”.
Su gestión de gobierno coexistió con prácticas de corrupción gubernamental (el relevante caso Odebrecht), que junto a su excesiva tolerancia con las conspiraciones de las elites capitalistas y EEUU, debilitaron significativamente su proyecto reformador, favorecieron la reincorporación de las derechas ultra conservadoras en el gobierno y la aplicación de su modelo ultra neoliberal.
· PARAÍSOS DE MAFIAS.
Los gobierno de Lenin Moreno y Guillermo Lasso –articulados o representando directamente a poderosos grupos financieros- desmantelaron rápidamente la limitada capacidad institucional del estado, anularon su presencia en el territorio y volvieron a aplicar drásticas políticas neoliberales que de nuevo empujaron a muchos jóvenes y a mucho pueblo a la exclusión social; facilitando así que las narco-mafias recluten a esa juventud desempleada y sin escuelas, y se apoderaron fácilmente de gran parte del territorio .
En esas circunstancias, el que la moneda del Ecuador continuara siendo el dólar y que desde la llegada del presidente Lenin Moreno en 2017 se relajara el control sobre los flujos financieros, determinó que muchos cárteles y mafias del exterior vieran en ese país un destino privilegiado para blanquear su dinero y operar impunemente.
El tercer factor es el hecho de que Ecuador es vecino de los dos países mayores productores de droga de la región: Perú y Colombia, cuyos carteles de la droga han apreciado el paraíso que para ese negocio es el territorio del Ecuador, con una economía dolarizada con sus instituciones civiles y militares captadas por carteles locales conectados con los de exterior.
Esto, la internalización del escenario del tráfico, del lavado y de los propios carteles, operó como el cuarto factor que complejiza la crisis. Con razón se ha dicho que ECUADOR es una súper-autopista de las redes internacionales con salida al pacifico.
Tal realidad ha sido engendrada por esas políticas neoliberales y ese deterioro institucional aupadas por EEUU, la oligarquía capitalista y las ultraderechas políticas enemigas de toda reforma social cuyos responsables tienen nombres y apellidos de personas y entidades.
Es importante, por tanto, reflexionar sobre la magnitud de los problemas y el tipo de crisis que estremece ese país hermano y hacer las comparaciones de lugar con lo que acontece aquí y en Nuestra América.
En Ecuador, la membresía de las narco-bandas se estiman en más de 50 mil efectivos bien pagados, mientras que la Fuerzas Armadas cuentan con 38 mil miembros y la Policía Nacional 60 mil.
Solo la Banda Los Tiguerones agrupa entre 8 mil y 10 mil jóvenes. En Esmeralda, ciudad de 800 mil habitantes, tienen 1,500 en prisión y 3 mil en las calles.
El total de las bandas mayores son más de 20. Controlan casi todas las cárceles, mucho territorio y están conectadas con narco-organizaciones internacionales radicadas en Colombia, Perú, México, Albania y países asiáticos.
La ruta de la crisis ecuatoriana está presente en no pocas naciones del continente, incluida RD; cada una con sus particularidades y sus respectivas y recetas imperialistas dentro de la estrategia imperialista de provocación y manipulación del caos.
En nuestro continente se destacan el Cartel del Golfo de Colombia, con una red global conectada a 26 países; y el cartel mexicano de Sinaloa, operando en 51 naciones; ambos traficando droga desde Colombia y Perú y dólares a granel, conformando un sistema de redes internacional.
A las bandas mayores de Ecuador se le suman las mini-bandas que suman 1,500 en todo el país y se dedican al robo de celulares, vehículos de motor, falsificaciones y delitos digitales; concomitantemente ha crecido el tráfico de armas, personas, flora, fauna, contrabandos y tasa de homicidio, que actualmente asciende a 42 por 100 mil habitantes.
· LA FÓRMULA DEL CAOS BAJO CONTROL DE EE. UU.
El oligarca capitalista Noboa, cómplice de Lasso y de todo el neoliberalismo anterior, quien recientemente exhibió su alianza con Malei y sus coincidencias con Bukele, es un gobernante con fuertes inclinaciones ultra neoliberales y neofascistas, totalmente subordinado a la Casa Blanca.
Un personero ideal para que EE UU, en contexto de un viraje de la receta gringa en su “patio trasero” hacia la creación del «caos bajo su control», le permita el libre saqueo de las riquezas ecuatorianas y continentales.
Cuando la tendencia a la ingobernabilidad se agrava en sus neocolonias, o las políticas soberanas afectan sus intereses, EEUU ahora se inclina por sembrar el caos y aumentar el control militar de esos países,
Esa fórmula, -contemplando diferentes detonantes- ha sido aplicada en Libia, Haití y Perú, intentada en Bolivia, Venezuela y Nicaragua sin éxito… … pensada para Argentina y Cuba de otra manera… y se le ha dificultado en Honduras y México, por las respectivas derrotas de las ultraderechas en ambos países y el tono independiente de los gobiernos presididos por Xiomara Castro y López Obrador.
La línea de la guerra interna ya desatada en Ecuador podría facilitar el tipo de caos contemplado por EU. La sospecha de inducción imperialista crece con lo acontecido en la tele-emisora de Guayaquil, presentando como una toma de bandas armadas lo que fue un teatro.
A eso se le agrega el anuncio de la disposición del Departamento de Estado de ayudar a Noboa a enfrentar las bandas, pasando rápidamente a la visita del alto mando de la DEA y del Comando Sur del Pentágono
El presidente Daniel Noboa necesitaba una excusa para lograr que el Ejército interviniera en la represión del delito organizado y para declararle la guerra a las mafias armadas. La toma del canal TC de Guayaquil se la dio, pero imágenes aparecidas muestran que se trató de un montaje.
En el video filtrado puede verse a conductores y técnicos de la tele-emisora de Guayaquil indicándo a los bandoleros dónde y cómo colocarse para desarrollar la “coreografía”.
La idea fue sacar primero el Ejército a la calle y quitar las garantías constitucionales, para luego justificar la presencia militar estadounidense.
El hecho de que a seguidas el Departamento de Estado anunciara su ayuda para combatir la violencia y enviar rápidamente la referida delegación militar de alto nivel, indica que los mismos que patrocinaron el engendro mafioso y crearon las condiciones para el el desastre, presentando al Ecuador como “Estado fallido”, ahora aparecen con rostros de salvadores para imponer una nueva modalidad de intervención.
La fórmula es muy parecida a la que planeada para HAITÍ: provocar el caos para MANIPULAR EL CAOS.
El “meta control del caos y nuevas modalidades de intervención militar”, como lo definiera el pensador marxista argentino Jorge Beinstein.
· EL PODER DE RD EN EL ESPEJO DE ECUADOR.
Visto lo que acontece en Ecuador me parece insoslayable examinar comparativamente esa situación y los factores que la determinan con las características del poder y del proceso dominicano.
¿Por qué?
1.-Porque aquí el gobierno de turno ha asumido la profundización de la estrategia neoliberal y un plan de recolonización. Es un gobierno profundamente conservador y está gerenciado directamente por empresarios privados, con un presidente decidido a reelegirse en los comicios del 2024, enfrentado a una oposición electoral igualmente neoliberal, corrompida y muy desacreditada. ¡Cuál de los tres candidatos y los bloques electorales estructurados, peores!
Entre Lasso, Noboa y sus entornos de una parte y Abinader y el suyo de la otra, hay bastantes similitudes. No así entre la oposición electoral de cada uno de los dos países. Aquí no hay nada parecido al correísmo. La derechización del sistema de partidos es muy alta.
2.-El mismo garantiza no solo antidemocracia y postulación y reelección de no pocos de dirigentes impresentables, sino lo que es peor: asegura reelegir un estado delincuente; un estado contaminado por la narco-corrupción en muchas de sus instancias civiles, militares y policiales.
Además, la oligarquía capitalista ha logrado asaltar los principales cargos ejecutivos del Estado, incluido el Poder Ejecutivo actual y un Congreso dominado por mafias y políticos corruptos.
Sigue vigente un poder que garantiza reelección y continuidad agravada de un neoliberalismo endurecido. Aceleración de la privatización de la naturaleza (incluidas fuentes de agua), minería destructiva, desprotección de áreas protegidas, turismo costero depredador (ya ha destruido el 50% de los manglares y dañado muchas playas). Transferencia del patrimonio nacional a corporaciones transnacionales y grupos privados.
Que garantiza impunidad judicial a granel. Incremento de la violencia de género. Abismales desigualdades y empobrecimiento material y cultural de gran parte del pueblo. Anulación de soberanía y autodeterminación.
3.-En los últimos años se ha producido un enorme crecimiento del micro, del macro-tráfico de drogas y del lavado dinero sucio, con una alarmante impunidad de bandas y carteles asociados a las jefaturas de las instituciones policiales y militares PN, DNCD, DNI, Marina de Guerra y otros cuerpos armados…y con serias complicidades a nivel de las cúpulas políticas y empresariales.
Una voluminosa juventud sin trabajo y sin educación nutre bandas y pandillas.
Muchas de sus cárceles son centros de operaciones de las bandas.
Nuestro país, aun sin dolarización, es un puente eficaz del tráfico de droga desde Suramérica y Panamá hacia EU y UE, con gran participación de Colombia.
La internalización del tráfico de drogas es un hecho. Los carteles de Sinaloa de México y los Carteles del Golfo y del Valle de Colombia tienen una fuerte incidencia y fuertes conexiones con bandas locales.
Prolifera también el tráfico de armas, el contrabando de armas de EU, el tráfico de personas y de todo tipo de mercancías. Abundan bandas y pandillas armadas. Hay ya señales de creación de grupos parapoliciales neo-fascistas.
4.-En otro plano, el conservadurismo racista anti-haitiano, patriarcal, con inclinaciones neofascistas, domina la llamada clase política, la cúpula empresarial y jerarquías militares y eclesiales.
El fundamentalismo religioso-evangélico ha crecido extraordinariamente y está siendo manipulado por la CIA en todo el Continente. La gansterización del capitalismo transnacional y local no cesa de crecer e incidir.
En no pocos temas, el parecido con Ecuador es asombroso; solo que todavía la crisis no se ha desbordado, ni existen fuerzas políticas alternativas con suficiente influencia para disputar poder y desatar los diablos del neofascismo a corto plazo
Todavía no tienen necesidad. Pero la fórmula del caos bajo control gringo está en carpeta y en esa dirección la siembra de odio contra el pueblo haitiano es un factor a utilizar.
La intensidad y profundidad de la crisis político-institucional es menor aquí y hace bastante tiempo que no se presentan crisis de gobernabilidad
Las potencialidades de explosión de la delincuencia organizada y la opción neofascista están latentes.
La continuidad de Abinader-PRM-VICINI, o la vuelta de Leonel Fernández-FP o de Abel Martínez-PLD –las opciones de las derechas conservadoras-neoliberales con más posibilidades- potencian ese peligro y retrasan fórmulas alternativas. Y vale decírselo de frente a los electoralistas que en nombre del progresismo han decidido pactar con esos bloques de esas derechas, a pesar de sus enormes culpas en el cuadro nacional que hemos descrito.
El engendro gansteril crece y amenaza cada vez más a nuestra sociedad, sin la existencia de políticas públicas que enfrenten y superen sus causas.
¡Hay que proponerse contrarrestar y vencer esa funesta tendencia instrumentada por EE.UU!
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.