Opinión
Ecuador: manipulación del caos por EE.UU.
Por Narciso Isa Conde
La intensidad y profundidad de la crisis político-institucional es menor aquí y hace bastante tiempo que no se presentan crisis de gobernabilidad
El sorpresivo caos delincuencial, que dio sus primeras señales fuertes en medio de las recién pasadas elecciones ecuatorianas, cerrándole el paso a la vuelta del correísmo y fabricando al vapor la candidatura del magnate Daniel Noboa, no cayó del cielo sino de la Casa Blanca, la extrema derecha y oligarquía capitalista de del Ecuador.
El detonante previo fue el conjunto selectivo de los crímenes de las narco-bandas –incluido el asesinato de un candidato presidencial- en el contexto de la campaña electoral; precedido –claro está- de siete años de neoliberalismo radical y de descomposición institucional que sirvieron de caldo de cultivo al auge inusitado de la narco-corrupción, con complicidades del Estado ecuatoriano, EU-DEA-CIA y las elites financieras, hasta su desbordamiento.
Las causas de esa veloz descomposición son fundamentalmente cuatro y se entrelazan. Sus responsables son perfectamente identificables.
La primera y segunda causas se superponen y ambas pueden resumirse en la imposición de un neoliberalismo duro con dolarización de la economía.
El capitalismo neoliberal empobreció intensamente al pueblo ecuatoriano y generó desigualdades brutales, por encima de los modelos anteriores de capitalismo, que es mucho decir.
La estrategia neoliberal fue decretada por EEUU e Inglaterra en el último tramo del Siglo XX, antes de los gobiernos de Correa; y justo en el 2000 el gobierno del presidente Jamil Mahuad la reforzó con el abandonó la moneda nacional y dolarizó la economía, incrementando su vulnerabilidad.
Correa logró contener y revertir parcialmente las medidas neoliberales y sus impactos negativos, reforzó la institucionalidad y ejerció en buena medida la autodeterminación; pero no logró rescatar la moneda nacional, ni ejecutó las transformaciones anticapitalistas imprescindibles para impedir el desgaste del proceso que denominó “revolución ciudadana”.
Su gestión de gobierno coexistió con prácticas de corrupción gubernamental (el relevante caso Odebrecht), que junto a su excesiva tolerancia con las conspiraciones de las elites capitalistas y EEUU, debilitaron significativamente su proyecto reformador, favorecieron la reincorporación de las derechas ultra conservadoras en el gobierno y la aplicación de su modelo ultra neoliberal.
· PARAÍSOS DE MAFIAS.
Los gobierno de Lenin Moreno y Guillermo Lasso –articulados o representando directamente a poderosos grupos financieros- desmantelaron rápidamente la limitada capacidad institucional del estado, anularon su presencia en el territorio y volvieron a aplicar drásticas políticas neoliberales que de nuevo empujaron a muchos jóvenes y a mucho pueblo a la exclusión social; facilitando así que las narco-mafias recluten a esa juventud desempleada y sin escuelas, y se apoderaron fácilmente de gran parte del territorio .
En esas circunstancias, el que la moneda del Ecuador continuara siendo el dólar y que desde la llegada del presidente Lenin Moreno en 2017 se relajara el control sobre los flujos financieros, determinó que muchos cárteles y mafias del exterior vieran en ese país un destino privilegiado para blanquear su dinero y operar impunemente.
El tercer factor es el hecho de que Ecuador es vecino de los dos países mayores productores de droga de la región: Perú y Colombia, cuyos carteles de la droga han apreciado el paraíso que para ese negocio es el territorio del Ecuador, con una economía dolarizada con sus instituciones civiles y militares captadas por carteles locales conectados con los de exterior.
Esto, la internalización del escenario del tráfico, del lavado y de los propios carteles, operó como el cuarto factor que complejiza la crisis. Con razón se ha dicho que ECUADOR es una súper-autopista de las redes internacionales con salida al pacifico.
Tal realidad ha sido engendrada por esas políticas neoliberales y ese deterioro institucional aupadas por EEUU, la oligarquía capitalista y las ultraderechas políticas enemigas de toda reforma social cuyos responsables tienen nombres y apellidos de personas y entidades.
Es importante, por tanto, reflexionar sobre la magnitud de los problemas y el tipo de crisis que estremece ese país hermano y hacer las comparaciones de lugar con lo que acontece aquí y en Nuestra América.
En Ecuador, la membresía de las narco-bandas se estiman en más de 50 mil efectivos bien pagados, mientras que la Fuerzas Armadas cuentan con 38 mil miembros y la Policía Nacional 60 mil.
Solo la Banda Los Tiguerones agrupa entre 8 mil y 10 mil jóvenes. En Esmeralda, ciudad de 800 mil habitantes, tienen 1,500 en prisión y 3 mil en las calles.
El total de las bandas mayores son más de 20. Controlan casi todas las cárceles, mucho territorio y están conectadas con narco-organizaciones internacionales radicadas en Colombia, Perú, México, Albania y países asiáticos.
La ruta de la crisis ecuatoriana está presente en no pocas naciones del continente, incluida RD; cada una con sus particularidades y sus respectivas y recetas imperialistas dentro de la estrategia imperialista de provocación y manipulación del caos.
En nuestro continente se destacan el Cartel del Golfo de Colombia, con una red global conectada a 26 países; y el cartel mexicano de Sinaloa, operando en 51 naciones; ambos traficando droga desde Colombia y Perú y dólares a granel, conformando un sistema de redes internacional.
A las bandas mayores de Ecuador se le suman las mini-bandas que suman 1,500 en todo el país y se dedican al robo de celulares, vehículos de motor, falsificaciones y delitos digitales; concomitantemente ha crecido el tráfico de armas, personas, flora, fauna, contrabandos y tasa de homicidio, que actualmente asciende a 42 por 100 mil habitantes.
· LA FÓRMULA DEL CAOS BAJO CONTROL DE EE. UU.
El oligarca capitalista Noboa, cómplice de Lasso y de todo el neoliberalismo anterior, quien recientemente exhibió su alianza con Malei y sus coincidencias con Bukele, es un gobernante con fuertes inclinaciones ultra neoliberales y neofascistas, totalmente subordinado a la Casa Blanca.
Un personero ideal para que EE UU, en contexto de un viraje de la receta gringa en su “patio trasero” hacia la creación del «caos bajo su control», le permita el libre saqueo de las riquezas ecuatorianas y continentales.
Cuando la tendencia a la ingobernabilidad se agrava en sus neocolonias, o las políticas soberanas afectan sus intereses, EEUU ahora se inclina por sembrar el caos y aumentar el control militar de esos países,
Esa fórmula, -contemplando diferentes detonantes- ha sido aplicada en Libia, Haití y Perú, intentada en Bolivia, Venezuela y Nicaragua sin éxito… … pensada para Argentina y Cuba de otra manera… y se le ha dificultado en Honduras y México, por las respectivas derrotas de las ultraderechas en ambos países y el tono independiente de los gobiernos presididos por Xiomara Castro y López Obrador.
La línea de la guerra interna ya desatada en Ecuador podría facilitar el tipo de caos contemplado por EU. La sospecha de inducción imperialista crece con lo acontecido en la tele-emisora de Guayaquil, presentando como una toma de bandas armadas lo que fue un teatro.
A eso se le agrega el anuncio de la disposición del Departamento de Estado de ayudar a Noboa a enfrentar las bandas, pasando rápidamente a la visita del alto mando de la DEA y del Comando Sur del Pentágono
El presidente Daniel Noboa necesitaba una excusa para lograr que el Ejército interviniera en la represión del delito organizado y para declararle la guerra a las mafias armadas. La toma del canal TC de Guayaquil se la dio, pero imágenes aparecidas muestran que se trató de un montaje.
En el video filtrado puede verse a conductores y técnicos de la tele-emisora de Guayaquil indicándo a los bandoleros dónde y cómo colocarse para desarrollar la “coreografía”.
La idea fue sacar primero el Ejército a la calle y quitar las garantías constitucionales, para luego justificar la presencia militar estadounidense.
El hecho de que a seguidas el Departamento de Estado anunciara su ayuda para combatir la violencia y enviar rápidamente la referida delegación militar de alto nivel, indica que los mismos que patrocinaron el engendro mafioso y crearon las condiciones para el el desastre, presentando al Ecuador como “Estado fallido”, ahora aparecen con rostros de salvadores para imponer una nueva modalidad de intervención.
La fórmula es muy parecida a la que planeada para HAITÍ: provocar el caos para MANIPULAR EL CAOS.
El “meta control del caos y nuevas modalidades de intervención militar”, como lo definiera el pensador marxista argentino Jorge Beinstein.
· EL PODER DE RD EN EL ESPEJO DE ECUADOR.
Visto lo que acontece en Ecuador me parece insoslayable examinar comparativamente esa situación y los factores que la determinan con las características del poder y del proceso dominicano.
¿Por qué?
1.-Porque aquí el gobierno de turno ha asumido la profundización de la estrategia neoliberal y un plan de recolonización. Es un gobierno profundamente conservador y está gerenciado directamente por empresarios privados, con un presidente decidido a reelegirse en los comicios del 2024, enfrentado a una oposición electoral igualmente neoliberal, corrompida y muy desacreditada. ¡Cuál de los tres candidatos y los bloques electorales estructurados, peores!
Entre Lasso, Noboa y sus entornos de una parte y Abinader y el suyo de la otra, hay bastantes similitudes. No así entre la oposición electoral de cada uno de los dos países. Aquí no hay nada parecido al correísmo. La derechización del sistema de partidos es muy alta.
2.-El mismo garantiza no solo antidemocracia y postulación y reelección de no pocos de dirigentes impresentables, sino lo que es peor: asegura reelegir un estado delincuente; un estado contaminado por la narco-corrupción en muchas de sus instancias civiles, militares y policiales.
Además, la oligarquía capitalista ha logrado asaltar los principales cargos ejecutivos del Estado, incluido el Poder Ejecutivo actual y un Congreso dominado por mafias y políticos corruptos.
Sigue vigente un poder que garantiza reelección y continuidad agravada de un neoliberalismo endurecido. Aceleración de la privatización de la naturaleza (incluidas fuentes de agua), minería destructiva, desprotección de áreas protegidas, turismo costero depredador (ya ha destruido el 50% de los manglares y dañado muchas playas). Transferencia del patrimonio nacional a corporaciones transnacionales y grupos privados.
Que garantiza impunidad judicial a granel. Incremento de la violencia de género. Abismales desigualdades y empobrecimiento material y cultural de gran parte del pueblo. Anulación de soberanía y autodeterminación.
3.-En los últimos años se ha producido un enorme crecimiento del micro, del macro-tráfico de drogas y del lavado dinero sucio, con una alarmante impunidad de bandas y carteles asociados a las jefaturas de las instituciones policiales y militares PN, DNCD, DNI, Marina de Guerra y otros cuerpos armados…y con serias complicidades a nivel de las cúpulas políticas y empresariales.
Una voluminosa juventud sin trabajo y sin educación nutre bandas y pandillas.
Muchas de sus cárceles son centros de operaciones de las bandas.
Nuestro país, aun sin dolarización, es un puente eficaz del tráfico de droga desde Suramérica y Panamá hacia EU y UE, con gran participación de Colombia.
La internalización del tráfico de drogas es un hecho. Los carteles de Sinaloa de México y los Carteles del Golfo y del Valle de Colombia tienen una fuerte incidencia y fuertes conexiones con bandas locales.
Prolifera también el tráfico de armas, el contrabando de armas de EU, el tráfico de personas y de todo tipo de mercancías. Abundan bandas y pandillas armadas. Hay ya señales de creación de grupos parapoliciales neo-fascistas.
4.-En otro plano, el conservadurismo racista anti-haitiano, patriarcal, con inclinaciones neofascistas, domina la llamada clase política, la cúpula empresarial y jerarquías militares y eclesiales.
El fundamentalismo religioso-evangélico ha crecido extraordinariamente y está siendo manipulado por la CIA en todo el Continente. La gansterización del capitalismo transnacional y local no cesa de crecer e incidir.
En no pocos temas, el parecido con Ecuador es asombroso; solo que todavía la crisis no se ha desbordado, ni existen fuerzas políticas alternativas con suficiente influencia para disputar poder y desatar los diablos del neofascismo a corto plazo
Todavía no tienen necesidad. Pero la fórmula del caos bajo control gringo está en carpeta y en esa dirección la siembra de odio contra el pueblo haitiano es un factor a utilizar.
La intensidad y profundidad de la crisis político-institucional es menor aquí y hace bastante tiempo que no se presentan crisis de gobernabilidad
Las potencialidades de explosión de la delincuencia organizada y la opción neofascista están latentes.
La continuidad de Abinader-PRM-VICINI, o la vuelta de Leonel Fernández-FP o de Abel Martínez-PLD –las opciones de las derechas conservadoras-neoliberales con más posibilidades- potencian ese peligro y retrasan fórmulas alternativas. Y vale decírselo de frente a los electoralistas que en nombre del progresismo han decidido pactar con esos bloques de esas derechas, a pesar de sus enormes culpas en el cuadro nacional que hemos descrito.
El engendro gansteril crece y amenaza cada vez más a nuestra sociedad, sin la existencia de políticas públicas que enfrenten y superen sus causas.
¡Hay que proponerse contrarrestar y vencer esa funesta tendencia instrumentada por EE.UU!
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?