Opinión
Ecuador: manipulación del caos por EE.UU.
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3 años agoon
Por Narciso Isa Conde
La intensidad y profundidad de la crisis político-institucional es menor aquí y hace bastante tiempo que no se presentan crisis de gobernabilidad
El sorpresivo caos delincuencial, que dio sus primeras señales fuertes en medio de las recién pasadas elecciones ecuatorianas, cerrándole el paso a la vuelta del correísmo y fabricando al vapor la candidatura del magnate Daniel Noboa, no cayó del cielo sino de la Casa Blanca, la extrema derecha y oligarquía capitalista de del Ecuador.
El detonante previo fue el conjunto selectivo de los crímenes de las narco-bandas –incluido el asesinato de un candidato presidencial- en el contexto de la campaña electoral; precedido –claro está- de siete años de neoliberalismo radical y de descomposición institucional que sirvieron de caldo de cultivo al auge inusitado de la narco-corrupción, con complicidades del Estado ecuatoriano, EU-DEA-CIA y las elites financieras, hasta su desbordamiento.
Las causas de esa veloz descomposición son fundamentalmente cuatro y se entrelazan. Sus responsables son perfectamente identificables.
La primera y segunda causas se superponen y ambas pueden resumirse en la imposición de un neoliberalismo duro con dolarización de la economía.
El capitalismo neoliberal empobreció intensamente al pueblo ecuatoriano y generó desigualdades brutales, por encima de los modelos anteriores de capitalismo, que es mucho decir.
La estrategia neoliberal fue decretada por EEUU e Inglaterra en el último tramo del Siglo XX, antes de los gobiernos de Correa; y justo en el 2000 el gobierno del presidente Jamil Mahuad la reforzó con el abandonó la moneda nacional y dolarizó la economía, incrementando su vulnerabilidad.
Correa logró contener y revertir parcialmente las medidas neoliberales y sus impactos negativos, reforzó la institucionalidad y ejerció en buena medida la autodeterminación; pero no logró rescatar la moneda nacional, ni ejecutó las transformaciones anticapitalistas imprescindibles para impedir el desgaste del proceso que denominó “revolución ciudadana”.
Su gestión de gobierno coexistió con prácticas de corrupción gubernamental (el relevante caso Odebrecht), que junto a su excesiva tolerancia con las conspiraciones de las elites capitalistas y EEUU, debilitaron significativamente su proyecto reformador, favorecieron la reincorporación de las derechas ultra conservadoras en el gobierno y la aplicación de su modelo ultra neoliberal.
· PARAÍSOS DE MAFIAS.
Los gobierno de Lenin Moreno y Guillermo Lasso –articulados o representando directamente a poderosos grupos financieros- desmantelaron rápidamente la limitada capacidad institucional del estado, anularon su presencia en el territorio y volvieron a aplicar drásticas políticas neoliberales que de nuevo empujaron a muchos jóvenes y a mucho pueblo a la exclusión social; facilitando así que las narco-mafias recluten a esa juventud desempleada y sin escuelas, y se apoderaron fácilmente de gran parte del territorio .
En esas circunstancias, el que la moneda del Ecuador continuara siendo el dólar y que desde la llegada del presidente Lenin Moreno en 2017 se relajara el control sobre los flujos financieros, determinó que muchos cárteles y mafias del exterior vieran en ese país un destino privilegiado para blanquear su dinero y operar impunemente.
El tercer factor es el hecho de que Ecuador es vecino de los dos países mayores productores de droga de la región: Perú y Colombia, cuyos carteles de la droga han apreciado el paraíso que para ese negocio es el territorio del Ecuador, con una economía dolarizada con sus instituciones civiles y militares captadas por carteles locales conectados con los de exterior.
Esto, la internalización del escenario del tráfico, del lavado y de los propios carteles, operó como el cuarto factor que complejiza la crisis. Con razón se ha dicho que ECUADOR es una súper-autopista de las redes internacionales con salida al pacifico.
Tal realidad ha sido engendrada por esas políticas neoliberales y ese deterioro institucional aupadas por EEUU, la oligarquía capitalista y las ultraderechas políticas enemigas de toda reforma social cuyos responsables tienen nombres y apellidos de personas y entidades.
Es importante, por tanto, reflexionar sobre la magnitud de los problemas y el tipo de crisis que estremece ese país hermano y hacer las comparaciones de lugar con lo que acontece aquí y en Nuestra América.
En Ecuador, la membresía de las narco-bandas se estiman en más de 50 mil efectivos bien pagados, mientras que la Fuerzas Armadas cuentan con 38 mil miembros y la Policía Nacional 60 mil.
Solo la Banda Los Tiguerones agrupa entre 8 mil y 10 mil jóvenes. En Esmeralda, ciudad de 800 mil habitantes, tienen 1,500 en prisión y 3 mil en las calles.
El total de las bandas mayores son más de 20. Controlan casi todas las cárceles, mucho territorio y están conectadas con narco-organizaciones internacionales radicadas en Colombia, Perú, México, Albania y países asiáticos.
La ruta de la crisis ecuatoriana está presente en no pocas naciones del continente, incluida RD; cada una con sus particularidades y sus respectivas y recetas imperialistas dentro de la estrategia imperialista de provocación y manipulación del caos.
En nuestro continente se destacan el Cartel del Golfo de Colombia, con una red global conectada a 26 países; y el cartel mexicano de Sinaloa, operando en 51 naciones; ambos traficando droga desde Colombia y Perú y dólares a granel, conformando un sistema de redes internacional.
A las bandas mayores de Ecuador se le suman las mini-bandas que suman 1,500 en todo el país y se dedican al robo de celulares, vehículos de motor, falsificaciones y delitos digitales; concomitantemente ha crecido el tráfico de armas, personas, flora, fauna, contrabandos y tasa de homicidio, que actualmente asciende a 42 por 100 mil habitantes.
· LA FÓRMULA DEL CAOS BAJO CONTROL DE EE. UU.
El oligarca capitalista Noboa, cómplice de Lasso y de todo el neoliberalismo anterior, quien recientemente exhibió su alianza con Malei y sus coincidencias con Bukele, es un gobernante con fuertes inclinaciones ultra neoliberales y neofascistas, totalmente subordinado a la Casa Blanca.
Un personero ideal para que EE UU, en contexto de un viraje de la receta gringa en su “patio trasero” hacia la creación del «caos bajo su control», le permita el libre saqueo de las riquezas ecuatorianas y continentales.
Cuando la tendencia a la ingobernabilidad se agrava en sus neocolonias, o las políticas soberanas afectan sus intereses, EEUU ahora se inclina por sembrar el caos y aumentar el control militar de esos países,
Esa fórmula, -contemplando diferentes detonantes- ha sido aplicada en Libia, Haití y Perú, intentada en Bolivia, Venezuela y Nicaragua sin éxito… … pensada para Argentina y Cuba de otra manera… y se le ha dificultado en Honduras y México, por las respectivas derrotas de las ultraderechas en ambos países y el tono independiente de los gobiernos presididos por Xiomara Castro y López Obrador.
La línea de la guerra interna ya desatada en Ecuador podría facilitar el tipo de caos contemplado por EU. La sospecha de inducción imperialista crece con lo acontecido en la tele-emisora de Guayaquil, presentando como una toma de bandas armadas lo que fue un teatro.
A eso se le agrega el anuncio de la disposición del Departamento de Estado de ayudar a Noboa a enfrentar las bandas, pasando rápidamente a la visita del alto mando de la DEA y del Comando Sur del Pentágono
El presidente Daniel Noboa necesitaba una excusa para lograr que el Ejército interviniera en la represión del delito organizado y para declararle la guerra a las mafias armadas. La toma del canal TC de Guayaquil se la dio, pero imágenes aparecidas muestran que se trató de un montaje.
En el video filtrado puede verse a conductores y técnicos de la tele-emisora de Guayaquil indicándo a los bandoleros dónde y cómo colocarse para desarrollar la “coreografía”.
La idea fue sacar primero el Ejército a la calle y quitar las garantías constitucionales, para luego justificar la presencia militar estadounidense.
El hecho de que a seguidas el Departamento de Estado anunciara su ayuda para combatir la violencia y enviar rápidamente la referida delegación militar de alto nivel, indica que los mismos que patrocinaron el engendro mafioso y crearon las condiciones para el el desastre, presentando al Ecuador como “Estado fallido”, ahora aparecen con rostros de salvadores para imponer una nueva modalidad de intervención.
La fórmula es muy parecida a la que planeada para HAITÍ: provocar el caos para MANIPULAR EL CAOS.
El “meta control del caos y nuevas modalidades de intervención militar”, como lo definiera el pensador marxista argentino Jorge Beinstein.
· EL PODER DE RD EN EL ESPEJO DE ECUADOR.
Visto lo que acontece en Ecuador me parece insoslayable examinar comparativamente esa situación y los factores que la determinan con las características del poder y del proceso dominicano.
¿Por qué?
1.-Porque aquí el gobierno de turno ha asumido la profundización de la estrategia neoliberal y un plan de recolonización. Es un gobierno profundamente conservador y está gerenciado directamente por empresarios privados, con un presidente decidido a reelegirse en los comicios del 2024, enfrentado a una oposición electoral igualmente neoliberal, corrompida y muy desacreditada. ¡Cuál de los tres candidatos y los bloques electorales estructurados, peores!
Entre Lasso, Noboa y sus entornos de una parte y Abinader y el suyo de la otra, hay bastantes similitudes. No así entre la oposición electoral de cada uno de los dos países. Aquí no hay nada parecido al correísmo. La derechización del sistema de partidos es muy alta.
2.-El mismo garantiza no solo antidemocracia y postulación y reelección de no pocos de dirigentes impresentables, sino lo que es peor: asegura reelegir un estado delincuente; un estado contaminado por la narco-corrupción en muchas de sus instancias civiles, militares y policiales.
Además, la oligarquía capitalista ha logrado asaltar los principales cargos ejecutivos del Estado, incluido el Poder Ejecutivo actual y un Congreso dominado por mafias y políticos corruptos.
Sigue vigente un poder que garantiza reelección y continuidad agravada de un neoliberalismo endurecido. Aceleración de la privatización de la naturaleza (incluidas fuentes de agua), minería destructiva, desprotección de áreas protegidas, turismo costero depredador (ya ha destruido el 50% de los manglares y dañado muchas playas). Transferencia del patrimonio nacional a corporaciones transnacionales y grupos privados.
Que garantiza impunidad judicial a granel. Incremento de la violencia de género. Abismales desigualdades y empobrecimiento material y cultural de gran parte del pueblo. Anulación de soberanía y autodeterminación.
3.-En los últimos años se ha producido un enorme crecimiento del micro, del macro-tráfico de drogas y del lavado dinero sucio, con una alarmante impunidad de bandas y carteles asociados a las jefaturas de las instituciones policiales y militares PN, DNCD, DNI, Marina de Guerra y otros cuerpos armados…y con serias complicidades a nivel de las cúpulas políticas y empresariales.
Una voluminosa juventud sin trabajo y sin educación nutre bandas y pandillas.
Muchas de sus cárceles son centros de operaciones de las bandas.
Nuestro país, aun sin dolarización, es un puente eficaz del tráfico de droga desde Suramérica y Panamá hacia EU y UE, con gran participación de Colombia.
La internalización del tráfico de drogas es un hecho. Los carteles de Sinaloa de México y los Carteles del Golfo y del Valle de Colombia tienen una fuerte incidencia y fuertes conexiones con bandas locales.
Prolifera también el tráfico de armas, el contrabando de armas de EU, el tráfico de personas y de todo tipo de mercancías. Abundan bandas y pandillas armadas. Hay ya señales de creación de grupos parapoliciales neo-fascistas.
4.-En otro plano, el conservadurismo racista anti-haitiano, patriarcal, con inclinaciones neofascistas, domina la llamada clase política, la cúpula empresarial y jerarquías militares y eclesiales.
El fundamentalismo religioso-evangélico ha crecido extraordinariamente y está siendo manipulado por la CIA en todo el Continente. La gansterización del capitalismo transnacional y local no cesa de crecer e incidir.
En no pocos temas, el parecido con Ecuador es asombroso; solo que todavía la crisis no se ha desbordado, ni existen fuerzas políticas alternativas con suficiente influencia para disputar poder y desatar los diablos del neofascismo a corto plazo
Todavía no tienen necesidad. Pero la fórmula del caos bajo control gringo está en carpeta y en esa dirección la siembra de odio contra el pueblo haitiano es un factor a utilizar.
La intensidad y profundidad de la crisis político-institucional es menor aquí y hace bastante tiempo que no se presentan crisis de gobernabilidad
Las potencialidades de explosión de la delincuencia organizada y la opción neofascista están latentes.
La continuidad de Abinader-PRM-VICINI, o la vuelta de Leonel Fernández-FP o de Abel Martínez-PLD –las opciones de las derechas conservadoras-neoliberales con más posibilidades- potencian ese peligro y retrasan fórmulas alternativas. Y vale decírselo de frente a los electoralistas que en nombre del progresismo han decidido pactar con esos bloques de esas derechas, a pesar de sus enormes culpas en el cuadro nacional que hemos descrito.
El engendro gansteril crece y amenaza cada vez más a nuestra sociedad, sin la existencia de políticas públicas que enfrenten y superen sus causas.
¡Hay que proponerse contrarrestar y vencer esa funesta tendencia instrumentada por EE.UU!
Opinión
Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad
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4 días agoon
noviembre 13, 2026La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.
- El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
- Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
- La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.
Por Narciso Isa Conde
Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.
Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.
Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.
El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:
· La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.
· Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.
· Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.
· En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.
· Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.
· La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».
· El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.
Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:
¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?
Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:
Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.
En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.
La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.
Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.
Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.
Por Oscar López Reyes
Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.
Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.
La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.
¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?
Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.
También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.
Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.
El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.
La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.
¿Cuáles son las respuestas?
Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.
Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.
Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.
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Referencias bibliográficas:
1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/
2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.
3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.
5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.
6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.
8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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Por Isaías Ramos
Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.
El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.
El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.
Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.
La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.
Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.
En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.
El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.
El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.
Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.
Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.
Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.
El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.
Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.
Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.
En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder
siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.
El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.
¡El 2044 comienza hoy!
