Opinión
Ecuador: manipulación del caos por EE.UU.
Por Narciso Isa Conde
La intensidad y profundidad de la crisis político-institucional es menor aquí y hace bastante tiempo que no se presentan crisis de gobernabilidad
El sorpresivo caos delincuencial, que dio sus primeras señales fuertes en medio de las recién pasadas elecciones ecuatorianas, cerrándole el paso a la vuelta del correísmo y fabricando al vapor la candidatura del magnate Daniel Noboa, no cayó del cielo sino de la Casa Blanca, la extrema derecha y oligarquía capitalista de del Ecuador.
El detonante previo fue el conjunto selectivo de los crímenes de las narco-bandas –incluido el asesinato de un candidato presidencial- en el contexto de la campaña electoral; precedido –claro está- de siete años de neoliberalismo radical y de descomposición institucional que sirvieron de caldo de cultivo al auge inusitado de la narco-corrupción, con complicidades del Estado ecuatoriano, EU-DEA-CIA y las elites financieras, hasta su desbordamiento.
Las causas de esa veloz descomposición son fundamentalmente cuatro y se entrelazan. Sus responsables son perfectamente identificables.
La primera y segunda causas se superponen y ambas pueden resumirse en la imposición de un neoliberalismo duro con dolarización de la economía.
El capitalismo neoliberal empobreció intensamente al pueblo ecuatoriano y generó desigualdades brutales, por encima de los modelos anteriores de capitalismo, que es mucho decir.
La estrategia neoliberal fue decretada por EEUU e Inglaterra en el último tramo del Siglo XX, antes de los gobiernos de Correa; y justo en el 2000 el gobierno del presidente Jamil Mahuad la reforzó con el abandonó la moneda nacional y dolarizó la economía, incrementando su vulnerabilidad.
Correa logró contener y revertir parcialmente las medidas neoliberales y sus impactos negativos, reforzó la institucionalidad y ejerció en buena medida la autodeterminación; pero no logró rescatar la moneda nacional, ni ejecutó las transformaciones anticapitalistas imprescindibles para impedir el desgaste del proceso que denominó “revolución ciudadana”.
Su gestión de gobierno coexistió con prácticas de corrupción gubernamental (el relevante caso Odebrecht), que junto a su excesiva tolerancia con las conspiraciones de las elites capitalistas y EEUU, debilitaron significativamente su proyecto reformador, favorecieron la reincorporación de las derechas ultra conservadoras en el gobierno y la aplicación de su modelo ultra neoliberal.
· PARAÍSOS DE MAFIAS.
Los gobierno de Lenin Moreno y Guillermo Lasso –articulados o representando directamente a poderosos grupos financieros- desmantelaron rápidamente la limitada capacidad institucional del estado, anularon su presencia en el territorio y volvieron a aplicar drásticas políticas neoliberales que de nuevo empujaron a muchos jóvenes y a mucho pueblo a la exclusión social; facilitando así que las narco-mafias recluten a esa juventud desempleada y sin escuelas, y se apoderaron fácilmente de gran parte del territorio .
En esas circunstancias, el que la moneda del Ecuador continuara siendo el dólar y que desde la llegada del presidente Lenin Moreno en 2017 se relajara el control sobre los flujos financieros, determinó que muchos cárteles y mafias del exterior vieran en ese país un destino privilegiado para blanquear su dinero y operar impunemente.
El tercer factor es el hecho de que Ecuador es vecino de los dos países mayores productores de droga de la región: Perú y Colombia, cuyos carteles de la droga han apreciado el paraíso que para ese negocio es el territorio del Ecuador, con una economía dolarizada con sus instituciones civiles y militares captadas por carteles locales conectados con los de exterior.
Esto, la internalización del escenario del tráfico, del lavado y de los propios carteles, operó como el cuarto factor que complejiza la crisis. Con razón se ha dicho que ECUADOR es una súper-autopista de las redes internacionales con salida al pacifico.
Tal realidad ha sido engendrada por esas políticas neoliberales y ese deterioro institucional aupadas por EEUU, la oligarquía capitalista y las ultraderechas políticas enemigas de toda reforma social cuyos responsables tienen nombres y apellidos de personas y entidades.
Es importante, por tanto, reflexionar sobre la magnitud de los problemas y el tipo de crisis que estremece ese país hermano y hacer las comparaciones de lugar con lo que acontece aquí y en Nuestra América.
En Ecuador, la membresía de las narco-bandas se estiman en más de 50 mil efectivos bien pagados, mientras que la Fuerzas Armadas cuentan con 38 mil miembros y la Policía Nacional 60 mil.
Solo la Banda Los Tiguerones agrupa entre 8 mil y 10 mil jóvenes. En Esmeralda, ciudad de 800 mil habitantes, tienen 1,500 en prisión y 3 mil en las calles.
El total de las bandas mayores son más de 20. Controlan casi todas las cárceles, mucho territorio y están conectadas con narco-organizaciones internacionales radicadas en Colombia, Perú, México, Albania y países asiáticos.
La ruta de la crisis ecuatoriana está presente en no pocas naciones del continente, incluida RD; cada una con sus particularidades y sus respectivas y recetas imperialistas dentro de la estrategia imperialista de provocación y manipulación del caos.
En nuestro continente se destacan el Cartel del Golfo de Colombia, con una red global conectada a 26 países; y el cartel mexicano de Sinaloa, operando en 51 naciones; ambos traficando droga desde Colombia y Perú y dólares a granel, conformando un sistema de redes internacional.
A las bandas mayores de Ecuador se le suman las mini-bandas que suman 1,500 en todo el país y se dedican al robo de celulares, vehículos de motor, falsificaciones y delitos digitales; concomitantemente ha crecido el tráfico de armas, personas, flora, fauna, contrabandos y tasa de homicidio, que actualmente asciende a 42 por 100 mil habitantes.
· LA FÓRMULA DEL CAOS BAJO CONTROL DE EE. UU.
El oligarca capitalista Noboa, cómplice de Lasso y de todo el neoliberalismo anterior, quien recientemente exhibió su alianza con Malei y sus coincidencias con Bukele, es un gobernante con fuertes inclinaciones ultra neoliberales y neofascistas, totalmente subordinado a la Casa Blanca.
Un personero ideal para que EE UU, en contexto de un viraje de la receta gringa en su “patio trasero” hacia la creación del «caos bajo su control», le permita el libre saqueo de las riquezas ecuatorianas y continentales.
Cuando la tendencia a la ingobernabilidad se agrava en sus neocolonias, o las políticas soberanas afectan sus intereses, EEUU ahora se inclina por sembrar el caos y aumentar el control militar de esos países,
Esa fórmula, -contemplando diferentes detonantes- ha sido aplicada en Libia, Haití y Perú, intentada en Bolivia, Venezuela y Nicaragua sin éxito… … pensada para Argentina y Cuba de otra manera… y se le ha dificultado en Honduras y México, por las respectivas derrotas de las ultraderechas en ambos países y el tono independiente de los gobiernos presididos por Xiomara Castro y López Obrador.
La línea de la guerra interna ya desatada en Ecuador podría facilitar el tipo de caos contemplado por EU. La sospecha de inducción imperialista crece con lo acontecido en la tele-emisora de Guayaquil, presentando como una toma de bandas armadas lo que fue un teatro.
A eso se le agrega el anuncio de la disposición del Departamento de Estado de ayudar a Noboa a enfrentar las bandas, pasando rápidamente a la visita del alto mando de la DEA y del Comando Sur del Pentágono
El presidente Daniel Noboa necesitaba una excusa para lograr que el Ejército interviniera en la represión del delito organizado y para declararle la guerra a las mafias armadas. La toma del canal TC de Guayaquil se la dio, pero imágenes aparecidas muestran que se trató de un montaje.
En el video filtrado puede verse a conductores y técnicos de la tele-emisora de Guayaquil indicándo a los bandoleros dónde y cómo colocarse para desarrollar la “coreografía”.
La idea fue sacar primero el Ejército a la calle y quitar las garantías constitucionales, para luego justificar la presencia militar estadounidense.
El hecho de que a seguidas el Departamento de Estado anunciara su ayuda para combatir la violencia y enviar rápidamente la referida delegación militar de alto nivel, indica que los mismos que patrocinaron el engendro mafioso y crearon las condiciones para el el desastre, presentando al Ecuador como “Estado fallido”, ahora aparecen con rostros de salvadores para imponer una nueva modalidad de intervención.
La fórmula es muy parecida a la que planeada para HAITÍ: provocar el caos para MANIPULAR EL CAOS.
El “meta control del caos y nuevas modalidades de intervención militar”, como lo definiera el pensador marxista argentino Jorge Beinstein.
· EL PODER DE RD EN EL ESPEJO DE ECUADOR.
Visto lo que acontece en Ecuador me parece insoslayable examinar comparativamente esa situación y los factores que la determinan con las características del poder y del proceso dominicano.
¿Por qué?
1.-Porque aquí el gobierno de turno ha asumido la profundización de la estrategia neoliberal y un plan de recolonización. Es un gobierno profundamente conservador y está gerenciado directamente por empresarios privados, con un presidente decidido a reelegirse en los comicios del 2024, enfrentado a una oposición electoral igualmente neoliberal, corrompida y muy desacreditada. ¡Cuál de los tres candidatos y los bloques electorales estructurados, peores!
Entre Lasso, Noboa y sus entornos de una parte y Abinader y el suyo de la otra, hay bastantes similitudes. No así entre la oposición electoral de cada uno de los dos países. Aquí no hay nada parecido al correísmo. La derechización del sistema de partidos es muy alta.
2.-El mismo garantiza no solo antidemocracia y postulación y reelección de no pocos de dirigentes impresentables, sino lo que es peor: asegura reelegir un estado delincuente; un estado contaminado por la narco-corrupción en muchas de sus instancias civiles, militares y policiales.
Además, la oligarquía capitalista ha logrado asaltar los principales cargos ejecutivos del Estado, incluido el Poder Ejecutivo actual y un Congreso dominado por mafias y políticos corruptos.
Sigue vigente un poder que garantiza reelección y continuidad agravada de un neoliberalismo endurecido. Aceleración de la privatización de la naturaleza (incluidas fuentes de agua), minería destructiva, desprotección de áreas protegidas, turismo costero depredador (ya ha destruido el 50% de los manglares y dañado muchas playas). Transferencia del patrimonio nacional a corporaciones transnacionales y grupos privados.
Que garantiza impunidad judicial a granel. Incremento de la violencia de género. Abismales desigualdades y empobrecimiento material y cultural de gran parte del pueblo. Anulación de soberanía y autodeterminación.
3.-En los últimos años se ha producido un enorme crecimiento del micro, del macro-tráfico de drogas y del lavado dinero sucio, con una alarmante impunidad de bandas y carteles asociados a las jefaturas de las instituciones policiales y militares PN, DNCD, DNI, Marina de Guerra y otros cuerpos armados…y con serias complicidades a nivel de las cúpulas políticas y empresariales.
Una voluminosa juventud sin trabajo y sin educación nutre bandas y pandillas.
Muchas de sus cárceles son centros de operaciones de las bandas.
Nuestro país, aun sin dolarización, es un puente eficaz del tráfico de droga desde Suramérica y Panamá hacia EU y UE, con gran participación de Colombia.
La internalización del tráfico de drogas es un hecho. Los carteles de Sinaloa de México y los Carteles del Golfo y del Valle de Colombia tienen una fuerte incidencia y fuertes conexiones con bandas locales.
Prolifera también el tráfico de armas, el contrabando de armas de EU, el tráfico de personas y de todo tipo de mercancías. Abundan bandas y pandillas armadas. Hay ya señales de creación de grupos parapoliciales neo-fascistas.
4.-En otro plano, el conservadurismo racista anti-haitiano, patriarcal, con inclinaciones neofascistas, domina la llamada clase política, la cúpula empresarial y jerarquías militares y eclesiales.
El fundamentalismo religioso-evangélico ha crecido extraordinariamente y está siendo manipulado por la CIA en todo el Continente. La gansterización del capitalismo transnacional y local no cesa de crecer e incidir.
En no pocos temas, el parecido con Ecuador es asombroso; solo que todavía la crisis no se ha desbordado, ni existen fuerzas políticas alternativas con suficiente influencia para disputar poder y desatar los diablos del neofascismo a corto plazo
Todavía no tienen necesidad. Pero la fórmula del caos bajo control gringo está en carpeta y en esa dirección la siembra de odio contra el pueblo haitiano es un factor a utilizar.
La intensidad y profundidad de la crisis político-institucional es menor aquí y hace bastante tiempo que no se presentan crisis de gobernabilidad
Las potencialidades de explosión de la delincuencia organizada y la opción neofascista están latentes.
La continuidad de Abinader-PRM-VICINI, o la vuelta de Leonel Fernández-FP o de Abel Martínez-PLD –las opciones de las derechas conservadoras-neoliberales con más posibilidades- potencian ese peligro y retrasan fórmulas alternativas. Y vale decírselo de frente a los electoralistas que en nombre del progresismo han decidido pactar con esos bloques de esas derechas, a pesar de sus enormes culpas en el cuadro nacional que hemos descrito.
El engendro gansteril crece y amenaza cada vez más a nuestra sociedad, sin la existencia de políticas públicas que enfrenten y superen sus causas.
¡Hay que proponerse contrarrestar y vencer esa funesta tendencia instrumentada por EE.UU!
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?