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Se repite la historia de Bahía de las Águilas con comisión de gran fraude en Parque Nacional Sierra de Bahoruco

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Santo Domingo, R.D.- Los recursos naturales de la República Dominicana están hoy gravemente amenazados por la falsificación de títulos de propiedad dentro del espacio correspondiente al Parque Nacional Sierra de Bahoruco. La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas denunciaron este miércoles posibles fraudes millonarios al Estado relacionados con demandas de indemnizaciones que abarcan casi el 70 % del Parque Nacional Sierra de Bahoruco.

Esto fue dado a conocer en una rueda de prensa por la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, en el edificio del Instituto Sismológico de la UASD.

Según el grupo ambientalista, en un contexto donde las áreas protegidas dominicanas enfrentan amenazas constantes de privatización, surge ahora una táctica novedosa: demandas en justiprecio. Estas reclamaciones buscan compensación por la expropiación de terrenos tras la declaración de un área como protegida. Sin embargo, la Coalición alerta que estos reclamos se están efectuando sobre terrenos carentes de un derecho de propiedad depurado.

Durante la rueda de prensa explicaron que al menos siete demandas en justiprecio han sido interpuestas en los tribunales contra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por dos personas que reclaman ser los propietarios de casi el 70% de los 1,100 kilómetros cuadrados que conforman el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, en las provincias de Pedernales e Independencia.

Los alegados propietarios de siete porciones de terreno que superan los 184,262,447 metros cuadrados dentro del ámbito de las Parcelas 4213, 3866 y 3250 del D.C. 3, exigen al Estado compensación por miles de millones de pesos.

Estos reclamantes a la fecha ya han obtenido dos sentencias a su favor emitidas por el Tribunal Superior Administrativo (TSA): la primera, dictada el 16 de febrero del 2023 y marcada con el No. 0030-04-2023-SSEN-00088, mediante la cual se ordena el pago de 590 millones de pesos por una porción de terreno de 2,950,000 metros cuadrados y la segunda, dictada el 30 de junio de 2023 y marcada con el No. 0030-02-2023-SSEN-00343, mediante la cual se ordena el pago de 676 millones de pesos por una porción de terreno de 16,900,000 metros cuadrados y sus mejoras, ambas porciones ubicadas dentro del ámbito de la Parcela No. 4213, D.C. 3, municipio Duvergé, provincia Independencia.

La Coalición expresó su preocupación y sospecha de irregularidades en las sentencias emitidas por el Tribunal Superior Administrativo, y anunció su decisión de recurrir en tercería para evitar un posible fraude al Estado dominicano. Asimismo, insta al Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría General Administrativa a profundizar en la investigación y procesar penalmente a los responsables de este presunto esquema mafioso.

Destacando la necesidad de proteger el sistema de áreas protegidas, la Coalición resalta casos anteriores de fraudes y obtención irregular de títulos en áreas como el Parque Nacional Cotubanamá y la zona Bucanyé-Pedernales. Además, enfatiza la violación de bloqueos registrales impuestos por la Ley de Áreas Protegidas.

Un recurso judicial expone preocupantes irregularidades en la sentencia relacionada con los reclamos de indemnización en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco. Los argumentos fundamentales presentados destacan la inobservancia de la certificación del historial de la parcela, evidenciando que las acciones registrales de los demandantes datan de 1994, once años después de la declaración del área como Parque Nacional, lo cual debería haber sido imposible debido al bloqueo registral asociado con áreas protegidas.

Además, el recurso señala la violación de la Ley de Registro Inmobiliario (No. 108-05), destacando que el Tribunal Superior Administrativo aceptó un derecho de propiedad no depurado, respaldado solo por una constancia anotada, sin certificado de título. Se subraya la falta de certeza en la ubicación e individualización de estas constancias, ya que carecen de un plano debidamente aprobado, como exige el Reglamento General de Mensuras Catastrales.

La contradicción en la sentencia se hace evidente al ordenar una inspección de campo basada en la constancia anotada, pero el informe revela que solo se realizó una verificación cartográfica sin un plano aprobado. El recurso también argumenta la necesidad de la participación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la disputa inmobiliaria, ya que gestiona el Catastro Nacional de Áreas Protegidas. Este desarrollo refuerza la importancia de una revisión exhaustiva y transparente del caso para garantizar la integridad de las áreas protegidas en la República Dominicana.

La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas está conformada por destacadas organizaciones ambientales, incluyendo la Academia de Ciencias de la República Dominicana, la Comisión Ambiental de la UASD, Cúa Conservation Agency, la Fundación Acción Verde Inc., la Fundación Moscoso Puello, el Grupo Jaragua, Guaikía Ambiente y la Sociedad Ecológica del Cibao.

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Audiencia de fondo de Operación Coral fue aplazada.

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Santo Domingo, R.D.-Fue pautada para el jueves 16 de mayo a las diez de la mañana la audiencia del juicio de fondo de Operación Coral, cuya decisión al respecto fue tomada por el Primer Tribunal Colegiado.

Esto, a solicitud la abogada del imputado Epifanio Peña Lebrón, Asia Jiménez, quien señaló que no había terminado de leer la acusación y por tanto no tenía listos los medios de defensa, a pesar de que fue notificada 14 días previos a esta audiencia, tal como indicó el defensor del Estado.

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortíz, en representación del Ministerio Público, se opuso a la solicitud, al señalar que la lectura de la acusación sería desarrollada en varias audiencias y la defensa tendría el tiempo necesario para terminar de preparar los medios de defensa.

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Establecen horarios que regirán en cada país para el voto del dominicano en el exterior

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Santo Domingo, R. D.-Mediante la resolución 32-2024 la Junta Central Electoral estableció los horarios de votación en el exterior para las elecciones del próximo 19 de mayo, dependiendo de los países, cuya cantidad de dominicanos empadronados para el voto en el exterior llega a 863,785.

Las votaciones se iniciarán a las 7:00 de la mañana y concluirán a las 5:00 de la tarde en los países que conforman la circunscripción número 1 del exterior, como son: Canadá, Puerto Rico, Chile, Curazao, San Martín, Venezuela, Aruba, Bonaire, Islas Vírgenes (USA y Británicas), islas Turcas y Caicos, Antigua y Barbuda, Guadalupe, Anguila, Martinica, y Estados Unidos, excepto Los Ángeles California y Las Vegas, donde el proceso se inicia a las 7:00 AM y culmina las 4:00 PM, hora local de esos lugares.

En los países de Europa que conforman la circunscripción 3 del exterior, el proceso de votación debe comenzar a las 8:00 de la mañana, hora local de esas naciones, y cerrara las 6:00 de la tarde.

Mientras que el horario de votación que regirá en los países de la circunscripción número 2, que tienen una diferencia de unas y dos horas con relación a la República Dominicana, el proceso será de 8:00 am a 6:00 pm. Estos son Uruguay, Argentina, Costa Rica, Panamá, Perú, Ciudad de México, en cuyas capitales están ubicados los colegios electorales.

En la resolución la Junta establece que si al momento del cierre de las votaciones todavía quedan ciudadanos en la fila de los colegios electorales, el presidente de cada colegio determinará la cantidad de electores en esta condición, “dispondrá que se recojan las cédulas de identidad y electoral de los mismos, conservándolas en su poder hasta que estos se presenten por ante la mesa a ejercer el sufragio”.

Agrega que ese funcionario confirmará la identidad del votante y dirá en alta voz el número de orden en el padrón, a los fines de que los delegados puedan confirmar que se trata de una persona hábil para votar porque se encuentra registrada en el padrón del colegio.

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A Najayo ruso vinculado a estafa millonaria con cannabis.

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Santo Domingo, R.D.-Prisión preventiva dispuso la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia en contra de un ciudadano ruso, principal investigado de una organización dirigida por compatriotas suyo que habría estafado 645 millones de euros con inversiones falsas en plantas de cannabis de uso medicinal.

El tribunal presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por Nancy Salcedo, y Fran Soto, dispuso que Sergei Berezin y/o Paul Bergholts, cumpla la medida en el referido centro penitenciario, sin establecer el tiempo.

Asimismo, el tribunal fijó para el 12 de mayo el conocimiento de la solicitud de extradición presentada por el Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Andrés Chalas.

Sergei Berezin, fue arrestado mediante allanamiento en un complejo turístico en Bayahibe, en la provincia de La Altagracia.

En la operación han participado fuerzas de seguridad españolas, dominicanas, alemanas, francesas, estadounidenses y británicas, con la colaboración de EUROPOL y EUROJUST, informó la Policía española en un comunicado.

Los acusados de pertenecer a esta organización criminal, que actuaba en 35 países, fueron arrestados en España (2), Alemania (2), Reino Unido, Letonia, Polonia, Italia, además de la República Dominicana.

ESTAFA PIRAMIDAL

El modelo de negocio consistía en utilizar el capital transferido de los inversores a los socios cultivadores para financiar la cría de plantas de cannabis; una vez hecha la cosecha, se vendería el producto y la plataforma recibiría una parte del beneficio que, posteriormente, devolvería al inversor.

Con este sistema se prometía a las víctimas beneficios de entre el 70% y el 168% al año, según la especie de cannabis.

Además, para facilitar la captación de clientes y ofrecerles confianza, la plataforma contaba con oficinas físicas de información al inversor en ciudades de Europa (Valencia, Berlin, Zúrich, Ámsterdam y Lisboa).

Sin embargo, los agentes españoles comprobaron que los fondos captados no se reinvertían totalmente en cannabis medicinal, sino que parte se destina a pagos parciales a las víctimas, otra porción al marketing y una gran parte al enriquecimiento de los investigados.

La mayor parte del dinero de los inversores se ocultaba con un complejo entramado de cuentas bancarias, sociedades pantalla y testaferros de Europa del Este.

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