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Se repite la historia de Bahía de las Águilas con comisión de gran fraude en Parque Nacional Sierra de Bahoruco
Santo Domingo, R.D.- Los recursos naturales de la República Dominicana están hoy gravemente amenazados por la falsificación de títulos de propiedad dentro del espacio correspondiente al Parque Nacional Sierra de Bahoruco. La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas denunciaron este miércoles posibles fraudes millonarios al Estado relacionados con demandas de indemnizaciones que abarcan casi el 70 % del Parque Nacional Sierra de Bahoruco.
Esto fue dado a conocer en una rueda de prensa por la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, en el edificio del Instituto Sismológico de la UASD.
Según el grupo ambientalista, en un contexto donde las áreas protegidas dominicanas enfrentan amenazas constantes de privatización, surge ahora una táctica novedosa: demandas en justiprecio. Estas reclamaciones buscan compensación por la expropiación de terrenos tras la declaración de un área como protegida. Sin embargo, la Coalición alerta que estos reclamos se están efectuando sobre terrenos carentes de un derecho de propiedad depurado.
Durante la rueda de prensa explicaron que al menos siete demandas en justiprecio han sido interpuestas en los tribunales contra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por dos personas que reclaman ser los propietarios de casi el 70% de los 1,100 kilómetros cuadrados que conforman el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, en las provincias de Pedernales e Independencia.
Los alegados propietarios de siete porciones de terreno que superan los 184,262,447 metros cuadrados dentro del ámbito de las Parcelas 4213, 3866 y 3250 del D.C. 3, exigen al Estado compensación por miles de millones de pesos.
Estos reclamantes a la fecha ya han obtenido dos sentencias a su favor emitidas por el Tribunal Superior Administrativo (TSA): la primera, dictada el 16 de febrero del 2023 y marcada con el No. 0030-04-2023-SSEN-00088, mediante la cual se ordena el pago de 590 millones de pesos por una porción de terreno de 2,950,000 metros cuadrados y la segunda, dictada el 30 de junio de 2023 y marcada con el No. 0030-02-2023-SSEN-00343, mediante la cual se ordena el pago de 676 millones de pesos por una porción de terreno de 16,900,000 metros cuadrados y sus mejoras, ambas porciones ubicadas dentro del ámbito de la Parcela No. 4213, D.C. 3, municipio Duvergé, provincia Independencia.
La Coalición expresó su preocupación y sospecha de irregularidades en las sentencias emitidas por el Tribunal Superior Administrativo, y anunció su decisión de recurrir en tercería para evitar un posible fraude al Estado dominicano. Asimismo, insta al Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría General Administrativa a profundizar en la investigación y procesar penalmente a los responsables de este presunto esquema mafioso.
Destacando la necesidad de proteger el sistema de áreas protegidas, la Coalición resalta casos anteriores de fraudes y obtención irregular de títulos en áreas como el Parque Nacional Cotubanamá y la zona Bucanyé-Pedernales. Además, enfatiza la violación de bloqueos registrales impuestos por la Ley de Áreas Protegidas.
Un recurso judicial expone preocupantes irregularidades en la sentencia relacionada con los reclamos de indemnización en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco. Los argumentos fundamentales presentados destacan la inobservancia de la certificación del historial de la parcela, evidenciando que las acciones registrales de los demandantes datan de 1994, once años después de la declaración del área como Parque Nacional, lo cual debería haber sido imposible debido al bloqueo registral asociado con áreas protegidas.
Además, el recurso señala la violación de la Ley de Registro Inmobiliario (No. 108-05), destacando que el Tribunal Superior Administrativo aceptó un derecho de propiedad no depurado, respaldado solo por una constancia anotada, sin certificado de título. Se subraya la falta de certeza en la ubicación e individualización de estas constancias, ya que carecen de un plano debidamente aprobado, como exige el Reglamento General de Mensuras Catastrales.
La contradicción en la sentencia se hace evidente al ordenar una inspección de campo basada en la constancia anotada, pero el informe revela que solo se realizó una verificación cartográfica sin un plano aprobado. El recurso también argumenta la necesidad de la participación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la disputa inmobiliaria, ya que gestiona el Catastro Nacional de Áreas Protegidas. Este desarrollo refuerza la importancia de una revisión exhaustiva y transparente del caso para garantizar la integridad de las áreas protegidas en la República Dominicana.
La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas está conformada por destacadas organizaciones ambientales, incluyendo la Academia de Ciencias de la República Dominicana, la Comisión Ambiental de la UASD, Cúa Conservation Agency, la Fundación Acción Verde Inc., la Fundación Moscoso Puello, el Grupo Jaragua, Guaikía Ambiente y la Sociedad Ecológica del Cibao.
Nacionales
Defensa de sargento enviada a prisión por muerte de su hija llama a abordar la salud mental con empatía
Santo Domingo, R.D.-El 20 por ciento de la poblacion en la República Dominicana padece algún tipo de trastorno emocional o psiquiátrico, cuyo ejemplo al respecto es el caso de la sargento mayor de la Policía Nacional, Glenny Tellería Alberto, quien desde el año 2022 padece de depresión y otros padecimientos psiquiátricos.
Así lo manifestó el jurista Jean Carlos Martínez, abogado de la sargento mayor enviada a prisión al pabellón psiquiátrico del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El abogado indicó que su representada se encontraba en tratamiento bajo el cuidado permanente y la supervisión de su familia. Sin embargo, desafortunadamente ocurrió la tragedia en la que resultó muerta la menor de 10 años de edad.
“En el caso de nuestra representada, estaba bajo cuidado médico y en el seno de su familia. Con este lamentable hecho que ha ocurrido, lo que queremos es que el tema se enfoque de una manera humana, sin morbo. Lo que hay es un dolor grande en una familia y en el seno de la sociedad”, afirmó el togado.
Medida de coerción a la sargento de la Policía
El hecho ocurrió en el sector Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.
La magistrada ordenó que la imputada cumpla la medida en el pabellón de psiquiatría de Najayo Mujeres, luego de que el Ministerio Público le imputara el delito de homicidio voluntario.
La decisión se sustentó, entre otros elementos, en un examen médico que establece que la imputada padece esquizofrenia. Además, familiares de la imputada manifestaron que fue diagnosticada con esa enfermedad hace aproximadamente dos años, según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano persecutor.
En la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, establece que el pasado 18 de julio, alrededor de la 1:30 de la tarde, la imputada, quien ostenta el rango de sargento mayor de la Policía Nacional, tomó una pulidora eléctrica de mano dentro de la habitación donde se encontraba su hija de 10 años. Posteriormente, conectó la herramienta, se colocó sobre la menor y presuntamente le ocasionó una herida cortante en el cuello.
En ese momento, el hermano de la imputada, Glenny Telleria Alberto, al escuchar los gritos de la niña, entró a la habitación y encontró a su hermana presuntamente hiriendo a la menor con la pulidora eléctrica. De inmediato, la apartó, cargó a la niña en sus brazos y le reclamó: «¡Glenny, por qué hiciste eso!».
Acto seguido, trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia, donde llegó sin signos vitales. De acuerdo con el acta de levantamiento del cadáver, la causa de la muerte fue una herida cortante en el cuello compatible con una lesión ocasionada por una pulidora eléctrica.
Tras el hecho, la imputada fue trasladada bajo custodia policial al Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, donde permaneció ingresada hasta este martes. Luego de recibir el alta médica, fue conducida al tribunal, alrededor de las 2:27 de la tarde de este martes, para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
La niña falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esa jurisdicción.
SANTO DOMINGO.– Un incremento su produjo este martes en los precios internacionales del petróleo como consecuencia de las persistentes tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los riesgos para el suministro mundial de crudo, un escenario que mantiene bajo presión a economías altamente dependientes de las importaciones energéticas, como la República Dominicana.
En la jornada, el barril de West Texas Intermediate (WTI) se cotizó en torno a US$84.34, mientras que el Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, alcanzó US$91.01 por barril, su nivel más alto en varias semanas.
El comportamiento del mercado responde a la incertidumbre generada por la situación en el Mar Rojo y Oriente Medio, donde los riesgos para las rutas de transporte de hidrocarburos han incrementado la volatilidad de los precios. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que una prolongación de estas tensiones podría afectar el suministro global y provocar nuevas alzas del crudo.
Para la República Dominicana, que importa la totalidad del petróleo que consume, el encarecimiento del crudo representa un desafío para la estabilidad de los precios internos de los combustibles, el costo del transporte, la generación eléctrica y la inflación.
En los últimos meses, el Gobierno ha recurrido a subsidios y ajustes focalizados para mitigar el impacto de las variaciones internacionales sobre los consumidores, una política que también incrementa la presión sobre las finanzas públicas cuando los precios del petróleo permanecen elevados.
Analistas consideran que, si el barril de petróleo continúa por encima de los 90 dólares durante un período prolongado, podrían aumentar los costos de producción y distribución de bienes y servicios, afectando el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los hogares.
Las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente de la evolución del mercado energético internacional para evaluar su impacto sobre la economía nacional y definir las medidas necesarias para reducir los efectos de la volatilidad en los precios de los combustibles.
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Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva impuso el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste contra la sargento mayor Glenny Tellería Alberto, acusada de causarle la muerte a su hija de 10 años con una pulidora eléctrica, en un hecho ocurrido el pasado sábado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo.
La jueza Cecilia Toribio dispuso que la imputada cumpla la medida en el área de psiquiatría del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, con el fin de que reciba atención médica especializada.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal acogiera la solicitud de los fiscales de la Unidad de Procesamiento de Casos y de Delitos contra las Personas de Santo Domingo Oeste, quienes pidieron prisión preventiva como medida de coerción.
El abogado de la defensa, Yan Carlos Martínez, informó que su representada recibía tratamiento psiquiátrico y supervisión familiar desde 2022, y que se encontraba bajo medicación al momento del hecho.
El defensor pidió comprensión ante lo que calificó como una tragedia familiar y social, y llamó a la ciudadanía a prestar mayor atención a la salud mental.
Valoró además que el tribunal haya dispuesto que la mujer permanezca en un centro con atención médica especializada durante el proceso.
El hermano de la acusada, Tony Alexander Eusebio Rodríguez Alberto, quien presenció parte de los hechos, relató que al escuchar gritos entró a la habitación y encontró a la mujer sobre la cama agrediendo a la niña, por lo que intervino y trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia de Manoguayabo, donde fue recibida sin signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional arrestaron posteriormente a la mujer en flagrancia, mientras que el Ministerio Público calificó provisionalmente el hecho como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.
Entre las pruebas recolectadas por la Policía Científica figuran la pulidora eléctrica utilizada, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y testimonios de familiares y agentes actuantes.