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No puede ser aplicada por ahora la polémica Ley 1-24 que crea la DNI
Santo Domingo, R.D.- A pesar de que hay quienes creen que la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la cual fue promulgada por el presidente Luis Abinader el pasado 15 de enero, es aplicada aunque esto realmente no ha ocurrido.
La normativa no podrá entrar en función por el momento, debido a que le hace falta su reglamento para su implementación, el cual tendrá que ser entregado al Poder Ejecutivo por las autoridades de la DNI antes del próximo 15 de abril.
“La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en un plazo de NOVENTA días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, elaborará y propondrá al Poder Ejecutivo el reglamento de aplicación”, reza el artículo 37 de la Ley.
Ante la inobservancia a este articulado distintos sectores y actores de la vida nacional han atribuido a la legislación en cuestión hechos aislados de detenciones de personas cuando aún no estaría lista la Dirección Nacional de Inteligencia sino que aún opera el Departamento Nacional de Investigaciones.
Tal es el caso del miembro de la prensa Aneudy Betances, quien resultó apresado la semana pasada mientras grababa frente a las instalaciones del DNI que está al lado del Palacio Nacional.
El camarógrafo en Multimedios Su Mundo explicó que se encontraba del lugar haciendo varias tomas, cuando dos agentes del Departamento Nacional de Investigaciones se le acercaron a decirle que no podía grabar en esa área y lo ingresaron a la entidad, donde, según comentó, le pidieron su documento de identidad y su equipo de trabajo.
“Me revisaron, me quitaron mi documento, hasta que duré ese tiempo de 45 minutos y después me despacharon (…). El equipo se lo llevaron a otra área y yo, como ya sabía la situación, cuando iba entrando saqué la memoria de la cámara, lo que tenía grabado para que no se me pierda, me la puse en los bolsillos, explicó.
Este hecho despertó las alarmas de sectores, quienes decían que era el primer caso de aplicación de la Ley.
Otro suceso atribuido a la aplicación de Ley que crea la DNI, el más reciente, es el del pasado viernes en la provincia San José de Ocoa, cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron y maltrataron al reconocido médico y activista Wazar Gómez, mientras éste caminaba con un cartel que tenía un mensaje dirigido al presidente Luis Abinader.
Las redes sociales “explotaron” al respecto, y hasta dirigentes políticos de la oposición “tronaron” contra la Ley 1-24, al creer que ya opera.
Posición de juristas ante los tres frentes a la Ley que crea la DNI
Ante las críticas y el rechazo a la legislación que crea la DNI, se han producido tres frentes: una mesa diálogo entre el Gobierno y la Sociedad Dominicana de Diarios (SSD); sectores depositaron cuatro acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la normativa; y dos diputados peledeísta sometieron un proyecto de ley, de dos artículos, para derogar la pieza y se mantenga en vigencia la Ley 857, del 22 de julio de 1978, que dispone que el DNI esté bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas.
En ese sentido, elCaribe conversó ayer con especialistas en Derecho Constitucional, quienes, tras coincidir en que las tres opciones señaladas son correctas, dieron sus recomendaciones al respecto.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán; y el catedrático Ricardo Rojas se inclinan al diálogo con los sectores para buscar un consenso y modificar la pieza. Mientras, el jurista Nassef Perdomo considera que lo ideal es que se derogue la legislación, para iniciar un proceso de discusión y aprobar una ley de consenso.
Rojas concibe que la Ley se debe dejar en manos del Poder Ejecutivo, quien ha demostrado ser una persona “extremadamente abierta”, para que avance en las gestiones de escuchar a todos los sectores de la vida nacional que proponen cambios a la norma. Entiende que derogar la ley no es una solución, porque la misma, a pesar de sus “dos o tres artículos controversiales, tiene muchísimos aspectos que son importantes y necesarios, además de que la Constitución manda a crear un Sistema Nacional de Inteligencia”.
Se recuerda que los artículos atacados ante el Tribunal Constitucional son el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27 y 29. En ese sentido, el catedrático no ve que la Ley sea contraria a la Carta Magna, “no la hay”, por lo que considera que los recursos de inconstitucionalidad sometidos en la alta corte no van a tener éxito. Dijo consciente que el marco legal tiene aspectos que deben ser mejorados, los cuales no están en discusión, pero aclaró que el TC, mediantes sus fallos, no va corregirlos o mejorarlos.
“Cuando te lees el artículo 11, en su párrafo IV, te remite a la Constitución, o sea, la Ley te dice ´usted tiene que dar información con respecto a la Constitución y las leyes sectoriales . ¿Qué dice la Constitución y las leyes sectoriales?, que hace falta una autorización judicial. Lo dice. Ahora, ¿que la ley debió decir directamente ´hay que ir donde un juez y conseguir una autorización´?, es cierto, debió decirlo, pero ellos (los legisladores) lo que utilizaron fue la técnica de la remisión, que están remitiendo a la Constitución, que dice hay que buscar la autorización de un juez y están remitiendo a leyes sectoriales que dice también hay que buscar la autorización de un juez”, sostuvo el especialista al justificar el porqué, a su juicio, el artículo no es anticonstitucional.
Señaló, además, que la normativa debe ser sacada del debate político, porque “todo el mundo votó” por la misma, aunque considera que esto no da razón para que no sea mejorada.
En tanto, Servio Tulio Castaños Guzmán recomienda no esperar que el TC se pronuncie, ya que conocer una acción de inconstitucionalidad le puede llevar al órgano extrapoder desde meses hasta dos años.
“Lo importante es continuar con lo que el presidente de la República propuso: una comisión a los fines de que elaborara cuáles son las modificaciones que se le deben hacer a la Ley, un tanto como para que la misma se corresponda no solo con disposiciones constitucionales, sino que en algunos de sus artículos se ha dado lo que en Derecho se llama una especie de antinomia, o sea, esa ley contradice otras disposiciones legales como la Ley del Ministerio Público”, ponderó.
El representante de la Finjus recomienda que la propuesta de modificación a la Ley 1-24 por parte de la mesa revisora entre el Gobierno y la SDD debe estar lista la semana entrante y ser remitida al Poder Ejecutivo, para que éste se la envié al Congreso Nacional, a fin de que la pieza sea reformada. “Si hay un consenso alrededor de la Ley, es que la misma tiene que ser modificada, y eso es lo más importante ahora”, enfatizó.
En un breve comentario y contrario a sus homólogos, Nassef Perdomo cree que lo ideal es que “se derogue la Ley y se empiece un proceso de discusión para poder aprobar una ley de consenso”.
Finjus presentará mañana propuesta de modificación a la Ley 1-24
La Fundación Institucionalidad y Justicia presentará mañana martes sus observaciones en torno a la Ley 1-24, según adelantó el vicepresidente ejecutivo de la entidad. Al conversar con elCaribe, Servio Tulio Castaños Guzmán dijo que la Finjus se reunirá con la comisión del Gobierno y la Sociedad Dominicana de Diarios para dar a conocer su propuesta de reforma. Reveló que en el encuentro asistirá por primera vez el presidente Luis Abinader. “Tenemos nuestras observaciones al respecto que la daremos a conocer en el día de mañana, que es cuando se reúne por primera vez la comisión conformada con el Presidente”, expresó el representante de la Finjus.
La Ley 1-24 obliga a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas y personas físicas a entregar información a la DNI que pueda afectar la seguridad nacional.
Comisión revisora Ley DNI se reúne tres días
SANTO DOMINGO.- Parte de los imputados en el sonado caso SENASA han admitido ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional su participación en una supuesta trama para desfalcar a esa institución con miles de millones de pesos.
Durante la primera audiencia de medida de coerción, los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo señalaron a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, como el cabecilla del presunto entramado, lo que complica la situación legal del exfuncionario.
El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó que “ellos han manifestado todos lo mismo: que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado. De 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim”.
De su lado, Surun Hernández, abogado de Read Estrella, dijo su defendido declaró ante el tribunal haber entregado mil millones de pesos a Hazim.
Según el Ministerio Público, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, Read Estrella recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones por contratos y adendas con SENASA.
Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios, como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas».
ABOGADOS DE HAZIM SOLICITAN HABLAR DE ULTIMO
Tras los señalamientos directos que vinculan a Hazim con la recepción de sobornos, uno de sus abogados dijo que la defensa solicitó hablar de último ante el juez.
“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, uno de los abogados del exfuncionario.
Durante la audiencia, el Ministerio Público identificó a José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo) como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.
HAZIM TENDRA SU TURNO ESTE VIERNES
Hazim tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.
«Nosotros vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso, y eso obviamente tendremos que discutirlo», manifestó Miguel Valerio, otro de los abogados del exfuncionario.
Dijo que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.
«A los empresarios los extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con Senasa. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí es que el señor Hazim recibió ningún pago indebido», declaró.
jt-am
Santo Domingo, R.D.-La esposa del movimiento Ola, que apoyo durante la campaña electoral a Luis Abinader, Heidi Mariela Pineda Perdomo, ha sido vinculada al caso SENASA, aunque el Ministerio Público establece que la persona que controlaba la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L era Manuel Enrique Ovalle Tapia, “conocido dentro de la organización por su activa participación y aportes económicos.
El órgano persecutor sostiene que a través de esta empresa Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona, valorado en USD$83,000.00, destinado al imputado Santiago Hazim.
Su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, admitió la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En el expediente de solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso, se dice que su programa fue incorporado, a través del programa “Senasa Cuida de Ti”, en el que se le ofrecería complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edad de 35 a 64 años.
Este programa “Nutrisalud” tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495.00. El mismo terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.
El Ministerio Público establece que la empresa firmó el contrato con Senasa el 22 de julio de 2021. Este se firmó bajo la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria. Esta empresa no contaba con licencia de servicio de consultoría de primer nivel de atención, además de que recibió del Ministerio de Salud Pública el “Certificado De Registro de Distribuidora”, un mes antes de la firma con Senasa.
De acuerdo al expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L., se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), indicó en sus informes que el producto nutricional suministrado era importado desde Europa, sin evidencia completa de registro sanitario nacional y que no existen estudios o evaluaciones que midan los resultados e impacto del programa, lo que impide comprobar su efectividad sobre la salud de los afiliados.
A esta empresa también Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de «NO DEFINIDO», lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”.
Santo Domingo, R.D.-Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.
El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.
La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados (sin revelar sus nombres) admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.
Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.
Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.
Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. «Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos» señaló.
De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron «pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno».
Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.
«Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir», dijo.
Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.
«Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar», indicó.
La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.