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Todavía hay funcionarios del Gobierno que no ha presentado su declaración jurada de patrimonio.
Santo Domingo, R.D.-Dieciocho funcionarios del Gobierno de Luis Abinader todavía no han presentado su declaración jurada de patrimonio, pese a que la actual gestión está a sólo meses de terminar, lo cual representa una violación de la Ley 311-14.
Como si tuvieran algo que esconder, 18 funcionarios de Abinader han ignorado y violado la ley durante años y permanecido en sus cargos sin sanción alguna, teniendo solo un pequeño grupo de ellos una breve suspensión de sus salarios, durante el año 2020.
A pesar de su constante discurso de transparencia, cambio y “anticorrupción” que ha impulsado Abinader durante todo su mandato, varios de sus funcionarios han evitado seguir su línea y actuar al margen de la ley.
La Cámara de Cuentas, en su último listado de funcionarios nombrados por decretos y otras designaciones que no han presentado su declaración jurada de patrimonio (DJP), detalla que hasta noviembre del 2023 hay varios presidentes de entidades, miembros de consejos, gobernadores, directores y hasta un cónsul del actual tren gubernamental, que no han depositado los documentos correspondientes.
Sumado a esto, la Cámara de Cuentas también ofrece un portal de consulta de DJP, donde fueron buscados los nombres de los funcionarios incumplidores, no apareciendo registro alguno.
La mayor cantidad de funcionarios que no han reportado su DJP, son del Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur). Allí, Máximo Florián Sierra, Ángel Darío Ramírez Medina, Manuel Antonio Medina, Francisco Alberto Jiménez Sena y Juan Adolfo Familia Beltre, que ocupan los puestos de “miembro” en representación de distintas provincias, y fueron nombrados en el decreto 452-20, violando la ley desde el año 2020.
Además, están Jose Luis Polanco Henríquez, Corporación del acueducto y alcantarillado de Moca (Coraamoca); José del Carmen Oviedo Tejada, Instituto Nacional de la Vivienda (INVI); Luis María Catano Tavares, Consejo de la Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo (Corphotel); Antonia Hierro de la Cruz, Corporación del acueducto y alcantarillado de Monseñor Nouel; José Francisco Matías Rodríguez y Dirección General de Ganadería.
Entre los funcionarios designados recientemente que ya se encuentran violando la ley por no haber entregado en el tiempo establecido su DJP están Mildred Gabriela de la Altagracia Pérez de Arias, Centro de Atención Integral para la Discapacidad (Caid); Juan Manuel Ruiz Galdón, Ministerio de Relaciones Exteriores; Carlos José de Jesús Yunen Bojos, Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) y Pablo Casimiro Mateo Santos de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra-Hospitalarias.
En noviembre del año 2020, el Poder Ejecutivo anunció que, de manera provisional, suspendió a 36 funcionarios por no presentar en el plazo de ley sus declaraciones juradas de patrimonio.
No obstante, el decreto no establecía sanción alguna a los funcionarios que no hicieran su declaración jurada tras la publicación de la comunicación, salvo la “suspensión temporal”, la cual también era ambigua al no especificar tiempo alguno.
Estos son Benjamín Reynoso Cabrera, Máximo Florián Sierra, Ángel Darío Ramírez Medina, José del Carmen Oviedo Tejada, José Luis Polanco Henríquez, Francisco Alberto Jiménez Sena y Juan Adolfo Familia Beltré.
También existe el caso de José Francisco Matías Rodríguez, quien fue designado como subdirector de la Dirección General de Ganadería, el cual fue el único “cancelado” cuando derogaron su nombramiento con el directo 509-23 del pasado año.
¿Qué dice la ley?
“Los funcionarios públicos obligados a declarar tienen que presentar, dentro de los treinta días siguientes a su toma de posesión, la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal”, ordena la Ley 311-14.
La legislación ordena que los empleados públicos que deben declarar son los ministros, administradores, gerentes de bancos estatales, así como presidentes, vicepresidentes, superintendentes y administradores de empresas estatales.
También los administradores y subadministradores generales, los directores nacionales, generales y subdirectores de órganos centralizados y descentralizados del Estado, así como los miembros de consejos de administración de órganos autónomos del Estado y los gobernadores provinciales, entre otros.
Lo mismo debe hacer el servidor público cuando es reelegido para un nuevo período y cuando hayan cesado en sus funciones, en un plazo no mayor de 30 días.
Sobre las posibles sanciones, aquellos servidores públicos que no presenten la declaración de sus bienes incurren en “faltas graves de tercer grado”, sancionadas con la destitución del cargo según la ley número 41-08, de Función Pública.
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Este martes conocerán medida de coerción contra acusados de desviar fondos del Patronato Contra el Cáncer
Santo Domingo, R.D.-Este martes un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago conocerá la solicitud de medida de coerción contra tres gerentes del Consejo de la Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, implicados en el caso Onco14, por la presunta sustracción de millones de pesos de la institución para beneficio personal.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. Entre los imputados figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, presidente y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC); Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal acusado.
Según el órgano acusador, posee 155 elementos de prueba que sustentan las imputaciones contenidas en la solicitud de medida de coerción. Estas evidencias incluyen 32 elementos testimoniales, tres periciales, 42 documentales, 14 materiales y 37 procesales.
Ministerio Público detalla Principales irregularidades cometidas por imputados.
Entre las presuntas acciones ilícitas atribuidas a los imputados del caso Onco14, se encuentran: Utilizar recursos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) como objetivo principal para obtener fondos destinados a pacientes de escasos recursos afectados por cáncer, según solicitud de medida de coerción.
Estos crearon un departamento destinado a modificar indicaciones médicas y generar facturas fraudulentas en perjuicio de SeNaSa y sus afiliados.
En la instancia se indica que utilizaron los sellos médicos y talonarios pre sellados para emitir órdenes de estudios a nombre de especialistas que no habían evaluado a los pacientes.
Prohibieron la entrega gratuita de medicamentos donados a pacientes, bajo amenaza de despido al personal que incumpliera la disposición, con el objetivo de Comercializar esos medicamentos donados, incluyendo fármacos de alto costo utilizados en tratamientos de quimioterapia.
Realizar doble facturación de medicamentos suministrados a pacientes, cobrando dos veces por un mismo producto.
En el documentos se establece que el principal imputado ordeno administrar dosis incompletas de medicamentos oncológicos mientras se facturaban dosis completas a SeNaSa, y facturaron los medicamentos biológicos originales y entregar versiones genéricas de menor costo para obtener beneficios económicos indebidos.
En la solicitud de medida de coerción contra los imputados el caos Onco14, se establece que privatizaron las habitaciones destinadas a pacientes oncológicos, reduciendo la capacidad de atención del centro y destino espacios concebidos para pacientes con cáncer al uso de pacientes sometidos a cirugías estéticas. Y comercializaron los medicamentos con sustancias controladas al margen de las disposiciones legales vigentes.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público revelo que los imputados de caso Onco14, utilizaron la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida como mecanismo para desviar fondos del Patronato, mediante la importación masiva de equipos, papelería e insumos utilizando exoneraciones fiscales destinadas exclusivamente al Patronato, con fines comerciales particulares.
En la instancia se indica que los imputados del caso Onco14, cobraban presuntas comisiones ilícitas a proveedores de la institución.
En el documento el Ministerio Público especifica que los imputados del caso Onco14, eliminaron registros digitales y provocar el colapso del sistema informático para dificultar la trazabilidad de las operaciones, así también intentó sustraer documentación de la oficina de la presidencia del Patronato.
Desmantelaron controles internos para facilitar el desvío de recursos sin dejar rastros fiscales.
El principal imputado del caso Onco14, se autoasignarse gastos de representación sin justificación institucional, y realizo reembolsos presuntamente fraudulentos por viajes, hoteles, restaurantes y otras actividades sin documentación de respaldo, según el expediente del caso Onco14.
La investigación del Ministerio Público revelo que todas esas irregularidades cometidas por los imputados del caso Onco14, perjudico directamente al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, a SeNaSa y a pacientes oncológicos de las 14 provincias del Cibao. Y los imputado del caso Onco14, incorporaron al sistema financiero recursos presuntamente sustraídos mediante operaciones que podrían constituir lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que las acciones atribuidas a los imputados provocaron graves daños económicos a la institución, afectaron recursos destinados a pacientes con cáncer y comprometieron fondos públicos administrados a través de SeNaSa.
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Crucero internacional Hermandad de los Mares Verano 2026 fue despedido por la Armada Dominicana.
Santo Domingo, R.D.-Un acto de despedida del Crucero Inmternacional para Guardamrinasw Hermandad de los Mares Verano 2026 fue hecho por la Armada de República Dominicana, cuya actividad tuvo lugar el pasado sábado, el cual tendrá una travesia de instruccion que recorrerá diversos puertos de Estados Unidos a bordo del buque escuela Almirante Juan Bautista Cambiaso.
La actividad, celebrada en el Apostadero Naval de Sans Souci, fue encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, junto al comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, quienes despidieron a los guardiamarinas que integran esta misión académica y de representación internacional.
Durante las palabras centrales del acto, el vicealmirante Crisóstomo Martínez agradeció al presidente Luis Abinader, por su apoyo constante a las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento institucional.
Asimismo, exhortó a los guardiamarinas a desempeñar la misión con honor y profesionalismo, recordándoles que tendrán la responsabilidad de representar dignamente a República Dominicana y a la Armada en cada puerto que visiten.
“Naveguen con el orgullo de quienes saben que llevan sobre sus hombros la representación de la Armada y de toda la nación”, indicó Crisóstomo Martínez.
La travesía reviste especial importancia, ya que la República Dominicana participará en las actividades conmemorativas del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y en el prestigioso evento internacional “Sail250”, considerado uno de los mayores encuentros mundiales de grandes veleros y buques militares.
Como parte del acto, las autoridades invitadas abordaron el Buque Escuela “Almirante Juan Bautista Cambiaso” para despedir formalmente a la dotación y a los guardiamarinas.
Un comunicado de prensa refiere que, al concluir el recorrido protocolar, se realizó el desatraque de la embarcación mientras la Banda de Música de la Armada interpretaba la tradicional pieza naval “Leven Anclas”, marcando el inicio de la travesía.
La ceremonia contó con la asistencia de altos mandos militares y policiales, funcionarios gubernamentales, autoridades civiles y representantes de instituciones nacionales.
Entre los presentes figuraron los viceministros Miguel Ángel Rubio Báez, Agustín Morillo Rodríguez y Carlos Febrillet Rodríguez; el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración.
Además, asistieron otras personalidades del ámbito militar, gubernamental, diplomático y civil, como Lucrecia Santana Leyba, gobernadora de Santo Domingo Este, así como Dickson Rivas Báez, Mauro Caslini y Giacome Moriconi.
Con esta misión, la Armada de República Dominicana reafirma su compromiso con la excelencia académica, el fortalecimiento de las capacidades operacionales de sus futuros oficiales y la promoción de la cooperación internacional, consolidando al Crucero Internacional para Guardiamarinas “Hermandad de los Mares Verano 2026” como símbolo de formación, integración y hermandad entre las naciones a través de los mares.
Santo Domingo, R.D.-La madrugada de este lunes un hombre, que aún no ha sido identificado, entró al área de Emergencia del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras y segó la vida de una mujer e hirió a otra con un arma de fuego.
La fallecida fue identificada como Nancy Sánchez Gálvez, mientras que la herida responde al nombre de Marilenny Cuello, de 45 años.
La información fue compartida por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueria, quien expresó que investigan las cámaras de seguridad para determinar quién era la persona que entró al lugar.
Al hablar en el Palacio de la Policía Nacional, explicó que cuando se tengan mayores detalles, serán dados a los medios de comunicación.