Análisis Noticiosos
Negro Veras frente al juicio contra Leonel
Por Miguel Espaillat Grullón
Situaciones que a los padres nos pasan con los hijos, nos pueden colocar en una difícil disyuntiva, que nos pueden llevar a reaccionar en una forma de asumir conductas, que hasta sean una sorpresa para nosotros mismos. En este contexto, hay quienes por el amor hacia un hijo, pueden ser inducidos a quebrantar códigos y principios que creían inviolables, si lo ven como necesario para salvar o proteger al vástago de una injustica o de un peligro que consideran inminente para él, aunque sepan que esas maneras les puedan deparar para el resto de la vida, dolores y amarguras insuperables. Otros en cambio, pese a tener ese mismo amor por el hijo, no son capaces de violar los principios en que han sido formados, ni siquiera, si por esa violación dependiera el salvarle la vida. Ello sucede así, porque en materia del comportamiento humano, existe todo tipo de conducta imprevisible.
Los lectores de los clásicos de la literatura rusa recordaran a Taras Bulba, el épico protagonista de aquella novela homónima de corte romántico e histórico, escrita por Nikolai Gogol, que transcurre en el siglo XVI, en la que se cuenta que ese cosaco ucraniano que lideró la guerra contra Polonia, ejecutó entre lagrimas a su propio hijo, el introvertido y romántico Andréi, por haber traicionado la causa libertaria de los suyos y de su padre.
En el libro de Génesis del antiguo testamento, se describe que Dios queriendo probar la lealtad de Abraham, le pidió en sacrificio a su hijo unigénito Isaac, a quien amaba, y que ya al punto de degollarlo- narra ese libro- un angel del Señor desde los cielos lo impidió.
El rey David tuvo que sufrir las diabluras de sus hijos Amnón y Absalón. Amnón en un momento de irracionalidad violó a Tamar su hermana, también hermana de Absalón, su hermano. Este último, posteriormente mata a su hermano, para vengar la violación de su hermana. Estos hechos fueron parte de las grandes tragedias del rey David; pero pese a ello, siguió protegiendo y amando entrañablemente a su hijo Absalón.
En estos episodios del instinto paternal, es famoso el amor que tienen por sus hijos los psicópatas. Los tiranos y los grandes asesinos siempre han tenido un amor inconmensurable por sus hijos. Los tuvo Trujillo por los de él. Hitler y Mussolini por los suyos. Y cuanto general asesino que conozco, también amaron al fruto de sus entrañas, ¡claro!… a la manera de ellos.
Este amor, además es inherente en todo el reino animal. Es propio de aves, peces y reptiles; de mamíferos vertebrados e invertebrados, y del más insignificante ser creado. Entre ciertos arácnidos el padre se da en alimento para sus hijos. Si quieres saber de este instinto, acércate a cualquier fiera parida.
Tocado por la vorágine de pasiones que despierta la paternidad, en Quisqueya, un Presidente de la Junta Central Electoral extorsionado por el gobierno de turno, convino en favorecer con la ganancia de las elecciones presidenciales al ente de poder que lo chantajeaba con llevar a un hijo suyo a la cárcel, que estaba pendiente de la resolución de un juez (sub iúdice), por un caso de tráfico de drogas. El funcionario acorralado por la disyuntiva, optó por consumar el fraude, con lo que su instinto paterno primó sobre sus responsabilidades de Estado. También, en época no tan lejana, se cuenta de un vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, que sus altas decisiones se vieron contaminadas, al tener que ceder ante las presiones de “honorables” que lo chantajeaban con dejar caer todo el peso de la ley sobre un hijo suyo que lo habían descubierto introduciendo al país de manera ilegal 700 mil dólares, sino obtemperaba al fallo judicial preconcebido.
Mi primo hermano, el cardiólogo Rómulo Espaillat, su vida colapsó después que un hijo suyo murió ahogado mientras se bañaba en Las Terrenas, en unas vacaciones de Semana Santa. El impacto fue tan brutal para ese padre, que aplastado por la depresión, nunca más ejerció su profesión, pese a tener otros tres hijos.
En San Juan de la Maguana, se sabe de una mujer que perdió su vida en un fuego con el que luchó, hasta salvar la vida de sus tres hijos.
En este complicado accionar de padre e hijo, últimamente tenemos en la palestra pública, que el glorioso abogado Negro Veras, patrimonio y reserva moral de la República Dominicana y de la humanidad, declara que no participará en el juicio contra Leonel que sectores importantes de la población les están orquestando, aduciendo que no lo hará, porque le guarda eterna gratitud, en virtud, de que cuando buscaba que se sancionara a los criminales que habían atentado contra la vida de su hijo, tocó la puerta del exgobernante, y se la abrió, respuesta que hizo posible la justicia deseada.
Pues bien…el Dr. Fernández es un depredador del erario…el gobernante más corrupto y pésimo que ha tenido la República. Su ostentación de riquezas, lo mismo que la condición de quiebra y endeudamiento en que ha dejado al país, son hechos acreditados tanto por el rumor público, como por los números que hablan de su gestión de gobierno.
“Según el índice de competitividad global, la República Dominicana es el país más corrupto de la tierra y líder en el bajo nivel de la calidad de la educación, en el desvío de fondos públicos, en la inseguridad ciudadana, en el despilfarro gubernamental, en la desconfianza de la población en los políticos y en la corrupción policial, entre otros desastres.
Leonel despilfarró más de 60 mil millones de pesos para apuntalar la reelección del hoy presidente Danilo Medina, e hizo emitir 48 mil millones de pesos inorgánicos para mantener la macroeconomía y la estabilidad del dólar en forma ficticia.
Se estima que en los gobiernos de Fernández, la corrupción administrativa equivalía entre un 20-25 % del Presupuesto Nacional, con lo que todos sus funcionarios –se intuye- robando descaradamente… se hicieron multimillonarios, cosa que es fácil deducir porque los señalados como tales, ostentan las riquezas adquiridas públicamente con el mayor desparpajo. Las mansiones, carros de lujo, relojes Rolex, fincas, helicópteros privados, ropa de la alta costura, bebidas y comidas gourmet, con precios solo para príncipes y jeques árabes, dan crédito a lo que la mente imagina y ven los ojos.
El robo de los 130 millones de dólares del caso Sund Land, atribuidos a Leonel Fernández y a Felix Bautista, no es un supuesto, sino un hecho documentado.
Leonel manejó pesimamente la economía, a tal punto que ha entregado a Danilo un país quebrado, con un déficit fiscal de más de 140 mil millones de pesos, más una deuda interna y externa rondante por los 25 mil millones de dólares.
Contribuyó con esta debacle, los salarios de lujos que se pagaban a los altos funcionarios, el exceso de viceministros, de secretarios sin cartera y asesores; la sobrevaluación de las construcciones de las obras del Estado hasta en un 100%, como el caso del Metro construido en la capital. En este tema del derroche, caben, las altas remuneraciones, prebendas y privilegios que se conceden a los congresistas, los cuales con los llamados barrilitos y cofrecitos, exoneraciones, dietas, gastos de representación, salarios especiales, y otras cogiocas, como la que les proporcionan el hombre del maletín, se hacen de cientos de millones de pesos, en el periodo legislativo que les toca.
Pero también están los hechos que incriminan a Leonel como antipatriótico. El contrato- estafa firmado con la Barrick Gold y otras empresas mineras, entregándoles nuestros enormes recursos naturales, con cuyas explotaciones se está dañando en forma irreversible nuestro hábitat, no es cuestión de patriotas. Tampoco son ideales de Duarte, Sanchez y Mella, cercenar la Soberanía Nacional de nuestra media isla, permitiendo su venta por pedazos como si esta fuera una finca de su propiedad, principalmente a extranjeros con voraz mentalidad neoliberal, tales como Carlos Slim, Donald Trump, Gustavo Cisneros y otros tantos de esa especie.
Con esta situación, dadas las evidencias ya irrefutables, los Leonelistas, si estuvieran en su sano juicio, y tuvieran decencia y sentido de la justicia social, estarían avergonzados de ese capo de la política en sus filas, que ha hundido al país, moral y económicamente y en lugar de glorificarlo como lo están haciendo, lo anatematizarían, y le pedirían perdón a ese pueblo que tan miserablemente han engañado. Pero no…no lo hacen porque todos ellos han perdido la dignidad y la vergüenza. Ello es parte del trabajo de envilecimiento que Leonel a hecho con ese partido que se ha convertido en una desgracia para el país.
Imagino que para una montaña de hombre como Negro Veras, con tradición de combatir los truhanes de su patria, ha debido de ser muy difícil asumir la posición de negarse a participar en el aludido juicio contra el Leonel, motivado por el sentimiento de gratitud que ha expresado tiene con el exgobernante; razones que jurídicamente se convierten en sin razón, porque mejor debemos enrostrarle a Leonel, que un ciudadano tenga que acudir a él para lograr justicia, cosa que delata la falta de institucionalidad en la República Dominicana, lo que recae directamente sobre él, que ha hecho del país una tierra de injusticias, privilegios y corrupción.
En cierta forma, debe ser incomodo colocarse del lado de los que sostienen que Leonel es un hombre digno, de probada honradez, con la frente en alto frente al sol; que es un hombre excepcional, que ha hecho grandes aportes a la democracia y al desarrollo de la sociedad dominicana, que representa la figura más patriótica de la generación post Trujillo, y que por demás que es un abanderado contra la corrupción; cuando se sabe que es, todo lo contrario.
El hecho de alguien tenga que acudir al presidente para pedir de favor, que se haga justicia, demuestra que es una farsa la proclama que hace Leonel de que en su gobierno se ha fortalecido la democracia dominicana y con ella la institucionalidad.
Si fuera así, Negro Veras no hubiese tenido la necesidad de ir a pedirle ayuda al presidente de la República, para que se hiciera justicia en el caso de su hijo; porque en una real democracia, su impartición y aplicación, es deber, obligación y orgullo.
Con la agravante de que esto fue posible, porque se trató de una familia importante, puesto que si el caso que nos ocupa, hubiese sido con un hijo de machepa, Leonel, ni ninguna instancia de la llamada justicia dominicana se hubiesen interesado por el caso, tal como ha sucedido y sucede con cientos, o miles de gente pobres.
Entonces… el caso que nos ocupa, el de un padre en el ocaso de vida, un tiempo en que las personas ya están con una condición de alta vulnerabilidad física y emocional, es deleznable por los leonelistas, o por quien sea, que usen la decisión circunstancial de este abuelo, de no sumarse a las voces que reclaman justicia para el hombre que ha quebrado el país, y corrompido y humillado la nación.
Ello así, porque ellos saben perfectamente que la posición del Negro Veras ha sido motivada por un sentimiento de gratitud, que envuelve el amor por su hijo, por lo que obviando su categoría de jurista, se ha negado a la confrontación, con un gesto que muchos han entendido como claudicante, cosa que no es cierta por si, si tomamos en cuenta la condición emocional que penetra a este hombre en estos momentos del otoño de su vida.
Esta conducta de los leonelistas yo la entiendo. La misma es recurrente cuando de lograr sus fines se trata; ya lo hicieron con Juan Bosch. Cuando ya este no era consciente de sus actos, para sus fines de llegar al poder, lo usaron abrazándolo con Balaguer en aquel acto celebrado el 2 de junio de 1996 en el Estadio Olímpico, donde quedó constituido el “Frente Patriótico” con el cual, dizque se cerraría el camino malo que representaba el Dr. José Francisco Peña Gomez. Fueron tan perversos en esta acción, que la llevaron a cabo, sin importarles, que con este vil acto, desprestigiaban e irrespetaban y desconsideraban a un hombre que de haber estado en sus cabales, nunca se hubiera prestado para conformar semejante frente entre diablos y demonios.
Con la inhibición del Dr. Veras, los Leonelistas, tal como lo hicieron con Bosch, están tratado de sacarle capital político, retorciendo el por qué de sus verdaderas motivaciones. Perversamente han querido sembrar en un pueblo mayormente iletrado, que Negro Veras se suma a los defensores de Leonel, que sostienen que su líder está siendo calumniado, cuando simple y llanamente Veras solo ha dicho por las razones citadas “yo no participo en ese juicio”. Lo que de ningún modo significa que exima al “líder” de todas sus tropelías, tal como ellos quieren hacer creer.
Para finalizar, aclaro que solo motivaciones filosóficas me mueven a estas disquisiciones, queriendo compartir las creencias que tengo sobre las diferentes reacciones que puede tener un padre, cuando movido por el instinto y amor paterno, actúa para resolver situaciones que se dan en torno a sus hijos. Reacción que llegada la ocasión, nunca sabremos cómo será; por lo que unos reaccionarán como Taras Bulba o Abraham, y otros como los demás aludidos en este trabajo. Pero en todos los casos… uno nunca sabe.
Dada esta situación, la lección que podemos aprender es que, tenemos que luchar para que en nuestra patria exista un estado de derecho e institucionalidad, donde la obligación y el deber de impartición y aplicación de la justicia, no esté sujeta a la voluntad autoritaria de un funcionario judicial o de un mal jefe de Estado; de modo que en ninguna circunstancia pueda darse un caso, donde un ciudadano, por humilde que sea, se vea en la necesidad de mendigar justicia, ni misericordia, mucho menos si las acciones de ese jefe de Estado, lo hacen en justicia, merecedor de estar en la cárcel de por vida.
Análisis Noticiosos
El Caribe lleva la delantera en legislación contra el plástico en América Latina.
Legislar contra el plástico en América Latina: el Caribe lleva la delantera y Centroamérica se queda atrás
Bogotá.-El plástico es uno de los materiales más ubicuos de nuestra sociedad. Está en los celulares, en la ropa y en los empaques en los que llegan los domicilios. Es tanta su ubicuidad que, en forma de microplásticos, también se ha identificado en el hígado, el intestino y el cerebro humano, y en la fosa de las Marianas, a 6.800 metros de profundidad en el océano Pacífico. La relación con el plástico encaja perfectamente en lo que es una “relación tóxica”: contamina ecosistemas terrestres y marinos, afecta la salud humana y, pese a esto, en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas, su producción mundial alcanzó los 436 millones de toneladas métricas.
A pesar de la evidencia, no hemos podido terminar esa relación. En 2025, casi cuatro años después de que los países acordasen crear un tratado global contra la contaminación por plástico, las negociaciones entraron en un paréntesis: se suspendieron en agosto y Luis Vayas-Valdivieso, el ecuatoriano que las presidía, renunció. El 7 de febrero de 2026, tras una votación en Ginebra (Suiza), el cargo volvió a quedar en manos de un latinoamericano: en las del chileno Julio Cordano, director de la División de Medio Ambiente de la Cancillería y de quien, se espera, le pueda dar un nuevo aire a las negociaciones. “Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo”, señaló en un comunicado Cornado tras ser elegido.
“La lucha contra los plásticos ha sido una con un sello latinoamericano desde el origen”, comenta Alberto Quesada, experto internacional en contaminación marina y gestión de residuos plásticos, y que ha participado como observador de las negociaciones desde su inicio. “Perú, de la mano de Ruanda, fue la que presentó la resolución para el tratado”. De forma más lenta de lo que requiere la emergencia —una que se empezó a anunciar desde los años 60—, los países de América Latina y el Caribe también han creado leyes para regular el plástico, una necesaria carrera en la que las islas del gran Caribe van liderando.
Caribe a la vanguardia, Centroamérica atrás
La avalancha de plásticos no es ajena a América Latina y el Caribe. En los años 80, el consumo promedio anual por habitante era de 7 kilogramos, pero actualmente alcanzó los 35. Aunque es una cifra por debajo del promedio global (50 kilogramos), las proyecciones indican que, si no cambian las tendencias, en dos décadas será de entre 60 y 80 kilogramos. Los cálculos son de la Alianza Global de Alternativas a la Incineración (GAIA) y Break Free From Plastics (BFFP), organizaciones que también hicieron el ejercicio de rastrear si los países de la región tienen alguna ley o marco que los regule.
De 34 países –y para mediados de 2025–, 23 tenían alguna legislación nacional específica, tres contaban con normas departamentales o estatales, y solo siete (el 20%) estaban en blanco. Pero si se tiene en cuenta el reciente decreto federal de Brasil que, entre otras cosas, exige un contenido mínimo de material reciclado en envases de plástico, empezando porque sea del 22% desde 2026 y aumente gradualmente a 2040, el número de países con legislación actual es de 24. Mientras en el Caribe todos los países han aprobado alguna normal nacional, en Centroamérica y México solo lo han hecho el 38% y, en Sudamérica, un 50%.
Legislación contra los plásticos en América Latina y el Caribe
En el Caribe, por estar conformado de islas, donde el mar es cercano, el exceso de plásticos evidente, y el cambio climático golpea fuerte (el petróleo es la principal materia prima para la fabricación de la mayoría de plásticos), los países han sabido actuar más pronto. Como recuerda Quesada, en 2007 se convirtieron en uno de los primeros lugares en crear un plan regional sobre basura marina. Pocos años después, en 2012, Haití fue pionero en el subcontinente al prohibir ciertos productos plásticos de un solo uso, aunque, como señala el reporte, “la puesta en práctica de la legislación enfrenta desafíos significativos”. Con diversas leyes, además, Antigua y Barbuda dio la parada para hacer las normas más estrictas. Desde 2018 prohibió los recipientes de poliestireno expandido (conocido como icopor, unicel, telgopor y plumavit), así como los plásticos de un solo uso. Algo que no han logrado muchos.
En América Latina y el Caribe, los productos que más se han prohibido son las bolsas plásticas (88%), las pajillas, popotes o pitillos (63%), el poliestireno expandido (51%) y los contenedores de alimentos (43%).
Prohibición específica de productos plásticos en América Latina y el Caribe
Adméas, a través de metodologías que se han realizado para otros artículos científicos, el trabajo de Rodríguez apunta que, en la región, la producción primaria de resinas plásticas se concentra casi en su totalidad en cinco países asociados a la existencia de la industria petrolera: Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. Hacerle trazabilidad a la botella de plástico que llega a nuestras manos no es fácil: tiene varias materias primas y no hay transparencia desde los sectores en decir desde dónde vienen los insumos. Esa falta de información pública se suma a la lista de por qué no hemos sido capaces de cortar la relación con los plásticos.
elpais.com
Análisis Noticiosos
La jurisdicción contenciosa administrativa, una caricatura del sistema de justicia.
Por José Cabral.
En una sociedad como la dominicana, donde los antivalores aparecen en todos los escenarios, fruto de una herencia histórico- cultural fundamentada en el caudillismo, el machismo, el patriarcado, el amiguismo, entre otras distorsiones, es lo que explica que el país haya caído en dictaduras férreas como las de Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilí y la de Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Esta vocación dictatorial todavía perdura en muchos dominicanos, ya que, aunque se salió de esos gobiernos violadores de derechos humanos fundamentales, pero aún perdura la tendencia en el país, máxime cuando una persona adquiere cierta autooridad a través de la administración pública, la inclinación por las arbitrariedades que provienen del poder.
Entonces, a partir de esa premisa se puede decir que la jurisdicción contenciosa administrativa juega un papel de primer orden en el sistema de justicia nacional, porque tiene la sagrada misión de juzgar a la administración frente a los abusos que se cometen en contra del administrado.
Los avances en esta rama del derecho que se observan en los textos de las leyes 13-07 y 107-13, las cuales son una continuación de lo que consignan los artículos 164 y 167 de la Constitución de la Republica, no parecen que jueguen su papel en el marco del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país desde el año 2010.
La jurisdicción contenciosa administrativa parece que se ha quedado estacionaria en lo que disponía la Ley 1494 de que a través de ella la administración se juzgaba a sí misma, mediante la llamada justicia tenida, ya que sus sentencias son una especie de bochorno y evitan que el ciudadano pueda recurrir en contra de la conducta abusiva del funcionario público.
Las sentencias de los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa son la principal frustración y negación del proceso de constitucionalización del derecho, cuyas ponderaciones dejan mucho que desear y son decepcionantes para que el administrado logre sobreponerse a los atropellos de la administración que ya no encajan en el contexto del neo-constitucionalismo.
Naturalmente, hay que decir que el fenómeno no es exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de todo el sistema de justicia, en el que se observa que se producen graves violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, así como de principios como el de celeridad procesal, el plazo razonable que devienen en justicia tardía, que no es otra cosa que denegación de justicia.
Todo este cuadro dice claramente que en el país todavía no se ha superado la denominada constitución de fachada, es decir, que la misma es muy bonita en el papel, pero que la práctica es una negación de ella, lo cual deja muy mal parada a la democracia nacional.
Sin embargo, hay que ratificar que lo que se observa en la jurisdicción contenciosa administrativa llena de vergüenza a los que de alguna manera abogan por una mejor administración de justicia, cuyas principales decisiones casi siempre terminan en nulidad mediante los recursos de revisión en esta materia elevados ante el Tribunal Constitucional (TC)
Lo interesante de las debilidades que se observan en todo el sistema de justicia es que en los discursos de los que lo representan, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el país camina tan bien en esta materia que habría que compararlo con las naciones donde el estado de derecho tiene un real y contundente empoderamiento.
¿Percepción o realidad?
Por José Cabral
En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.
Puede decirse que el proceso de constitucionalización del derecho se produce en el papel, pero no en la realidad, lo que crea una serie de incertidumbres en la sociedad.
La jurisdicción contenciosa administrativa es una que no hay forma de que tenga un desempeño en función de una buena administración de justicia, porque si el funcionario público incurre en graves violaciones de los derechos fundamentales, peor pasa con los jueces de la misma, quienes no hay forma de que demuestren que se manejan en función del impacto de los valores y principios constitucionales en sus decisiones, lo cual es definitivamente una negación de los supuestos avances en esta materia.
Las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa son una especie de caja de resonancia de los pedidos en sus conclusiones de la Procuraduría General Administrativa, cuyos contrasentidos jurídicos son el pan de cada día en las audiencias de sus diferentes salas, lo que impacta negativamente al ciudadano.
Por el momento quiero reproducir una carta enviada al presidente del Tribunal Superior Administrativa ante una decisión tomada en virtud de la solicitud de una medida cautelar frente a los abusos que comete la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE) en contra de los usuarios.
Sin embargo, la falta de razonabilidad y racionalidad de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), principalmente de su presidente, causa más indignación que los atropellos que comete el órgano del Estado que maneja la referida empresa.
A continuación reproduzco la carta enviada al presidente del TSA a propósito de su sentencia mediante la cual niega una medida cautelar, cuyo razonamiento, aparte de ridículo, revela hasta donde en el país se cuenta con una Constitución de fachada, cuyo respeto a los derechos fundamentales sólo existe en el texto, pero no en la realidad.
Señor
Magistrado Diomedes Y. Villalona G.
Presidente del Tribunal Superior Administrativo
Magistrado Villalona:
La presente es para dejar sentada mi indignación por la reiteración de decisiones que dejan muy mal parada a la jurisdicción contenciosa administrativa en la República Dominicana, cuyo desempeño deja mucho que desear, a pesar de que se enarbola que su base de sustentación es el nuevo constitucionalismo que se rige por valores y principios.
El mejor ejemplo de que la jurisdicción contenciosa administrativa se maneja con un nivel de razonabilidad y de racionalidad que no supera lo que ocurre en los juzgados de paz o tribunales inferiores, donde las decisiones son generalmente muy superficiales y carentes de una aceptable ponderación, es la sentencia emitida y que genera la presente comunicación.
La última joya del presidente del Tribunal Superior Administrativo ante los abusos cometidos por la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), la cual ha incurrido en una serie de atropellos que revelan que los derechos de los consumidores y de los administrados están en manos de juzgadores que sólo sirven como caja de resonancia de los funcionarios públicos que actúan al margen de la Ley 13-07 y de la 107-13, así como de la 1494, ya que su misión no parece ser otra que imponer una carga procesal y económica que se agrava cuando finalmente se emite un fallo carente de toda lógica jurídica en detrimento del impetrante y en favor del impetrado..
En este sentido, he querido dejar sentado mi rechazo al comportamiento y el daño que genera esta jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento de un buen derecho, de una buena administración de justicia, que deteriora la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, dado que en el fallo se establece qué tan grande es su falta de razonabilidad al negar una medida cautelar en virtud de un corte del servicio de electricidad que lleva varios meses bajo el argumento de que no se aportaron pruebas de que el recurrente no tiene el referido servicio, pese a que la propia ley ofrece la respuesta al respecto.
Cómo se puede entender semejante decisión, ya que es un contrasentido que el recurrente diga que se le cortó arbitrariamente el servicio de energía eléctrica y que mediante la medida cautelar solicite la reconexión del mismo, pero que, en un choque con cualquier razonamiento lógico, máxime cuando la parte recurrida no ha invocado lo contrario de lo alegado por el cliente, el tribunal niegue el pedido sustentándose en que no se aportaron las pruebas al respecto, sobre todo cuando el órgano se niega a entregar documentos que comprometan su irresponsabilidad e ilegalidad.
La realidad es que ese desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa es una vergüenza ante el proclamado empoderamiento del neoconstitucionalismo, que se basa en la aplicación de valores y principios que van de las manos con los derechos humanos fundamentales.
La decisión tomada en torno a la medida cautelar es una especie de anuncio anticipado de que el recurso que tiene que ver con el fondo también será fallado en contra, en razón de que, como digo más arriba, la decisión tomada deja muy claro que las acciones de cualquier administrado es un esfuerzo perdido por los criterios con que se maneja la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, convirtiéndose en una vergüenza para el derecho comparado, interamericano e internacional.
El mejor consejo para cualquier administrado abusado por la administración es desistir de buscar justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa por representar una vergüenza para el sistema de justicia nacional, ya que como lo dije más arriba sus decisiones están determinadas por los contrasentidos jurídicos que invoca generalmente la Procuraduría General Administrativa, cuyos procesos para lo único que sirven es para aumentar la carga procesal y costos económicos en desfavor del ciudadano a través de notificaciones arbitrarias y abusivas.
Este desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual todavía está estacionaria en la llamada justicia retenida, mediante la cual la administración se juzga a sí misma y cuyos jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, igual que el que preside la Procuraduría General Administrativa, llena de vergüenza a cualquier buen dominicano, dado que se supone que el Tribunal Superior Administrativa está bajo el control y la tutela de la Suprema Corte de Justicia en virtud del mandato de la Ley 13-07.
Evidentemente que la decisión de negar la medida cautelar tiene el propósito de condenar al fracaso la demanda principal en razón de que impone que el recurrente tenga que negociar con EDENORTE para restablecer el servicio y de ese modo disponer la inadmisibilidad de la misma por existir un acuerdo que deja sin sentido el pedido principal de la parte recurrente que, entre otras cosas, busca una indemnización por los daños morales y materiales causados.
No está de más recordar que el artículo 22 de la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas ante la Administración y el derecho a la defensa establece que la administración debe probar sus alegatos. El procedimiento sancionador obliga a la administración a sustentar la validez de sus actos y pruebas, además que existe la carga de la prueba que en los procedimientos sancionadores la administración pública tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus decisiones contra un ciudadano en función del principio de legalidad, ya que el funcionario público está limitado por las normas de procedimiento y la Constitución, no pudiendo actuar sin sustento probatorio, ya que la presunción de validez no es absoluta. Otro principio violado por la jurisdicción contenciosa administrativa es el de celeridad, consignado en el artículo 19 de la Ley 107-13, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. La medida cautelar solicitada por el impetrante fue fallada en contra de lo que dispone al articulo 7 de la Ley 13-07, Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la cual se conoció el 16 de diciembre y fue fallada el 22 de enero, pese a que se habla de cinco días después de la celebrada la audiencia en la que las partes plantean sus conclusiones, principalmente cuando hay una afectación mayor, porque el recurrente no tiene servicio de energía eléctrica y que en consecuencia todas las labores comerciales y empresariales están paralizadas y la reactivación está determinada por el fallo de la misma.
Este es un ejemplo de que en el país existe una Constitución de fachada que niega los supuestos avances y fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho, lo cual es una explicación de que República Dominicana es una sociedad que vive más de la percepción que de la realidad.
Sin otro particular,
José Antonio Cabral Salcedo.