Análisis Noticiosos
Negro Veras frente al juicio contra Leonel
Por Miguel Espaillat Grullón
Situaciones que a los padres nos pasan con los hijos, nos pueden colocar en una difícil disyuntiva, que nos pueden llevar a reaccionar en una forma de asumir conductas, que hasta sean una sorpresa para nosotros mismos. En este contexto, hay quienes por el amor hacia un hijo, pueden ser inducidos a quebrantar códigos y principios que creían inviolables, si lo ven como necesario para salvar o proteger al vástago de una injustica o de un peligro que consideran inminente para él, aunque sepan que esas maneras les puedan deparar para el resto de la vida, dolores y amarguras insuperables. Otros en cambio, pese a tener ese mismo amor por el hijo, no son capaces de violar los principios en que han sido formados, ni siquiera, si por esa violación dependiera el salvarle la vida. Ello sucede así, porque en materia del comportamiento humano, existe todo tipo de conducta imprevisible.
Los lectores de los clásicos de la literatura rusa recordaran a Taras Bulba, el épico protagonista de aquella novela homónima de corte romántico e histórico, escrita por Nikolai Gogol, que transcurre en el siglo XVI, en la que se cuenta que ese cosaco ucraniano que lideró la guerra contra Polonia, ejecutó entre lagrimas a su propio hijo, el introvertido y romántico Andréi, por haber traicionado la causa libertaria de los suyos y de su padre.
En el libro de Génesis del antiguo testamento, se describe que Dios queriendo probar la lealtad de Abraham, le pidió en sacrificio a su hijo unigénito Isaac, a quien amaba, y que ya al punto de degollarlo- narra ese libro- un angel del Señor desde los cielos lo impidió.
El rey David tuvo que sufrir las diabluras de sus hijos Amnón y Absalón. Amnón en un momento de irracionalidad violó a Tamar su hermana, también hermana de Absalón, su hermano. Este último, posteriormente mata a su hermano, para vengar la violación de su hermana. Estos hechos fueron parte de las grandes tragedias del rey David; pero pese a ello, siguió protegiendo y amando entrañablemente a su hijo Absalón.
En estos episodios del instinto paternal, es famoso el amor que tienen por sus hijos los psicópatas. Los tiranos y los grandes asesinos siempre han tenido un amor inconmensurable por sus hijos. Los tuvo Trujillo por los de él. Hitler y Mussolini por los suyos. Y cuanto general asesino que conozco, también amaron al fruto de sus entrañas, ¡claro!… a la manera de ellos.
Este amor, además es inherente en todo el reino animal. Es propio de aves, peces y reptiles; de mamíferos vertebrados e invertebrados, y del más insignificante ser creado. Entre ciertos arácnidos el padre se da en alimento para sus hijos. Si quieres saber de este instinto, acércate a cualquier fiera parida.
Tocado por la vorágine de pasiones que despierta la paternidad, en Quisqueya, un Presidente de la Junta Central Electoral extorsionado por el gobierno de turno, convino en favorecer con la ganancia de las elecciones presidenciales al ente de poder que lo chantajeaba con llevar a un hijo suyo a la cárcel, que estaba pendiente de la resolución de un juez (sub iúdice), por un caso de tráfico de drogas. El funcionario acorralado por la disyuntiva, optó por consumar el fraude, con lo que su instinto paterno primó sobre sus responsabilidades de Estado. También, en época no tan lejana, se cuenta de un vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, que sus altas decisiones se vieron contaminadas, al tener que ceder ante las presiones de “honorables” que lo chantajeaban con dejar caer todo el peso de la ley sobre un hijo suyo que lo habían descubierto introduciendo al país de manera ilegal 700 mil dólares, sino obtemperaba al fallo judicial preconcebido.
Mi primo hermano, el cardiólogo Rómulo Espaillat, su vida colapsó después que un hijo suyo murió ahogado mientras se bañaba en Las Terrenas, en unas vacaciones de Semana Santa. El impacto fue tan brutal para ese padre, que aplastado por la depresión, nunca más ejerció su profesión, pese a tener otros tres hijos.
En San Juan de la Maguana, se sabe de una mujer que perdió su vida en un fuego con el que luchó, hasta salvar la vida de sus tres hijos.
En este complicado accionar de padre e hijo, últimamente tenemos en la palestra pública, que el glorioso abogado Negro Veras, patrimonio y reserva moral de la República Dominicana y de la humanidad, declara que no participará en el juicio contra Leonel que sectores importantes de la población les están orquestando, aduciendo que no lo hará, porque le guarda eterna gratitud, en virtud, de que cuando buscaba que se sancionara a los criminales que habían atentado contra la vida de su hijo, tocó la puerta del exgobernante, y se la abrió, respuesta que hizo posible la justicia deseada.
Pues bien…el Dr. Fernández es un depredador del erario…el gobernante más corrupto y pésimo que ha tenido la República. Su ostentación de riquezas, lo mismo que la condición de quiebra y endeudamiento en que ha dejado al país, son hechos acreditados tanto por el rumor público, como por los números que hablan de su gestión de gobierno.
“Según el índice de competitividad global, la República Dominicana es el país más corrupto de la tierra y líder en el bajo nivel de la calidad de la educación, en el desvío de fondos públicos, en la inseguridad ciudadana, en el despilfarro gubernamental, en la desconfianza de la población en los políticos y en la corrupción policial, entre otros desastres.
Leonel despilfarró más de 60 mil millones de pesos para apuntalar la reelección del hoy presidente Danilo Medina, e hizo emitir 48 mil millones de pesos inorgánicos para mantener la macroeconomía y la estabilidad del dólar en forma ficticia.
Se estima que en los gobiernos de Fernández, la corrupción administrativa equivalía entre un 20-25 % del Presupuesto Nacional, con lo que todos sus funcionarios –se intuye- robando descaradamente… se hicieron multimillonarios, cosa que es fácil deducir porque los señalados como tales, ostentan las riquezas adquiridas públicamente con el mayor desparpajo. Las mansiones, carros de lujo, relojes Rolex, fincas, helicópteros privados, ropa de la alta costura, bebidas y comidas gourmet, con precios solo para príncipes y jeques árabes, dan crédito a lo que la mente imagina y ven los ojos.
El robo de los 130 millones de dólares del caso Sund Land, atribuidos a Leonel Fernández y a Felix Bautista, no es un supuesto, sino un hecho documentado.
Leonel manejó pesimamente la economía, a tal punto que ha entregado a Danilo un país quebrado, con un déficit fiscal de más de 140 mil millones de pesos, más una deuda interna y externa rondante por los 25 mil millones de dólares.
Contribuyó con esta debacle, los salarios de lujos que se pagaban a los altos funcionarios, el exceso de viceministros, de secretarios sin cartera y asesores; la sobrevaluación de las construcciones de las obras del Estado hasta en un 100%, como el caso del Metro construido en la capital. En este tema del derroche, caben, las altas remuneraciones, prebendas y privilegios que se conceden a los congresistas, los cuales con los llamados barrilitos y cofrecitos, exoneraciones, dietas, gastos de representación, salarios especiales, y otras cogiocas, como la que les proporcionan el hombre del maletín, se hacen de cientos de millones de pesos, en el periodo legislativo que les toca.
Pero también están los hechos que incriminan a Leonel como antipatriótico. El contrato- estafa firmado con la Barrick Gold y otras empresas mineras, entregándoles nuestros enormes recursos naturales, con cuyas explotaciones se está dañando en forma irreversible nuestro hábitat, no es cuestión de patriotas. Tampoco son ideales de Duarte, Sanchez y Mella, cercenar la Soberanía Nacional de nuestra media isla, permitiendo su venta por pedazos como si esta fuera una finca de su propiedad, principalmente a extranjeros con voraz mentalidad neoliberal, tales como Carlos Slim, Donald Trump, Gustavo Cisneros y otros tantos de esa especie.
Con esta situación, dadas las evidencias ya irrefutables, los Leonelistas, si estuvieran en su sano juicio, y tuvieran decencia y sentido de la justicia social, estarían avergonzados de ese capo de la política en sus filas, que ha hundido al país, moral y económicamente y en lugar de glorificarlo como lo están haciendo, lo anatematizarían, y le pedirían perdón a ese pueblo que tan miserablemente han engañado. Pero no…no lo hacen porque todos ellos han perdido la dignidad y la vergüenza. Ello es parte del trabajo de envilecimiento que Leonel a hecho con ese partido que se ha convertido en una desgracia para el país.
Imagino que para una montaña de hombre como Negro Veras, con tradición de combatir los truhanes de su patria, ha debido de ser muy difícil asumir la posición de negarse a participar en el aludido juicio contra el Leonel, motivado por el sentimiento de gratitud que ha expresado tiene con el exgobernante; razones que jurídicamente se convierten en sin razón, porque mejor debemos enrostrarle a Leonel, que un ciudadano tenga que acudir a él para lograr justicia, cosa que delata la falta de institucionalidad en la República Dominicana, lo que recae directamente sobre él, que ha hecho del país una tierra de injusticias, privilegios y corrupción.
En cierta forma, debe ser incomodo colocarse del lado de los que sostienen que Leonel es un hombre digno, de probada honradez, con la frente en alto frente al sol; que es un hombre excepcional, que ha hecho grandes aportes a la democracia y al desarrollo de la sociedad dominicana, que representa la figura más patriótica de la generación post Trujillo, y que por demás que es un abanderado contra la corrupción; cuando se sabe que es, todo lo contrario.
El hecho de alguien tenga que acudir al presidente para pedir de favor, que se haga justicia, demuestra que es una farsa la proclama que hace Leonel de que en su gobierno se ha fortalecido la democracia dominicana y con ella la institucionalidad.
Si fuera así, Negro Veras no hubiese tenido la necesidad de ir a pedirle ayuda al presidente de la República, para que se hiciera justicia en el caso de su hijo; porque en una real democracia, su impartición y aplicación, es deber, obligación y orgullo.
Con la agravante de que esto fue posible, porque se trató de una familia importante, puesto que si el caso que nos ocupa, hubiese sido con un hijo de machepa, Leonel, ni ninguna instancia de la llamada justicia dominicana se hubiesen interesado por el caso, tal como ha sucedido y sucede con cientos, o miles de gente pobres.
Entonces… el caso que nos ocupa, el de un padre en el ocaso de vida, un tiempo en que las personas ya están con una condición de alta vulnerabilidad física y emocional, es deleznable por los leonelistas, o por quien sea, que usen la decisión circunstancial de este abuelo, de no sumarse a las voces que reclaman justicia para el hombre que ha quebrado el país, y corrompido y humillado la nación.
Ello así, porque ellos saben perfectamente que la posición del Negro Veras ha sido motivada por un sentimiento de gratitud, que envuelve el amor por su hijo, por lo que obviando su categoría de jurista, se ha negado a la confrontación, con un gesto que muchos han entendido como claudicante, cosa que no es cierta por si, si tomamos en cuenta la condición emocional que penetra a este hombre en estos momentos del otoño de su vida.
Esta conducta de los leonelistas yo la entiendo. La misma es recurrente cuando de lograr sus fines se trata; ya lo hicieron con Juan Bosch. Cuando ya este no era consciente de sus actos, para sus fines de llegar al poder, lo usaron abrazándolo con Balaguer en aquel acto celebrado el 2 de junio de 1996 en el Estadio Olímpico, donde quedó constituido el “Frente Patriótico” con el cual, dizque se cerraría el camino malo que representaba el Dr. José Francisco Peña Gomez. Fueron tan perversos en esta acción, que la llevaron a cabo, sin importarles, que con este vil acto, desprestigiaban e irrespetaban y desconsideraban a un hombre que de haber estado en sus cabales, nunca se hubiera prestado para conformar semejante frente entre diablos y demonios.
Con la inhibición del Dr. Veras, los Leonelistas, tal como lo hicieron con Bosch, están tratado de sacarle capital político, retorciendo el por qué de sus verdaderas motivaciones. Perversamente han querido sembrar en un pueblo mayormente iletrado, que Negro Veras se suma a los defensores de Leonel, que sostienen que su líder está siendo calumniado, cuando simple y llanamente Veras solo ha dicho por las razones citadas “yo no participo en ese juicio”. Lo que de ningún modo significa que exima al “líder” de todas sus tropelías, tal como ellos quieren hacer creer.
Para finalizar, aclaro que solo motivaciones filosóficas me mueven a estas disquisiciones, queriendo compartir las creencias que tengo sobre las diferentes reacciones que puede tener un padre, cuando movido por el instinto y amor paterno, actúa para resolver situaciones que se dan en torno a sus hijos. Reacción que llegada la ocasión, nunca sabremos cómo será; por lo que unos reaccionarán como Taras Bulba o Abraham, y otros como los demás aludidos en este trabajo. Pero en todos los casos… uno nunca sabe.
Dada esta situación, la lección que podemos aprender es que, tenemos que luchar para que en nuestra patria exista un estado de derecho e institucionalidad, donde la obligación y el deber de impartición y aplicación de la justicia, no esté sujeta a la voluntad autoritaria de un funcionario judicial o de un mal jefe de Estado; de modo que en ninguna circunstancia pueda darse un caso, donde un ciudadano, por humilde que sea, se vea en la necesidad de mendigar justicia, ni misericordia, mucho menos si las acciones de ese jefe de Estado, lo hacen en justicia, merecedor de estar en la cárcel de por vida.
Al menos 177 líderes ambientales fueron asesinados en 2022 en todo el mundo, 60 de ellos en el país andino, según Global Witness. Latinoamérica sigue siendo la región más mortífera para los ecologistas y Honduras despunta por la tasa más alta per cápita
Bogotá.-Todos pensaron que debieron irse del Cesar. Que llevaban años recibiendo amenazas y que tarde o temprano pasaría; que matarían a Teófilo Acuña y a Jorge Tafur. El activismo contra el paramilitarismo y los grandes terratenientes de la región les iba a pasar factura. Ellos también lo presentían, pero decidieron quedarse y seguir en el proceso de recuperación de territorio campesino que empezaron a finales de los noventa. El 22 de febrero de 2022, dos sicarios llegaron caminando al municipio de San Martín y los asesinaron a balazos frente a familiares y amigos, tras años en disputas y amenazas con miembros de la Alcaldía. “¿Debieron haber migrado?”, se pregunta una y otra vez Nadia Umaña, compañera de luchas y vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Colombia. “Creo que las preguntas que nos tenemos que hacer son otras: ¿Dónde estaba el Estado cuando nos amenazaron por defender la tierra? ¿Hasta cuándo vamos a valer más muertos que vivos?”.
Ni los esquemas de seguridad, ni las denuncias, ni el historial de violencia contra los líderes ambientales de Colombia son suficientes para evitar la sangría de homicidios de defensores del territorio. Al menos 60 fueron asesinados en el país andino en 2022, según el último conteo de Global Witness. El país, que duplicó esta cifra de un año para otro, ha enterrado casi dos tercios de los 177 ecologistas muertos en el mundo. “Lo peor de esta escalofriante cifra es que sabemos que representa solo una pequeña gota en un océano de violencia”, lamenta Gabriella Bianchini, investigadora de la Global Witness. “Ellos protegen el territorio de todos, pero nadie los protege a ellos”.
La tendencia asusta. América Latina mantiene el deshonroso título de ser la región más mortífera para los activistas y acumula nueve de cada diez de estas muertes violentas que, desde 2012, suman 1.910 personas. Un activista cada dos días. Protectores de las ciénagas, líderes de comunidades indígenas invadidas, cuidadores de la Amazonía, defensores de los campesinos, voceros afrodescendientes. Elegir proteger el territorio, sea el que sea, es una sentencia de muerte. Umaña y otros cuatro compañeros del Cesar migraron hace más de un año a Bogotá, tras enterrar a cinco miembros de la organización en la última década. “Es injusto tener que decidir entre el desarraigo o la muerte. Los voceros no tenemos que ser mártires. Yo doy mi vida por la lucha campesina, sí, pero quiero morir con 90 años, de vieja. Aporto mucho más a mi comunidad viva”.
Para Lourdes Castro, activista de derechos humanos y coordinadora de Somos defensores, lo que está detrás de estos asesinatos es el interés económico. “Legal o ilegal. A los líderes se les estigmatiza diciéndoles que son enemigos del desarrollo económico. Pero hay que cuestionarse cuál es el desarrollo que estamos apoyando”, dice. Si bien es complejo conocer a ciencia cierta los autores intelectuales -pues son muy pocos los casos que acaban judicializados y menos aún los que cuentan con sentencia-, de acuerdo con las estimaciones de la organización más del 60% de estos crímenes están vinculados con el agronegocio, la minería y la extracción de madera.
“Los activistas molestamos a los poderosos”, defiende Castro. La forma de apagar sus voces es la misma de Sonora, en México, a Tierra del Fuego, en Argentina. Acoso, intimidación, violencia sexual, criminalización y amenazas que se amontonan hasta cumplirse. Muchos no lo denuncian. “¿Para qué?”, se pregunta Sofía Rivas, hermana de Hipólito Rivas, asesinado en Honduras en enero de 2023. “A él lo mataron igualmente, hasta con medidas de protección. Lo que consiguen es que muchos nos veamos forzados a huir. Los que nos quedamos, ya sabemos a qué nos enfrentamos”. Y quienes sí denuncian, lamentan los oídos sordos de las instituciones. “Parece que a los Gobiernos también les interesa mantenernos callados”, explica a América Futura Víctor Vásquez, líder indígena de Simpinula, al sur del país centroamericano, meses después de haber sido denunciado por su propio escolta.
Honduras es el país con mayor tasa de homicidios a activistas per cápita. Con apenas 10 millones de habitantes, perdió 14 líderes en 2022. Más de uno al mes. Aunque Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras, se comprometió a proteger a los defensores, en los cuatro primeros meses del año ya reportaron al menos ocho asesinatos. Para Víctor Fernández, miembro del Bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad, las medidas de protección no están ni cerca de ser suficientes: “A estas alturas, la agroindustria ya ha logrado un nivel de relación con la institucionalidad que, además de permitirles la violencia, les garantiza impunidad”.
Comunidades indígenas: un tercio de los asesinados
Brasil perdió 34 líderes, frente a los 26 de 2021. Un aumento que los investigadores achacan a las políticas del entonces presidente Jair Bolsonaro, que favorecieron la explotación de la Amazonia y las invasiones ilegales en territorio indígena. En México, el país con el mayor número de asesinatos en 2021, registró una caída notable, ya que pasó de 54 homicidios en 2021 a 31 en 2022. Sin embargo, los ataques no mortales siguen siendo una constante en el día a día de los defensores y dificultan su trabajo. El miedo no se va.
La investigación, publicada este martes, concluyó que las comunidades indígenas del mundo se enfrentan a un nivel desproporcionado de agresiones con consecuencias mortales, ya que fueron víctimas de más de un tercio (34%) de los asesinatos a líderes, a pesar de que sólo constituyen el 5% de la población mundial. “Los estudios han demostrado una y otra vez que los pueblos indígenas son los mejores custodios de los bosques y, por tanto, son imprescindibles en la mitigación de la crisis climática”, dijo Laura Furones, asesora principal de la campaña de Global Witness, durante la presentación del informe. “Sin embargo, en países como Brasil, Perú y Venezuela los están asediando precisamente por llevar a cabo esa labor […] Las medidas contra la creciente emergencia climática y la defensa de los derechos humanos deben ir a la par”.
La tendencia violenta es una consecuencia de políticas débiles, sin apenas presupuesto y con poca capacidad de reacción. Si bien salvaguardar a los líderes es el corazón del Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional sobre derechos humanos y medio ambiente de América Latina y el Caribe, solo 16 países lo han ratificado. Las naciones que no lo han hecho son Brasil, Costa Rica, Dominica, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú, y República Dominicana. Colombia fue el último en adherirse tras dos años de atrasos en el Congreso. Este entrará en vigor en unos meses. “El Gobierno de Gustavo Petro ha demostrado voluntad política”, narra Lourdes Castro. “Que reconozca que sí existen violencias contra nosotros es algo histórico. Pero no hay tiempo que perder para implementar políticas nacionales que lo materialicen”. Este pacto incluye una para mayor transparencia para acceder a la información, justicia ambiental y mejor protección de líderes.
Hasta ahora, los mecanismos varían en función de cada país. Estas medidas suelen incluir patrullas semanales o quincenales, llamadas de monitoreo o esquemas de seguridad individuales o colectivos permanentes. Sin embargo, la demanda supera los recursos. O los requisitos para recibir los esquemas de seguridad dejan por fuera a cientos. En Colombia, según datos oficiales, hay 5.038 líderes y defensores de derechos humanos con medidas de protección concedidas. En Brasil son 506. En Honduras estos datos no son públicos. “Las medidas de protección no suelen ser suficientes y muchos de los liderazgos no califican para beneficiarse de ellas”, lamenta Bianchini.
La Amazonía, en jaque
Si hay un lugar del globo amenazado por grupos armados es la Amazonía. Este es uno de los puntos calientes de la violencia contra los defensores. En estas 6,9 millones de hectáreas, uno de los rincones más biodiversos del mundo, murieron 39 ambientalistas en 2022. El desenlace de estos crímenes suelen ser idénticos: un puñado de organismos internacionales que condenan lo sucedido, Gobiernos locales y nacionales que se comprometen a tomar medidas, una comunidad en luto y condenas que casi nunca llegan. Según los expertos, la impunidad de los crímenes fomenta nuevas agresiones.
En junio de 2022, hubo un caso que dio la vuelta al mundo. El asesinato del periodista británico de The Guardian Dom Phillips, de 57 años, y Bruno Pereira, de 41, experto en pueblos indígenas. Fueron asesinados brutalmente mientras recorrían territorio indígena en la región amazónica de Brasil. “Tuvo la repercusión que tuvo porque uno de ellos era europeo. No está mal que fuera mundialmente conocido, pero los asesinatos de otros activistas que también están en primera línea no llegan a ese alcance”, dice Bianchini. Desde 2014 se ha asesinado a, por lo menos, 296 personas defensoras en la Amazonía. “El papel de la prensa y de la sociedad civil es fundamental para que los asesinatos no se conviertan en números”, agrega.
“Mataron a dos ambientalistas y a mis dos maestros”
En la sabana del Cesar crece la flor del cañaguate. La mayoría del tiempo pasa desapercibida como un palo seco y sin gracia. Y solo cuando transcurre un tiempo sin llover es que florece como una enorme campanilla amarilla. En época de lluvias, usa todos los nutrientes del agua para echar raíces y expandirse.
La organización de campesinos a la que pertenece Umaña es, dice, el cañaguate. “Teo [Acuña] y [Jorge] Tafur fueron el agua que permitía que las raíces se ramificaran y llegaran a más rincones”. Para la joven activista de 35 años, la muerte de ambos defensores traspasa lo político. “Lo que soy, lo que pienso y cómo veo la vida. Todo es gracias a ellos y a los demás compañeros. Mataron a dos voceros y a mis dos maestros. Pero las raíces del cañaguate están echadas”.
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22 años de cárcel para el líder de los Proud Boys Enrique Tarrio por asalto al Capitolio
El juez aplica la agravante por terrorismo al cabecilla de la milicia de extrema derecha próxima a Trump. Otros cuatro miembros del grupo han recibido penas de entre 10 y 18 años de prisión
Washington.-Las cuentas pendientes con la justicia de la cúpula de los Proud Boys, milicia de extrema derecha próxima a Donald Trump, quedaron este martes saldadas en un juzgado de Washington con la condena a 22 años de prisión a Enrique Tarrio, su presidente. El juez, que lo definió como el “cabecilla último de la conspiración” y le aplicó la agravante por “terrorismo”, dictó así para la cara más visible de esos Muchachos Orgullosos la pena más alta de las centenares ya impuestas a los participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El grupo se hizo un nombre en Estados Unidos durante el convulso 2020 a base de reventar por todo el país, entre otras, las protestas que siguieron al asesinato a manos de la policía del afroamericano George Floyd. Aquella escalada de violencia desembocó en la participación de dos centenares de ellos en la insurrección que siguió aquel día a un mitin del aún presidente frente a la Casa Blanca, que Trump se negaba a abandonar.
Cinco miembros del grupo (además de Tarrio, Joe Biggs, Zachary Rehl, Ethan Nordean y Dominic Pezzola) fueron declarados en mayo pasado culpables tras un juicio de 15 semanas. Cuatro de ellos, por el delito de conspiración sediciosa. Los cinco, por obstrucción de un procedimiento parlamentario: la transferencia de poder a Joe Biden tras su victoria sobre Trump en las elecciones del noviembre anterior, un triunfo que el expresidente aún cuestiona.
La lectura de la sentencia a Tarrio estaba prevista para el miércoles pasado, pero se retrasó por enfermedad del juez, Timothy J. Kelly, un nombramiento de los años de Trump en la Casa Blanca. Los fiscales pedían para él 33 años de cárcel. Este martes, la decisión del magistrado, fijada para “la tarde”, se hizo esperar hasta el último minuto, mientras aquel decidía si añadía la agravante por terrorismo, que no aplicó, pese a la solicitud de la Fiscalía, con los anteriores condenados. El abogado de Tarrio, Nayib Hassan, dijo que su cliente no es un terrorista, sino un “patriota descarriado”.
A Kelly no parece haberlo ablandado el hecho de que el 6 de enero, Tarrio, cubanoestadounidense de 39 años, natural de Miami, no estuviera en allí. Siguió el ataque por televisión a 60 kilómetros del lugar de los hechos, desde un hotel de Baltimore: la policía le había prohibido pisar Washington, tras un arresto en la ciudad por quemar la bandera antirracista de Black Lives Matter de una iglesia. La fiscalía considera que incitó a decenas de Proud Boys a marchar sobre el Capitolio y que les envió mensajes para que no cejaran en su empeño mientras se desarrollaban los hechos.
Tras la algarada, Tarrio, como recordó el juez, sentenció: “No se equivoquen… ¡nosotros hicimos esto!”. Después concedió varias entrevistas en las que trató de distanciarse de las acciones de sus correligionarios. Uno de ellos, Pezzola, fue el primero en entrar en el edificio tras romper una ventana con el escudo que le había arrebatado a un policía antidisturbios. Unos 150 de estos agentes sufrieron heridas en el ataque. Poco antes de escuchar su sentencia, el líder de los Proud Boys dijo este martes, tras las defensas llorosas de su novia, su hermana y su madre, que “siempre” ha tenido a las fuerzas del orden “un gran respeto”. “Espero poder disculparme algún día personalmente con ellos”, añadió. También se dirigió a los ciudadanos de Washington ―“Siento profundamente lo que pasó aquel día―, a los congresistas ―”No puede haber lugar para la violencia política”―, a la opinión pública estadounidense ―”El 6 de enero fue una vergüenza nacional”― y al juez: “Por favor, sea misericordioso”. En su lectura de la sentencia, Kelly dudó de la sinceridad del reo.
Al líder de los Proud Boys sí se lo pudo situar durante el 5 de enero en las inmediaciones del Capitolio: se vio en un aparcamiento de subterráneo de la capital con Stewart Rhodes, su homólogo en otro grupo violento implicado en la insurrección, los Oath Keepers (Guardianes del Juramento). Rhodes fue también considerado culpable de conspiración sediciosa y condenado a 18 años de prisión en mayo, con la agravante, también, de terrorista. Aquel fallo había marcado el anterior récord en la causa del 6 de enero, definida por el fiscal general, Merrick Garland, como la más grande la la historia del Departamento de Justicia estadounidense. Más de 1.100 personas han sido acusadas de delitos federales relacionados con aquellos disturbios. Más de 600 de ellas han sido condenadas y sentenciadas.
No directamente por el asalto al Capitolio, pero sí por sus intentos de revocar el resultado electoral, Trump está imputado tanto en Washington, donde está previsto que se siente en el banquillo el 4 de marzo de 2024, como en el Estado de Georgia, uno de los escenarios donde se certificó su derrota, que trató de alterar a base de presionar, entre otros presuntos hechos delictivos, a funcionarios electorales. En el caso del expresidente no hay acusación de conspiración sediciosa, pero sí uno relativo a crimen organizado, que puede conllevar importantes penas de cárcel.
El magnate republicano estuvo muy presente en el juicio de los Proud Boys, celebrado en el palacio de justicia E. Barrett Prettyman. Una de las primeras decisiones del juez fue admitir como prueba el vídeo en el que Trump daba una orden a los Proud Boys durante un debate electoral de aquellas presidenciales. “Retroceded y permaneced a la espera”, les dijo. Gestos de sintonía como ese, le valieron a la milicia el sobrenombre de “ejército de Trump”.
Período de siete años. Los países con mayor población penitenciaria son Brasil, México y Argentina
Sobrepoblación, hacinamiento, violencia, dominio de grupos criminales que han derivado en algunos casos en motines o disturbios con heridos y muertos, extorsiones. Así son las cárceles en América Latina.
El Grupo de Diarios América (GDA) hizo una revisión del panorama en las cárceles de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y el territorio estadounidense de Puerto Rico. Las conclusiones son alarmantes.
La situación de los presos llega a ser tan precaria que pueden no tener un colchón para dormir, o sufrir desnutrición. Frente a la problemática de las cárceles en la región, la respuesta de los gobiernos suele ser traslados o planes para crear más prisiones o ampliar las existentes, pero pocos se enfocan en mejorar las oportunidades o abrir el panorama de las personas privadas de la libertad.
A esto se suman otros factores, como el de los miles de presos que pasan años sin recibir sentencia. Y hay países, como Venezuela, o El Salvador, donde debido a la situación política resulta difícil obtener información sobre lo que ocurre adentro de las cárceles.
Saturación
Los tres países con mayor población penitenciaria a lo largo de siete años son Brasil, México y Argentina, pues tienen mayor densidad de población.
En México, 47.3% de las cárceles registran sobrepoblación. El Estado de México es el más afectado, con un exceso de 146.08%, de acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). En los últimos siete años la población penitenciaria de México solo estuvo por debajo de los 200 mil reos en 2018.
Sólo en Buenos Aires, con capacidad formal de alojamiento en unidades penitenciarias de 27 mil, la sobrepoblación es de 118%.
En Brasil, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Información Penitenciaria (Sisdepen), del Ministerio de Justicia, las cárceles reportaron en 2021 un total de 833 mil 176 presos, mientras que en 2019 había 755 mil 247.
Un caso excepcional fue el que se presentó en Chile durante la pandemia, ya que de acuerdo a registros oficiales en 2019 había 41 mil 977 personas recluidas; en 2020 esta cifra cayó a 3 mil 813 y en 2021 nuevamente alcanzó la cifra de 38 mil 718 recluidos; este cambio fue debido a la libertad vigilada (de marzo a octubre de 2020 se realizaron excarcelaciones anticipadas). La sobrepoblación carcelaria en el país pasó de 0.5% en 2016 a 7% en 2022.
En Colombia, la situación es tan grave que en 1998 la Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI).
“La población carcelaria, revelan cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), era de 97 860 hasta diciembre de 2022 en los 126 establecimientos ligados a la institución. En realidad sólo hay cupo para 81 mil 175 personas. La sobrepoblación, de acuerdo con las cifras de 2022, es de 16 mil 685 personas, lo que representa un hacinamiento del 21%”.
Costa Rica, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, tenía una población carcelaria de 16 mil 265 en 2019 (31% de sobrepoblación); en 2022, la sobrepoblación era de 6.4%; este año, con 15 mil 141 presos, la sobrepoblación es de 10%. Sin embargo, hay cárceles, como Son Antonio Bastida de Paz, Nelson Mandela y Gerardo Rodríguez, cada una con sobrepoblación superior al 40%.
En el caso de El Salvador, para diciembre de 2016, tenía una población carcelaria de 36 mil 824 reos; en 2018 la cifra se disparó a 39 mil 642; para febrero de 2022 (último dato disponible), la cifra era de 39 mil 538. El hacinamiento en diciembre de 2016 era de 264%; para diciembre de 2018 era de 69%.
En febrero de este año, el gobierno inauguró el llamado Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que el presidente Nayib Bukele anunció como “la cárcel más grande de Latinoamérica”, con capacidad para 40 mil personas privadas de la libertad. Hasta mayo pasado, habían sido trasladados allí unos 5 mil presos, según datos del gobierno.
En términos de capacidad penitenciaria, de los 12 países analizados por medios miembros del GDA, Perú es el que muestra la mayor crisis carcelaria: la sobrepoblación este año supera el 100%; es decir que hay 89 mil 877 reos y solo tienen espacio para 41 mil 018. El hacinamiento llega a ser de más de 400 o incluso de 500%, como en el EP Callao.
En República Dominicana, la población carcelaria pasó de 25 mil 437 en 2016 a 26 mil 782 en 2017; para 2020 ya era de 27 mil 26; en 2022 era de 25 mil 711. Actualmente se cifra en 25 mil 370, con una tasa de hacinamiento de 62.2%, según la Dirección general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSP).
Según el último informe (2021) publicado por el Comisionado Parlamentario Penitenciario en Uruguay, “en las primeras dos décadas de este siglo, el volumen de la población penitenciaria se ha triplicado”.
En 2019 la tasa de crecimiento anual promedio fue de 8.3%; en 2020 subió a 12.6%. En cuanto a la sobrepoblación, un ejemplo basta: en la Unidad 5 (cárcel de mujeres), la ocupación era de 143% en 2021.
En Venezuela, donde obtener datos oficiales sobre la situación de las cárceles es misión imposible, es el Observatorio Venezolano de Prisiones el que proporciona información. Para 2020, la población carcelaria era de 32 mil 200, cuando la capacidad máxima es de 20 mil 438. “Las cárceles venezolanas son sinónimo de hambre ante la carencia de alimentos y la reducción de porciones mínimas que no cumplen con las calorías establecidas por la Organización Mundial de Salud”, determinó el Observatorio.
La sobrepoblación es en sí violatoria de la dignidad humana y los derechos humanos, pero además da paso a otros problemas.
El Tiempo de Colombia acompañó en marzo y abril de 2023 inspecciones realizadas en seguimiento al ECI en estaciones de policía también hacinadas: 214 personas que ya estaban condenadas y permanecían detenidas allí fueron trasladadas. Se encontró a 16 personas en la estación de Policía de Engativá que estaban presas en un lugar que era para disponer basura. También fueron trasladadas.
En República Dominicana, Listín Diario hizo un recuento de La Victoria, considerada como la cárcel en peor situación. Construida para alojar a 2 mil personas, cuenta actualmente con una población carcelaria de 7 mil 608. “El centro posee la cantidad más elevadas de personas con trastornos psiquiátricos a nivel nacional (un aproximado de 60 personas)”. Se ubican en un espacio llamado “Los Malogrados”. La razón: alberga también a internos con tuberculosis o cualquier otra patología contagiosa.
Las prisiones, en general, cuentan con regímenes de visitas familiares, de abogados. Pero hay países, como El Salvador, donde incluso eso está prohibido. Desde el 1 de marzo de 2020 no se permite ningún tipo de visita a privados de la libertad. La prohibición inició en 2019, pero sólo aplicaba a reos pertenecientes a pandillas. Sin embargo, al iniciar la pandemia de Covid-19, se extendió a los demás presos. La medida incluía visitas de abogados, aunque este año se han retomado las visitas legales.
Los sentenciados y los que esperan
Otro indicativo de la situación de las cárceles es la cantidad de presos sin sentencia. El caso más grave es Venezuela, donde de acuerdo con el Observatorio, la cantidad de condenados es de 47%, con cifras de 2022.
En países como México, Perú o Chile, la cantidad de presos sentenciados ronda 60%. En Colombia y Brasil supera el 75%, mientras que en Uruguay asciende a 85%. En República Dominicana, suman 90%.
Caso distinto es El Salvador, donde no hay datos actualizados porque desde que inició el régimen de excepción, las estadísticas fueron declaradas “bajo reserva”. Hasta 2021, 76% de presos había recibido sentencia. Sin embargo, ninguno de los 68 mil 294 capturados bajo el régimen de excepción ha sido condenado. Aun así, están en prisiones con otras personas ya sentenciadas.
Motines y extorsiones
Aunque no al nivel de los motines que se han visto en prisiones en Ecuador, o en Honduras, la violencia también caracteriza las prisiones evaluadas aquí.
México destaca en el rubro: Según el Violentómetro Penitenciario que elabora la organización civil Asílegal, en 2019 se registraron 677 hechos violentos en las cárceles del país, que involucraron a mil 45 privados de la libertad. Para 2022, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cifra se elevó a 2 mil 499 incidentes violentos. Hasta marzo de este año, la Secretaría de Gobernación registraba 222.
Las restricciones de la pandemia también golpearon a las cárceles. El 21 de marzo de 2020, presos en la cárcel La Modelo, considerada la peor de Colombia, se amotinaron, quejándose del mal manejo que se estaba dando a los contagios de Covid-19. El motín dejó un saldo de 24 muertos -23 de ellos con arma de fuego- y 107 heridos. La situación se repitió tres meses después en Argentina, donde el diario La Nación reportó motines de reclusos que exigían beneficios excarcelarios para evitar el peligro de los contagios masivos, con saldo de al menos cinco muertos.
Más allá del coronavirus, los pleitos entre grupos rivales son la causa más común de los motines en los penales. En Costa Rica, las riñas han dejado cuatro reos muertos este año: en República Dominicana se registraron al menos 15 motines con 11 reclusos fallecidos en 2022.
En Brasil, uno de los motines recientes más violentos ocurrió en julio de 2019. O Globo, que dio cuenta de lo ocurrido, explicó que la violencia se desató entre el Comando Clase A y el Comando Ro. Murieron 57 reclusos.
En El Salvador no hay informes de riñas o motines recientes. En cambio, en el último año lo que ha proliferado son las muertes de personas (más de 150) capturadas durante el régimen de excepción. Organizaciones civiles han denunciado que se trata de muertos a manos del Estado, torturados o por descuido, y exigen a instancias internacionales investigar los hechos.
A los motines se suman las extorsiones, que se repiten en prisiones de México a Colombia y Argentina. En Venezuela, una investigación del portal de noticias Runrunes y la plataforma periodística Connectas, que estudió siete prisiones, encontró que desde allí se planifican y controlan “más de una docena de delitos o actividades que generan millones de dólares”.
Las extorsiones telefónicas son una de las prácticas más comunes, que han sido ligadas por las autoridades a prisiones en la región.
En Argentina, este problema ha crecido en los últimos años, además de extorsiones, organizaciones del crimen organizado orquestan desde prisión venganzas y ataques extramuros.
Los jefes de jefes
El tema de extorsiones y motines está estrechamente ligado a una realidad que se vive en muchas de las prisiones analizadas: la existencia de grupos criminales bien organizados que son los verdaderos “jefes de jefes”.
Mientras en países como Perú, Costa Rica y Uruguay no hay grupos identificados que controlen las cárceles, la violencia o extorsiones, en México son los cárteles los que están al frente. Principalmente el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, seguidos por el Cártel del Golfo, el del Noreste, el de los Beltrán Leyva y los Zetas.
Los tentáculos de estos cárteles se han extendido a otros países. De acuerdo con la Fiscalía Nacional de Chile, “el control de los penales está entre los objetivos de los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, como se ha visto en Ecuador. En Chile puede serlo perfectamente el Tren de Aragua –el que ejerce el control-”.
El Tren de Aragua, la organización criminal más poderosa de Venezuela, controla desde prisión en este país más de una docena de delitos, incluyendo tráfico y trata de personas.
En Colombia, hoy los liderazgos en las prisiones no son tan visibles como a inicios del 2000, cuando el control lo tenían paramilitares, sicarios de capos del narcotráfico o la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En El Salvador, son las pandillas las que se conoce tiene control en muchas de las prisiones, obteniendo beneficios que incluyen la libertad de líderes pandilleros, a pesar de ser solicitados en extradición por Estados Unidos. ¿Cómo puede pasar eso? No hay una respuesta oficial.
Otro país donde importantes organizaciones criminales dominan dentro y fuera de las prisiones es Brasil. Las facciones más activas son el PCC y el Comando Vermelho.
¿Y la respuesta de las autoridades?
El costo de mantenimiento de las personas privadas de la libertad puede llegar a ser, en México, según datos del gobierno de la Ciudad de México, del equivalente a 900 dólares mensuales.
En Chile, el gasto promedio mensual por interno, al cierre de 2021, era del equivalente a mil 12 dólares al cambio actual. Una cifra similar a la de Uruguay (unos mil 24 dólares mensuales)
A pesar de ello, en general, en los países analizados, al igual que en el territorio de Puerto Rico, las estrategias se quedan cortas de miras. En su gran mayoría, el enfoque se limitar a reducir sobrepoblación con traslado de presos, la separación de los más violentos, la ampliación de centros penitenciarios y la creación de nuevos, la participación del sector privado, entre otros. Escasean las medidas para acelerar las sentencias, por ejemplo.
Existen, al mismo tiempo, programas, con distintos grados de desarrollo, para permitir a la población carcelaria culminar sus estudios, aprender un oficio o trabajar desde prisión y obtener algún dinero.
Hay también programas enfocados en la excarcelación anticipada para delitos no graves –en general se excluyen delitos de explotación sexual, trata de personas o crímenes violentos o de narcotráfico- y siempre y cuando los presos cumplan ciertas condiciones.
Sin embargo, son pocos los países con programas más extensos, enfocados en ayudar a las personas privadas de la libertad a crecer como seres humanos y a incentivarlos a cambiar de vida una vez fuera de prisión.
En República Dominicana, existen programas enfocados en la salud mental, otros, llamados “de medio libre”, buscan alternativas a la reclusión; también hay programas de salida temporal con fines familiares, educativos, o laborales. Pero este tipo de casos son contados en la región.
“La creciente autogobernabilidad, impunidad y corrupción al interior” de las cárceles, sumado “al contexto geográfico, socioeconómico o por índice delictivo o de inseguridad”, las convierten en centros “donde los fines de reinserción social sólo son utópicos”, advirtió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México en enero de 2023. La descripción aplica a nivel regional.
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