Opinión
Abstención erosiona a los tres; PRM aplasta PLD y FP
Por Narciso Isa Conde
Avanza dictadura institucional PRM-EMPRESARIAL
A lo largo de los 58 años posteriores a la intervención militar de EEUU en 1965 y del despliegue de la contrarrevolución imperialista, síndicos o alcaldes, y sus consejos de regidores, han sido en gran medida instrumentos de partidos convertidos en compañías por acciones y de empresarios y mafias políticas que controlan alcaldías; mientras los partidos de gobierno siempre han procurado convertirlos en órganos del oficialismo.
Este proceso alcanzó niveles extremos en este periodo constitucional y se evidenció más aún -y en forma descarada- a lo largo de esta campaña electoral municipal; dominada por un partidismo conservador integrado por el PRM, PLD y FP, con fuertes inclinaciones neofascistas.
En esta oportunidad la concepción política que desde la presidencia de la república tiende a liquidar la independencia de los demás poderes del Estado, llegó al extremo de que los candidatos presidenciales encabezaron la campaña electoral municipal, con el propósito de controlar centralmente las alcaldías.
Dentro de ese clima perverso, el PRM y Luis Abinader se atrevieron a anunciar UN SOLO GOBIERNO, aludiendo a la unificación centralizada de todos los poderes del Estado bajo su control; lo que implica romper cánones fundamentales de la maltrecha democracia representativa y del liberalismo político, para imponer una dictadura partidocrática-empresarial.
Se atrevieron a plantear abiertamente esa fórmula dictatorial, porque todas las encuestas (no truqueadas) le aseguraban barrer a las dos desacreditadas mafias peledianas; en unos comicios montados sobre un sistema electoral excluyente del resto del sistema de partidos, agrupados o no en los dos bloques electorales (oficialista y “opositor”); y porque gran parte de la sociedad dominicana aplauden cualquier vía que implique castigar, disolver, a los dos PLD y a sus socios en tantas suciedades.
Los resultados de electorales del pasado 18 de febrero materializan parcialmente ese propósito dictatorial y sellan dentro de la hegemonía casi absoluta de un partido dominado por una elite empresarial, la subordinación del poder municipal, el cual, arrastrado por los designios del gobierno central y la voluntad presidencial, favorece la minimización de esas organizaciones opositoras.
Además, las alcaldías son débiles frente al Poder Ejecutivo.
Siempre han estado sometidas a presupuestos muy precarios e ilegales.
Los impuestos territoriales a corporaciones privadas son bajísimos y para colmo no los pagan y nadie se los cobra.
La reciente ley de ordenamiento territorial las despoja del derecho a autorizar y fiscalizar proyectos de alcance nacional con sede en su territorio. El Consejo de Gobierno y el presidente de la república deciden.
Ese cuadro habrá de empeorarse.
Cierto que el PRM arrasó a los dos PLD y casi los condenó a la extinción acelerada, pero por más que se oculte la verdad, estas votaciones además desnudan palmariamente, que las dos alianzas y todo ese sistema de partidos fue derrotado por una gran abstención,
· DERECHO A NO VOTAR DERROTÓ EL DERECHO A VOTAR.
Al tiempo que los defensores del sistema exaltan el derecho a votar y silencian el derecho a no votar, califican tales votaciones de “fiesta de la democracia”; sin evaluar la suma de trampas estructurales, ilegalidades y violaciones puntuales a las normativas legales y administrativas, cometidas en todas las fases del proceso.
De todas maneras, esta vez la decisión de ejercer el derecho a no votar, derrotó la ejecución del derecho a votar, al registrarse una gran abstención.
El padrón de la JCE supera los 8 millones de votantes, y los votos emitidos están por debajo de 4 millones.
Pero la cuestión se torna mucho más grave en las provincias de mayor cantidad de electores y a la vez las más pobladas, de acuerdo a las primeras proyecciones, donde la abstención llega a más del 60 y del 80 % del padrón electoral
La suma de los votos emitidos está bastante por debajo del total de los electores/as en esas provincias y municipios.
La alianza oficialista integrada por 25 partidos y la opositora por 4, cada una por separado, fueron vencidas por una abstención con un porcentaje más alto que la abstención general.
El componente fundamental de la abstención es juvenil, campesino y de sectores empobrecidos de las ciudades.
Además, en el contexto de unas elecciones estructuralmente tramposas y fraudulentas en varias vertientes, abundaron las violaciones impunes a todas las prohibiciones y a todas las normativas en relación con el uso de celulares, propaganda frente a los recintos de votación, carpas de partidos, compra de cédulas, bebederas y “teteos”.
Es esto lo que ha sido bautizado con el nombre de “fiesta de la democracia”, que en todo caso solo merecería el nombre de “fiesta de la partidocracia y la plutocracia”, verdadera francachela del poder de los partidos corrompidos y corruptores, y del poder del dinero, para impulsar iniciativas canallas.
· ILEGITIMIDAD DE ALCALDÍAS Y CANDIDATOS ELECTOS.
Legalidad y legitimidad son cosas diferentes.
La legitimidad exige más de la mitad de los votos válidos, trátese de personas, instituciones electas o gobiernos. Por debajo de ahí es ilegitimidad o precario apoyo popular en diferente grado,
En los resultados de estos comicios gran parte de los funcionarios y las instituciones electas obtuvieron votaciones muy por debajo de ese nivel. Abundan los porcentajes muy por debajo del padrón de su municipio o Distrito Municipal… entre el 20 y el 35%…
Síndicos, directores regidores, consejos municipales son respaldados por minorías; resulta así ilegítimos los electos e ilegítimas las instituciones que se eligen de esa manera. En fin de cuentas: procesos e instituciones antidemocráticas. El júbilo no procede ¡Nada que celebrar!
Porque un sistema electoral y de partidos incapaces de atraer mayorías no sirve; y el tema resulta aún más grave cuando no logra entusiasmar a los/as jóvenes, que son una mayoría creciente y facilitar la compra de votos.
Esto implica pérdida de autoridad de gobiernos y estado, por lo que muchos jóvenes se burlan de las disposiciones oficiales. Y tan masivo y generalizado es ese fenómeno, que no hay manera de evitarlo; fruto del irrespeto bien ganado por los partidos, los comicios y las autoridades civiles y militares.
La ilegitimidad es un buen caldo de cultivo para una de dos: o para cambiarlo todo, creando un nuevo sistema, forjando democracia real, poder del pueblo; o para abrirle cancha a un mesianismo neofascista seudo-religioso…tipo Milei y Bukele, o fórmulas como las de Noboa …
De entrada, hay que decidirse a no medrar en ese proyecto que van a completar en mayo próximo en el nivel presidencial y congresual, y sus derivadas institucionales.
Es necesario influir para lograr el máximo posible de ilegitimidad electoral en la perspectiva de luchar, más allá de esa coyuntura, por cambiarlo todo desde la movilización popular; creando un poder constituyente capaz de meter en crisis el poder constituido y dar el salto necesario hacia una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA Y PARTICIPATIVA.
Después de los recientes resultados a nivel de las votaciones municipales, no es difícil pronosticar, que si no se presentan fenómenos socio-políticos sorpresivos, el impacto de los resultados de estos comicios, le facilita a Luis Abinader-PRM-CONEP-EU completar su proyecto de un solo gobierno empresarial, institucionalmente dictatorial: con su reelección en primera vuelta, con la cuasi extinción del PLD y FP a lo PRD y FP, y el dominio casi absoluto del nuevo Congreso y los demás “poderes del Estado”.
Como también entender, que en este país, el paso a ese nuevo escalón podría tener en perspectiva un costo más alto de ilegitimidad para quienes lo están imponiendo y un desgaste mayor a mediano plazo.
Un costo político que es preciso estimular, cerrándole a la vez el paso a su desdoblamiento como neofascismo; apostando a la quiebra total de este sistema de partidos y este desorden institucional, y creando una alternativa a esta nueva modalidad de dictadura.
Algo factible, porque lo acontecido revela que el PRM, al tiempo de tener poder para diezmar al PLD, FP, PRD y asociados, va perdiendo progresivamente legitimidad y acumulando descontento en su contra.
El PRM es grande frente al PLD, FP y asociados. Pero frente al pueblo que deja de creer en las bondades del sistema de partidos y de esta falsa democracia, se va achicando paso a paso; lo que se expresa por el momento en la abstención que ilegitima sus candidaturas y cargos electivos.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.