Opinión
Abstención erosiona a los tres; PRM aplasta PLD y FP
Por Narciso Isa Conde
Avanza dictadura institucional PRM-EMPRESARIAL
A lo largo de los 58 años posteriores a la intervención militar de EEUU en 1965 y del despliegue de la contrarrevolución imperialista, síndicos o alcaldes, y sus consejos de regidores, han sido en gran medida instrumentos de partidos convertidos en compañías por acciones y de empresarios y mafias políticas que controlan alcaldías; mientras los partidos de gobierno siempre han procurado convertirlos en órganos del oficialismo.
Este proceso alcanzó niveles extremos en este periodo constitucional y se evidenció más aún -y en forma descarada- a lo largo de esta campaña electoral municipal; dominada por un partidismo conservador integrado por el PRM, PLD y FP, con fuertes inclinaciones neofascistas.
En esta oportunidad la concepción política que desde la presidencia de la república tiende a liquidar la independencia de los demás poderes del Estado, llegó al extremo de que los candidatos presidenciales encabezaron la campaña electoral municipal, con el propósito de controlar centralmente las alcaldías.
Dentro de ese clima perverso, el PRM y Luis Abinader se atrevieron a anunciar UN SOLO GOBIERNO, aludiendo a la unificación centralizada de todos los poderes del Estado bajo su control; lo que implica romper cánones fundamentales de la maltrecha democracia representativa y del liberalismo político, para imponer una dictadura partidocrática-empresarial.
Se atrevieron a plantear abiertamente esa fórmula dictatorial, porque todas las encuestas (no truqueadas) le aseguraban barrer a las dos desacreditadas mafias peledianas; en unos comicios montados sobre un sistema electoral excluyente del resto del sistema de partidos, agrupados o no en los dos bloques electorales (oficialista y “opositor”); y porque gran parte de la sociedad dominicana aplauden cualquier vía que implique castigar, disolver, a los dos PLD y a sus socios en tantas suciedades.
Los resultados de electorales del pasado 18 de febrero materializan parcialmente ese propósito dictatorial y sellan dentro de la hegemonía casi absoluta de un partido dominado por una elite empresarial, la subordinación del poder municipal, el cual, arrastrado por los designios del gobierno central y la voluntad presidencial, favorece la minimización de esas organizaciones opositoras.
Además, las alcaldías son débiles frente al Poder Ejecutivo.
Siempre han estado sometidas a presupuestos muy precarios e ilegales.
Los impuestos territoriales a corporaciones privadas son bajísimos y para colmo no los pagan y nadie se los cobra.
La reciente ley de ordenamiento territorial las despoja del derecho a autorizar y fiscalizar proyectos de alcance nacional con sede en su territorio. El Consejo de Gobierno y el presidente de la república deciden.
Ese cuadro habrá de empeorarse.
Cierto que el PRM arrasó a los dos PLD y casi los condenó a la extinción acelerada, pero por más que se oculte la verdad, estas votaciones además desnudan palmariamente, que las dos alianzas y todo ese sistema de partidos fue derrotado por una gran abstención,
· DERECHO A NO VOTAR DERROTÓ EL DERECHO A VOTAR.
Al tiempo que los defensores del sistema exaltan el derecho a votar y silencian el derecho a no votar, califican tales votaciones de “fiesta de la democracia”; sin evaluar la suma de trampas estructurales, ilegalidades y violaciones puntuales a las normativas legales y administrativas, cometidas en todas las fases del proceso.
De todas maneras, esta vez la decisión de ejercer el derecho a no votar, derrotó la ejecución del derecho a votar, al registrarse una gran abstención.
El padrón de la JCE supera los 8 millones de votantes, y los votos emitidos están por debajo de 4 millones.
Pero la cuestión se torna mucho más grave en las provincias de mayor cantidad de electores y a la vez las más pobladas, de acuerdo a las primeras proyecciones, donde la abstención llega a más del 60 y del 80 % del padrón electoral
La suma de los votos emitidos está bastante por debajo del total de los electores/as en esas provincias y municipios.
La alianza oficialista integrada por 25 partidos y la opositora por 4, cada una por separado, fueron vencidas por una abstención con un porcentaje más alto que la abstención general.
El componente fundamental de la abstención es juvenil, campesino y de sectores empobrecidos de las ciudades.
Además, en el contexto de unas elecciones estructuralmente tramposas y fraudulentas en varias vertientes, abundaron las violaciones impunes a todas las prohibiciones y a todas las normativas en relación con el uso de celulares, propaganda frente a los recintos de votación, carpas de partidos, compra de cédulas, bebederas y “teteos”.
Es esto lo que ha sido bautizado con el nombre de “fiesta de la democracia”, que en todo caso solo merecería el nombre de “fiesta de la partidocracia y la plutocracia”, verdadera francachela del poder de los partidos corrompidos y corruptores, y del poder del dinero, para impulsar iniciativas canallas.
· ILEGITIMIDAD DE ALCALDÍAS Y CANDIDATOS ELECTOS.
Legalidad y legitimidad son cosas diferentes.
La legitimidad exige más de la mitad de los votos válidos, trátese de personas, instituciones electas o gobiernos. Por debajo de ahí es ilegitimidad o precario apoyo popular en diferente grado,
En los resultados de estos comicios gran parte de los funcionarios y las instituciones electas obtuvieron votaciones muy por debajo de ese nivel. Abundan los porcentajes muy por debajo del padrón de su municipio o Distrito Municipal… entre el 20 y el 35%…
Síndicos, directores regidores, consejos municipales son respaldados por minorías; resulta así ilegítimos los electos e ilegítimas las instituciones que se eligen de esa manera. En fin de cuentas: procesos e instituciones antidemocráticas. El júbilo no procede ¡Nada que celebrar!
Porque un sistema electoral y de partidos incapaces de atraer mayorías no sirve; y el tema resulta aún más grave cuando no logra entusiasmar a los/as jóvenes, que son una mayoría creciente y facilitar la compra de votos.
Esto implica pérdida de autoridad de gobiernos y estado, por lo que muchos jóvenes se burlan de las disposiciones oficiales. Y tan masivo y generalizado es ese fenómeno, que no hay manera de evitarlo; fruto del irrespeto bien ganado por los partidos, los comicios y las autoridades civiles y militares.
La ilegitimidad es un buen caldo de cultivo para una de dos: o para cambiarlo todo, creando un nuevo sistema, forjando democracia real, poder del pueblo; o para abrirle cancha a un mesianismo neofascista seudo-religioso…tipo Milei y Bukele, o fórmulas como las de Noboa …
De entrada, hay que decidirse a no medrar en ese proyecto que van a completar en mayo próximo en el nivel presidencial y congresual, y sus derivadas institucionales.
Es necesario influir para lograr el máximo posible de ilegitimidad electoral en la perspectiva de luchar, más allá de esa coyuntura, por cambiarlo todo desde la movilización popular; creando un poder constituyente capaz de meter en crisis el poder constituido y dar el salto necesario hacia una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA Y PARTICIPATIVA.
Después de los recientes resultados a nivel de las votaciones municipales, no es difícil pronosticar, que si no se presentan fenómenos socio-políticos sorpresivos, el impacto de los resultados de estos comicios, le facilita a Luis Abinader-PRM-CONEP-EU completar su proyecto de un solo gobierno empresarial, institucionalmente dictatorial: con su reelección en primera vuelta, con la cuasi extinción del PLD y FP a lo PRD y FP, y el dominio casi absoluto del nuevo Congreso y los demás “poderes del Estado”.
Como también entender, que en este país, el paso a ese nuevo escalón podría tener en perspectiva un costo más alto de ilegitimidad para quienes lo están imponiendo y un desgaste mayor a mediano plazo.
Un costo político que es preciso estimular, cerrándole a la vez el paso a su desdoblamiento como neofascismo; apostando a la quiebra total de este sistema de partidos y este desorden institucional, y creando una alternativa a esta nueva modalidad de dictadura.
Algo factible, porque lo acontecido revela que el PRM, al tiempo de tener poder para diezmar al PLD, FP, PRD y asociados, va perdiendo progresivamente legitimidad y acumulando descontento en su contra.
El PRM es grande frente al PLD, FP y asociados. Pero frente al pueblo que deja de creer en las bondades del sistema de partidos y de esta falsa democracia, se va achicando paso a paso; lo que se expresa por el momento en la abstención que ilegitima sus candidaturas y cargos electivos.
Por Isaías Ramos
San Juan habló.
El Presidente entendió.
Ahora el Estado debe actuar.
El proyecto minero Romero ya no es un simple expediente ambiental: es una prueba de soberanía, autoridad institucional y respeto a la Constitución.
San Juan no se levantó contra la inversión ni contra el progreso. San Juan se levantó por el agua. Y cuando un pueblo se levanta por el agua, defiende la vida.
En un Estado Social y Democrático de Derecho, la inversión es bienvenida, pero subordinada a la dignidad humana, al interés general, al agua, al ambiente sano y a la soberanía popular.
El presidente Luis Abinader acertó al paralizar las actividades vinculadas al proyecto. Respondió a una realidad inocultable: una provincia agrícola, hídrica y movilizada rechazó un proyecto extractivo que percibe como amenaza a sus ríos y agricultura.
Las declaraciones de la empresa, afirmando que no se da por vencida y que buscará diálogo, pueden sonar diplomáticas; pero después de una decisión presidencial, pueden leerse como desafío elegante, presión calculada y gesto improcedente ante una comunidad que ya habló.
La empresa tiene derecho al debido proceso y a una respuesta formal. Pero no tiene derecho a desconocer la voluntad social ni a tratar el rechazo popular como obstáculo vencible con comunicación estratégica.
En República Dominicana la inversión no está por encima de la Constitución. Una concesión no es soberanía. Un permiso no es carta blanca. Una exploración no es derecho adquirido a explotar. Y un estudio de impacto ambiental no puede convertirse en antesala inevitable de una mina rechazada por el territorio.
El artículo 8 ordena al Estado proteger los derechos de las personas y crear condiciones para el desarrollo humano. La Constitución reconoce el agua como patrimonio nacional estratégico, esencial para la vida, y ordena proteger el ambiente sano para presentes y futuras generaciones.
Si una permisología de exploración o evaluación ambiental avanza ignorando la vocación agrícola, la fragilidad hídrica, la ausencia de licencia social y el rechazo masivo, contradice la Ley General de Medio Ambiente y el mandato superior de la Constitución.
La Ley Ambiental nació para prevenir, informar, consultar, restaurar y aplicar el principio de precaución. Cuando existe riesgo grave para el agua, la salud y la vida comunitaria, la falta de certeza absoluta no puede usarse como excusa para avanzar.
San Juan ya respondió la pregunta de fondo: agua sí, oro no.
A quienes defienden con ligereza la explotación industrial de oro habría que pedirles algo más que entusiasmo económico y frases sobre “minería responsable”: que citen, en cualquier lugar del mundo, con nombre, país, fecha y evidencia independiente, un caso de explotación aurífera industrial que no haya provocado daño ambiental significativo o irreversible, afectación hídrica comprobada, relaves peligrosos no remediados, deterioro neto de ecosistemas o pasivos pagados por comunidades; y que además haya dejado a su pueblo mejor, más seguro y más próspero, descontados los costos ambientales, sociales, hídricos y de remediación.
En República Dominicana la prudencia debe ser mayor: somos parte de una isla, con ríos cortos, acuíferos frágiles y montañas interconectadas. Aquí un error ambiental no queda aislado: baja al valle, afecta la agricultura y compromete agua sin sustituto. El oro se exporta y se agota; el agua y los suelos fértiles no se recuperan con discursos.
Si existe en el mundo un ejemplo incuestionable de explotación industrial de oro sin daño ambiental significativo, afectación hídrica, relaves peligrosos, deterioro neto del territorio ni pasivos comunitarios, que lo presenten. Y si no existe, que no nos pidan fe donde corresponde aplicar prudencia constitucional.
República Dominicana necesita una nueva Ley de Minería nacida de la Constitución, no extractivista: una ley que ponga el agua por encima del oro, la cuenca por encima del polígono minero y la comunidad por encima del contrato. Debe declarar zonas incompatibles con minería metálica y exigir garantías reales, cierre, post-cierre, monitoreo independiente, transparencia y participación ciudadana efectiva.
Que nadie confunda la paralización anunciada con victoria definitiva. El pueblo debe mantenerse vigilante hasta que las aguas se aclaren; hasta que la decisión sea formalizada y blindada; hasta que se legisle una Ley de Minería armónica con la Constitución; y hasta que ninguna empresa use la permisología como escalera hacia una explotación que el territorio ya rechazó.
Desde el Foro y Frente Cívico y Social impulsaremos una ruta cívica, jurídica e institucional: solicitudes para que ningún expediente avance sin transparencia, motivación legal y control ciudadano; estudio de una acción constitucional contra normas mineras incompatibles con el Estado Social y Democrático de Derecho; y convocatoria a una vigilancia nacional por el agua. Esta no es causa de un grupo: es causa de país.
En un país donde la partidocracia tantas veces ha abandonado al pueblo, la vigilancia ciudadana no es desconfianza gratuita: es deber patriótico. Hoy resuena aquella advertencia: “Nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria”.
En el Foro y Frente Cívico y Social entendemos que la mayor riqueza de una nación no está debajo de la tierra. Está en su gente, en su agua, en sus alimentos, en su educación, en su soberanía alimentaria y energética, y en su ciudadanía despierta.
San Juan habló.
El Presidente entendió.
La Constitución manda.
El pueblo debe vigilar.
Agua sí, oro no.
Ya basta de improvisar. Es tiempo de gobernar.
(Segunda entrega)
Por Oscar López Reyes
La publicidad digital (información procesada) ha prosperado, crecidamente como flor en primavera, por su exclusiva y ventajosa preferencia en el raudal de su automatización (función autónoma) y democratización tanto de su cobertura como del bajo costo presupuestario. Ha escalado un eslabón preeminente (por su cuantía y repetida difusión) del edificio mercadológico y sacudido la alfombra de los modelos de negocios comunicacionales. Se desplaza imparable…
En el universo hiperconectado y el cambio de mentalidades, el aforo de la digitalización experimenta un crecimiento de doble dígito, y lidera el gasto publicitario de República Dominicana, por ser más económica, por su precisa segmentación de audiencias, formato multimedia (texto, imagen y video), alcance global y por ser medible en tiempo real.
Reforcemos las palabras con cifras verificables: En 2025, la inversión publicitaria general de República Dominicana fue de 38 mil 645 millones de pesos, y la insertada en 583 medios oneline (redes sociales, buscadores y sitio web) fue 4 mil 600 pesos, que representó el 12%.
Los nuevos portales, blogs y nativos emergentes han logrado un gran alcance, y en el 2026 el 70% de la población dominicana incursiona en redes sociales, que la corona como el canal tecnológico dominante de interacción diaria, con una elevada inversión de tiempo.
Ese auge en apenas tres décadas se ha afianzado porque el consumo de noticias ha emigrado preponderantemente a redes sociales y portales digitales. Cerca del 90% de la población dominicana tiene acceso al servicio de internet, especialmente a través de la conexión celular, y más del 50% de los jóvenes entre 18 y 25 años la usa como su dieta alimenticia.
Empero, esa expansión se coloca muy por debajo del mercado planetario, que en el 2025 acumuló entre el 69% y el 73% de la inversión publicitaria global, lo que significa que los offlines o tradicionales (prensa escrita, radio, televisión y vallas/carteles) cuentan con un 30% de audiencia.
La publicidad en la red gira en el espinazo de algoritmos cambiantes, subastas y un ecosistema sofisticado y engorroso, en torno a por lo menos diez núcleos centrales:
1.- Contenido temático estratégico
La publicidad de contenido digital crea, edita y difunde narrativas emocionantes y motivantes sobre una marca, para posibilitar la acción de compra y fidelizar a audiencias preseleccionadas.
2.- Segmentación personalizada
Separar a clientes conquistados en grupos más pequeños y homogéneos (remarketing) para interactuar sobre el producto en plataformas definidas, a fin de lograr empatía, aumentar las visitas y detener a esos usuarios.
3.- Diversidad de espectro/plataformas
Las plataformas se fragmentan en cinco facetas: 1) Redes sociales, como Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok, Telegram, LinkedIn, X (Twitter) y WeChat, Comunicación en tiempo real; 2) Streaming: Netflix, Disney, HBO Max, Prime Video y Apple TV+; 3) Comercio Electrónico (E-commerce) Amazon, Shopify, Mercado Libre, Tiendanube yHotmart; 4) Educación Virtual y E-learning (LMS), y 5) Trabajo y Almacenamiento en la Nube.
4.- Interacción dinámica conversacional
Interlocutores emplean el diálogo explicativo personalizado —por redes sociales, WhatsApp o chatbots— para despejar dudas, explicar procesos y generar confianza en la línea para guiar hacia el acto de compra.
5.- Tipos de publicidad de mensajes
Los textos persuasivos son diseñados para convencer a los usuarios sobre los plus de los bienes y servicios, en las esferas informativa/educativa, afectiva/sentimental, narrativa/memorable, racional e inspiracional. Abarca Marketing en Buscadores (SEM), Social Ads, Display (banners), Nativa, Video, Email Marketing, Programática, Retargeting/Remarketing, Marketing de Influencer y Marketing de Afiliación.
6.- Clases de formatos innovadores
Los formatos de documento, imagen, video y audio en dispositivos electrónicos almacenar y optimizan bases de datos, editan y mejoran la calidad de fotografías, gráficos y web, la animación y la impresión.
7.- Flexibilidad con cambios inmediatos
La publicidad digital facilita cambios inmediatos, el perfeccionamiento del mensaje, el movimiento de presupuestos de un canal a otro y la maximización automatizada para rehuir al cansancio de la audiencia.
8.- Alto alcance/cobertura de la campaña
El anuncio o campaña sobre una marca o servicio es oído o visto por una inmensidad de receptores (alto alcance), en extensos territorios geográficos o segmentos de un mercado (alta cobertura), para su mejor posicionamiento.
9.- Menor costo de producción y difusión
Son reducidos y eficientes los costos tanto de producción como de divulgación de los mensajes, por plataformas de nichos con creativos visuales de alta calidad, sin necesidad de contratar costosas agencias publicitarias.
10.- Facilidad para medir resultados
Las auditorías, que por métricas miden en tiempo real la tasa de clics de usuarios que han visitado la web y la efectividad del mensaje, factor básico para reajustar la campaña y cuantificar la rentabilidad de la inversión.
Como perciben sus ojos, la comunicación social en tanto disciplina científica ha parido un área, la publicidad digital (vinculada también con el marketing), que se sustenta en la investigación, el conocimiento sistemáticamente estructurado, los diseños, los cálculos y estadísticas, las ciencias de datos, los modelos predictivos y la inteligencia artificial.
Al ritmo apresurado en que la publicidad digital evoluciona, conceptual y tecnológicamente, los sitios web, blogs, redes sociales y otros nativos digitales, desplazan a los periódicos impresos, que están siendo instalados en las páginas web; el podcast a la radio tradicional y el streaming y YouTube a la televisión por cable y abierta.
Excluyendo los clics falsos y fraudes publicitarios, la propagación de datos privados, los ruidos por la sobrecarga de información/anuncios y las continuas modificaciones en los algoritmos de las plataformas –susceptibles de disminuir las metas propuestas- la publicidad digital seguirá agrandando su panza. En la multimedia interactiva descansa el futuro y los anunciantes preferirán, en la lógica rentable empresarial, a las altas audiencias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
Por Rommel Santos Diaz
Además, para ser admisible, cada uno deberá ser ¨ de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte Penal Internacional¨. Quedan excluidos los casos fuera de lo habitual en los que la gravedad de los hechos específicos no deja de ser secundaria.
Al evaluar la admisibilidad de un caso, la Fiscalía estudiará el daño ambiental causado por el crimen. Aunque la determinación de la gravedad de los crímenes ambientales se centra a menudo en los daños sufridos por humanos como consecuencia de un daño ambiental, también podrán considerarse los daños sufridos por el medio ambiente en sí, tal como ocurre cuando un crimen ocasiona un daño a gran escala en un ecosistema no utilizado por humanos con fines de subsistencia.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional también tendrá en cuenta factores de orden estrictamente ambiental al determinar la gravedad, entre ellos factores de escala, naturaleza e impacto:
Escala: el número de víctimas humanas y no humanas directa e indirectas o el alcance geográfico o temporal del daño ambiental.
Naturaleza: si se cometieron daños ambientales contra víctimas marginadas o en situación de vulnerabilidad, entre ellas, mujeres, menores, personas mayores, personas con discapacidad, Pueblos Indígenas, afrodescendientes y campesinos, o si estas víctimas se vieron especialmente afectadas.
Impacto: magnitud del daño, desde el punto de vista integral y con inclusión de los daños irreversibles y a largo plazo, v vista de manera acumulativa cuando se ha cometido una serie de actos de daño ambiental causado al entorno natural , con independencia de su efecto antropocéntrico ; el efecto intergeneracional del daño ambiental en la vida humana; y el daño social, cultural, psicológico, religioso, espiritual o socioeconómico especifico infligido por los crímenes ambientales, en particular a grupos o personas con vulnerabilidades interseccionales.