Opinión
Abstención erosiona a los tres; PRM aplasta PLD y FP
Por Narciso Isa Conde
Avanza dictadura institucional PRM-EMPRESARIAL
A lo largo de los 58 años posteriores a la intervención militar de EEUU en 1965 y del despliegue de la contrarrevolución imperialista, síndicos o alcaldes, y sus consejos de regidores, han sido en gran medida instrumentos de partidos convertidos en compañías por acciones y de empresarios y mafias políticas que controlan alcaldías; mientras los partidos de gobierno siempre han procurado convertirlos en órganos del oficialismo.
Este proceso alcanzó niveles extremos en este periodo constitucional y se evidenció más aún -y en forma descarada- a lo largo de esta campaña electoral municipal; dominada por un partidismo conservador integrado por el PRM, PLD y FP, con fuertes inclinaciones neofascistas.
En esta oportunidad la concepción política que desde la presidencia de la república tiende a liquidar la independencia de los demás poderes del Estado, llegó al extremo de que los candidatos presidenciales encabezaron la campaña electoral municipal, con el propósito de controlar centralmente las alcaldías.
Dentro de ese clima perverso, el PRM y Luis Abinader se atrevieron a anunciar UN SOLO GOBIERNO, aludiendo a la unificación centralizada de todos los poderes del Estado bajo su control; lo que implica romper cánones fundamentales de la maltrecha democracia representativa y del liberalismo político, para imponer una dictadura partidocrática-empresarial.
Se atrevieron a plantear abiertamente esa fórmula dictatorial, porque todas las encuestas (no truqueadas) le aseguraban barrer a las dos desacreditadas mafias peledianas; en unos comicios montados sobre un sistema electoral excluyente del resto del sistema de partidos, agrupados o no en los dos bloques electorales (oficialista y “opositor”); y porque gran parte de la sociedad dominicana aplauden cualquier vía que implique castigar, disolver, a los dos PLD y a sus socios en tantas suciedades.
Los resultados de electorales del pasado 18 de febrero materializan parcialmente ese propósito dictatorial y sellan dentro de la hegemonía casi absoluta de un partido dominado por una elite empresarial, la subordinación del poder municipal, el cual, arrastrado por los designios del gobierno central y la voluntad presidencial, favorece la minimización de esas organizaciones opositoras.
Además, las alcaldías son débiles frente al Poder Ejecutivo.
Siempre han estado sometidas a presupuestos muy precarios e ilegales.
Los impuestos territoriales a corporaciones privadas son bajísimos y para colmo no los pagan y nadie se los cobra.
La reciente ley de ordenamiento territorial las despoja del derecho a autorizar y fiscalizar proyectos de alcance nacional con sede en su territorio. El Consejo de Gobierno y el presidente de la república deciden.
Ese cuadro habrá de empeorarse.
Cierto que el PRM arrasó a los dos PLD y casi los condenó a la extinción acelerada, pero por más que se oculte la verdad, estas votaciones además desnudan palmariamente, que las dos alianzas y todo ese sistema de partidos fue derrotado por una gran abstención,
· DERECHO A NO VOTAR DERROTÓ EL DERECHO A VOTAR.
Al tiempo que los defensores del sistema exaltan el derecho a votar y silencian el derecho a no votar, califican tales votaciones de “fiesta de la democracia”; sin evaluar la suma de trampas estructurales, ilegalidades y violaciones puntuales a las normativas legales y administrativas, cometidas en todas las fases del proceso.
De todas maneras, esta vez la decisión de ejercer el derecho a no votar, derrotó la ejecución del derecho a votar, al registrarse una gran abstención.
El padrón de la JCE supera los 8 millones de votantes, y los votos emitidos están por debajo de 4 millones.
Pero la cuestión se torna mucho más grave en las provincias de mayor cantidad de electores y a la vez las más pobladas, de acuerdo a las primeras proyecciones, donde la abstención llega a más del 60 y del 80 % del padrón electoral
La suma de los votos emitidos está bastante por debajo del total de los electores/as en esas provincias y municipios.
La alianza oficialista integrada por 25 partidos y la opositora por 4, cada una por separado, fueron vencidas por una abstención con un porcentaje más alto que la abstención general.
El componente fundamental de la abstención es juvenil, campesino y de sectores empobrecidos de las ciudades.
Además, en el contexto de unas elecciones estructuralmente tramposas y fraudulentas en varias vertientes, abundaron las violaciones impunes a todas las prohibiciones y a todas las normativas en relación con el uso de celulares, propaganda frente a los recintos de votación, carpas de partidos, compra de cédulas, bebederas y “teteos”.
Es esto lo que ha sido bautizado con el nombre de “fiesta de la democracia”, que en todo caso solo merecería el nombre de “fiesta de la partidocracia y la plutocracia”, verdadera francachela del poder de los partidos corrompidos y corruptores, y del poder del dinero, para impulsar iniciativas canallas.
· ILEGITIMIDAD DE ALCALDÍAS Y CANDIDATOS ELECTOS.
Legalidad y legitimidad son cosas diferentes.
La legitimidad exige más de la mitad de los votos válidos, trátese de personas, instituciones electas o gobiernos. Por debajo de ahí es ilegitimidad o precario apoyo popular en diferente grado,
En los resultados de estos comicios gran parte de los funcionarios y las instituciones electas obtuvieron votaciones muy por debajo de ese nivel. Abundan los porcentajes muy por debajo del padrón de su municipio o Distrito Municipal… entre el 20 y el 35%…
Síndicos, directores regidores, consejos municipales son respaldados por minorías; resulta así ilegítimos los electos e ilegítimas las instituciones que se eligen de esa manera. En fin de cuentas: procesos e instituciones antidemocráticas. El júbilo no procede ¡Nada que celebrar!
Porque un sistema electoral y de partidos incapaces de atraer mayorías no sirve; y el tema resulta aún más grave cuando no logra entusiasmar a los/as jóvenes, que son una mayoría creciente y facilitar la compra de votos.
Esto implica pérdida de autoridad de gobiernos y estado, por lo que muchos jóvenes se burlan de las disposiciones oficiales. Y tan masivo y generalizado es ese fenómeno, que no hay manera de evitarlo; fruto del irrespeto bien ganado por los partidos, los comicios y las autoridades civiles y militares.
La ilegitimidad es un buen caldo de cultivo para una de dos: o para cambiarlo todo, creando un nuevo sistema, forjando democracia real, poder del pueblo; o para abrirle cancha a un mesianismo neofascista seudo-religioso…tipo Milei y Bukele, o fórmulas como las de Noboa …
De entrada, hay que decidirse a no medrar en ese proyecto que van a completar en mayo próximo en el nivel presidencial y congresual, y sus derivadas institucionales.
Es necesario influir para lograr el máximo posible de ilegitimidad electoral en la perspectiva de luchar, más allá de esa coyuntura, por cambiarlo todo desde la movilización popular; creando un poder constituyente capaz de meter en crisis el poder constituido y dar el salto necesario hacia una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA Y PARTICIPATIVA.
Después de los recientes resultados a nivel de las votaciones municipales, no es difícil pronosticar, que si no se presentan fenómenos socio-políticos sorpresivos, el impacto de los resultados de estos comicios, le facilita a Luis Abinader-PRM-CONEP-EU completar su proyecto de un solo gobierno empresarial, institucionalmente dictatorial: con su reelección en primera vuelta, con la cuasi extinción del PLD y FP a lo PRD y FP, y el dominio casi absoluto del nuevo Congreso y los demás “poderes del Estado”.
Como también entender, que en este país, el paso a ese nuevo escalón podría tener en perspectiva un costo más alto de ilegitimidad para quienes lo están imponiendo y un desgaste mayor a mediano plazo.
Un costo político que es preciso estimular, cerrándole a la vez el paso a su desdoblamiento como neofascismo; apostando a la quiebra total de este sistema de partidos y este desorden institucional, y creando una alternativa a esta nueva modalidad de dictadura.
Algo factible, porque lo acontecido revela que el PRM, al tiempo de tener poder para diezmar al PLD, FP, PRD y asociados, va perdiendo progresivamente legitimidad y acumulando descontento en su contra.
El PRM es grande frente al PLD, FP y asociados. Pero frente al pueblo que deja de creer en las bondades del sistema de partidos y de esta falsa democracia, se va achicando paso a paso; lo que se expresa por el momento en la abstención que ilegitima sus candidaturas y cargos electivos.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?