Nacionales
Investigan denuncia de persecución de la jueza Ana Lee Florimón
Santo Domingo, R.D.-En virtud de las funciones que desempeña la jueza Ana Lee Florimón y la denuncia hecha por la magistrada de que es perseguida por desconocidos, el Poder Judicial informó este miércoles que investiga la denuncia hecha por quien preside el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La institución informó que desde la Dirección Central de la Policía de Protección Judicial y la Dirección de Administración y Carrera Judicial «se le presta toda la atención al tema», y se están realizando las investigaciones necesarias para identificar cualquier situación que pudiese estar pasando.
Aseguró que la protección de los jueces y juezas es parte de las responsabilidades de ese poder del Estado: «Tan pronto como se tuvo conocimiento sobre la situación que hizo pública la jueza Ana Lee Florimón se actuó de manera inmediata, como lo hacemos siempre, porque el Poder Judicial cuida a sus jueces y juezas», dijo en una nota de prensa.
El pasado viernes, la jueza denunció en estrado, que era perseguida permanentemente por un vehículo blanco desde que fue apoderada del caso de presunta corrupción estatal denominado Calamar. La persecución, dijo, también incluye a su hijo.
Lee Florimón, quien está recusada por el Ministerio Público, habló en la audiencia en que se daría lectura a una petición al órgano persecutor.
El Poder Judicial señaló que «existen canales institucionales que son los más rápidos y eficientes para realizar este tipo de denuncias», y que lo más conveniente es emplearlos en todos los casos.
Asimismo, informó que desde el año 2019 no se han realizado traslados en el Poder Judicial que no hayan sido solicitados por los jueces, cumpliendo lo establecido en la Ley de Carrera Judicial (número 327-98), y se aseguró que esa práctica no existe en la actualidad.
Este miércoles, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, informó al país que dispuso una investigación sobre la denuncia de la jueza Lee Florimón, de que es perseguida.
Dijo en un comunicado que jamás auspiciaría, ordenaría ni toleraría una conducta que irrespete derechos.
«Por diferentes medios han llegado a mí las informaciones de que la Magistrada Ana Lee Florimón, es objeto de seguimiento ella y su familia, luego de algunas diferencias con miembros del Ministerio Público, a quienes atribuye este seguimiento. Dejo claro que jamás auspiciaría, ordenaría ni toleraría este tipo de conducta que irrespeta derechos, habiendo sido víctima de esta práctica hace unos años mal podría reproducirla», indicó Germán Brito.
Germán Brito agregó que en vista de los desencuentros de Lee Florimón con dos magistrados en el curso del proceso que ha dado pie a este asunto, éstos no participarán como miembros de los investigadores «para no dar pávulo a versiones de encubrimiento».
«Hay en las afirmaciones de la magistrada asuntos de extrema gravedad y es la afirmación de que por presiones del Ministerio Público se han producido traslados y sanciones de jueces. En mi desempeño al frente de la Procuraduría General de la República jamás he propiciado ni consentido lo que señala la referida magistrada Ana Lee Florimón«, dijo.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.