Nacionales
Alarmantes cifras de embargos de cuentas bancarias.
Sólo en este año 2023 las cuentas bancarias embargadas involucran más de 26 mil 600 millones de pesos en unas 157 mil 160 de ellas y pertenecientes a 28 entidades de intermediación financiera, según lo informado por la Superintendencia de Bancos.
Estas son cifras alarmantes, que deben preocupar a todos los actores de la sociedad civil, al Defensor del Pueblo, al Sistema Judicial, al Congreso de la República y a la propia Autoridad Monetaria y Financiera.
Lo cierto es que más de cien mil personas equivalente al 1% de la población dominicana, y al 5% de los empleados del sector formal o informal, tienen cuentas embargadas en la República Dominicana.
Estas cien mil personas con cuentas embargadas pierden todos los años al menos, RD$1,250.00 Millones (Mil dos cientos cincuenta millones de pesos dominicanos), si calculamos una tasa de interés pasiva de un 6% anual, ya que los depósitos embargados no reciben un centavo de intereses por el tiempo que están embargados o congelados.´
Un gran número de personas se enfrentan a embargos de sus cuentas bancarias sin advertencia ni protección legal adecuada. Esta práctica, marcada por la falta de transparencia, ha dejado a muchas personas en una situación desesperada, sin recursos para proteger sus activos y asegurar su sustento, provocando un impacto devastador en las vidas de aquellos que se encuentran atrapados en esta situación.
Muchas cuentas de nóminas donde la persona recibe su salario son embargadas a pesar de que la Constitución Dominicana como el Código Laboral establecen claramente que el salario es intangible y está protegido de embargos, salvo en casos excepcionales, como deudas alimenticias o pensiones alimenticias. Esta protección se basa en el reconocimiento de que el salario es vital para el sustento y el bienestar de los trabajadores y sus familias, y es un derecho fundamental que tiene cada persona.
El embargo de cuentas de nómina puede tener un impacto devastador en la moral y el bienestar psicológico del trabajador, generando estrés, ansiedad y desesperación.
Una de las principales preocupaciones en torno a los embargos bancarios es la falta de transparencia legal. Las personas afectadas se encuentran en una situación de indefensión, sin entender completamente los procesos legales involucrados ni tener acceso a recursos legales adecuados para defender sus derechos. Esta falta de claridad deja a las personas vulnerables a abusos por parte de empresas de cobros compulsivos que adquieren estas deudas de algunas entidades bancarias a precios de vacas muertas, aplicando a los afectados decisiones arbitrarias en la mayoría de las veces fuera de la legalidad.
Es evidente que se necesitan reformas para abordar la falta de transparencia y proteger los derechos de las personas afectadas por embargos bancarios. Esto incluye una mayor regulación y supervisión de las prácticas bancarias, así como la implementación de medidas para garantizar que las personas afectadas tengan acceso a recursos legales adecuados y se les informe claramente sobre sus derechos y opciones en caso de embargo.
El Defensor del Pueblo debería involucrarse activamente en tomar acciones contra las medidas y prácticas abusivas de embargos de cuentas bancarias, especialmente en lo que respecta a las cuentas de nóminas de las personas, por varias razones fundamentales.
En primer lugar, el salario de un individuo está protegido por la Constitución y el Código Laboral ya que representa la fuente primaria de sustento para millones de familias. Embargar este ingreso esencial no solo afecta la estabilidad financiera del individuo, sino que también puede poner en riesgo su capacidad para satisfacer necesidades básicas como alimentación, vivienda y atención médica.
Además, el embargo de cuentas de nómina puede tener un impacto devastador en la moral y el bienestar psicológico del trabajador, generando estrés, ansiedad y desesperación.
Por lo tanto, el Defensor del Pueblo tiene la responsabilidad de intervenir en defensa de los derechos fundamentales de las personas, garantizando que se respete la protección legal del salario y que se implementen medidas efectivas para prevenir y sancionar cualquier práctica abusiva por parte de las empresas de cobros compulsivos. Su intervención es crucial para asegurar que los ciudadanos sean tratados con dignidad y justicia en el ámbito económico y laboral, fortaleciendo así el tejido social y promoviendo la equidad y la igualdad de oportunidades para todos.
Igualmente, la Superintendencia de Bancos debería llevar al seno de la Junta Monetaria para que vía un nuevo reglamento se instruya a las entidades bancarias un nuevo producto para las empresas denominado cuentas bancarias de nóminas para los empleados públicos y privados y que estás cuentas sólo puedan recibir el salario de la persona, ningún depósito ni propio ni de terceros y que la misma no pueda ser embargada. Una vez el empleado ya no pertenezca a la empresa dicha cuenta pasaría a una cuenta de ahorro ordinaria.
Paralelamente, hay que regularizar y supervisar la venta de las carteras de créditos a castigadas de las entidades bancarias a las empresas de cobros compulsivos, que las mismas tengan un código de ética, y que puedan garantizar el cumplimiento de estándares de respecto a los derechos fundamentales de las personas afectadas.
El Congreso de la República debería abordar la modificación de los aspectos del Código Civil y el Código de Procedimiento Civil que sean contrario a que las cuentas bancarías de nóminas no puedan ser embargadas de cara a la protección de los Derechos Fundamentales de las personas, específicamente de que el salario no puede ser embargado, salvo lo que establece la propia ley.
Finalmente, el embargo salarial a través de las cuentas bancarias que no son identificadas como cuentas de nóminas, es una injusticia que va en contra de los principios fundamentales de justicia y equidad. Es imperativo que se tomen medidas para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar que el salario, como fuente vital de sustento, esté debidamente protegido contra embargos abusivos. Solo así podremos construir una sociedad más justa y equitativa para todos.
La columna “La Banca Dominicana por Dentro”, es desarrollada por Jesús Geraldo Martínez, en el interés de aportar al fortalecimiento del Sistema Financiero Dominicano desde una perspectiva analítica y práctica orientada a la formación de conocimientos y divulgación de informaciones exclusivas de dicho sector. Para contactar con el autor. Email jgmartinez20@icloud.com, o seguir a @Jesusgeraldomartinez en Instagram.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-El proceso de preparación y empaque del material electoral destinado a los 16,726 colegios electorales a nivel local, ya concluyó en función del calendario electoral, según lo informó este domingo la Junta Central Electoral (JCE)
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, felicitó al equipo de trabajo, encabezado por el director de Elecciones, Mario Núñez Valdez, reiteró que como Pleno y Junta Central Electoral están enfocados en lograr unas elecciones justas, transparente, pacíficas e íntegras.
«En nombre del Pleno felicito a todo el personal integrado por Mario Núñez, Arturo Freites y Ana Margarita Gómez para cumplir esta meta (…) y nosotros como Pleno y Junta Central estamos enfocados en que este 19 de mayo tengamos unas elecciones justas, transparentes, pacíficas y, sobre todo, íntegras», reiteró Jáquez Liranzo.
«Ya hace días la JCE hubiese celebrado este acto, pero Dios quiso que fuera hoy… ¡y hoy celebramos!», agregó.
En tanto que el director nacional de Elecciones del órgano electoral, Mario Núñez Valdez, expresó que las juntas electorales ya tienen en su poder las valijas conteniendo el kit electoral, además de los equipos de digitalización, escaneo y transmisión de datos (EDET) a utilizar en las mesas de votación.
Añadió que de conformidad con la Ley Orgánica del Régimen Electoral el material electoral debe estar a disposición de las juntas electorales el día 14 de mayo, para iniciar la entrega a presidentes y secretarios de colegios electorales entre el 15 y 17 de los corrientes, «con no más de 4 y no menos de 2 días antes de las elecciones».
«Con esta acción el órgano electoral da cumplimiento a su calendario administrativo y de plazos legales, con antelación suficiente», dijo Núñez Valdez.
Santo Domingo, R.D.-Cuatro personas fue apresadas por la Policía Nacional acusadas de integrar una banda de asaltantes, ya desmantelada, que operaba en sectores del Gran Santo Domingo.
Los detenidos son Ramón Ignacio Castillo (alias Manauri), de 37 años; Franklin Yadriel Mejía Tejeda, Edri José Reynoso Guzmán y Bryan Ariel Sala, éstos últimos de 18 años.
Un comunicado de la Policía asegura que tras ser depurados, los cuatro figuran con varios registros por diversos delitos.
La Policía incautó a los detenidos dos armas de fuego y un vehículo, en el que alias Manauri trató de escapar de los agentes cuando intentaban detenerle.
Los detenidos, al ser cuestionados, admitieron que conforman una banda que se dedican a realizar actos delictivos en todo el gran Santo Domingo, junto a los apodados «Cabeza» y «Carnaval», quienes se mantienen prófugos.
Los investigadores recuperaron varias joyas que los detenidos sustrajeron a sus víctimas, agregó la información.
Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.
Nacionales
La JCE crea directorio en línea de las Fiscalías para denunciar crímenes y delitos electorales
Santo Domingo, R.D.-Un portal web del directorio de las procuradurías especializadas de investigación y persecución del crimen y el delito electoral ha sido habilitado por la Junta Central Electoral (JCE), cuyo órgano llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier ilícito en esta materia.
Desde hace un tiempo el órgano electoral desarrolla una campaña de orientación para concienciar a la población sobre el tema de los crímenes y delitos electorales a través de sus redes sociales y con varias herramientas en línea en su página de Internet.
Entre los principales delitos sobre los que la JCE llama la atención están obstaculizar o cohibir a un votante cuando se dirige a un colegio electoral a ejercer su derecho al voto; enseñar el voto o decir por quién votaste o piensas votar; amenazar con despedir a un empleado que quiera votar; pedir dinero, favores o regalos a cambio de votar a favor de cualquier candidato o candidata; comprar o vender una Cédula de Identidad y Electoral, entre otros establecidos en el Capítulo II, Artículo 309 y siguientes de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.
Para acceder al mapa interactivo del Directorio de las Procuradurías Especializadas de Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales los usuarios del portal de la JCE solo tienen que entrar al subportal “Elecciones 2024” y en el menú en la pestaña “Delitos Electorales” entrar a “Fiscalías Electorales” en donde encontrarán un breve video motivacional que invita a actuar y denunciar cualquier irregularidad ante la fiscalía más cercana, y más abajo, el mapa interactivo del directorio donde al hacer clic sobre la provincia de su interés tendrá la información necesaria de ubicación, nombre del fiscal responsable, sus correos electrónicos y los números telefónico de la Fiscalía Electoral.