Opinión
Tropas Élites-USA en Haití; Abinader, Henry y la manipulación de la Caricom
Por Narciso Isa Conde
“La creada situación que sufre la sociedad haitiana, demanda un respaldo a las fuerzas políticas y sociales que en Haití reclaman:”
Estados Unidos decidió desplegar en Haití un contingente-elite de seguridad de su cuerpo de Marina, argumentando la “necesidad de protección a su embajada” y el “deterioro de seguridad en Haití”. La información fue dada a conocer en su portal digital MARINE TIME.
En el caso haitiano se trata de una especie de “cabeza de playa” y “plataforma de inteligencia militar” que, al esgrimir como pretextos la “protección de su embajada” y “la inseguridad provocada por las bandas parapoliciales y terroristas, raya en el colmo de la simulación y el cinismo.
Esto me recuerda el pretexto empleado para invadirnos el 28 de abril, con el disfraz de Fuerza Interamericana de Paz (FID).
Es imposible obviar que las bandas terroristas para-policiales fueron creadas por la CÍA y los “paracos” colombianos, y armadas desde EEUU.
El contingente de marines que llegó a Haití es una cabeza de playa y la plataforma de inteligencia militar de una intervención mayor, y más que una decisión de Biden (que por demás “chocea”), es una determinación del “gobierno profundo” estadounidense; implementada por el PENTÁGONO y la CIA, que previamente usaron a GUY PHILIPPE y activaron bandas terroristas bajo su control, para sembrar más caos y crear una situación que facilitara desplazar a Henry, crear (con el respaldo de un CARICOM sensiblemente doblegado) el gobierno colegiado de transición y justificar la intervención en mayor escala.
Todo indica que EEUU se ve obligado a hacerlo con un primer paquete de tropas élites propias, por las dificultades no superadas del proyecto intervencionista con la policía de Kenia, acompañada de otros países africanos y caribeños.
EEUU, manipulando el CARICOM y la ONU, con el concurso de Canadá, Francia y Brasil, se decidió a escoger un Consejo de Gobierno Presidencial para la Transición.
Cual sea la reconfiguración de la Administración Biden ante la crisis que el poder imperialista occidental ha creado en Haití, lo que siempre determina sus decisiones fundamentales es la «mano invisible» del gobierno profundo en función del escenario político-militar.
Con todo, y a pesar de todo: en escenarios de ese tipo es recurrente la tesis ya clásica del filólogo y filósofo anti-imperialista Noam Chomsky, la cual reza así: “ellos (los jorocones del Imperio) crean el problema y crean la solución”; y yo agrego: ¡siempre a tono con sus espurios intereses!
En ese contexto es muy importante que la coalición SOLIDARIDAD DOMINICANA CON HAITÍ, en la rueda de prensa del pasado viernes 8 de marzo, se haya pronunciado de esta manera:
“La creada situación que sufre la sociedad haitiana, demanda un respaldo a las fuerzas políticas y sociales que en Haití reclaman:”
· “… destitución del gobierno de facto del PHTK, representado por el primer ministro Ariel Henry, nombrado mediante un tweet por EEUU y la ONU, que además apoyó la Federación de las Pandillas; gobierno mafioso que el pueblo haitiano movilizado ha rechazado desde el primer momento.”
· “… cese del terror de las bandas paramilitares creadas y armadas por EEUU, que atacan a las barriadas pobres y jamás a los ricos, ni a sus propiedades, el rechazo de cualquier fórmula de intervención militar fraguada por EEUU y el Core Group.”
· …un gobierno de ruptura y transición que reorganice el Estado y llame a elecciones democráticas; y que, además, con ayuda de países amigos, reestructure las instituciones dedicadas a combatir la violencia, contrarresten el tráfico de armas y municiones desde puertos de EEUU hacia Haití,”
· “,.. rechazo categórico a las manipulaciones de la Casa Blanca, y CARICOM para imponer otro títere que sustituya a Ariel Henry, y facilite la intervención militar en preparación, “
· “,enérgica condena a las pretensiones de mafiosos como Guy Phillipe y a las manipulaciones de connotados jefes de bandas paramilitares como Jimmy Chirizier (Barbecue), que procuran hacerse del gobierno. ¡ALGO ABSOLUTAMENTE INACEPTABLE!”
· “…exigirle a la comunidad internacional colonialista que le pague al pueblo haitiano la INMENSA DEUDA SOCIAL Y ECONÓMICA, respete su autodeterminación y cese el cruel coloniaje racista que lo oprime y discrimina.”
EEUU INSTÓ A ABINADER A NO RECIBIR A HENRY.
Abinader dijo recientemente que Henry “no es grato en RD” y lo dice ahora, no por decisión propia, sino porque el Departamento de Estado se lo solicitó; instancia imperial que antes de su actual decisión de sacarlo de la presidencia de facto, lo nombró vía twitter y lo protegió. Actitud a la que el presidente dominicano se sumó, al extremo de constituirse junto Ariel Henry en los principales portavoces de la intervención militar.
Miren cómo sucedieron las cosas:
Diplomáticos de nuestro país, por mandato del Canciller dominicano y del presidente Luis Abinader, después de constatar la imposibilidad de la entrada de Henry por el aeropuerto de Puerto Príncipe, se prestaron a acordar su venida a nuestro país para ser trasladado a Haití en un helicóptero de alta seguridad.
Sobre esa base, el avión presidencial tomó la ruta a Santo Domingo, pero antes de arribar se violó ese acuerdo y se le impidió aterrizar.
La orden emana de la Casa Blanca y fue entonces cuando desviaron el vuelo hacia PUERTO RICO, donde lo recibió el FBI y autoridades federales.
No se trató de una iniciativa de Abinader, cuya supuesta solidaridad hacia Haití es similar a la del gran verdugo de ese pueblo: EEUU; asumiendo nueva vez el rol de un gobernador de colonia en esta parte de la isla
Sencillamente a la Casa Blanca no le convenía, no se ajustaba a su agenda insular del momento, el retorno de Henry a Haití a través de República Dominicana, mientras no estuviera definida la fórmula de transición y confirmada su dimisión
TRANSICIÓN MADE USA CON APOYO DE LA CARICOM
La reciente reunión del CARICOM en Jamaica contó con la relevante presencia de EEUU, CANADÁ y BRASIL, países con antecedentes de intervención militar en Haití y actualmente involucrados en el nuevo proyecto intervencionista.
El Secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinker, habló cínicamente de una “solución haitiana a la crisis haitiana”, pero previamente el Comando Sur del PENTÁGONO instrumentó el despliegue de sus marines que desembarcaron en Puerto Príncipe.
La mayoría de los países del CARICOM pasaron en corto plazo de reprobar una nueva intervención militar en Haití, a respaldar la determinación del PENTÁGONO de orquestar una fuerza militar-policial multinacional bajo su control.
El CARICOM apoyó la resolución 2699 de la ONU que aprobó esa determinación con la modalidad del aporte de la policía de Kenia y de algunos países africanos y del Caribe anglófono.
El acuerdo de Jamaica, contenido en la declaración final de los “SOCIOS DE LA CARICOM Y PARTES INTERESADAS HAITIANAS”, excluye expresamente de la composición del nuevo CONSEJO PRESIDENCIAL DE TRANSICIÓN a “cualquiera que se oponga a la Resolución 2699 del Consejo de Seguridad de la ONU”. La resolución 2699 es la que aprobó el Consejo de Seguridad para la conformación de la fuerza multinacional interventora.
Al excluir a quienes se oponen a la intervención militar, el texto del acuerdo está confesando que excluyó un vasto y diverso abanico de movimientos sociales, organizaciones populares, intelectuales, fuerzas de izquierda y líderes político-sociales, que encabezaron en Haití movilizaciones, huelgas y protestas multitudinarias; exigiendo la destitución de Jovenel Moises, primero, y la de Ariel Henry, después. y oponiéndose al mismo tiempo a toda intervención extranjera.
Con ese tipo de exclusión han vetado precisamente a quienes en Haití demandaron y demandan “UNA TRANSICIÓN SOBERANA A LA DEMOCRACIA, sin intervención imperialista-
La transición impuesta, por tanto, no es haitiana; como no lo es la matriz de una crisis creada por una cruel opresión del imperialismo occidental (encabezado por EEUU), que no logra esconder sus raíces racistas.
Ese acuerdo ha sido fraguado precisamente por quienes crearon y armaron las bandas paramilitares, que actualmente utilizan para atacar la sede del gobierno, ampliar el caos y procurar “justificar” los nuevos desembarcos militares.
La intervención militar es un hecho incontrovertible a la luz del primer desembarco de marines ya ejecutado, mientras la transición hacia nuevos fraudes electorales pasa a ser dirigida por un gobierno colegiado pro-invasión militar extranjera. A Henry, vuelto bagazo, lo obligaron a dimitir para abrirle paso a esta nueva fórmula imperial.
Entre los adherentes de Haití y del exterior a ese acuerdo intervencionista hay actores impenitentes y hay casos que podrían ser producto de desconocimientos de las raíces del problema.
Posiblemente entre los integrantes de la CARICOM no todos tengan la misma culpa.
Es sí muy lamentable, que un gobierno tan digno como el mexicano, no haya rechazado la resolución de la ONU ni objetado ese acuerdo bochornoso. Debería reflexionar y corregir ese grave error.
Brasil, nueva vez, con Lula al frente de su gobierno, decidió actuar contra la autodeterminación de Haití, a pesar del desastre provocado por la MINUSTAH.
Su posición respecto a Haití contrasta con su firme condena del holocausto palestino, a pesar de ambos pueblos están entre los que más han sufrido la crueldad de una opresión y una discriminación realmente implacables.
LAVALAS, liderada por Jean Beltrand Arístides, hace tiempo claudicó frente a EEUU.
EL ACUERDO MONTANA, que tanta esperanza generó con su actitud independiente, se dividió y una parte de sus organizaciones usurparon su nombre para plasmar su firma de rendición.
Guy Phillips no puede ir al Consejo por la narco-condena que carga en su mochila, pero está la PETITE DESALINEE, que es la organización que lo respaldó.
Del imperio, de sus hermanos y sobrinos carnales, no podía esperarse otra cosa, mientras lo peor de su agresiva y cruel decadencia sigue pendiente; al tiempo que, paso a paso, y dolor a dolor, sigue gestándose la insurgencia global y la descomposición en sus entrañas, que lo va a derrotar.
Es cuestión de acumulación, tiempo y desgarraduras sucesivas.
La contrapartida sigue creciendo.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
(1 de 3)
El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.