Opinión
Tropas Élites-USA en Haití; Abinader, Henry y la manipulación de la Caricom
Por Narciso Isa Conde
“La creada situación que sufre la sociedad haitiana, demanda un respaldo a las fuerzas políticas y sociales que en Haití reclaman:”
Estados Unidos decidió desplegar en Haití un contingente-elite de seguridad de su cuerpo de Marina, argumentando la “necesidad de protección a su embajada” y el “deterioro de seguridad en Haití”. La información fue dada a conocer en su portal digital MARINE TIME.
En el caso haitiano se trata de una especie de “cabeza de playa” y “plataforma de inteligencia militar” que, al esgrimir como pretextos la “protección de su embajada” y “la inseguridad provocada por las bandas parapoliciales y terroristas, raya en el colmo de la simulación y el cinismo.
Esto me recuerda el pretexto empleado para invadirnos el 28 de abril, con el disfraz de Fuerza Interamericana de Paz (FID).
Es imposible obviar que las bandas terroristas para-policiales fueron creadas por la CÍA y los “paracos” colombianos, y armadas desde EEUU.
El contingente de marines que llegó a Haití es una cabeza de playa y la plataforma de inteligencia militar de una intervención mayor, y más que una decisión de Biden (que por demás “chocea”), es una determinación del “gobierno profundo” estadounidense; implementada por el PENTÁGONO y la CIA, que previamente usaron a GUY PHILIPPE y activaron bandas terroristas bajo su control, para sembrar más caos y crear una situación que facilitara desplazar a Henry, crear (con el respaldo de un CARICOM sensiblemente doblegado) el gobierno colegiado de transición y justificar la intervención en mayor escala.
Todo indica que EEUU se ve obligado a hacerlo con un primer paquete de tropas élites propias, por las dificultades no superadas del proyecto intervencionista con la policía de Kenia, acompañada de otros países africanos y caribeños.
EEUU, manipulando el CARICOM y la ONU, con el concurso de Canadá, Francia y Brasil, se decidió a escoger un Consejo de Gobierno Presidencial para la Transición.
Cual sea la reconfiguración de la Administración Biden ante la crisis que el poder imperialista occidental ha creado en Haití, lo que siempre determina sus decisiones fundamentales es la «mano invisible» del gobierno profundo en función del escenario político-militar.
Con todo, y a pesar de todo: en escenarios de ese tipo es recurrente la tesis ya clásica del filólogo y filósofo anti-imperialista Noam Chomsky, la cual reza así: “ellos (los jorocones del Imperio) crean el problema y crean la solución”; y yo agrego: ¡siempre a tono con sus espurios intereses!
En ese contexto es muy importante que la coalición SOLIDARIDAD DOMINICANA CON HAITÍ, en la rueda de prensa del pasado viernes 8 de marzo, se haya pronunciado de esta manera:
“La creada situación que sufre la sociedad haitiana, demanda un respaldo a las fuerzas políticas y sociales que en Haití reclaman:”
· “… destitución del gobierno de facto del PHTK, representado por el primer ministro Ariel Henry, nombrado mediante un tweet por EEUU y la ONU, que además apoyó la Federación de las Pandillas; gobierno mafioso que el pueblo haitiano movilizado ha rechazado desde el primer momento.”
· “… cese del terror de las bandas paramilitares creadas y armadas por EEUU, que atacan a las barriadas pobres y jamás a los ricos, ni a sus propiedades, el rechazo de cualquier fórmula de intervención militar fraguada por EEUU y el Core Group.”
· …un gobierno de ruptura y transición que reorganice el Estado y llame a elecciones democráticas; y que, además, con ayuda de países amigos, reestructure las instituciones dedicadas a combatir la violencia, contrarresten el tráfico de armas y municiones desde puertos de EEUU hacia Haití,”
· “,.. rechazo categórico a las manipulaciones de la Casa Blanca, y CARICOM para imponer otro títere que sustituya a Ariel Henry, y facilite la intervención militar en preparación, “
· “,enérgica condena a las pretensiones de mafiosos como Guy Phillipe y a las manipulaciones de connotados jefes de bandas paramilitares como Jimmy Chirizier (Barbecue), que procuran hacerse del gobierno. ¡ALGO ABSOLUTAMENTE INACEPTABLE!”
· “…exigirle a la comunidad internacional colonialista que le pague al pueblo haitiano la INMENSA DEUDA SOCIAL Y ECONÓMICA, respete su autodeterminación y cese el cruel coloniaje racista que lo oprime y discrimina.”
EEUU INSTÓ A ABINADER A NO RECIBIR A HENRY.
Abinader dijo recientemente que Henry “no es grato en RD” y lo dice ahora, no por decisión propia, sino porque el Departamento de Estado se lo solicitó; instancia imperial que antes de su actual decisión de sacarlo de la presidencia de facto, lo nombró vía twitter y lo protegió. Actitud a la que el presidente dominicano se sumó, al extremo de constituirse junto Ariel Henry en los principales portavoces de la intervención militar.
Miren cómo sucedieron las cosas:
Diplomáticos de nuestro país, por mandato del Canciller dominicano y del presidente Luis Abinader, después de constatar la imposibilidad de la entrada de Henry por el aeropuerto de Puerto Príncipe, se prestaron a acordar su venida a nuestro país para ser trasladado a Haití en un helicóptero de alta seguridad.
Sobre esa base, el avión presidencial tomó la ruta a Santo Domingo, pero antes de arribar se violó ese acuerdo y se le impidió aterrizar.
La orden emana de la Casa Blanca y fue entonces cuando desviaron el vuelo hacia PUERTO RICO, donde lo recibió el FBI y autoridades federales.
No se trató de una iniciativa de Abinader, cuya supuesta solidaridad hacia Haití es similar a la del gran verdugo de ese pueblo: EEUU; asumiendo nueva vez el rol de un gobernador de colonia en esta parte de la isla
Sencillamente a la Casa Blanca no le convenía, no se ajustaba a su agenda insular del momento, el retorno de Henry a Haití a través de República Dominicana, mientras no estuviera definida la fórmula de transición y confirmada su dimisión
TRANSICIÓN MADE USA CON APOYO DE LA CARICOM
La reciente reunión del CARICOM en Jamaica contó con la relevante presencia de EEUU, CANADÁ y BRASIL, países con antecedentes de intervención militar en Haití y actualmente involucrados en el nuevo proyecto intervencionista.
El Secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinker, habló cínicamente de una “solución haitiana a la crisis haitiana”, pero previamente el Comando Sur del PENTÁGONO instrumentó el despliegue de sus marines que desembarcaron en Puerto Príncipe.
La mayoría de los países del CARICOM pasaron en corto plazo de reprobar una nueva intervención militar en Haití, a respaldar la determinación del PENTÁGONO de orquestar una fuerza militar-policial multinacional bajo su control.
El CARICOM apoyó la resolución 2699 de la ONU que aprobó esa determinación con la modalidad del aporte de la policía de Kenia y de algunos países africanos y del Caribe anglófono.
El acuerdo de Jamaica, contenido en la declaración final de los “SOCIOS DE LA CARICOM Y PARTES INTERESADAS HAITIANAS”, excluye expresamente de la composición del nuevo CONSEJO PRESIDENCIAL DE TRANSICIÓN a “cualquiera que se oponga a la Resolución 2699 del Consejo de Seguridad de la ONU”. La resolución 2699 es la que aprobó el Consejo de Seguridad para la conformación de la fuerza multinacional interventora.
Al excluir a quienes se oponen a la intervención militar, el texto del acuerdo está confesando que excluyó un vasto y diverso abanico de movimientos sociales, organizaciones populares, intelectuales, fuerzas de izquierda y líderes político-sociales, que encabezaron en Haití movilizaciones, huelgas y protestas multitudinarias; exigiendo la destitución de Jovenel Moises, primero, y la de Ariel Henry, después. y oponiéndose al mismo tiempo a toda intervención extranjera.
Con ese tipo de exclusión han vetado precisamente a quienes en Haití demandaron y demandan “UNA TRANSICIÓN SOBERANA A LA DEMOCRACIA, sin intervención imperialista-
La transición impuesta, por tanto, no es haitiana; como no lo es la matriz de una crisis creada por una cruel opresión del imperialismo occidental (encabezado por EEUU), que no logra esconder sus raíces racistas.
Ese acuerdo ha sido fraguado precisamente por quienes crearon y armaron las bandas paramilitares, que actualmente utilizan para atacar la sede del gobierno, ampliar el caos y procurar “justificar” los nuevos desembarcos militares.
La intervención militar es un hecho incontrovertible a la luz del primer desembarco de marines ya ejecutado, mientras la transición hacia nuevos fraudes electorales pasa a ser dirigida por un gobierno colegiado pro-invasión militar extranjera. A Henry, vuelto bagazo, lo obligaron a dimitir para abrirle paso a esta nueva fórmula imperial.
Entre los adherentes de Haití y del exterior a ese acuerdo intervencionista hay actores impenitentes y hay casos que podrían ser producto de desconocimientos de las raíces del problema.
Posiblemente entre los integrantes de la CARICOM no todos tengan la misma culpa.
Es sí muy lamentable, que un gobierno tan digno como el mexicano, no haya rechazado la resolución de la ONU ni objetado ese acuerdo bochornoso. Debería reflexionar y corregir ese grave error.
Brasil, nueva vez, con Lula al frente de su gobierno, decidió actuar contra la autodeterminación de Haití, a pesar del desastre provocado por la MINUSTAH.
Su posición respecto a Haití contrasta con su firme condena del holocausto palestino, a pesar de ambos pueblos están entre los que más han sufrido la crueldad de una opresión y una discriminación realmente implacables.
LAVALAS, liderada por Jean Beltrand Arístides, hace tiempo claudicó frente a EEUU.
EL ACUERDO MONTANA, que tanta esperanza generó con su actitud independiente, se dividió y una parte de sus organizaciones usurparon su nombre para plasmar su firma de rendición.
Guy Phillips no puede ir al Consejo por la narco-condena que carga en su mochila, pero está la PETITE DESALINEE, que es la organización que lo respaldó.
Del imperio, de sus hermanos y sobrinos carnales, no podía esperarse otra cosa, mientras lo peor de su agresiva y cruel decadencia sigue pendiente; al tiempo que, paso a paso, y dolor a dolor, sigue gestándose la insurgencia global y la descomposición en sus entrañas, que lo va a derrotar.
Es cuestión de acumulación, tiempo y desgarraduras sucesivas.
La contrapartida sigue creciendo.
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.