Nacionales
Reiteran prohibición actos políticos en entidades del Estado
SANTO DOMINGO.- Las regulaciones que prohíben publicidad y actos públicos en entidades durante el periodo de campaña fue recordado por la Junta Central Electoral al Gobierno, partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
En un comunicado difundido este miércoles el organismo comicial reiteró también que «no se podrá pintar ni diseñar letreros, dibujos, lemas, emblemas o cualquier otro tipo de propaganda electoral en los edificios donde funcionen organismos públicos».
Asimismo, advierte que los funcionarios que en el ejercicio de la función pública utilicen fondos públicos con fines políticos para beneficiar a alguna organización política se exponen a una pena de uno a tres años de reclusión
«La JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE), tiene a bien informar a los partidos, agrupaciones y movimientos
políticos, candidatos y candidatas, así como también a la ciudadanía en general, las siguientes prohibiciones
y regulaciones previstas en la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral y otras disposiciones dictadas
por la Junta Central Electoral para el período de campaña electoral:
La celebración de los actos públicos realizados por las entidades estatales no puede servir de escenario para la promoción de cualquiera de los candidatos postulados por los partidos, agrupaciones o movimientos políticos a las elecciones.
No se podrá pintar ni diseñar letreros, dibujos, lemas, emblemas o cualquier otro tipo de propaganda electoral en los edificios donde funcionen organismos públicos, ni ser utilizados para fines de propaganda electoral.
Los funcionarios que en el ejercicio de la función pública utilicen fondos públicos con fines políticos para beneficiar a alguna organización política, incurren en un delito electoral y, por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 numeral 19, de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, son susceptibles de ser castigados con la pena de uno (1) a tres (3) años de reclusión, lo cual será investigado y perseguido por la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, que es la autoridad competente para estos casos, según la ley.
Se reiteran todas las demás disposiciones y regulaciones contenidas en la Resolución núm. 38-2023 que regula la participación de funcionarios públicos en el período de la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del año 2024, dictada por la Junta Central Electoral en fecha 15 de agosto de 2023.
Regulaciones para la publicidad en los actos de gobierno:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno a nivel nacional no podrá contener elementos que promuevan directa o indirectamente la motivación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos de elección popular.
No podrán utilizarse las instituciones u órganos del Estado para desde ellos promover candidatos/as o partidos, agrupaciones o movimientos políticos a cargos de elección popular.
Los ministros/as y demás incumbentes de las instituciones del Estado, durante la campaña electoral, deberán abstenerse de incluir en la publicidad contratada de sus instituciones o en actividades Página 1 de 4 públicas, la figura de cualesquiera de los candidatos/as que están compitiendo en los niveles de elección que se disputarán en las elecciones del mes de mayo de 2024.
En el caso del actual Presidente de la República, que ostenta la condición de candidato presidencial para optar por un nuevo mandato, la Junta Central Electoral, en aras de garantizar el principio de equidad en la contienda que exige la Constitución de la República y la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, dispone que, a partir del dictado del presente comunicado, las vallas, letreros y afiches relacionadas con la promoción de ejecutorias y acciones de gobierno, no podrán contener, el nombre, la fotografía o imagen del presidente y candidato, hasta concluidas las elecciones, en virtud de que dichos elementos pueden traducirse en esquemas de promoción indirecta hacia el electorado, generando, a su vez un desequilibrio en la competencia respecto a las demás candidaturas presidenciales que están compitiendo en el actual certamen electoral. Esta disposición es de aplicación, en las mismas condiciones para la candidatura vicepresidencial que acompaña al actual Presidente de la República.
REGULACIONES ESPECIALES PARA FUNCIONARIOS SECTOR BANCARIO:
Durante el período de campaña electoral, las y los funcionarios a cargo de las instituciones bancarias que pertenecen al Estado Dominicano, así como también los entes reguladores del sistema financiero del Estado, deberán mantener neutralidad respecto a los candidatos/as contendientes y se abstendrán de realizar desde dichas instituciones, promoción y activismo político en favor de cualesquiera de los candidatos/as que participarán en las Elecciones Generales Ordinarias de 2024, lo que conllevará no utilizar los bienes de dichas instituciones con ese propósito.
AUTORIDADES DE LOS AYUNTAMIENTOS:
Las actuales autoridades y funcionarios de los ayuntamientos, así como también, aquellas que deberán tomar posesión de sus respectivos cargos el 24 de abril de 2024, no podrán utilizar dichas instituciones como plataforma para apoyar a cualesquiera de los candidatos/as de los niveles que habrán de competir en las Elecciones Generales Ordinarias del mes de mayo de 2024.
Durante la campaña electoral, la Liga Municipal Dominicana deberá mantener neutralidad en su accionar y observar las mismas reglas previstas para las autoridades de los ayuntamientos.
FUNCIONARIOS DEL EXTERIOR
Las y los funcionarios del servicio exterior, durante la campaña electoral y en cada una de las Circunscripciones Electorales del Exterior, deberán mantener un espíritu de neutralidad respecto a los candidatos/as que habrán de competir en las Elecciones Ordinarias Generales de 2024, debiendo abstenerse de realizar desde sus respectivos puestos de trabajo, actos que puedan implicar un desequilibrio en la contienda electoral respecto a los candidatos/as contendientes, incluyendo, además, la prohibición de promoción de la candidatura del actual Presidente y candidato, desde las Página 2 de 4 embajadas y consulados, del cual existe una relación de subordinación y dependencia jerárquica por aplicación de lo dispuesto en el artículo 128, numeral 3, letra a) de la Constitución de la República.
PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL
Los programas de asistencia social, ayuda comunitaria o de servicios públicos habituales que estén contemplados en la planificación regular del Estado, podrán desarrollarse, de manera habitual, siempre que su implementación o ejecución haya sido planificada con anterioridad al inicio de la campaña electoral el 8 de marzo de 2024.
En el caso de aquellos programas de asistencia social, ayuda comunitaria o de servicios públicos, cuya ejecución haya sido planificada con anterioridad al día 8 de marzo de 2024, queda prohibido el aumento de la cantidad de beneficiarios de estos, así como también de los montos asignados a dichos programas, todo ello, conforme a lo dispuesto por el párrafo III del artículo 210 de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral.
Queda prohibida a la Administración Pública Central, las entidades públicas autónomas y descentralizadas y las alcaldías, la realización de programas de apoyo social o comunitario extraordinarios.
Prohibición de la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 párrafo VI de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, desde el día 20 de marzo de 2024 y hasta concluidas las Elecciones Ordinarias Generales de 2024, está prohibida la realización de actos inaugurales de obras públicas por el Gobierno central y las alcaldías.
MILITARES Y FUNCIONARIOS ELECTORALES:
En atención a las disposiciones constitucionales, a todo miembro activo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los funcionarios y empleados de los organismos electorales les está prohibido difundir propaganda electoral o llevar a cabo otras actividades propias de la campaña electoral.
ESPACIOS PROHIBIDOS:
Los partidos, agrupaciones o movimientos políticos no podrán celebrar reuniones o mítines en frente a templos religiosos, estaciones de bomberos o de la Cruz Roja, ni a menos de doscientos metros de hospitales o dependencias de la autoridad de policía, ni centros educativos cuyas funciones normales puedan resultar perjudicadas.
Del uso de los medios de comunicación durante la campaña electoral:
Todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos disfrutarán de iguales posibilidades para la utilización libre de los medios de divulgación durante la campaña electoral y, por consiguiente, todos los partidos, agrupaciones o movimientos políticos son libres y sin discriminación, podrán contratar espacios de medios de comunicación, siempre que se respete el honor de las personas y la moral pública.
En cuanto a la Corporación Estatal de Radio y TV (CERTV), que incluye el Canal 4 RD y sus emisoras radiales, propiedad del Estado Dominicano; la Junta Central Electoral, durante la campaña electoral, garantizará gratuitamente a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, alianzas o coaliciones que presenten candidatos, espacios para promover sus candidaturas en los indicados medios, por medio de una resolución que será dictada a tal efecto».
Santo Domingo, R.D.-Fue pautada para el jueves 16 de mayo a las diez de la mañana la audiencia del juicio de fondo de Operación Coral, cuya decisión al respecto fue tomada por el Primer Tribunal Colegiado.
Esto, a solicitud la abogada del imputado Epifanio Peña Lebrón, Asia Jiménez, quien señaló que no había terminado de leer la acusación y por tanto no tenía listos los medios de defensa, a pesar de que fue notificada 14 días previos a esta audiencia, tal como indicó el defensor del Estado.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortíz, en representación del Ministerio Público, se opuso a la solicitud, al señalar que la lectura de la acusación sería desarrollada en varias audiencias y la defensa tendría el tiempo necesario para terminar de preparar los medios de defensa.
Santo Domingo, R. D.-Mediante la resolución 32-2024 la Junta Central Electoral estableció los horarios de votación en el exterior para las elecciones del próximo 19 de mayo, dependiendo de los países, cuya cantidad de dominicanos empadronados para el voto en el exterior llega a 863,785.
Las votaciones se iniciarán a las 7:00 de la mañana y concluirán a las 5:00 de la tarde en los países que conforman la circunscripción número 1 del exterior, como son: Canadá, Puerto Rico, Chile, Curazao, San Martín, Venezuela, Aruba, Bonaire, Islas Vírgenes (USA y Británicas), islas Turcas y Caicos, Antigua y Barbuda, Guadalupe, Anguila, Martinica, y Estados Unidos, excepto Los Ángeles California y Las Vegas, donde el proceso se inicia a las 7:00 AM y culmina las 4:00 PM, hora local de esos lugares.
Mientras que el horario de votación que regirá en los países de la circunscripción número 2, que tienen una diferencia de unas y dos horas con relación a la República Dominicana, el proceso será de 8:00 am a 6:00 pm. Estos son Uruguay, Argentina, Costa Rica, Panamá, Perú, Ciudad de México, en cuyas capitales están ubicados los colegios electorales.
En la resolución la Junta establece que si al momento del cierre de las votaciones todavía quedan ciudadanos en la fila de los colegios electorales, el presidente de cada colegio determinará la cantidad de electores en esta condición, “dispondrá que se recojan las cédulas de identidad y electoral de los mismos, conservándolas en su poder hasta que estos se presenten por ante la mesa a ejercer el sufragio”.
Agrega que ese funcionario confirmará la identidad del votante y dirá en alta voz el número de orden en el padrón, a los fines de que los delegados puedan confirmar que se trata de una persona hábil para votar porque se encuentra registrada en el padrón del colegio.
Santo Domingo, R.D.-Prisión preventiva dispuso la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia en contra de un ciudadano ruso, principal investigado de una organización dirigida por compatriotas suyo que habría estafado 645 millones de euros con inversiones falsas en plantas de cannabis de uso medicinal.
El tribunal presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por Nancy Salcedo, y Fran Soto, dispuso que Sergei Berezin y/o Paul Bergholts, cumpla la medida en el referido centro penitenciario, sin establecer el tiempo.
Asimismo, el tribunal fijó para el 12 de mayo el conocimiento de la solicitud de extradición presentada por el Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Andrés Chalas.
Sergei Berezin, fue arrestado mediante allanamiento en un complejo turístico en Bayahibe, en la provincia de La Altagracia.
En la operación han participado fuerzas de seguridad españolas, dominicanas, alemanas, francesas, estadounidenses y británicas, con la colaboración de EUROPOL y EUROJUST, informó la Policía española en un comunicado.
Los acusados de pertenecer a esta organización criminal, que actuaba en 35 países, fueron arrestados en España (2), Alemania (2), Reino Unido, Letonia, Polonia, Italia, además de la República Dominicana.
ESTAFA PIRAMIDAL
El modelo de negocio consistía en utilizar el capital transferido de los inversores a los socios cultivadores para financiar la cría de plantas de cannabis; una vez hecha la cosecha, se vendería el producto y la plataforma recibiría una parte del beneficio que, posteriormente, devolvería al inversor.
Con este sistema se prometía a las víctimas beneficios de entre el 70% y el 168% al año, según la especie de cannabis.
Además, para facilitar la captación de clientes y ofrecerles confianza, la plataforma contaba con oficinas físicas de información al inversor en ciudades de Europa (Valencia, Berlin, Zúrich, Ámsterdam y Lisboa).
Sin embargo, los agentes españoles comprobaron que los fondos captados no se reinvertían totalmente en cannabis medicinal, sino que parte se destina a pagos parciales a las víctimas, otra porción al marketing y una gran parte al enriquecimiento de los investigados.
La mayor parte del dinero de los inversores se ocultaba con un complejo entramado de cuentas bancarias, sociedades pantalla y testaferros de Europa del Este.