Nacionales
Reiteran prohibición actos políticos en entidades del Estado
SANTO DOMINGO.- Las regulaciones que prohíben publicidad y actos públicos en entidades durante el periodo de campaña fue recordado por la Junta Central Electoral al Gobierno, partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
En un comunicado difundido este miércoles el organismo comicial reiteró también que «no se podrá pintar ni diseñar letreros, dibujos, lemas, emblemas o cualquier otro tipo de propaganda electoral en los edificios donde funcionen organismos públicos».
Asimismo, advierte que los funcionarios que en el ejercicio de la función pública utilicen fondos públicos con fines políticos para beneficiar a alguna organización política se exponen a una pena de uno a tres años de reclusión
«La JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE), tiene a bien informar a los partidos, agrupaciones y movimientos
políticos, candidatos y candidatas, así como también a la ciudadanía en general, las siguientes prohibiciones
y regulaciones previstas en la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral y otras disposiciones dictadas
por la Junta Central Electoral para el período de campaña electoral:
La celebración de los actos públicos realizados por las entidades estatales no puede servir de escenario para la promoción de cualquiera de los candidatos postulados por los partidos, agrupaciones o movimientos políticos a las elecciones.
No se podrá pintar ni diseñar letreros, dibujos, lemas, emblemas o cualquier otro tipo de propaganda electoral en los edificios donde funcionen organismos públicos, ni ser utilizados para fines de propaganda electoral.
Los funcionarios que en el ejercicio de la función pública utilicen fondos públicos con fines políticos para beneficiar a alguna organización política, incurren en un delito electoral y, por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 numeral 19, de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, son susceptibles de ser castigados con la pena de uno (1) a tres (3) años de reclusión, lo cual será investigado y perseguido por la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, que es la autoridad competente para estos casos, según la ley.
Se reiteran todas las demás disposiciones y regulaciones contenidas en la Resolución núm. 38-2023 que regula la participación de funcionarios públicos en el período de la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del año 2024, dictada por la Junta Central Electoral en fecha 15 de agosto de 2023.
Regulaciones para la publicidad en los actos de gobierno:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno a nivel nacional no podrá contener elementos que promuevan directa o indirectamente la motivación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos de elección popular.
No podrán utilizarse las instituciones u órganos del Estado para desde ellos promover candidatos/as o partidos, agrupaciones o movimientos políticos a cargos de elección popular.
Los ministros/as y demás incumbentes de las instituciones del Estado, durante la campaña electoral, deberán abstenerse de incluir en la publicidad contratada de sus instituciones o en actividades Página 1 de 4 públicas, la figura de cualesquiera de los candidatos/as que están compitiendo en los niveles de elección que se disputarán en las elecciones del mes de mayo de 2024.
En el caso del actual Presidente de la República, que ostenta la condición de candidato presidencial para optar por un nuevo mandato, la Junta Central Electoral, en aras de garantizar el principio de equidad en la contienda que exige la Constitución de la República y la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, dispone que, a partir del dictado del presente comunicado, las vallas, letreros y afiches relacionadas con la promoción de ejecutorias y acciones de gobierno, no podrán contener, el nombre, la fotografía o imagen del presidente y candidato, hasta concluidas las elecciones, en virtud de que dichos elementos pueden traducirse en esquemas de promoción indirecta hacia el electorado, generando, a su vez un desequilibrio en la competencia respecto a las demás candidaturas presidenciales que están compitiendo en el actual certamen electoral. Esta disposición es de aplicación, en las mismas condiciones para la candidatura vicepresidencial que acompaña al actual Presidente de la República.
REGULACIONES ESPECIALES PARA FUNCIONARIOS SECTOR BANCARIO:
Durante el período de campaña electoral, las y los funcionarios a cargo de las instituciones bancarias que pertenecen al Estado Dominicano, así como también los entes reguladores del sistema financiero del Estado, deberán mantener neutralidad respecto a los candidatos/as contendientes y se abstendrán de realizar desde dichas instituciones, promoción y activismo político en favor de cualesquiera de los candidatos/as que participarán en las Elecciones Generales Ordinarias de 2024, lo que conllevará no utilizar los bienes de dichas instituciones con ese propósito.
AUTORIDADES DE LOS AYUNTAMIENTOS:
Las actuales autoridades y funcionarios de los ayuntamientos, así como también, aquellas que deberán tomar posesión de sus respectivos cargos el 24 de abril de 2024, no podrán utilizar dichas instituciones como plataforma para apoyar a cualesquiera de los candidatos/as de los niveles que habrán de competir en las Elecciones Generales Ordinarias del mes de mayo de 2024.
Durante la campaña electoral, la Liga Municipal Dominicana deberá mantener neutralidad en su accionar y observar las mismas reglas previstas para las autoridades de los ayuntamientos.
FUNCIONARIOS DEL EXTERIOR
Las y los funcionarios del servicio exterior, durante la campaña electoral y en cada una de las Circunscripciones Electorales del Exterior, deberán mantener un espíritu de neutralidad respecto a los candidatos/as que habrán de competir en las Elecciones Ordinarias Generales de 2024, debiendo abstenerse de realizar desde sus respectivos puestos de trabajo, actos que puedan implicar un desequilibrio en la contienda electoral respecto a los candidatos/as contendientes, incluyendo, además, la prohibición de promoción de la candidatura del actual Presidente y candidato, desde las Página 2 de 4 embajadas y consulados, del cual existe una relación de subordinación y dependencia jerárquica por aplicación de lo dispuesto en el artículo 128, numeral 3, letra a) de la Constitución de la República.
PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL
Los programas de asistencia social, ayuda comunitaria o de servicios públicos habituales que estén contemplados en la planificación regular del Estado, podrán desarrollarse, de manera habitual, siempre que su implementación o ejecución haya sido planificada con anterioridad al inicio de la campaña electoral el 8 de marzo de 2024.
En el caso de aquellos programas de asistencia social, ayuda comunitaria o de servicios públicos, cuya ejecución haya sido planificada con anterioridad al día 8 de marzo de 2024, queda prohibido el aumento de la cantidad de beneficiarios de estos, así como también de los montos asignados a dichos programas, todo ello, conforme a lo dispuesto por el párrafo III del artículo 210 de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral.
Queda prohibida a la Administración Pública Central, las entidades públicas autónomas y descentralizadas y las alcaldías, la realización de programas de apoyo social o comunitario extraordinarios.
Prohibición de la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 párrafo VI de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, desde el día 20 de marzo de 2024 y hasta concluidas las Elecciones Ordinarias Generales de 2024, está prohibida la realización de actos inaugurales de obras públicas por el Gobierno central y las alcaldías.
MILITARES Y FUNCIONARIOS ELECTORALES:
En atención a las disposiciones constitucionales, a todo miembro activo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los funcionarios y empleados de los organismos electorales les está prohibido difundir propaganda electoral o llevar a cabo otras actividades propias de la campaña electoral.
ESPACIOS PROHIBIDOS:
Los partidos, agrupaciones o movimientos políticos no podrán celebrar reuniones o mítines en frente a templos religiosos, estaciones de bomberos o de la Cruz Roja, ni a menos de doscientos metros de hospitales o dependencias de la autoridad de policía, ni centros educativos cuyas funciones normales puedan resultar perjudicadas.
Del uso de los medios de comunicación durante la campaña electoral:
Todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos disfrutarán de iguales posibilidades para la utilización libre de los medios de divulgación durante la campaña electoral y, por consiguiente, todos los partidos, agrupaciones o movimientos políticos son libres y sin discriminación, podrán contratar espacios de medios de comunicación, siempre que se respete el honor de las personas y la moral pública.
En cuanto a la Corporación Estatal de Radio y TV (CERTV), que incluye el Canal 4 RD y sus emisoras radiales, propiedad del Estado Dominicano; la Junta Central Electoral, durante la campaña electoral, garantizará gratuitamente a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, alianzas o coaliciones que presenten candidatos, espacios para promover sus candidaturas en los indicados medios, por medio de una resolución que será dictada a tal efecto».
Nacionales
Operación Armum: tribunales imponen garantías económicas de hasta RD$4 millones a investigados
Propietarios y representantes de varias armerías deberán cumplir además presentación periódica e impedimento de salida; el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el manejo y comercialización de armas y municiones
SANTO DOMINGO.– Distintos tribunales del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron medidas de coerción contra propietarios y representantes de establecimientos vinculados a la Operación Armum, investigación mediante la cual el Ministerio Público procura establecer la existencia de presuntas operaciones irregulares relacionadas con armas de fuego, municiones y otros pertrechos.
Las decisiones judiciales contemplan garantías económicas que oscilan entre RD$500,000 y RD$4 millones, además de presentación periódica e impedimento de salida de la República Dominicana sin autorización judicial.
Tribunal fija garantías millonarias en el Distrito Nacional
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció una garantía económica de RD$4 millones contra Braulio Veras Rodríguez, mientras que a Henry Leónidas Tejeda Peralta le fue impuesta una garantía de RD$3.5 millones.
En el caso de Alexis Díaz Rodríguez, la garantía fue fijada en RD$3 millones.
Asimismo, Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena deberán prestar garantías económicas de RD$2 millones cada uno.
A Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada les fueron impuestas garantías de RD$1 millón, mediante contratos de fianza con compañías aseguradoras.
La investigación también alcanza a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.
Otros tres investigados en Santo Domingo Este
En la jurisdicción de Santo Domingo Este, el tribunal dispuso una garantía económica de RD$500,000, acompañada de presentación periódica e impedimento de salida, contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.
En esa demarcación también figura bajo investigación la armería Los Héctor y Joso Eirl.
Ministerio Público investiga presuntas violaciones a la Ley 631-16
El órgano persecutor atribuye a los investigados presuntas infracciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, particularmente por hechos vinculados con tenencia ilícita, almacenamiento irregular e intermediación ilegal de armas y municiones.
De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, los hechos investigados podrían estar sujetos a penas de entre 10 y 20 años de prisión, dependiendo de las infracciones que finalmente puedan ser establecidas durante el proceso.
La decisión correspondiente a los investigados del Distrito Nacional fue remitida al Sexto Juzgado de la Instrucción, tribunal que tendrá a su cargo el control de la investigación.
Unas 200 armas y 40,000 municiones ocupadas
La Operación Armum fue ejecutada el pasado 1 de septiembre mediante 18 allanamientos realizados simultáneamente en diferentes puntos del Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.
Durante esas intervenciones, las autoridades ocuparon aproximadamente 200 armas de fuego y unas 40,000 municiones, además de cargadores, miras telescópicas, equipos modificados y armas que presuntamente carecían de la documentación correspondiente.
Según la investigación del Ministerio Público, algunos de los establecimientos intervenidos supuestamente funcionaban sin licencia, con permisos vencidos o realizando actividades para las cuales no estaban autorizados.
Las autoridades investigan igualmente la alegada retención de armas pertenecientes a terceros y la comercialización irregular de municiones.
Las medidas de coerción impuestas constituyen decisiones cautelares dentro de un proceso todavía en investigación y no equivalen a una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público continuar reuniendo los elementos probatorios y a los tribunales determinar posteriormente las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos imputados.
Abinader defiende el nivel de inversión y asegura que, en términos absolutos, los recursos destinados a obras prácticamente duplican los de 2019
SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader proyectó que la inversión pública de la República Dominicana concluirá 2026 en aproximadamente 2.7 % del producto interno bruto (PIB), mientras defendió el manejo de los recursos destinados a obras y cuestionó la manera en que sectores de la oposición comparan los indicadores económicos de su administración.
El mandatario sostuvo que las comparaciones deben tomar en consideración tanto el tamaño actual de la economía como la diferencia entre valores absolutos y relativos.
Durante LA Semanal, dedicada en esta ocasión a analizar la economía, la estabilidad macroeconómica, el empleo, los indicadores sociales y el sector externo, Abinader señaló que sectores opositores utilizan indistintamente cifras porcentuales o absolutas dependiendo del indicador que pretenden evaluar.
“A veces los amigos de la oposición te hablan en términos relativos y otras veces te hablan en términos absolutos”, manifestó el gobernante.
Inversión superaría proporción registrada en 2019
Abinader utilizó como referencia el año 2019, previo a las crisis internacionales que posteriormente impactaron la economía dominicana.
Explicó que en ese período la inversión pública representó alrededor de 2.3 % del PIB, mientras que para finales de 2026 las autoridades esperan colocarla cerca del 2.7 %.
El presidente agregó que la comparación debe considerar que la economía dominicana es actualmente de mayor tamaño.
“Nosotros este año vamos a terminar con 2.7 aproximadamente, pero estamos hablando de una economía mucho mayor”, expresó.
Según su planteamiento, cuando la comparación se realiza en valores absolutos, los recursos destinados actualmente a la inversión pública son casi el doble de los correspondientes a 2019.
El mandatario atribuyó parte de ese incremento a las obras ejecutadas en diferentes provincias y aseguró que el Gobierno también ha procurado mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos.
Magín Díaz reporta crecimiento de 34 % en inversión
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, respaldó los argumentos del mandatario y aseguró que la inversión pública acumula un incremento de aproximadamente 34 % con relación al año pasado, mientras el gasto corriente habría aumentado alrededor de un 7 %.
Díaz explicó que el Gobierno busca aumentar la inversión de capital pese a las restricciones fiscales que enfrenta el país.
“El objetivo es no reducirlo”, indicó el funcionario, quien afirmó que desde su llegada al Ministerio de Hacienda procura ejecutar más recursos, mejorar la calidad del gasto y, cuando las condiciones lo permitan, incrementar la inversión.
El ministro advirtió que mantener durante varios años una inversión pública cercana al 2.5 % del PIB no sería conveniente para las necesidades de crecimiento de la economía.
Déficit fiscal y deuda pública
Durante su exposición, Díaz abordó también el comportamiento de las cuentas fiscales.
Indicó que desde 2021 el déficit fiscal promedio se ha mantenido alrededor del 3 % del PIB, proporción que consideró razonable tomando en cuenta las diferentes crisis enfrentadas durante los últimos años.
Asimismo, sostuvo que la deuda pública se ha reducido en cerca de 10 puntos porcentuales respecto del nivel máximo registrado en 2020.
No obstante, reconoció que República Dominicana continúa enfrentando desafíos estructurales relacionados con la capacidad de generación de ingresos fiscales y con el nivel de inversión pública requerido para responder a las necesidades nacionales.
Restricciones fiscales condicionan capacidad de inversión
Díaz explicó que incrementar considerablemente la inversión pública sin disponer de nuevas fuentes de ingresos podría traducirse en un aumento del déficit fiscal.
Señaló que las autoridades han tenido que administrar esas limitaciones mediante redistribuciones presupuestarias y reducciones de determinadas partidas durante algunos períodos.
El funcionario recordó que las distintas crisis ocurridas desde 2020 dificultaron la realización de una reforma tributaria, situación que obligó al Gobierno a manejar el gasto dentro de un espacio fiscal restringido.
Gobierno explica origen de recursos para combustibles
El ministro también se refirió a los RD$30,000 millones destinados a amortiguar el impacto del incremento internacional de los combustibles.
Precisó que solo una parte reducida de esos recursos procede del denominado plan anticrisis, debido a que su implementación comenzó recientemente.
Según explicó, la mayor cantidad fue obtenida mediante ahorros y redistribuciones de partidas del gasto corriente, sin modificar el déficit establecido en el presupuesto reformulado.
Díaz adelantó que los ingresos adicionales asociados a las medidas contempladas en el plan anticrisis comenzarán a incorporarse gradualmente a las finanzas públicas.
Inversión pública vuelve al centro del debate económico
Las declaraciones colocan nuevamente en discusión el nivel de inversión que necesita República Dominicana frente a las restricciones fiscales del Estado.
Mientras el Gobierno sostiene que los recursos destinados a inversión han aumentado y proyecta cerrar 2026 con un nivel equivalente al 2.7 % del PIB, las propias autoridades reconocen la necesidad de elevar de manera sostenible la inversión pública sin comprometer la estabilidad de las finanzas nacionales.
El debate, por tanto, no se limita al porcentaje del PIB destinado a obras, sino también a la capacidad del Estado para generar ingresos, controlar el déficit y convertir la inversión pública en infraestructura y servicios que tengan impacto directo en la población.
El país avanza en la exploración de minerales estratégicos en Pedernales, aunque todavía no existe explotación comercial y se esperan estudios más precisos sobre el volumen real de los recursos
SANTO DOMINGO.– El potencial de República Dominicana en tierras raras comienza a adquirir una creciente dimensión económica y geopolítica, despertando el interés de Estados Unidos y la Unión Europea en momentos en que las grandes potencias buscan asegurar el suministro de minerales considerados esenciales para las nuevas tecnologías.
El país, sin embargo, todavía se encuentra en una etapa de exploración, investigación y evaluación, por lo que las estimaciones existentes no significan que actualmente haya una explotación comercial de estos recursos.
Las tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos químicos utilizados en industrias de alto valor tecnológico. Son fundamentales para la fabricación de teléfonos móviles, vehículos eléctricos, imanes permanentes, turbinas eólicas y numerosos equipos vinculados a las telecomunicaciones y otras tecnologías avanzadas.
Gobierno estima potencial superior a 150 millones de toneladas
El presidente Luis Abinader afirmó durante su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026 que República Dominicana tendría recursos superiores a 150 millones de toneladas, aunque el Gobierno espera disponer hacia finales de este año de estimaciones más precisas.
El principal foco de atención se encuentra en Pedernales, particularmente en la Reserva Fiscal Minera Ávila, creada mediante el Decreto 430-18 en 2018.
La reserva comprende una superficie de 14,876.045 hectáreas y abarca diferentes zonas de la provincia fronteriza.
Las investigaciones científicas realizadas hasta ahora relacionan los depósitos dominicanos de tierras raras principalmente con las bauxitas kársticas de la Sierra de Bahoruco.
Un estudio encabezado por el investigador Joaquín A. Proenza, de la Universidad de Barcelona, determinó que estos recursos se concentran principalmente en las unidades litoestratigráficas de Aceitillar y Pedernales.
Estados Unidos pone atención en los recursos dominicanos
El potencial minero dominicano ha trascendido el ámbito estrictamente económico.
Estados Unidos ha acompañado parte de los trabajos de exploración y evaluación realizados en Pedernales, incluyendo asistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la Reserva Fiscal Minera Ávila.
Durante una visita al presidente Abinader en febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó el interés de Washington en trabajar conjuntamente con República Dominicana en el desarrollo de estos recursos.
El funcionario destacó la relevancia de estos minerales para tecnologías estratégicas, entre ellas las telecomunicaciones y los avances médicos, además de señalar la importancia que tiene para Estados Unidos que su desarrollo se produzca en países aliados.
Unión Europea entra en la carrera
A este interés se ha sumado la Unión Europea, que alcanzó recientemente un acuerdo con el Gobierno dominicano para impulsar investigaciones sobre tierras raras, galio y escandio presentes en los depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila.
El convenio contempla un financiamiento de 538,000 euros y establece que las investigaciones deberán realizarse bajo criterios de sostenibilidad, protección ambiental y transparencia.
El objetivo inmediato no es iniciar operaciones mineras, sino ampliar el conocimiento científico de los depósitos y fortalecer las capacidades técnicas nacionales antes de determinar la viabilidad de futuros proyectos de aprovechamiento.
Emidom tendría participación estatal
Como parte de la estrategia minera, en agosto de 2024 el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 453-24 la Empresa Minera Dominicana (Emidom), una entidad de capital totalmente estatal.
El Gobierno ha planteado que esta empresa tendría participación en una eventual explotación y procesamiento de minerales estratégicos, en caso de que las investigaciones determinen su viabilidad económica.
De la expectativa a la comprobación
El creciente interés de Washington y Bruselas coloca a República Dominicana ante una oportunidad que podría adquirir relevancia estratégica en los próximos años.
Pero entre poseer indicios geológicos y disponer de una industria minera comercial existe una distancia considerable.
Por ahora, el proyecto dominicano permanece en fase de exploración y evaluación, sin avances concretos hacia una explotación comercial.
La confirmación de las reservas, su concentración, los costos de extracción y procesamiento, la rentabilidad económica y las consecuencias ambientales serán factores determinantes antes de que el país pueda hablar de una verdadera industria de tierras raras.
La República Dominicana tiene ante sí un recurso potencialmente estratégico; el desafío será determinar cuánto existe realmente, cuánto puede recuperarse de manera económicamente viable y bajo qué condiciones debe aprovecharse para que sus beneficios permanezcan en el país.