Latinoamericanas
ONG reporta 241 personas muertas en las cárceles de El Salvador en dos años de régimen de excepción
AP
El Salvador.-La organización Socorro Jurídico Humanitario afirmó el miércoles que 241 personas murieron en las cárceles en los dos años de vigencia del régimen de excepción en el país, luego de ser detenidos como sospechosos de ser pandilleros o colaborar con estos grupos criminales.
La directora de la organización, Ingrid Escobar, dijo que desde 2022 han recibido 500 denuncias de fallecidos bajo custodia del Estado, pero «nosotros hemos confirmado 241: 239 adultos y dos niños hijos de privadas de libertad».
Según el informe de la ONG, «el 44% murió por muerte violenta, torturas graves, el 29% por falta de atención médica, es decir, otra forma de torturar a la gente».
El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, consiguió que el Congreso del país aprobara hace dos años un régimen de excepción, como parte de su política de mano dura contra las pandillas, que suspendió derechos fundamentales como el de tener acceso a un abogado o el de conocer los motivos de la detención.
Además, el plazo de detención administrativa —sin pasar a disposición judicial— se extiende de 72 horas a 15 días y hasta dos años para investigarlos.
La medida fue la respuesta del gobierno a los índices de violencia y de asesinatos en el país.
La situación de los detenidos en las cárceles de El Salvador ha sido recurrentemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos por vulneración de los mismos.
Socorro Jurídico Humanitario también pidió al Estado salvadoreño que investigue conforme a la ley «todos los homicidios que han ocurrido en los centros penitenciarios, así como todas las desapariciones forzadas de detenidos».
Por su parte, la organización Cristosal registra más de 3,500 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción.
Amnistía Internacional también sostiene que ha habido desapariciones forzadas, torturas y muertes arbitrarias bajo custodia del Estado, así como trato cruel e inhumano, hacinamiento carcelario y criminalización de personas que viven en la pobreza.
Al presentar el informe, la directora Escobar dijo que «el Estado de El Salvador tiene que estar claro que ha sido violador de tratados internacionales y que ha cometido crímenes de lesa humanidad».
Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, indicó que desde la entrada en vigencia del estado de excepción el 27 de marzo de 2022, han detenido a 79,184 personas, calificadas como «presuntos terroristas». Con estas cifras, el ministro refirió que han capturado al 75% de los pandilleros del país y que la mayoría del 25% faltante, ya están fuera del territorio nacional.
El mismo gobierno ha tenido que liberar a más de 7,000 personas por falta de pruebas en los últimos dos años. Alrededor del 90% de los reclusos están en la cárcel sin sentencia.
En ese sentido, la ong Socorro Jurídico Humanitario estimó que el 35% son inocentes y que el 94% de los fallecidos no tenían afiliación con pandillas.
«La mayoría eran personas trabajadoras como comerciantes informales, taxistas y/o transportistas informales, agricultores, pescadores, pastores y predicadores evangélicos, empleados municipales y un sindicalista», señala en informe.
No obstante, el ministro Villatoro reiteró en una entrevista con la televisión local la necesidad de continuar con la política de seguridad contra las pandillas, a las que las autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.
Según el gobierno, la violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente desde 2015, cuando se registraron más de 6,665 homicidios y el país era considerado uno de los más peligrosos del mundo. En 2023, el año cerró con 214 asesinatos, entre ellos, 38 homicidios de presuntos pandilleros, que fallecieron en supuestos enfrentamientos con policías y fuerzas armadas.
Según cifras oficiales, en los tres primeros meses de 2024 se contabilizan 31 homicidios, un 34% menos que los 47 registrados en el mismo periodo del año pasado. En los dos primeros días del abril, se ha confirmado un homicidio.
Con al régimen de excepción, el Congreso también reformó el Código penal para aumentar las penas de cárcel para los pandilleros y sus colaboradores. Además, los fiscales pueden presentar juicios masivos por clicas —o grupos de pandillas— sin necesidad de individualizar los procesados.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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