Latinoamericanas
ONG reporta 241 personas muertas en las cárceles de El Salvador en dos años de régimen de excepción
AP
El Salvador.-La organización Socorro Jurídico Humanitario afirmó el miércoles que 241 personas murieron en las cárceles en los dos años de vigencia del régimen de excepción en el país, luego de ser detenidos como sospechosos de ser pandilleros o colaborar con estos grupos criminales.
La directora de la organización, Ingrid Escobar, dijo que desde 2022 han recibido 500 denuncias de fallecidos bajo custodia del Estado, pero «nosotros hemos confirmado 241: 239 adultos y dos niños hijos de privadas de libertad».
Según el informe de la ONG, «el 44% murió por muerte violenta, torturas graves, el 29% por falta de atención médica, es decir, otra forma de torturar a la gente».
El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, consiguió que el Congreso del país aprobara hace dos años un régimen de excepción, como parte de su política de mano dura contra las pandillas, que suspendió derechos fundamentales como el de tener acceso a un abogado o el de conocer los motivos de la detención.
Además, el plazo de detención administrativa —sin pasar a disposición judicial— se extiende de 72 horas a 15 días y hasta dos años para investigarlos.
La medida fue la respuesta del gobierno a los índices de violencia y de asesinatos en el país.
La situación de los detenidos en las cárceles de El Salvador ha sido recurrentemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos por vulneración de los mismos.
Socorro Jurídico Humanitario también pidió al Estado salvadoreño que investigue conforme a la ley «todos los homicidios que han ocurrido en los centros penitenciarios, así como todas las desapariciones forzadas de detenidos».
Por su parte, la organización Cristosal registra más de 3,500 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción.
Amnistía Internacional también sostiene que ha habido desapariciones forzadas, torturas y muertes arbitrarias bajo custodia del Estado, así como trato cruel e inhumano, hacinamiento carcelario y criminalización de personas que viven en la pobreza.
Al presentar el informe, la directora Escobar dijo que «el Estado de El Salvador tiene que estar claro que ha sido violador de tratados internacionales y que ha cometido crímenes de lesa humanidad».
Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, indicó que desde la entrada en vigencia del estado de excepción el 27 de marzo de 2022, han detenido a 79,184 personas, calificadas como «presuntos terroristas». Con estas cifras, el ministro refirió que han capturado al 75% de los pandilleros del país y que la mayoría del 25% faltante, ya están fuera del territorio nacional.
El mismo gobierno ha tenido que liberar a más de 7,000 personas por falta de pruebas en los últimos dos años. Alrededor del 90% de los reclusos están en la cárcel sin sentencia.
En ese sentido, la ong Socorro Jurídico Humanitario estimó que el 35% son inocentes y que el 94% de los fallecidos no tenían afiliación con pandillas.
«La mayoría eran personas trabajadoras como comerciantes informales, taxistas y/o transportistas informales, agricultores, pescadores, pastores y predicadores evangélicos, empleados municipales y un sindicalista», señala en informe.
No obstante, el ministro Villatoro reiteró en una entrevista con la televisión local la necesidad de continuar con la política de seguridad contra las pandillas, a las que las autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.
Según el gobierno, la violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente desde 2015, cuando se registraron más de 6,665 homicidios y el país era considerado uno de los más peligrosos del mundo. En 2023, el año cerró con 214 asesinatos, entre ellos, 38 homicidios de presuntos pandilleros, que fallecieron en supuestos enfrentamientos con policías y fuerzas armadas.
Según cifras oficiales, en los tres primeros meses de 2024 se contabilizan 31 homicidios, un 34% menos que los 47 registrados en el mismo periodo del año pasado. En los dos primeros días del abril, se ha confirmado un homicidio.
Con al régimen de excepción, el Congreso también reformó el Código penal para aumentar las penas de cárcel para los pandilleros y sus colaboradores. Además, los fiscales pueden presentar juicios masivos por clicas —o grupos de pandillas— sin necesidad de individualizar los procesados.
Latinoamericanas
Multan con más de 1,8 millones de dólares a inmigrante hondureña por no acatar orden de deportación
La sanción fue emitida la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que calcula un cobro de 500 dólares por cada día que la mujer ha permanecido en el país desde que se dictó la orden de salida, hace casi 20 años
Una inmigrante hondureña que vive en Estados Unidos desde hace décadas enfrenta una multa civil de 1.821.350 dólares, luego de no haber salido del país tras recibir una orden de deportación en abril de 2005, informó CBS News.
La sanción fue emitida la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que calcula un cobro de 500 dólares por cada día que la mujer ha permanecido en el país desde que se dictó la orden de salida, hace casi 20 años.
Multa amparada en ley poco utilizada
La mujer, de 41 años y madre de tres hijos, fue multada bajo una disposición poco aplicada de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Según su abogada, Michelle Sánchez, la orden de deportación se emitió luego de que la inmigrante no se presentara a una audiencia judicial en 2005.
En 2024, Sánchez solicitó la reapertura del caso, argumentando que su clienta reúne los requisitos para optar a la residencia legal, debido a su larga permanencia en el país y su historial sin antecedentes. También sostuvo que la deportación causaría “dificultades extremas y excepcionalmente inusuales” a sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses.
“ICE está aterrorizando a las personas”
La abogada denunció que ha observado un aumento en la emisión de multas similares contra otros inmigrantes, aunque nunca había visto una de esta magnitud.
«ICE está aterrorizando a las personas sin necesidad de detenerlas. Las están amenazando con multas tan altas que muchos no ganarán esa cantidad ni en toda su vida», declaró Sánchez.
La notificación entregada a la mujer indica que la multa puede ser impugnada y que tiene derecho a solicitar una entrevista personal para presentar su caso.
Latinoamericanas
Centroamérica y República Dominicana renuevan compromiso por trabajo decente y modernización del empleo
Ciudad de Panamá.- En la ciudad de Panamá, se celebró la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros y Ministras de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana, los días 14, 15 y 16 de mayo, con el objetivo de renovar el compromiso regional por el trabajo decente, la justicia social y la modernización del empleo.
La República Dominicana estuvo representada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, quien destacó durante su intervención que el país asumió la formalidad del empleo como la principal tarea laboral, convencido de que es el camino que conduce al trabajador y su familia a disfrutar de su derecho a la seguridad social.
Además, dijo que se trabaja intensamente en el empleo decente, que es otro pilar fundamental para garantizar el desarrollo humano y social.
Durante la reunión, fue aprobado el Plan de Acción 2025-2027 del Consejo, estructurado en cinco ejes estratégicos: Sistemas Públicos de Empleo, Inspección Laboral, Formalización, Fortalecimiento del Funcionamiento del Consejo y Gestión de la Cooperación Internacional.
Como parte del encuentro, el ministro de Trabajo, Olivares Ortega, rindió un informe sobre los avances de la preparación en octubre de de Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual forma parte de la proclama de Panamá del Consejo de Ministros de Trabajo.
De igual manera, se realizó la transferencia de la Presidencia Pro Tempore del Consejo que estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá.
Con esta reunión, Centroamérica y República Dominicana avanzan unidos hacia un mercado laboral moderno, inclusivo y resiliente, que ponga a las personas en el centro de las políticas públicas.
Por PRENSA LATINA
Puerto Príncipe, (Prensa Latina) Los pandilleros incrementaron el precio del peaje para las vehículos cisternas de combustible, un acto que acerca a Haití a una parálisis total en las actividades económicas.
Ahora cuando los camiones salen cargados desde la terminal de Varreux, el pago a las bandas es de 50 mil gourdes, unos 378 dólares estadounidenses, con anterioridad eran 25 mil, un equivalente a 189 dólares por cada uno.
Las cabinas de peaje se multiplicaron y un transportista de combustible puede pagar hasta 600 mil gourdes (cuatro mil 545 dólares estadounidenses) para ir a Cabo Haitiano y hasta 700 mil gourdes (cinco mil 303) a Hinche, donde hay que pasar por al menos seis punto de extorsión.
COSTOS ADICIONALES YA SE SIENTEN
De acuerdo el diario digital Haití Libre, el impacto de estos costos adicionales ya se está sintiendo en los precios de los surtidores.
Ahora el galón de gasolina alcanzó los 700 gourdes (cinco dólares con 30 centavos) y pudiera llegar a 900 gourdes (seis dólares con 81 centavos), lejos del precio regulado de 560 gourdes (cuatro dólares con 24 centavos).
En tal sentido, la Asociación de Profesionales del Petróleo de Haití alertó sobre el riesgo inminente de una parálisis completa del sector ante el grado de violencia que hoy protagonizan las pandillas.
LOS RECURSOS Y CAPACIDAD OPERATIVA LLEGARON A SUS LÍMITES
“A pesar de nuestros continuos esfuerzos y compromiso de mantener el suministro de combustible a toda costa para apoyar la economía nacional, los recursos y capacidad operativa llegaron a sus límites”, subraya una misiva dirigida al primer ministro provisional, Alix Didier.
Ante esta situación de extrema urgencia, es imperativo que el Estado intervenga de manera inmediata y efectiva para restablecer las condiciones mínimas de seguridad necesarias para mantener la cadena de suministro de petróleo, enfatiza el texto divulgado por el diario Le Nouvelliste.
De no actuarse de manera rápida y decisiva para el libre trasiego, el sector coge el riesgo de cesar operaciones y las actividades económicas queden estáticas en un futuro cercano, insistió la Asociación de Profesionales del Petróleo de Haití.
ro/joe